El Obispado de Almería sobre la sentencia de Resurrección Galera

En su sentencia el Tribunal Constitucional en ningún momento expresa, ni remotamente, que la no contratación de Doña Resurrección Galera Navarro fue contraria a derecho. Ni tampoco que lo fuera su no inclusión en las listas de profesores de religión para el curso 2001-2002.

Texto íntegro de la Nota de prensa del obispado de Almería sobre la sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de abril de 2011:

El Obispado de Almería ante las informaciones y opiniones que han tenido lugar a raíz de la publicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el recurso de amparo interpuesto por doña Resurrección Galera Navarro en el mes de mayo de 2002 desea hacer constar lo siguiente:

1.  Al antedicho recurso de amparo, que el Tribunal Constitucional ha tardado casi nueve años en resolver, se opusieron, junto al Obispado de Almería, la Abogacía del Estado y el Letrado de la Junta de Andalucía quienes también entendieron que la no contratación de Dª Resurrección Galera era conforme a derecho y que, por tanto, las sentencias del Juzgado de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que así lo declaraban, también lo eran

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2. En su sentencia el Tribunal Constitucional en ningún momento expresa, ni remotamente, que la no contratación de Doña Resurrección Galera Navarro fue contraria a derecho. Ni tampoco que lo fuera su no inclusión en las listas de profesores de religión para el curso 2001-2002.

3. La Sentencia, fundamentalmente, lo que ordena es que el Juzgado de lo Social de nº 3 de Almería vuelva a dictar sentencia en la que se tenga en cuenta una doctrina jurídica (la de “la debida ponderación de derechos fundamentales en conflicto”) que no tuvo en cuenta en la sentencia recurrida.

4. Cuando la sentencia del Tribunal Constitucional, en su fallo (nº 1), se refiere a la existencia de una vulneración de derechos fundamentales no se está refiriendo, primariamente, a la actuación del Obispado de Almería, ni de las Administraciones educativas, sino, como expresamente señala la misma sentencia (Fundamento Jurídico 12), a las sentencias del Juzgado de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por haberse mantenido en sus razonamientos en el ámbito de la legalidad ordinaria, sin atender a las cuestiones relativas a los derechos fundamentales en juego.

5. Es importantísimo dejar claro que el Tribunal Constitucional, no impone al Jugado de lo Social nº 3 de Almería que dicte la nueva sentencia en el sentido de declarar no conforme a derecho la decisión del Obispado de Almería, sino que le ordena que lo haga teniendo en cuenta la aludida doctrina sobre ponderación de los derechos fundamentales.

6. Por tanto, el Tribunal Constitucional no prejuzga ni condiciona el fallo que el Juzgado habrá de dictar en su día. Sin embargo, en la propia sentencia del Tribunal Constitucional se ofrecen elementos muy sólidos para fundar una sentencia en la que se vuelva a declarar ajustada a derecho la decisión tomada por el Obispado de Almería. Concretamente, es de relevancia, a este respecto, el Fundamento Jurídico 3, cuando hace expresamente suya la doctrina sentada en su anterior y, en esta materia, fundamental, sentencia 38/2007 [F. J. 5], en la que se dice: “El credo religioso objeto de enseñanza ha de ser, por tanto, el definido por cada Iglesia, comunidad o confesión, no cumpliéndole al Estado otro cometido que el que se corresponda con las obligaciones asumidas en el marco de las relaciones de cooperación a las que se refiere el art. 16.3 CE. Se sigue de lo anterior que también ha de corresponder a las confesiones la competencia para el juicio sobre la idoneidad de las personas que hayan de impartir la enseñanza de su respectivo credo. Un juicio que la Constitución permite que no se limite a la estricta consideración de los conocimientos dogmáticos o de las aptitudes pedagógicas del personal docente, siendo también posible que se extienda a los extremos de la propia conducta en la medida en que el testimonio personal constituya para la comunidad religiosa un componente definitorio de su credo, hasta el punto de ser determinante de la aptitud o cualificación para la docencia, entendida en último término, sobre todo, como vía e instrumento para la transmisión de determinados valores. Una transmisión que encuentra en el ejemplo y el testimonio personales un instrumento que las Iglesias pueden legítimamente estimar irrenunciable”.

7.  A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional en la sentencia recién publicada expresa, en su Fundamento Jurídico 10, que: “corresponde a las autoridades religiosas en virtud del derecho de libertad religiosa y del principio de neutralidad religiosa del Estado la definición del propio credo religioso, así como el concreto juicio de idoneidad sobre las personas que han de impartir la enseñanza de dicho credo, permitiendo la Constitución que este juicio “no se limite a la estricta consideración de los conocimientos dogmáticos o de las aptitudes pedagógicas del personal docente”, sino también “que se extienda a los extremos de la propia conducta en la medida en que el testimonio personal constituya para la comunidad religiosa un componente definitorio de su  credo, hasta el punto de ser determinante de la aptitud o cualificación para la docencia” (STC 38/2007, de 15 de febrero, FJ 7)”.

8.  Finalmente, el Obispado de Almería estima que un ejercicio responsable y sereno de la libertad informativa, absolutamente necesaria en una sociedad democrática, pasa por el conocimiento cabal de aquello sobre lo que se informa. A este fin se atreve a sugerir a los informadores y, a todo el que tenga interés en el asunto, la lectura pausada,  atenta y crítica de la Sentencia del Tribunal Constitucional cuyo texto está disponible desde el día de ayer en:

http://www.tribunalconstitucional.es/es/resolucionesrecientes/Documents/2002-03338STC.pdf

 Almería, 20 de abril de 2011

La Corte Suprema de Irlanda afirma que la Constitución prevalece sobre la Convención Europea de Derechos Humanos

 La Corte Suprema de Irlanda pronunció una sentencia que marcó un hito a favor de la familia natural al sostener que la Constitución del país está por encima de la Convención Europea de Derechos Humanos. La sentencia sostiene que la relación entre un niño y su padre biológico, por lo general, beneficia al menor, aún en el caso de que su progenitor sea un donante de esperma y que el niño sea criado por la madre y su pareja lesbiana.

     Un panel de letrados conformado por cinco jueces invalidó en forma unánime la decisión judicial de un tribunal de primera instancia que había negado a un donante homosexual de esperma la custodia de su hijo y el derecho de visita. El fallo del mencionado tribunal se basaba, en parte, en el Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prevé el derecho a la vida familiar, y en él se sostenía que la pareja lesbiana había constituido una «familia de hecho», cuyos derechos estaban contemplados en la Convención.

