Delegación del Gobierno – “Como garantizar, que no se dé una conferencia”

Grupos antisistema impiden una conferencia del cardenal Rouco Varela ante la dejación de autoridad de la Delegación del Gobierno de Madrid. Iba a hablar de “El Dios desconocido para los españoles del siglo XXI”, informa Análisis Digital

 

 

El Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, tenía previsto pronunciar esta mañana una conferencia en la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid sobre el tema “El Dios desconocido para los españoles del siglo XXI”. Sin embargo, los universitarios no podrán escuchar al cardenal porque el acto se ha suspendido ante la amenaza de disturbios provocados por grupos antisistema que durante el día de ayer anunciaron que tratarían por todos los medios de impedirlo. El acto había sido organizado dentro de las actividades de preparación de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011.

Image

Lo sorprendente de la suspensión del acto no es tanto que un grupo de provocadores tratase de impedirlo sino la dejación de funciones que ha hecho la delegación del Gobierno de Madrid para mantener el orden público en un recinto académico que se supone es todo un templo del conocimiento y, por ende, de la libertad de expresión. Por supuesto, no es la primera vez que estos grupos que parecen estar al acecho de convocatorias que no se ajustan a sus gustos liberticidas, han impedido la celebración de actos parecidos. Pero precisamente porque están perfectamente identificados y porque ya se tiene experiencia de sus métodos violentos, resulta aún más incomprensible que la Delegación del Gobierno de la que dependen las fuerzas del orden, haga una dejación tan antidemocrática de sus funciones, dando la impresión de estar más de acuerdo con los provocadores que con el respeto a la libertad de expresión, especialmente cuando la personalidad invitada es un representante de la Iglesia Católica.

 

 

Junto a la Delegación del Gobierno no puede eximirse de su responsabilidad al propio rectorado de la Autónoma que ha preferido suspender el acto antes que mantener la autoridad académica, privando así a los universitarios de escuchar a uno de los intelectuales más destacados del mundo de la cultura europea como es el cardenal Rouco Varela, más allá de su dignidad como presidente de la Conferencia Episcopal Española. Todo un baldón que deshonra a la Universidad.

 

Hablar de Dios resulta peligroso

 

Teresa García-Noblejas, secretaria de Profesionales por la Ética y colaboradora de la Cadena COPE y de Popular TV

 La conferencia que hoy tenía previsto pronunciar D. Antonio Mª Rouco Varela, cardenal arzobispo de Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid sobre El Dios desconocido para los españoles del siglo XXI no se ha podido celebrar. El motivo ha sido que, ante las amenazas de grupos radicales, la Delegación del Gobierno se ha manifestado incapaz de garantizar la seguridad del cardenal y el buen desarrollo del acto.

Las minorías radicalmente anticlericales han existido siempre. Supongo que ignoran que el mismo cardenal que iba a hablar en el recinto universitario es el pastor de Cáritas diocesana y de las innumerables obras de asistencia que existen en Madrid para atender a enfermos, inmigrantes, pobres y parados. Me cuesta creer que universitarios que han superado la ESO (supongo) ignoran que el saber fue custodiado y transmitido por la Iglesia (monasterios, escuelas catedralicias) frente a la barbarie. Y que de la adoración a Dios y la atención al prójimo surgió toda una civilización y una red de solidaridad; amén de numerosos estilos artísticos, desde el paleocristiano hasta el barroco. Quizá no sepan estos universitarios que el descubridor de las leyes genéticas era un fraile agustino y que los derechos humanos los formularon clérigos escandalizados por los abusos que se cometían contra los indígenas del Nuevo Mundo.

 La ignorancia bárbara es preocupante. Pero la omisión de la Delegación del Gobierno es una provocación inadmisible. Ella y sus jefes si saben lo que hacen y lo que pretenden:  expulsar a Dios, a la Iglesia y a los católicos del espacio público.

Cómo funciona “SITEL”, el sistema de espionaje de las comunicaciones

Un tema más que se ha puesto de moda: el sistema de escuchas telefónicas “SITEL”, supuestamente en funcionamiento con el Gobierno de Aznar, y en la práctica sólo con el de Zapatero. Escuchas telefónicas, seguimiento de posición y grabaciones teóricamente reguladas. Lea aquí cómo funciona.

¿Son seguras nuestras comunicaciones? Si hablamos de espías telefónicas podría pensarse que nos referimos a las películas de James Bond o Jason Bourne. Lo cierto es que estas obras del celuloide tienen una base en la realidad, y no es menos cierto que en la realidad existe un sistema para poder controlar las llamadas telefónicas que hacemos los españoles. Este sistema se llama SITEL, y está en la palestra política por una exigencia del PP. Rubalcaba se escuda en que ya estaba en funcionamiento con Aznar, y el PP lo niega: ellos lo compraron, pero nunca lo usuaron. Afirman que ha sido Zapatero el primero en ponerlo en marcha, y para colmo y para variar, a espaldas de los jueces y, por supuesto, de los ciudadanos. 

