El Tribunal Constitucional rechaza suspender la nueva ley del aborto

Seguirá en vigor hasta que resuelva los recursos de inconstitucionalidad. La resolución ha contado con cuatro votos particulares contrarios a la decisión de hoy

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este miércoles suspender la aplicación de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo conforme pedía el Partido Popular, de modo que la norma seguirá en vigor mientras los magistrados resuelvan sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra varios de sus preceptos.

El Constitucional ha estudiado esta cuestión después de recibir las alegaciones al respecto del Congreso, el Senado y el Gobierno, y cuando la norma cumple sus primeros diez días de vigencia. La resolución ha contado con cuatro votos particulares.El pasado 30 de junio el TC admitió a trámite los recursos interpuestos contra la ley por el Gobierno de Navarra y el Partido Popular y dio un plazo de tres días hábiles a las partes para presentar alegaciones sobre una posible suspensión de la entrada en vigor de la norma, que estaba prevista para el 5 de julio.

Durante ese plazo, la Mesa del Congreso envió una “respuesta automática” declinando la posibilidad de presentar alegaciones conforme las fuentes consultadas por Europa Press, mientras que la Abogacía del Estado, de parte del Gobierno, cursó un escrito en el que argumentaba que el Constitucional no tiene competencias para suspender la entrada en vigor de una norma que ha aprobado el Parlamento.

En el mismo sentido se pronunció la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, quien aseguró que la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad “no tiene efectos suspensivos” por lo que a su juicio, “lo normal” es que se cumpliese la ley que ya está en vigor.

La nueva ley, que entró en vigor el 5 de julio, 25 aniversario de la Ley de Despenalización del Aborto en Determinados Supuestos vigente hasta el momento, liberaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación, establece un comité clínico para evaluar los abortos por problemas en el feto a partir de la semana 22 y permite que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno.

Maragall: El TC tocará una coma del Estatut solo para decir que lo han tocado

El ex presidente catalán Pasqual Maragall ha opinado que el Tribunal Constitucional “tocará una coma del Estatuto solo para decir que lo han tocado”, aunque ha insistido en que en caso de que así sea, el pueblo catalán debe tener derecho a decir en un referéndum si acepta “ese toque de coma”.

El ex presidente catalán Pasqual Maragall ha opinado que el Tribunal Constitucional “tocará una coma del Estatuto solo para decir que lo han tocado“, aunque ha insistido en que en caso de que así sea, el pueblo catalán debe tener derecho a decir en un referéndum si acepta “ese toque de coma”.

Maragall ha señalado que “todos estaremos pendientes, hasta no se sabe cuándo” del fallo del alto tribunal sobre el recurso al Estatuo.Ha recordado que “el pueblo catalán” refrendó el Estatuto, y “refrendado está”, por lo que “si un juez toca una coma, tenemos derecho a decir si queremos ese toque de coma“, ha recalcado.

 

Padres objetores a EpC solicitarán al Constitucional que retire temporalmente la asignatura

Los padres objetores a la adoctrinadora asignatura de Educación para la Ciudadanía continúan en la línea de fuego. El abogado sevillano Carlos Seco, que defiende los intereses de varios madres y padres de alumnos objetores, ha indicado que solicitará al Tribunal Constitucional que “suspenda cautelarmente” del currículo el estudio de la asignatura.

Padres objetores, cuestión de libertad Según ha explicado el propio Seco, este grupo de padres ha decidido recurrir al TC “dado que ni antes ni después de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía del pasado mes de febrero se ha logrado obtener un jurisprudencia uniforme sobre la legalidad de esta asignatura por parte de nuestros tribunales, ya que con posterioridad a aquella se han seguido produciendo sentencias favorables a la objeción“.
Nuestra legislación exige que el Tribunal Constitucional pondere de una parte la protección de los derechos fundamentales, en nuestro caso, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, y el derecho de las familias a elegir la educación moral y religiosa de los hijos, y la perturbación, que ha de ser grave, para los intereses generales que supondría la adopción de tal medida“, apunta.De este modo, indica que la “contradicción” existente entre los pronunciamientos de los distintos tribunales antes y después de las Sentencias del Tribunal Supremo, en donde “unas afirman la existencia de vulneración de esos derechos reconocidos en la Constitución y otras, que sin negarlo, remiten a la concreción que se haga de los contenidos a los manuales y actividades docentes, avalan y ponen claramente de manifiesto que existen suficientes elementos indiciarios para considerar que debe acordarse la medida cautelar de suspensión temporal de las asignaturas, hasta que el propio Tribunal Constitucional dicte sentencia“.El abogado apuesta por esta actuación “más aún teniendo en cuenta el tiempo que puede tardar en resolver el recurso de amparo, tiempo durante el cual se estarían vulnerando la libertad ideológica y religiosa y el derecho a elegir la educación de los hijos, de modo tal que en el caso de obtener una sentencia favorable, ésta habría perdido su eficacia y se habría estado vulnerando los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita al Tribunal Constitucional“.De otra parte, destaca que “en ningún procedimiento judicial, la Administración educativa ha logrado probar o demostrar que si se acuerda dicha medida de retirada temporal de EpC se cause una lesión grave para los intereses generales“.En su opinión, “se trata de una materia de nuevo cuño, que nunca antes había existido en el sistema educativo desde la promulgación de la Constitución y desde la vuelta a la democracia, que nunca antes se había percibido la necesidad de introducirla en el currículo, y por tanto, que es difícilmente comprensible y defendible que exista un perjuicio grave al interés general si se acuerda temporalmente su retirada hasta que se pronuncie sobre el tema el Tribunal Constitucional“.