     La Corte Suprema, sin embargo, sostuvo que la Constitución irlandesa no contempla que una pareja lesbiana con un hijo constituya una «familia», y que las leyes irlandesas tampoco reconocen las «familias de hecho», sea que estén constituidas por personas homosexuales o por heterosexuales que no han contraído matrimonio.

     El Presidente de la Corte Suprema, John Murray, aclaró que la Convención Europea de Derechos Humanos no es «generalmente parte de la legislación interna [irlandesa]» y que el tribunal de primera instancia «no tenía autoridad para aplicar el Artículo 8 de la Convención a la situación de las demandadas y el menor». En efecto, la Corte observó que el juez de primera instancia (quien fue miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos durante casi una década) había intentado extender de manera unilateral la jurisprudencia de la Convención Europea, dado que el Tribunal Europeo aún debe comprobar que las parejas del mismo sexo están contempladas en el Artículo 8 de la Convención.

     La Corte Suprema advirtió que la decisión judicial del tribunal de primera instancia no había dado suficiente importancia al hecho de que tener un padre es beneficioso para un niño, y ordenó que se concediera al progenitor el derecho de visita. Por otro lado, un padre biológico, aun si se trata de un donante de esperma, puede solicitar la custodia según lo establecido en la Ley de Custodia de Menores de Irlanda. Los tribunales de primera instancia deben considerar caso por caso los hechos específicos que se les presentan a fin de tomar una decisión según lo que sea mejor para los intereses del menor. 

     David Quinn, del Iona Institute de Irlanda, califica de «significativa» a la decisión, porque en ella se confirma la importancia del «vínculo biológico» de la familia natural y la primacía de la legislación nacional frente a la Convención Europea de Derechos Humanos. Si bien Quinn censuró una reciente resolución de la Corte por la que se estableció que los embriones congelados no son personas «no nacidas» con igual derecho a la protección de la que gozan los embriones implantados en el marco de la Constitución pro-vida de Irlanda, observó que, en ese caso, la Corte recurrió al Parlamento irlandés para aclarar el asunto.  

     Tal deferencia a la soberanía popular es un rasgo característico de la Corte Suprema de Irlanda. Los analistas observan que éste fue el único alto tribunal que ordenó que el Tratado de Lisboa fuera sometido a un referendo público antes de ser ratificado. Dado que algunas de las disposiciones del tratado equivalían a una enmienda de la Constitución irlandesa, consideró que era necesario el consentimiento directo de la población irlandesa.

Sentimiento compartido de repulsa en Italia por la sentencia europea contra el crucifijo

Tras la sentencia europea que proscribe el crucifijo en las aulas, las reacciones que se suceden desde diversos ámbitos italianos evidencian un sentimiento «ampliamente compartido»: el símbolo cristiano «no genera ninguna discriminación» y el pronunciamiento judicial carece de sentido común, confundiendo la laicidad de las instituciones con la negación del papel del cristianismo. Esta tarde, el diario de la Santa Sede, analiza en un editorial la polémica decisión del Tribunal de Estrasburgo.

Natalia Ginzburg (1916-1991) «El crucifijo, los jueces y Natalia Ginzburg» es el título del comentario -firmado por Giuseppe Fiorentino e Francesco M. Valiante, responsables, respectivamente, de las áreas de información internacional y vaticana de «L’Osservatore Romano»-. Por su interés, lo traducimos íntegramente: 

De todos los símbolos que a diario perciben los jóvenes, la sentencia difundida ayer por el Tribunal de Estrasburgo –que prohíbe la exhibición del crucifijo en las aulas escolares italianas porque supone que es contraria al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y al derecho de los niños a la libertad de religión- ha golpeado aquello que más representa una gran tradición, no sólo religiosa, del continente europeo. «El crucifijo no genera ninguna discriminación. Calla. Es la imagen de la revolución cristiana que diseminó por el mundo la idea de la igualdad entre los hombres, hasta entonces ausente». Quien escribió estas palabras, el 22 de marzo de 1988, fue Natalia Ginzburg en las páginas de «l’Unità», el diario fundado por Antonio Gramsci, entonces órgano del Partido comunista italiano.  Las palabras de las escritora, a distancia de más de veinte años, expresa un sentimiento todavía ampliamente compartido en Italia. Lo demuestran las muchas reacciones que han seguido al pronunciamiento del tribunal europeo. Mientras el gobierno italiano ha anunciado que ha presentado recurso contra la sentencia, el mundo político ha evidenciado casi unánimemente la falta de sentido común inherente a la medida, subrayando cómo la laicidad de las instituciones es un valor bien distinto a la negación del papel del cristianismo. «Estupor y pesar» ha expresado en particular el director de la Oficina de Información de la Santa Sede, el jesuita Federico Lombardi, en una severa declaración emitida por Radio Vaticana y por el Tg1 [telediario del primer canal de la Rai, la televisión pública italiana. Ndr]. «Es grave –afirmó- querer marginar del mundo educativo un signo fundamental de la importancia de los valores religiosos en la historia y en la cultura italiana». Y continuó: «Sorprende además que un tribunal europeo intervenga seriamente en una materia ligada muy profundamente a la identidad histórica, cultural, espiritual del pueblo italiano. No es éste el camino por el que se atrae a amar y compartir más la idea europea, que, como católicos italianos, hemos sostenido fuertemente desde sus orígenes». De «visión parcial e ideológica» ha hablado la Conferencia episcopal italiana, subrayando que en la decisión del tribunal «se ignora o se descuida el múltiple significado del crucifijo, que no es sólo símbolo religioso, sino también signo cultural».  Hay que recordar que en Italia el Consejo de Estado en 2006 ya había considerado legítimas las normas que prevén la exhibición del crucifico en las escuelas, afirmando que ello no asume valor discriminatorio para los no creyentes porque representa «valores civilmente relevantes y, especialmente, aquellos valores que subyacen e inspiran nuestro orden constitucional». En efecto, la sentencia del tribunal de Estrasburgo, con la intención de querer tutelar los derechos del hombre, acaba por poner en discusión las raíces sobre las cuales se fundan esos mismos derechos, desconociendo la importancia del papel de la religión –y en particular del cristianismo- en la construcción de la identidad europea y en la afirmación de la centralidad del hombre en la sociedad. Bajo otro perfil, la decisión de los jueces de Estrasburgo parece inspirada en una idea de laicidad del Estado que lleva a marginar la contribución de la religión en la vida pública. Se podría así prefigurar un futuro no tan lejano hecho de ambientes públicos despojados de cualquier referencia religiosa y cultural por miedo a ofender la sensibilidad de otros. En realidad, no es en la negación, sino en la acogida y en el respeto de las diversas identidades donde se defiende la idea de laicidad del Estado y se favorece la integración de las distintas culturas. «El crucifijo representa a todos» -explicaba Natalia Ginzburg- porque «antes de Cristo nadie había dicho jamás que los hombres son iguales y hermanos todos, ricos y pobres, creyentes y no creyentes, judíos y no judíos, y negros y blancos».