No analizaremos aquí la situación actual, sino el funcionamiento de SITEL. 

Como en casi todos los campos de nuestra vida, los ordenadores han hecho su aparición en la telefonía, y por tanto las posibilidades que ofrece la tecnología son casi infinitas. De cara a los usuarios, podemos disfrutar de funciones de comunicación avanzadas, como las de llamadas en espera, las de conferencias a tres bandas, las de videoconferencia, las de envío de mensajes SMS y un largo etcétera. De cara a las autoridades, SITEL puede

Dar información sobre la llamada: podremos conocer todas las llamadas efectuadas y recibidas por una persona. Por supuesto, también la hora y la duración, así como el teléfono del interlocutor, lo cual permite saber con quién nos comunicamos. 
Dar información de posicionamiento: similar a un navegador GPS para carretera, con un móvil podemos saber en cualquier momento desde qué zona se ha hecho cada llamada. Es más, podemos dónde está alguien aunque no haga llamadas, basta con el el móvil esté encendido. 
– Dar información de otro tipo: datos sobre el terminal, el usuario (recordemos que ahora los clientes de prepago tienen que identificarse), grabación de las conversaciones, registro de mensajes, correos electrónicos, etc. 

Para poder hacer todo esto, SITEL consta de un ordenador central comunicado con los ordenadores de las redes telefónicas para que estos le suministren todos los datos citados antes sobre un terminal y una copia de todas las conversaciones mantenidas por un usuario. Por supuesto, todo esto ha de estar supervisado y aceptado por un juez.
 
SITEL está pensado para poder tener un control judicial efectivo de esas actividades de intercepción y escucha. El encargado de ver qué datos se piden a las redes telefónicas y qué conversaciones se graban es un puesto de control, que sólo debería emitir órdenes validadas judicialmente. Idealmente, ese puesto de control debería ser supervisado u operado por el juez. 

Una vez que se ha emitido una orden judicial para “espiar” a un cierto teléfono, las actividades cotidianas de consulta de las llamadas realizadas, de consulta del posicionamiento del usuario, etc… son realizadas por una serie de puestos de observación que, normalmente, estarán manejados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de los Servicios de Información. El contenido de las conversaciones telefónicas nunca pasa por esos puestos de observación manejados por la Policía, sino que va directamente al puesto de control que, como ya hemos dicho, debería estar sometido a control judicial. 

El funcionamiento real, es el siguiente: 

1. La Policía está obligada a dar al agente que lleve la investigación toda la información sobre la identificación de la persona, su domicilio, el número de titularidad del servicio, el número de cuenta asignada al proveedor de Internet, la dirección de correo electrónico, la situación geográfica de la terminal, etc. Una información que se facilita antes de que se pida la orden judicial.
2. Con esta información en la mano, la Policía pide permiso a un juez para pinchar la línea telefónica del sospechoso de un delito.
3. Cuando el magistrado concede el permiso, comienza la vigilancia de las comunicaciones.
4. La Grabación se realiza a través del software de Sitel, que además aporta datos como la identidad, la localización o la operadora con la que tiene contratado el servicio. Datos que se pueden recopilar antes de iniciar la escucha.
5. El agente realiza las escuchas a partir del material almacenado en Sitel.
6. La Policía muestra al juez la grabación y éste decide qué parte le sirve y qué parte se destruye. Siempre se rompe el CD, pero el archivo original continúa en Sitel. 

Es decir, que a la luz de las investigaciones que desvela el abogado Guillermo Díaz Bermejo en Noticias Jurídicas, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia puede obtener los datos de carácter personal de cualquier usuario de teléfonos móviles en cualquier momento y en cualquier punto de España sin necesidad de disponer, para ello, de un permiso judicial.

 

 

En España viven 4.715.757 extranjeros, la mayoría marroquíes, ecuatorianos.

El número de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en España, a fecha 30 de septiembre, asciende a 4.715.757 personas, lo que supone un aumento del 1,96% (90.566 personas) respecto al trimestre anterior y del 10,31% (440.936 personas) en los últimos doce meses. El colectivo con mayor presencia es el marroquí, seguido del rumano, del ecuatoriano, colombianos, británicos, chinos, italianos, peruanos, búlgaros y portugueses.

El colectivo nacional con mayor presencia es el marroquí El número de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en España, a fecha 30 de septiembre, asciende a 4.715.757 personas, lo que supone un aumento del 1,96% (90.566 personas) respecto al trimestre anterior y del 10,31% (440.936 personas) en los últimos doce meses.