Expertos aseguran que una ley de plazos en materia abortiva sería inconstitucional

Mientras que un experto del PSOE lo niega

Expertos aseguran que una ley de plazos en materia abortiva sería inconstitucional

El ex vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) y presidente de Honor del Foro Español de la Familia, José Gabaldón, aseguró hoy que una ley de plazos en materia de aborto sería inconstitucional, mientras que el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo sostuvo que es “la única manera de dar una respuesta constitucionalmente correcta” a este asunto.

Según el ex vicepresidente del TC Una ley de plazos en materia abortiva sería insconstitucional

Ambos ponentes, el primero a propuesta del Partido Popular y el segundo del PSOE, comparecieron hoy en la Subcomisión del Congreso que se encarga de analizar una posible reforma legislativa sobre el aborto.

En declaraciones a los periodistas, Gabaldón argumentó su postura diciendo que “atribuir absoluta libertad a cualquier persona, incluso a la madre, para disponer de la vida de otro es una cuestión muy grave”. “Una persona que admite con naturalidad la idea de que la vida de otra pueda quedar sometida a la voluntad de un tercero carece de legitimación en lo sucesivo para criticar la pena de muerte u otras conductas letales”, agregó.

Asimismo, manifestó que, con los cambios que se han producido en la ciencia, se ha llegado a un punto en el que se establece “con claridad que de la fecundación nace un ser humano distinto”. “No ha cambiado nada más”, añadió.

Tomando la doctrina del Tribunal Constitucional, el que fuera también presidente de Asociación Profesional de la Magistratura (APM) defendió que “la vida empieza con la gestación” y la doble misión del Estado: abstenerse de interrumpir u obstaculizar el proceso natural de gestación y establecer un sistema legal para la defensa de la vida, y que el carácter fundamental de la vida incluyera las normas penales.

Por su parte, Javier Pérez Royo manifestó que “únicamente” una ley de plazos “sería constitucional”. “Cualquier respuesta que no sea una ley de estas características es anticonstitucional”, puntualizó.

En este sentido, defendió que la interrupción del embarazo “es un derecho constitucional de la mujer” y no puede ser una conducta antijurídica “que pueda ser exonerada de responsabilidades penales en determinados supuestos”. “El Estado puede, a lo sumo, establecer determinadas condiciones, pero nunca impedir que la decisión sea de la mujer”.

Royo afirmó también que la igualdad constitucional “quiebra” en el momento en que toda la sociedad decide sobre un problema que afecta “solamente” a las mujeres. “Con qué argumento jurídico se puede justifica que el 50 por ciento al que nunca se le podrá plantear el problema tome la decisión sobre la conducta que debe adoptar el 50 al  que sí le afecta”, se preguntó.

Asimismo, defendió que el hijo sólo pertenece a la mujer, “porque es la portadora” y la titular de derechos fundamentales. “Los únicos derechos que hay en la interrupción del embarazo son los de la mujer”, agregó.

Para Royo, el ‘nasciturus’ “no es persona” y, por lo tanto, “no es sujeto de derechos”, y defendió la definición jurídica de persona del Código Civil -A las 24 horas de salir del vientre materno- y añadió que antes “hay religión”.

Tras defender que no hay conflicto de derechos, sostuvo que el Estado tiene que respetar el ejercicio de los derechos fundamentales de la mujer, “porque sí es persona”.

En este sentido, dijo que la mujer “tiene derecho a exigir auxilio al Estado” cuando decida interrumpir su embarazo y “no sólo cuando decida continuar”. “Es una decisión de la mujer, y el Estado no puede entrar en ella”, afirmó.

Requero previene sobre un posible respaldo del Tribunal Constitucional a una ampliación del aborto.

Cena-coloquio DAV.

Cena-coloquio con uno de los expertos del Comité DAV

Requero previene sobre un posible respaldo del Tribunal Constitucional a una ampliación del aborto.

El magistrado de la Audiencia Nacional es partidario, “con matices”, de un referéndum sobre la reforma legislativa, y ha prevenido este viernes sobre un posible cambio de doctrina del Tribunal Constitucional (TC) que respaldaría una eventual ampliación del aborto en España.

El jurista ha sido el ponente invitado de una cena-coloquio organizada por HazteOir.org en un hotel de Madrid. José Luis Requero presentará el próximo martes, en conferencia de prensa, junto al también magistrado Carlos Pérez del Valle, y los profesores de Derecho Constitucional de la UNED, Carlos Vidal, y de la Universidad Abat Oliva, Pablo Nuevo, un avance del dictamen jurídico del Comité DAV sobre el aborto.