 

Traducción de la Sentencia, de Estrasburgo sobre el Crucifijo en las aulas

 

  • Consulte aquí la sentencia de Estrasburgo sobre los crucifijos (en francés)PDF (0.12 Mb)
  • Humilde TRADUCCIÓN

    CASO LAUTSI C. ITALIA 

    (Solicitud N º 30814/06)  

    ESTRASBURGO  

     Noviembre 3, 2009  

     Esta decisión se convierte en definitiva en las circunstancias definidas en el artículo 44 § 2 de la Convención. Ello   puede ser objeto de revisión editorial.  En el caso Lautsi C. Italia . El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Segunda Sección), sentado en una sala de  <br> compuesto por:  Françoise Tulkens, Presidente,   Ireneu Cabral Barreto,  Vladimiro Zagrebelsky,   Danut Jo Ien,  Dragoljub Popovi,  Andras Sajo, I Karaka ella, Jueces;   y Sally Dollé, Secretario de Sección.

     Después de deliberar en privado en Octubre 13, 2009.

     Hace que en el presente caso, ha adoptado la fecha:  

    PROCEDIMIENTO  

     1. En la raíz de la cuestión en una aplicación (N º 30814/06) en contra de la  República Italiana y de que un nacional de ese Estado, la Sra. Soile Lautsi ( la  solicitante ) se refiere a la Corte julio 27, 2006 en la sección 34 de la Convención  Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (la Convención).   Que actúa en su nombre y en nombre de sus dos hijos, Sami y Dataico Albertin.  

     2. El solicitante está representado por N. Paoletti, un abogado en Roma. El Gobierno Italiana (Gobierno) estuvieron representados por su agente, la Sra. E. Spatafora y su agent Adjunto, Sr. N. Lettieri. 

     3. El demandante alegó que la exposición de la cruz en las aulas de la escuela  Públicos frecuentados por los niños era una injerencia incompatible con la libertad de los  la creencia y religión, así como el derecho a la educación y la enseñanza   coherente con sus convicciones religiosas y filosóficas. 

      4. El 1 de julio de 2008, la Corte resolvió comunicar la solicitud al Gobierno.  De conformidad con las disposiciones del artículo 29 § 3 de la Convención, decidió que sería considerada al mismo tiempo, la admisibilidad y el fondo del asunto.  

     5. Tanto el solicitante y el Gobierno presentaron observaciones por escrito sobre el   fondo (artículo 59 § 1). 

      DE HECHO  

    I. LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO  

     6. La demandante reside en Abano Terme y tiene dos hijos, Sami y Dataico Albertin. Estos  pasado, de entre once y trece años, asistió a la escuela en el período 2001-2002  Público Instituto Estatal comprensivo Vittorino da Feltre, Abano Terme. 

     7. Todas las aulas había un crucifijo, que el demandante considera contraria  el principio de laicidad que quería educar a sus hijos. Levantó la  tema durante una reunión de abril 22 de 2002 por la escuela y sostuvo que  Según el Tribunal de Casación (sentencia de  No. 4273 de 1 de marzo de 2000), la presencia de crucifijos en las salas se preparan para votar  para las elecciones políticas ya había sido considerado una violación al principio de Estado laico. 

     8. En mayo 27 de 2002, la dirección de la escuela decidieron dejar que los crucifijos en las habitaciones  curso.

      9. En julio 23 de 2002, la demandante impugnó esta decisión ante los tribunales  Región Administrativa Especial de Veneto. Basándose en los artículos 3 y 19 de la  Constitución italiana y el artículo 9 de la Convención, se alegó la violación de la  principio de laicidad. Además, denunció la violación del principio de imparcialidad,   la administración pública (artículo 97 de la Constitución). Así que le preguntó a la  Tribunal de Primera Instancia ante el Tribunal Constitucional la cuestión de la constitucionalidad.  

     10. En octubre 3, 2007, el Ministerio de Educación aprobó la Directiva N º 2666   recomienda que los directores de escuela para explicar el crucifijo. Formó parte  en el procedimiento, y sostuvo que la situación en cuestión se basaba en el artículo 118,   Real Decreto N º 965 de abril 30 de 1924 y el artículo 119 del Real Decreto N º 1297 del 26 de abril   1928 (las anteriores disposiciones de la Constitución y los acuerdos entre Italia y la Santa  Sede). 

     11. En enero 14 de 2004, el Tribunal Administrativo de las estimaciones de Veneto, dada  la   principio de laicidad (artículos 2, 3, 7, 8, 9, 19 y 20 de la Constitución) que la cuestión de la   constitucionalidad no es manifiestamente infundada y por lo tanto apeló a la Corte  Constitución. Además, porque la libertad académica y la obligación de asistir a la escuela,  la presencia del crucifijo se colocó en los estudiantes, padres y profesores  y favoreció el cristianismo sobre otras religiones. El solicitante  formó parte en el procedimiento ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno   argumentó que la presencia de crucifijos en las aulas fue un acto natural en la  porque no era sólo un símbolo religioso, sino también la &quot;bandera de la Iglesia Católica, que era la única iglesia nombrada en la Constitución (artículo 7).  Por consiguiente, considero que el crucifijo es un símbolo del Estado italiano.  

     12. Mediante auto de diciembre 15 de 2004 N º 389, el Tribunal Constitucional considera a sí mismo  jurisdicción, debido a las disposiciones controvertidas no fueron incluidos en  la ley, sino en el reglamento, que no tiene fuerza de ley (párrafo 26 infra). 

    13. El procedimiento ante el Tribunal Administrativo, dijo. Por sentencia de 17 de marzo   2005 N º 1110, el Tribunal Administrativo desestimó un recurso de casación por la demandante. Él creía que el crucifijo era a la vez un símbolo de la historia y la cultura italiana, y  la identidad italiana, y el símbolo de los principios de igualdad, libertad y  <br> la tolerancia y el Estado laico. 

    14. El demandante recurrió ante el Consejo de Estado.  

     15. Por un decreto de febrero 13 de 2006, el Consejo de Estado rechazó el recurso de casación por considerar que el   De la Cruz se convirtió en los valores seculares de la Constitución italiana y representada  los valores de la vida civil.  

    II. La legislación y práctica nacionales pertinentes 

    16. La obligación de exhibir el crucifijo en las aulas se remonta a una época de  antes de la unificación de Italia. En efecto, en virtud del artículo 140 del Real Decreto   4336 de septiembre 15 de 1860 el Reino de Piamonte-Cerdeña, &quot;cada escuela se  (…) sin culpa de estar equipado con un crucifijo. 