Según el ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN), 2.519.115 (el 53,49% ) son hombres y 2.190.211 (el 46,51% ), mujeres.El colectivo nacional con mayor presencia es el marroquí (con 758.174), seguido del rumano (728.580) y del ecuatoriano (441.455), seguidos de colombianos (288.255), los británicos (221.073), los chinos, los italianos, los peruanos, los búlgaros y los portugueses.El 38,86% de los extranjeros es nacional de un país de Europa Comunitaria, el 30,71% es iberoamericano, el 20,84% africano, el 6,28% asiático, el 2,84% es europeo de países no comunitarios, el 0,43% norteamericano y el 0,04% de países de Oceanía.Por comunidad autónoma de residencia, Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía agrupan al 65,71% de los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor.Y, según provincia, Madrid tiene el mayor número de extranjeros (865.828), seguida de Barcelona (704.657).Respecto al régimen de residencia, 2.535.927 extranjeros (el 53,78% del total) están incluidos en el Régimen General y 2.179.830 (el 46,22% ) en el Régimen Comunitario.Por continentes, en todos los casos el grupo de edad mayoritario es el de 16 a 64 años, y su peso varía entre el 85,94% de los iberoamericanos y el 74,67% de los africanos.El mayor porcentaje de menores de 16 años lo tiene el colectivo africano, con un 24,26% . Los mayores de 64 años tienen mayor peso entre los norteamericanos, con un 16,89% .Entre las quince principales nacionalidades, la británica y la alemana son las que tienen una edad media más alta (50,3 y 43,8 años respectivamente), mientras que los marroquíes y los chinos son los más jóvenes (27,2 y 29,0 años respectivamente).

 

 

Caso Faisán: el PP plantea 25 preguntas al Gobierno para aclarar el chivatazo a ETA

El PP no quiere que el caso Faisán desaparezca del primer plano de la actualidad. Los dirigentes populares están empeñados en que se aclare si hubo o no chivatazo a ETA y por ese motivo ha registrado una batería de 25 preguntas en el Congreso para que el Ejecutivo aclare si hubo algún tipo de instrucción política en el caso Faisán.

Soraya Sáenz de Santamría, portavoz popular en el Congreso Desde el PP se recuerda que durante la última tregua de ETA “alguien dio el soplo” al dueño del bar Faisán, en Irún (Guipúzcoa), punto de entrega del dinero recaudado por el aparato de extorsión de la banda, de que se iba a detener a los etarras cuando cruzaran la frontera para recogerlo.

La Fiscalía ya solicitó el archivo de la causa alegando que tras tres años de investigación no hay pruebas concluyentes de nada pero los populares consideran que durante ese período de tiempo se han producido muchas irregularidades que “merecen” que el Gobierno explique. Por eso han registrado en el Congreso una batería de 25 preguntas entre las que se incluyen cuestiones como por qué se retiró a la Guardia Civil de la investigación o el motivo por el cual el Ministerio del Interior relevó de su puesto al jefe español del equipo conjunto de investigación del “caso Faisán“. 

También hay preguntas sobre la “manipulación” de las cintas de vídeo en el momento, según el PP, en que se puede identificar a la persona que da el chivatazo al dueño del bar y, además, insta al Ejecutivo a que diga lo que opina de la declaración de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, en la que afirma que el chivatazo se dio por “mandato político” y si, efectivamente, lo hubo.

Desde el PP no se quiere cerrar este caso en falso y ya hace unos días Soraya Sáenz de Santamaría tuvo que colgar su pregunta sobre este caso en Internet después de que no pudiera hacérsela  en la sesión de control a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

 

 

Felip Puig sobre la trama de Santa Coloma: “que Montesquieu resucite”

El secretario general adjunto de CDC, Felip Puig i Godes, se ha posicionado en contra de las formas en que se ha tratado a los dos militantes CiU detenidos por decisión del juez Garzón. Para Puig los casos de corrupción que están saliendo a la luz en España están generalizando “una sensación de fractura de los partidos y de desconfianza” entre la población.

La trama de corrupción de Santa Coloma de Gramanet ha salpicado a militantes del PSOE y de CiU, que hoy han sido retirados de sus cargos. En La Linterna ha estado Felip Puig i Godes, secretario general adjunto de CDC que ha declarado que “quieren que la justicia, que Garzón, actúe con el máximo rigor para descubrir toda la verdad”, porque “es injusto que se ponga bajo el mismo rango que a terroristas y asesinos a gente que ha hecho alguna irregularidad”.

Las formas en que se ha detenido a Maci Alavedra y Lluís Prenafeta han sido poco adecuadas, imágenes que se han convertido en la pena del telediario. Al igual que el PP denunció este tipo de tratos con sus militantes, Convergencia Democrática ahora ha estado de acuerdo con esta postura debido al mal trato que han recibido los ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol. El secretario general adjunto de CDC considera que “cuando hay excesos se deben denunciar”. Sobre esto, Puig ha querido rectificar a Alfonso Guerra, diciendoque Montesquieu resucite, por favor, que la separación entre la justicia y la política vuelvan a existir”.