El magistrado de la AN y experto en Derecho Administrativo cree posible que el Constitucional acabe avalando una llamada “ley de plazos” para el aborto, a pesar de que su doctrina de protección del no nacido es clara y bastaría para descartar un proyecto de ampliación del aborto como el que persigue el Gobierno.

“Resortes” para un cambio de doctrina

Requero ha advertido que el Constitucional tiene “resortes” para cambiar de doctrina argumentando un supuesto “cambio de mentalidad” en la sociedad española, o bien apelando a una armonización con las normas de países de nuestro entorno en los que, en efecto, predomina el aborto libre en un régimen de plazos; o bien, invocando el criterio del Consejo de Europa, que ha recomendado a los Estados avanzar hacia la consideración del aborto como un derecho.

José Luis Requero aconsejó prepararse para un posible cambio de doctrina del TC, y consideró que la sociedad civil debe dar la batalla cultural para conseguir que el aborto sea considerado como lo que es, la muerte de un ser humano indefenso y un fracaso para la mujer, a la que se le priva de una alternativa.

El trabajo de iniciativas por los derechos civiles como Derecho a Vivir (DAV) y HazteOir.org, opina el magistrado de la Audiencia Nacional, empieza por ganar espacios de exactitud para el lenguaje, consiguiendo que se llame aborto a lo que se pretende presentar con el eufemismo de “interrupción voluntaria del embarazo”; o impidiendo que prospere otra de las falsificaciones jurídico-lingüisticas más pujantes, la de considerar un derecho lo que no lo es.

Requero estima que sólo mediante una pedagogía tenaz e imaginativa para mejorar la “calidad y finura moral” de la sociedad,  el ciclo de una mentalidad indolente ante el drama del aborto podrá revertirse a medio y largo plazo.

El magistrado se mostró, “con matices”, favorable a una posible iniciativa para pedir un referéndum sobre la ampliación del aborto, una idea de la que se ha declarado partidario esta misma semana el magistrado del Tribunal Supremo, Adolfo Prego.

“Siempre”, advirtió Requero, “sabiendo que los referéndum los carga el diablo; que la vida es un derecho que no puede estar al albur de lo que indique una mayoría; que habría que medir muy bien el enunciado de la pregunta, y que se jugaría todo a una carta”.

Reunión del Comité DAV

El Comité de Expertos de Derecho a Vivir se reunirá el próximo martes 18 de noviembre, coincidiendo con la tercera reunión de trabajo de la Subcomisión parlamentaria sobre el aborto.

El Comité DAV, formado por dieciséis médicos, científicos, juristas y activistas de apoyo socio-sanitario a la mujer embarazada, dará a conocer en conferencia de prensa un avance de su primer informe sobre el aborto, de naturaleza jurídica, y avanzará algunas de sus consideraciones.

El Comité DAV comparecerá en conferencia de prensa el próximo martes 18 de noviembre, a las 10.00 h. en el hotel NH Paseo del Prado, en la Plaza de Neptuno, de Madrid.

Forman el Comité DAV:

José Luis Requero. Magistrado. Vocal del Consejo General del Poder Judicial (2001-2008).
Mónica López-Barahona. Consultora para Bioética de Naciones Unidas.
Carlos Pérez del Valle. Magistrado. Profesor de la Escuela Judicial.
Carlos Vidal Prado. Profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED.
Nicolás Jouve de la Barreda. Catedrático de Genética, Departamento de Biología Celular y Genética, Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).
Francisco Abadía Fenoll. Catedrático emérito de Biología Celular, Universidad de Granada.
Pablo Nuevo. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Abat Oliba.
Paloma de Cendra. Psicóloga y Terapeuta de Pareja y Familia. Experta en crisis de embarazo y Síndrome Post-aborto.
Carmen Gómez Lavín. Psiquiatra. Emérito de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. Directora de la Escuela de Trabajo Social de Logroño durante 30 años. Experta en síndrome post-aborto.
Luis Granados. Doctor en Medicina y Cirugía, y médico especialista en Ginecología y Obstetricia.
Álvaro Vázquez Prat. Médico. Profesor colaborador del área de Medicina y del área de Cirugía (Postgrado), de la Universidad de Zaragoza. Miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica ‘San Vicente Mártir’ de Valencia.
Luis Chiva. Médico especialista en Ginecología. Profesor de la Universidad San Pablo-CEU.
Ondina Vélez. Médico de Familia. Directora del Centro Universitario de Información y Salud Sexual de la Universidad San Pablo-CEU.
Mercedes Pérez Fernández. Vicepresidenta de la Asociación Trisomía 13, Trisomía 18 y Otras Malformaciones Genéticas.
María Esperanza Puente Moreno. Portavoz de la Fundación RedMadre. Ponente en el Congreso de la Mujer Pekín 10, organizado por la ONU.