    17. En 1861, año de nacimiento del Estado italiano, el Estatuto del Reino de Piamonte  Cerdeña, en 1848 se convirtió en el Estatuto italiano. Afirmó que &quot;la religión católica  Apostólica y romana [fue] la religión del estado solamente. Otros cultos existentes  [eran] aceptada de conformidad con la ley. 

     18. La toma de Roma por el ejército italiano, septiembre 20, 1870, tras lo cual  Capital, Roma fue anexionada y proclamado del nuevo Reino de Italia, provocó una  crisis en las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.

    Mediante la Ley N º 214 de mayo 13, 1871,   Italiano reglamentos Estado unilateralmente las relaciones con la Iglesia y el Papa pronunció un  serie de privilegios para llevar a cabo la actividad religiosa regular. 

    19. En el advenimiento del fascismo, el Estado adoptó una serie de circulares que se  respecto a la obligación de exhibir el crucifijo en las aulas.  <br> Circular del Ministerio de Educación N º 68, noviembre 22, 1922, dijo: En los últimos años, en muchas escuelas primarias en la imagen del Reino Unido  Cristo y el retrato del Rey ha sido eliminado. Esto constituye una violación clara y  no es tolerable de una disposición de reglamentación, y sobre todo un ataque a la religión  estado dominante y la unidad de la nación. Nos intimons entonces todos  los gobiernos municipales del Reino para restablecer el orden en las escuelas que están  carecen de los dos símbolos sagrados de la fe y el sentimiento nacional.  La Circular del Ministerio de Instrucción Pública N º 2134-1867 de la de mayo 26, 1926 .

    El símbolo de nuestra religión, consagrado a la fe y de sentir  Insta Nacional e inspira a los jóvenes estudiantes, que en las universidades y otros agudiza su ingenio e inteligencia para  las altas cargas a las que va destinado.

     20. El artículo 118 del Real Decreto N º 965 de abril 30, 1924 (Reglamento de las escuelas secundarias del Reino) dice: Cada  la escuela debe tener la bandera nacional, la imagen de cada aula de  crucifijos y retratos del rey.  El artículo 119 del Real Decreto 1297 de abril 26 de 1928 (aprobación de los reglamentos  los servicios generales de la educación primaria) en el crucifijo entre los  equipo y materiales necesarios para las escuelas de clase.  Los tribunales nacionales han sostenido que estas disposiciones son todavía  vigor y aplicable a este caso. 

     21. Los Pactos de Letrán, firmado en febrero 11, 1929, marcó la reconciliación de  el Estado italiano y la Iglesia Católica. Se confirmó el catolicismo como la religión  oficial del Estado italiano. El artículo 1 del Tratado de leer: Italia reconoce y   reafirma el principio consagrado en el artículo 1 del Estatuto Albertino del Reino de 4 de marzo   1848, que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la única religión  estado.

    22. En 1948 el gobierno italiano aprobó su constitución republicana.  

     El artículo 7 de este último se reconoce explícitamente que el Estado y la Iglesia Católica,   cada uno en su orden, independientes y soberanos. La relación entre Iglesia y Estado  Católica se rigen por los Pactos de Letrán y la modificación de los mismos  aceptado por ambas partes, no requieren procedimiento de revisión constitucional.   El artículo 8 establece que las confesiones religiosas distintas de la católica &quot;tienen el derecho de   organizarse según sus propios estatutos, ya que no se oponen a la orden La ley italiana. La relación entre el Estado y las otras religiones son establecidas por el   La Ley sobre la base de acuerdos con sus respectivos representantes.  

     23. La religión católica ha cambiado su situación tras la ratificación por la Ley N º 121, marzo 25, 1985, la primera disposición del Protocolo Adicional a la nueva Concordato con el Vaticano a partir de febrero 18 de 1984, que modifica los Pactos de Letrán de 1929.  En virtud de esta disposición, el principio proclamado en un principio por los Pactos de Letrán, el  La religión católica como la única religión del Estado italiano es considerado como  está en vigor. 

    24. El Tribunal Constitucional italiano, en el asunto N º 508 de  Noviembre 20, 2000 resumió su caso, afirmando que los principios que  la igualdad fundamental de todos los ciudadanos independientemente de su religión (artículo 3 de la  Constitución) y de la igual libertad de todas las religiones ante la ley (artículo 8) se deriva que la actitud del Estado debe estar marcada por la imparcialidad y la equidistancia, sin que   atribuyen importancia a la cantidad de fieles de una religión u otra (véase la causa 925/88, 440/95, 329/97) o la extensión de las reacciones sociales frente a la violación de los derechos de  uno o el otro (véase la causa No. 329/97). La conciencia de la igualdad de protección   a cada persona que se suscribe a una religión es independiente de la religión elegida (véase  Asunto N º 440/95), que no está en contradicción con la posibilidad de una diferente  regulación de las relaciones entre el Estado y diversas religiones en el sentido de los artículos 7 y 8 de   de la de la Constitución. Esta posición de imparcialidad y equidistancia refleja la   principio de laicidad como el Tribunal Constitucional basado en las normas de la Constitución y las  ese tipo de principio supremo (véase la sentencia N º 203/89, 259/90, 195/93, 329/97),   que caracteriza el estado en el sentido del pluralismo. Creencias, culturas y tradiciones   diferentes para vivir juntos en la igualdad y la libertad (véase la causa No. 440/95).  

     25. En su sentencia N º 203 de 1989, el Tribunal Constitucional examinó la cuestión de la  no la educación religiosa obligatoria en las escuelas católicas  público. En esta ocasión, declaró que la Constitución contiene el principio de la  La laicidad (artículos 2, 3, 7, 8, 9, 19 y 20) y el carácter confesional del Estado había  sido explícitamente abandonada en 1985 en el marco del Protocolo Adicional a la nueva Acuerdos con la Santa Sede.  

     26. El Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la obligación de exponer la  crucifijos en las escuelas públicas, dictó la orden de diciembre 15 de 2004 N º 389 (apartado 12 supra). Sin pronunciarse sobre el fondo, se ha   declarado manifiestamente inadmisible, el problema ya que estaba destinada a la  reglamentos, sin fuerza de ley, por lo que escapó de su jurisdicción.  

     DERECHO I.