 

 

Las Juventudes Socialistas manipulan la realidad en su vídeo sobre el aborto

Universitarios por la Vida está formado por un grupo de jóvenes universitarios, comprometidos con el derecho a la vida. Como jóvenes piensan que implicarse en los problemas de la sociedad es una obligación. Por eso denuncian lo que consideran “una falsedad”. Este colectivo denuncia que las Juventudes Socialistas en su video sobre el aborto “criminalizan e insultan a quienes defendemos la vida de los no nacidos y reivindicamos ayudas para las mujeres embarazadas”

El centro Jurídico Tomás Moro afirma que la nueva ley del aborto ha recibido subvenciones que tienen la apariencia de ilegales

 

Universitarios por la Vida afirma que “Las Juventudes Socialistas han hecho público recientemente un vídeo en el que, manipulando la realidad, tratan de mostrar su visión en lo concerniente al aborto y criminalizan e insultan a quienes defendemos la vida de los no nacidos y reivindicamos un sistema de ayudas adecuadas para las mujeres embarazadas. Ante este vídeo, la asociación estudiantil Universitarios por la Vida toma la palabra y alza la voz para denunciar esta falsedad”.Añaden que en su video, “las Juventudes Socialistas sacan a algunos de  nuestros miembros en una discusión con una mujer que supuestamente quiere abortar”.

 Explican que ese video es de la velada del 25 de septiembre, en frente de la Clínica Dator, donde varias asociaciones provida se manifestaron en favor de la Vida, la Mujer y la Maternidad. En esa pacífica concentración se presentaron dos mujeres con el puño en alto gritando en tono provocador consignas como: “Fuera vuestros rosarios de nuestros ovarios” o “Nosotras parimos, nosotras decidimos” y llamándonos “fascistas”. La Policía Nacional se llevo a esas personas para que no alterasen el orden público. El movimiento provida universitario pregunta a los jóvenes socialistas “¿Cómo pueden unos jóvenes tan comprometidos con la lucha social y con la búsqueda de soluciones reales como las Juventudes Socialistas darse por vencidos y admitir que hay mujeres para quienes la única salida es el aborto? ¿No es acaso mucho más progresista y demuestra un espíritu mucho más combativo el apoyar a las mujeres embarazadas para que no se vean abocadas al aborto? Nosotros estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para que ninguna mujer tenga que enfrentarse jamás a lo que supone un aborto”. 

 

 

PSC y CIU suspenden de militancia a los implicados en el caso Santa Coloma

El PSC ha enviado hoy un mensaje de “tolerancia cero” con la corrupción al confirmar la “suspensión preventiva” de militancia del alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, el concejal Manuel Dobarco y el director de servicios Pasqual Vela, que han renunciado a sus cargos al estar imputados. Además, Bartomeu Muñoz, ha anunciado, a través de un comunicado, que renuncia al acta de concejal y, por tanto, de primer edil del municipio barcelonés. Por último, Artur Mas ha suspendido de militancia a Alavedra y Prenafeta, dos ex altos cargos de Pujol imputados en el caso.

El alcalde de Santa Coloma de Gramenet

El viceprimer secretario y portavoz del PSC, Miquel Iceta, dice que el partido aún no ha decidido quién sustiturá a Muñoz como alcalde, e indica que antes hay que escuchar el parecer del grupo municipal. Además, la comisión ejecutiva del PSC ha suspendido “de forma preventiva” hasta que haya una sentencia la militancia en el partido del alcalde, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el director gerente de servicios del Ayuntamiento, Pascual Vela, por su imputación en el “caso Pretoria”.  Por su parte, el abogado de Bartomeu Muñoz, Fermín Morales, ha anunciado que su defendido renuncia al acta de concejal y, por tanto, al cargo de alcalde, así como a la vicepresidencia que ostentaba en la Diputación de Barcelona y a los cargos que tenía tanto en el PSC como en el PSOE. En el comunicado leído por Morales en nombre de Muñoz, dirigido a los ciudadanos de Santa Coloma de Gramenet, el hasta ahora alcalde asegura que es inocente de los delitos que le imputa Garzón, y recuerda su dedicación y compromiso político a la ciudad desde el año 1974.Artur Mas también ha suspendido de militancia por unanimidad a Maci Alavedra y Lluís Prenafeta, los dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol
imputados y encarcelados de forma preventiva por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el marco de la operación Pretoria. “Es una decisión dolorosa para mí porque con los dos tengo una relación de afecto y de amistad. Les conozco desde hace muchos años, y no reniego ni me escondo de ello“, asegura Mas, que señala que tampoco ha sido una decisión fácil ni agradable para otros integrantes de la formación que tuvieron contactos con ambos.