El PSOE negocia aún con PNV la Ley del Aborto

El PSOE está ultimando todavía con algunos partidos políticos como el PNV las negociaciones sobre las enmiendas a la Ley del Aborto que este jueves será debatido en la Comisión de Igualdad y el próximo jueves llegará al Pleno del Congreso.

Josu Erkoreka, diputado del PNV

Tras radicalizar aún más la ley tras los acuerdos llegados con la izquierda más extrema – reducción de la objeción de conciencia para los profesionales – los socialistas siguen negociando con el PNV sin llegar a un acuerdo sobre las enmiendas presentadas e incluso se ha estado estudiando un nuevo texto.

La izquierda radical ha llegado a un acuerdo con el PSOE para que los anticonceptivos de última generación sean financiados e incluidos en el Sistema Nacional de Salud; han reducido la objeción de conciencia solo a los profesionales sanitarios directamente relacionados con el aborto y han decidido que la educación sexual forme parte de la educación general de los niños y niñas.


Aído presiona al CGPJ: la Ley Zapatero del Aborto saldrá adelante pese a los jueces

Bibiana Aído, ministra de Igualdad

Este jueves el CGPJ emitirá su informe sobre la ley del aborto que propone el Gobierno y Bibiana Aído intenta presionar e influir en los vocales que tomarán la decisión. La ministra de Igualdad ha presentado en la ONU las medidas propuestas por España para luchar contra la violencia doméstica y allí ha aprovechado para asegurar que la ley Zapatero del aborto saldrá a delante con independencia de lo que diga el CGPJ.

La ministra de Igualdad ha asegurado que independientemente del informe que presente este jueves el CGPJ sobre la ley del aborto la reforma seguirá su camino en el Congreso. Según Aído el Gobierno continuará con la tramitación de la ley a pesar de la probable recomendación en contra del CGPJ. Para Aído el Gobierno está haciendo su trabajo y continuará con los plazos y los compromisos legislativos.

 El pleno del Consejo General del Poder Judicial vota este jueves el dictamen al anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

 La Ministra ha defendido ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas los “avances indiscutibles” en la materia que se han llevado a cabo en España durante los últimos años. “Hemos trabajado mucho y venimos con los deberes hechos“, ha afirmado. 

Aído ha encabezado la delegación española que acudió a rendir cuentas ante este comité que examina los esfuerzos de los distintos Estados para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En su intervención, ha presentado un informe que recoge todas las medidas desarrolladas en este sentido en España entre 2004 y 2008.

.El CGPJ se prepara para votar el informe sobre la reforma de la Ley del Aborto

El presidente del CGPJ, Carlos Dívar Blanco

El Pleno del consejo votará este 23 de julio el texto que considera constitucional el anteproyecto de la nueva ley de aborto.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votará este jueves 23 de julio el dictamen al anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que considera constitucional el texto y recomienda que los padres sean informados cuando sus hijas menores de edad soliciten abortar, aunque no sea necesario su consentimiento.

 El informe, preceptivo pero no vinculante y elaborado por la ponente Margarita Uría (PNV), recibió la pasada semana el visto bueno de la Comisión de Estudios e Informes del Consejo por tres votos a favor y dos en contra y ahora debe recibir el refrendo del pleno. El dictamen recoge los votos particulares de los consejeros que votaron en contra, Concepción Espejel y Claro José Fernández (del PP).

 El equilibrio de fuerzas presente en el Consejo -con nueve vocales designados por el PP, nueve designados por el PSOE, la ponente del informe (PNV) y un vocal nombrado a propuesta de CiU, más el presidente, Carlos Dívar, que tiene voto de calidad-, hace posible un rechazo al dictamen. En caso de no recibir el visto bueno del pleno, el Consejo deberá redactar un nuevo informe, que sería el tercero después de que la Comisión de Estudios e Informes rechazara en primer lugar la propuesta de Fernández (PP), que consideraba inconstitucionales algunos aspectos de la ley.  

 Sin consentimiento, pero con conocimiento paterno

 Por el momento, el texto elevado al pleno entiende que la información a los padres contribuye a conciliar el derecho a decidir de la mujer que es suficientemente madura, con las facultades de orientación y consejo que derivan de la patria potestad y tutela. “No obstante, circunstancias excepcionales debería poder fundamentar la no información en beneficio de la menor“, recoge.

 En cualquier caso, el CGPJ no considera necesario el consentimiento paterno cuando la menor de edad, sea mayor o menor de 16 años, tenga la suficiente capacidad intelectual y emocional para comprender el alcance de la intervención y las consecuencias que se derivan de la misma.