    SOBRE LA VIOLACIÓN alegada del artículo 2 del Protocolo N º 1  Revisarán en conjunción con el artículo 9 DE LA CONVENCIÓN 

     27. El demandante alega en su nombre y en nombre de sus hijos que la exposición de la  cruces en las escuelas públicas para que esto constituye una interferencia   incompatible con su derecho a proporcionarles una educación y enseñanza conforme  sus convicciones religiosas y filosóficas en el sentido del artículo 2 del Protocolo N º 1   disposición que dice lo siguiente: No se le puede negar el derecho a la educación. El Estado, en ejercicio de las funciones de   que asume en el ámbito de la educación y la enseñanza, el respeto de la ley de   a los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus   convicciones religiosas y filosóficas.  Por otra parte, el demandante alegó que la exposición de la cruz también incumplió su la libertad de creencia y de religión en el artículo 9 de la Convención, que establece: 

     1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho,   incluye la libertad de cambiar de religión o de creencias y la libertad de manifestar su religión o creencia, individual o colectivamente, en público o  en el culto privado, a través de, la enseñanza, la práctica y la observancia.  

     2. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta a otras  las limitaciones prescritas por la ley y ser necesarias en  una sociedad democrática, seguridad pública, protección del orden público, la salud o  la moral o la protección de los derechos y libertades de los demás. 

     28. El Gobierno se opone a esta afirmación.  A. Admisibilidad  

     29. El Tribunal considera que las objeciones formuladas por la demandante no se   manifiestamente mal fundada en el sentido del artículo 35 § 3 de la Convención. Es por  de lo contrario se enfrentará a ningún otro supuesto de inadmisibilidad. Por lo tanto, debe ser  admitida a trámite.  B. Sustancia  

     1. Alegaciones de las partes  

     a) El solicitante  

     30. El solicitante ha proporcionado la historia de las disposiciones pertinentes. Se observa que  la exposición del crucifijo se basa, de acuerdo a los tribunales nacionales, las disposiciones de   1924 y 1928 se consideran aún en vigor, aunque  que antes de la Constitución italiana y el acuerdo de 1984 con la Santa Sede y el Protocolo Adicional. Sin embargo, las disposiciones en cuestión han escapado  de control de constitucionalidad, ya que el Tribunal Constitucional sólo podía pronunciarse  de su compatibilidad con los principios fundamentales de la legislación italiana  Debido a su carácter normativo.   Las disposiciones en cuestión son la herencia de una concepción religiosa del Estado de  enfrenta hoy el deber de los laicos y hace caso omiso de los derechos protegidos por el  Convenio. Hay una cuestión religiosa en Italia, ya que, al exigir   exponer el crucifijo en las aulas, el Estado da a la religión católica un   posición privilegiada que conduzca a la interferencia del Estado con el derecho a la libertad  de pensamiento, de conciencia y de religión de la demandante y sus hijos y la ley  el solicitante para educar a sus hijos según sus convicciones morales y  religiosos católicos, así como una forma de discriminación contra los no-. 

     31. Según la demandante, el crucifijo, de hecho, ante todo, una connotación  religiosas. El hecho de jugar que la cruz puede ser otra no implica la pérdida de su  principal es la connotación religiosa.  Favorecer a una religión por la exposición de un símbolo da a los estudiantes un sentido de  Las escuelas públicas – incluyendo a los hijos de la demandante – que el Estado se adhiere a un   la creencia religiosa en particular. Si bien en un estado de derecho, ninguna persona debe  percibir el Estado como estar más cerca de una fe religiosa que otra, y especialmente no los que son más vulnerables debido a su corta edad.  

     32. Para el demandante, esto tiene implicaciones para la presión entre otras cosas,   los menores indiscutible y da la sensación de que el Estado está muy lejos de los que lo hacen   no se identifican con esta confesión. El concepto de laicismo significa que el Estado debe ser   neutral y se equidistancia vis-à-vis las religiones, ya que no debe ser   percibido como más cercano a algunas personas que otros.   El Estado debe garantizar a todos los ciudadanos la libertad de conciencia, a partir de   la instrucción pública adecuada para forjar la autonomía y la libertad de pensamiento de la persona,  respecto de los derechos garantizados por la Convención. 

    33. En cuanto a si un maestro tendría libertad para exponer otros símbolos  la religión en el aula, la respuesta es negativa, dada la ausencia de disposiciones que permiten.   b) El Gobierno 

    34. El Gobierno señala en primer lugar que la cuestión planteada por la presente   movimiento fuera del marco jurídico adecuado para inmiscuirse en el terreno de la  la filosofía. En efecto, es para determinar si la presencia de un símbolo que tiene un origen   y el significado religioso en sí mismo es un factor que puede influir en   las libertades individuales de una manera incompatible con la Convención. 

    35. Si la cruz es sin duda un símbolo religioso, tiene otros significados.  También tendría una significación ética, comprensible y agradable   independientemente de la adhesión a la tradición religiosa o de la historia, ya que evoca   principios que pueden ser compartidos fuera de la fe cristiana (la no violencia, la igualdad de   la dignidad de todos los seres humanos, la justicia y el compartir, la primacía del individuo sobre el grupo  y la importancia de la libertad de elección, la separación de la política de la religión, el amor de siguiente hasta un perdón de los enemigos). Mientras que los valores subyacentes las sociedades democráticas de hoy tienen su origen inmediato en la mente  los autores de los no creyentes, incluso opuesto al cristianismo. Sin embargo, el pensamiento de estos   los autores se nutre de la filosofía cristiana, no menos, debido a su  la educación y el medio cultural en que se forman y viven. Por último, los valores democráticos de hoy se basan en un  más lejano pasado, que el mensaje del Evangelio. El mensaje de la cruz sería un  mensaje humanista, que se puede leer independientemente de su  religiosa, que consiste en un conjunto de principios y valores que constituyen la base de nuestra   las democracias.   La referencia cruzada a este mensaje, es perfectamente compatible con el laicismo y la   accesible a los no cristianos y no creyentes, que podría aceptar la  ya que evoca los orígenes lejanos de estos principios y valores.  Por último, el símbolo de la cruz puede ser vista como sentidoreligiosa, su exposición en un lugar público, no constituye en sí una violación  los derechos y libertades garantizados por la Convención.  

     36. Según el Gobierno, esta conclusión se ve confirmada por el análisis   la jurisprudencia de la Corte que requiere una intervención mucho más activa que la simple  la exposición de un símbolo para una constatación de la infracción de los derechos y libertades. Por lo tanto,   intervención activa que resultaron en la violación del artículo 2 del Protocolo N º 1 en   Caso Folgerø (Folgerø y otros c. Noruega [GC], N º 15472/02, ECHR 2007-VIII).   En este caso, no es la libertad de afiliarse o no a una religión que está en juego, porque en la  Italia, esta libertad está plenamente garantizada. Esta no es la libertad  la práctica de una religión o no creer, el crucifijo es de hecho expuestos en el   las aulas pero no se requiere de los profesores o estudiantes   frente a cualquier signo de salvación, reverente o simple reconocimiento, y sin embargo,   menos recitar oraciones en clase. De hecho, no es ni siquiera su pedido a pagar  atención al crucifijo.   Por último, la libertad de educar a los niños de acuerdo con las creencias de los padres es  los programas no pertinentes: la educación en Italia es totalmente secular y pluralista   la escuela no contienen ninguna referencia a ninguna religión en particular y la educación  la religión es opcional. 

    37. Refiriéndose a Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen (diciembre 7, 1976, serie A,  <br> N º 23), donde el Tribunal no encontró ninguna violación, el Gobierno sostiene que, cualquiera que sea  es que la fuerza evocadora, una imagen no es comparable con el impacto de una  comportamiento activo, todos los días y prorrogado en el tiempo como la educación.  Por otra parte, sería posible educar a sus hijos a la escuela privada o en el hogar por  tutores.  

     38. Las autoridades nacionales tienen una considerable discrecionalidad para  temas tan complejos y delicados, estrechamente relacionados con la cultura y la historia.   La exposición de un símbolo religioso en los lugares públicos no sobrepasar el margen de reconocimiento de manos de los Estados.  

     39. Esto es especialmente cierto en Europa hay una gran variedad de actitudes en la  asunto. Por ejemplo, en Grecia, todas las ceremonias civiles y militares de la planificación de  la presencia y activa participación de un sacerdote ortodoxo, además, el duelo nacional fue declarada y todas las oficinas y tiendas  sería cerrada, como en Alsacia.  

     40. Según el Gobierno, la exposición de la cruz no socavar la secular  Estado, un principio consagrado en la Constitución y los acuerdos con la Santa Sede . Ella no indican una preferencia por una religión, porque  recordar una tradición de valores culturales y humanísticos compartidos por otros  personas como cristianos. En conclusión, la exposición de la cruz no hace caso omiso  el deber de imparcialidad y neutralidad del Estado. 

    41. Por otra parte, no existe un consenso europeo sobre la forma de interpretar específicamente el concepto de laicidad, de modo que los estados tienen un margen más amplio de la evaluación en el área. En concreto, si hay un consenso europeo sobre  principio del Estado laico, no habría en sus implicaciones prácticas y sus  aplicación. El Gobierno solicitó a la Corte ejercer la prudencia y la  moderación y abstenerse por tanto, dar un contenido preciso a   prohibir la mera exposición de los símbolos. De lo contrario, sería dar un contenido sustantivo   previamente el principio de laicidad, que iría en contra de la legítima diversidad de  los enfoques nacionales y conducir a consecuencias imprevisibles.  

     42. El Gobierno no admite como necesario, oportuno o conveniente   mantener el crucifijo en las aulas, pero la elección que le mantenga allí o no  son de carácter político y por lo tanto cumplen los criterios de oportunidad, y no  la legalidad. En la historia de la evolución de la ley señalados por el querellante, el   Gobierno no niega, él debe entender que Italia, aunque  como seculares, libremente decidió mantener el crucifijo en las aulas   por diversas razones, incluyendo la necesidad de encontrar un compromiso con la inspiración parte  Cristiana es una parte esencial de la población y el sentimiento religioso de la misma. 

    43. Si un profesor es libre de describir otros símbolos religiosos  en un aula, ninguna disposición que prohibirla.  

     44. En conclusión, el Gobierno pidió al Tribunal que desestime la denuncia. 

    c) El tercer orador 

    45. El monitor griego de Helsinki (GHM ) se opone a la tesis del Gobierno de demandado.   La cruz y el crucifijo más, sólo puede ser visto como símbolos  religiosas. El GHM también cuestiona la afirmación de que tiene que ver la cruz   Otra cosa que el símbolo religioso y que la cruz es un portador de los valores humanistas. Él cree que tal posición es ofensivo para la Iglesia. Además, el Gobierno  Italiano no se han indicado incluso un simple no-cristiano que estaría de acuerdo con este   teoría. Por último, otras religiones, a ver la cruz en un símbolo religioso.  

     46. Si seguimos el argumento del Gobierno de que la exposición del crucifijo se   aplicación o alta, o atención, no sería preguntarse por qué el crucifijo  está expuesto. La exposición de los símbolos de ese tipo podría ser visto como la veneración de institucional.  En este sentido, las notas GHM que, de acuerdo a los Principios Rectores de Toledo   la enseñanza de las religiones y creencias en las escuelas públicas (Consejode expertos sobre la libertad de religión y de creencias de la Organización para la Seguridad y   La Cooperación en Europa (OSCE)), la presencia de dicho símbolo en una escuela de  público puede ser una forma de enseñanza implícita de la religión, por ejemplo,  dando la impresión de que esta religión en particular se ve favorecida por otros. Si el Tribunal de Justicia en el asunto Folgerø dijo que la participación en las actividades de  la religión puede influir en los niños, luego de GHM, la exposición   Los símbolos religiosos también puede tener uno. También debemos pensar en situaciones  donde los niños o sus padres pueden temer represalias si se decide  protesta.  

     3. Apreciación del Tribunal de Justicia   principios

    d) General  

     47. En cuanto a la interpretación del artículo 2 del Protocolo N º 1 en el año funciones que el Estado asume en el ámbito de la educación y la enseñanza, Tribunal de Justicia llegó en su jurisprudencia los principios que figuran a continuación   pertinentes en este caso (véase, en particular, Kjeldsen, Busk Madsen y  Pedersen c. Dinamarca, la sentencia de diciembre 7, 1976, Serie A No. 23, pp. 24-28, § § 50-54,   Campbell v. Cosans Reino Unido, la sentencia de febrero 25, 1982, Serie A No. 48, pp. 16-18,  <br> § § 36-37, Valsamis c. Grecia, la sentencia de diciembre 18 de 1996, Repertorio de sentencias y decisiones de 1996-VI, pp. 2323-2324, § § 25-28, y Folgerø y otros c. Noruega [GC], 15472/02,  <br> TEDH 2007-VIII, § 84). 

    (a) debe leer dos frases del artículo 2 del Protocolo N º 1 a la luz no   Sólo uno de los otros, sino también, en particular, los artículos 8, 9 y 10 de la   Convenio. 

    (b) es el derecho fundamental a la educación que se injerta el derecho de los padres a   el respeto de sus convicciones religiosas y filosóficas y la primera frase se  distinguidos, ni el segundo, entre la educación pública y la educación privada.   La segunda frase del artículo 2 del Protocolo N º 1 es para preservar la posibilidad de  pluralismo educativo, esencial para preservar la sociedad democrática, como  concebido por la Convención. Debido al poder del Estado moderno, especialmente   la educación pública que necesita para alcanzar este objetivo.  