 “De ese modo –continúa el dictamen– se produce una mejor acomodación con la sistemática general del ordenamiento civil, y se refuerza la garantía de madurez respecto de la mujer que ha de consentir“.

 En el caso de que el representante legal se opusiera a prestar el consentimiento, el CGPJ considera “adecuado” que se diseñe un procedimiento judicial con la finalidad de autorizar el IVE “siempre que así lo aconseje el interés de la menor”.

 Por otra parte, el informe considera constitucional el anteproyecto del Gobierno y señala que “no configura un derecho subjetivo” al aborto, sino que “garantiza la igualdad en el derecho de acceso a la prestación sanitaria de la misma”. También apunta que el sistema de plazos “no supone la desprotección penal de la vida del nasciturus” y sí “una renuncia a castigar penalmente durante un plazo determinado, concreto y limitado”.

 Además, recoge que la información que deba darse a la gestante debe ser “exhaustiva, completa e individualizada, pudiendo extenderse a la información clínica detallada sobre su estado y proceso de gestación”. Asimismo, pide que se describa “rigurosamente” el desarrollo del feto y que se informe sobre los riesgos que para la madre representa la práctica de un aborto a nivel físico y emocional.

 En cualquier caso, advierte de que la información necesaria para prestar el consentimiento “no puede convertirse en un acto protocolarizado, que no atienda a las circunstancias específicas”. “La información así ofrecida no cumpliría con la función prevista en la ley, y el consentimiento así prestado no serviría al efecto previsto“, añade.

 En los supuestos de riesgo inmediato y grave para la salud de la madre, apunta que se debería ampliar la posibilidad de prescindir del consentimiento de la embarazada tal y como se actúa ante cualquier intervención médica. “De ese modo, se mantendría un régimen jurídico uniforme“, agrega.

 También considera oportuno que se explique y justifique en la Exposición de Motivos del anteproyecto ley las razones por las cuáles se ha optado por fijar los plazos en 14 y 22 semanas. Sobre la objeción de conciencia, recomienda que se prevea el procedimiento y efectos de la declaración del objetor, así como la creación de un Registro de Objetores de Conciencia de Profesionales Sanitarios.

El PP votará en contra del nuevo modelo de financiación

María Dolores de Cospedal

Finalmente, el PP votará en contra del nuevo modelo de financiación en el Congreso. Ya lo indicó Esperanza Aguirre en su momento, “la absteción es un grave errror”, por lo que finalmente las comunidades gonernadas por el Partido Popular, se regirán por este modelo de votación.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que su partido votará en contra del nuevo modelo de financiación autonómica, por considerar que es malo, y ha negado que existan posturas contradictorias entre los dirigentes de su partido en este sentido. Cospedal se ha referido así, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección de su partido, a varias preguntas relacionadas con el nuevo modelo de financiación, entre ellas sobre las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en las que aseguraba que había sido un “error” abstenerse.

 La número dos del PP ha recalcado que la decisión de abstenerse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se adoptó por consenso entre todos los presidentes autonómicos del PP y ha subrayado que no han variado las posturas. En este contexto, ha aclarado que su partido decidió no votar en contra, entre otras cosas porque la negociación no está cerrada, ya que sólo se presentaron las líneas generales del nuevo modelo y no se dieron a conocer las cifras exactas que correspondían a cada comunidad autónoma.

 Al ser preguntada reiteradamente sobre si existe malestar por las declaraciones de Aguirre, ha contestado: “no estamos con ningún ánimo especial, ni a favor ni en contra de nadie” y ha añadido que tienen claro que el modelo es “un mal modelo” de financiación y que pensaron que “la postura más sensata era el voto de la abstención”.

 Ha subrayado que el nuevo modelo, en líneas generales, no les gusta, porque es “insolidario, no tiende a la solidaridad interterritorial, no garantiza la igualdad de los españoles y provoca cada vez más desigualdades”.

 Tras remarcar que este modelo de financiación se ha aprobado con el “menor consenso” de los producidos en la historia, ha advertido de que este sistema “hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres”. Por ello, ha dicho que el PP votará en contra y posteriormente serán las comunidades autónomas las que perfilarán en las reuniones bilaterales con el Gobierno cuál va a ser el modelo para su comunidad.

 “Pero hasta el momento no deja de sorprendernos que hoy no se conozcan las cifras que van a ir a cada comunidad autónoma”, ha señalado Cospedal, quien ha pedido al presidente del Gobierno que deje de engañar y diga “bien claro ya” cuánto dinero va a cada comunidad.

 Ha dejado claro que las comunidades gobernadas por su partido se regirán por este modelo porque los ciudadanos no pueden dejar de recibir ninguna financiación dado que tienen que seguir teniendo los servicios básicos.