     (c) El respeto de las convicciones de los padres debe ser posible dentro de un  La educación puede proveer un ambiente abierto e inclusivo  en lugar de la exclusión, con independencia de los fondos de los estudiantes, las creencias  origen religioso o étnico. La escuela no debe ser el teatro de operaciones o predicación misionera, debe ser un lugar de encuentro de diferentes   las religiones y convicciones filosóficas, donde los estudiantes pueden adquirir   conocimiento acerca de sus pensamientos y sus tradiciones.  

     (d) La segunda frase del artículo 2 del Protocolo N º 1 implica que el Estado, en el cumplimiento de   funciones que asume en la educación y formación, garantizar que   información o los conocimientos incluidos en los programas se difunden  un objetivo, crítico y pluralista. Está prohibido para lograr un objetivo  adoctrinamiento que pueda ser considerado como no respetar las creencias   los padres filosóficas y religiosas. Aquí está el límite que no exceda. 

    (e) El respeto de las convicciones religiosas de los padres y las creencias de los niños  implica el derecho a creer en una religión o no creer en ninguna religión. Libertad   de creer y la libertad de no creer (libertad negativa) están protegidas  por el artículo 9 de la Convención (véase, en términos de la sección 11, Young, James y  <br> Webster v. Reino Unido, agosto 13, 1981, § § 52-57, Serie A N º 44).   El deber de neutralidad y la imparcialidad del Estado es incompatible con cualquier   la discrecionalidad por parte de la misma sobre la legitimidad de las creencias   los modos de expresión religiosa de la misma. En el contexto de la educación, la neutralidad debe garantizar el pluralismo (Folgerø, § 84). 

    b) Aplicación de estos principios  

     48. Para la Corte, estas consideraciones llevan a la obligación del Estado de abstenerse a imponer, ni siquiera indirectamente, las creencias, los lugares donde la gente se   dependiente de él o en lugares donde son particularmente  vulnerables. La escolarización de los niños es particularmente sensible porque en este caso, la fuerza vinculante del Estado se impone a los espíritus que faltan  otra vez (dependiendo del nivel de madurez del niño) la capacidad de crítica  quita el mensaje en virtud de una opción preferencial expresadas.  

     49. La aplicación de los principios mencionados en el presente caso, la Corte debe examinar  la cuestión de si el Estado demandado, al exigir a la exposición del crucifijo en la aulas, supervisó el ejercicio de sus funciones de enseñanza y el aprendizaje  que el conocimiento se difunde de manera objetiva, crítica y pluralista respetar las convicciones religiosas y filosóficas de los padres, como El artículo 2 del Protocolo N º 1. 

     50. Para examinar esta cuestión, el Tribunal tendrá en cuenta la naturaleza particular   símbolo religioso y su impacto en los estudiantes desde una edad temprana, especialmente  hijos de la demandante. De hecho, en países donde la inmensa mayoría de la población   se adhiere a una religión en particular, la manifestación de los ritos y los símbolos de la religión sin restricciones de lugar y forma, puede constituir una presión sobre los estudiantes   que no practican esa religión o los que se adhieren a otra religión  (Karaduman c. Turquía, la decisión de la Comisión, de mayo 3, 1993). 

    51. El Gobierno (párrafos 34-44 supra) justifica la necesidad (o no) exponer el crucifijo estaba relacionada con mensaje moral positiva de la fe cristiana, que trasciende seculares valores constitucionales, el papel de la religión en la historia de  italiano y enraizamiento en la tradición del país. Él atribuye el crucifijo neutral y el sentido secular en referencia a la historia y la tradición  italiano, estrechamente relacionada con el cristianismo. El Gobierno argumentó que el crucifijo es un símbolo religioso, pero también puede representar a otros valores (véase Tribunal Administrativo de Veneto, No. 1110 de marzo 17, 2005, § 16, apartado 13 supra).  En opinión de la Corte, el símbolo del crucifijo tiene una pluralidad de significados entre significado religioso que es la predominante.

    52. El Tribunal considera que la presencia de crucifijos en las aulas más allá de el uso de símbolos en contextos históricos específicos. También  estima que el carácter tradicional en el sentido histórico y social de un texto  utilizado por los parlamentarios a hacer un juramento, no priva el juramento de su carácter religioso (Buscarini y otros contra San Marino [GC], N º 24645/94, ECHR 1999-I). 

     53. El demandante alega que el símbolo se enfrenta a sus convicciones y viola el derecho de sus hijos  no profesan la religión católica. Sus convicciones han alcanzado un nivel de profesionalismo y  lo suficientemente consistentes para determinar la presencia obligatoria del crucifijo  puede ser razonablemente comprensible para ella como estar en conflicto con ellos. El interesado visto en la exposición del crucifijo, signo de que el Estado está en el lado de la religión católica . Este servicio es oficialmente aceptado en la Iglesia Católica, que  crucifijo atribuido a un mensaje básico. Por lo tanto, la aprehensión de la demandante  no es arbitraria.

    54. Las convicciones de la Sra. Lautsi se refieren también al impacto de la exposición crucifijo en sus hijos (apartado 32 supra), la mayor edad de once y trece años. El Tribunal de Justicia  reconoce que, como se discute, es imposible no notar el crucifijo  en las aulas. En el contexto de la educación pública, es necesariamente  visto como una parte integral de la escuela y por lo tanto puede considerarse  un “símbolo externo de gran alcance” (Dahlab contra Suiza (diciembre), N ° 42.393 / 98, ECHR 2001-V). 

     55. La presencia del crucifijo puede ser fácilmente interpretada por los estudiantes de todas las edades  como símbolo religioso y se sienten educado en un ambiente escolar  marcada por una religión en particular. Lo que puede ser estimulante para algunos estudiantes  religiosas, puede ser emocionalmente perturbador para los estudiantes de otras religiones o  aquellos que no profesan ninguna religión. Ese riesgo está particularmente presente en  estudiantes pertenecientes a minorías religiosas. La libertad negativa no se limita a  sin servicios religiosos o la instrucción religiosa. Abarca las prácticas y  símbolos que expresan, en particular, o en general, una creencia, una religión o el ateísmo.  Este derecho negativo merece una protección especial, si el Estado  expresa una creencia y si la persona se coloca en una situación en la que sólo puede surgir  o en esfuerzo y sacrificio desproporcionado. 

     56. La exposición de uno o más símbolos religiosos no pueden justificarse ni por la aplicación otros padres que quieren que la educación religiosa en consonancia con sus creencias  o, como sostiene el Gobierno, por la necesidad  compromiso necesario con los partidos políticos de inspiración cristiana. El respeto de las creencias  padres en la educación debe tener en cuenta el respeto de las creencias  otros padres. El Estado tiene la obligación de neutralidad religiosa en el contexto de la educación pública obligatoria  donde la asistencia es necesaria independientemente de la religión y debe tratar de inculcar en los estudiantes el pensamiento crítico.  El Tribunal no ve la forma de exposición en las aulas de las escuelas públicas , un símbolo que es razonable asociar con el catolicismo (la religión  mayoría en Italia) podría servir al pluralismo educativo es esencial para la preservación  una “sociedad democrática” tal como es concebido por la Convención,  el pluralismo que ha sido reconocido por la ley del Tribunal Constitucional (véase el apartado 24 ) . 

     57. El Tribunal considera que la exposición necesario para que un símbolo de una confesión determinada en el ejercicio de la opinión pública sobre situaciones específicas  bajo control del gobierno, particularmente en las aulas, los pequeños Ley  los padres a educar a sus hijos según sus creencias y el derecho de los niños de la escuela a creer o no creer. El Tribunal considera que esta medida conlleva violación de estos derechos, porque las restricciones son incompatibles con el deber que incumbe  al Estado a respetar la neutralidad en el ejercicio del servicio público, en particular en el  la educación. 

     58. En consecuencia, ha habido una violación del artículo 2 del Protocolo N º 1  relación con el artículo 9 de la Convención. 

     II. SOBRE LA SUPUESTA VIOLACIÓn DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONVENCIÓN 

     59. La demandante sostiene que la interferencia fue denunciado en los términos del artículo 9  de la Convención y el artículo 2 del Protocolo N º 1 también se vulnera el principio de no discriminación consagrado  por el artículo 14 de la Convención.

    60. El Gobierno rechazó este argumento. <br>

    61. El Tribunal considera que esta denuncia no es manifiestamente infundada, en el sentido del artículo 35 § 3 de la Convención. También señala que no se enfrenta a otro motivo de inadmisibilidad . Por tanto, es necesario declarar admisible.

    62. Sin embargo, dadas las circunstancias de este caso y el razonamiento llevado a encontrar una violación del párrafo del artículo 2 del Protocolo N º 1 junto con artículo 9 de la Convención (58 < arriba), el Tribunal considera que no hay necesidad de considerar el caso de  también en términos del artículo 14 por sí solos o en combinación con las anteriores disposiciones . 

     III. SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONVENCIÓN 

     63. Según el artículo 41 de la Convención,  “Si el Tribunal considera una violación de la Convención y sus Protocolos, y si el ley de la Alta Parte Contratante que permite eliminar imperfectamente  consecuencias de esta violación, el Tribunal concede a la parte agraviada, si procede, una  satisfacción.

    A. Daños 

     64. La demandante solicita el pago de una suma de por lo menos 10 000 por daño moral. 

     65. El Gobierno considera que la constatación de la infracción sería adecuada.  alternativa, cree que la cantidad reclamada es excesiva y sin apoyo y  busca el despido o la reducción de la equidad.

    66. Como el Gobierno no ha expresado su disposición a revisar las disposiciones que rigen  la presencia de crucifijos en las aulas, el Tribunal considera que l a diferencia de lo ocurrido en el caso Folgerø y otros (citada arriba, § 109), el  conclusión de violación no es suficiente en este caso. Por lo tanto, actúa en el patrimonio neto, que da 5 a 000 de daño moral.

     B. Costos 

     67. La demandante solicita 5 000 para los costos y gastos incurridos en el procedimiento Estrasburgo 

     68. El Gobierno señala que la demandante no ha fundamentado su denuncia y sugiere  rechazo de la misma. 

     69. Según la jurisprudencia de la Corte, el solicitante puede obtener un reembolso sus costos y gastos sólo en la medida en que realmente han su necesidad y la racionalidad de sus tarifas. En este caso, el solicitante ha  presentado ninguna prueba para apoyar su reclamación. La Corte decide por lo tanto la rechazan. 

     C. Intereses de demora 

     70. El Tribunal considera apropiado basar el tipo de interés sobre la tasa de interés la facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo, más tres puntos porcentuales .

    POR ESTAS RAZONES, EL TRIBUNAL POR UNANIMIDAD 

     1. Declarar la admisibilidad del recurso

    2. Recomendar a un violación del artículo 2 del Protocolo N º 1  considerarse en relación con el artículo 9 de la Convención 

    3. Dice que no hay necesidad de examinar la queja en virtud del artículo 14 por sí solos o combinados con  artículo 9 de la Convención y el artículo 2 del Protocolo N º 1;  4 . Dicho 

     a) que el Estado demandado a pagar al demandante un plazo de tres meses a partir de la fecha en que la decisión sea definitiva  conformidad con el artículo 44 § 2 de la Convención, 5 000 de euros (cinco mil euros), por concepto de daño moral, más cualquier cantidad que puede ser gravados por el impuesto 

     b) como la expiración de dicho plazo hasta la liquidación, este cantidad aumentará a un interés simple a una tasa igual a la facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo  aplicables durante este período, más tres puntos porcentuales 

    5. Rechaza la demanda de una justa reparación para el resto. Hecho en francés, y notificada por escrito en noviembre 3, 2009, en virtud del artículo 77 § § 2 y 3 del Reglamento. 

    Sally Dollé Françoise Tulkens secretario Presidente 

    LAUTSI c. ITALIA

    La condena europea al crucifijo en la escuela suscita “perplejidad”

    Reacción de la Conferencia Episcopal Italiana

     Con “amargura” y sobre todo con “perplejidad” ha recibido la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) la sentencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos con la que ha condenado este martes a ese país por colocar crucifijos en las escuelas.
    Un comunicado de prensa, emitido por la Oficina para las Comunicaciones Sociales de la CEI, basándose en una primera lectura de la sentencia, considera que en ella “se ha impuesto una visión parcial e ideológica”.

    El caso había sido planteado al Tribunal de Estrasburgo por Soile Lautsi, ciudadana italiana de origen finlandés, que en año 2002 hab&iacut e;a pedido a la escuela estatal “Vittorino da Feltre” de Abano Terme (Padua), en la que estudiaban sus dos hijos, que quitara los crucifijos de las aulas. La dirección de la escuela se negó por considerar que el crucifijo forma parte del patrimonio cultural italiano, y posteriormente los tribunales italianos dieron razón a este argumento.
    Según la sentencia de Estrasburgo, el gobierno italiano tendrá que pagar a la mujer un resarcimiento de 5.000 euros por daños morales.

    La primera sentencia de la historia de este tribunal en materia de símbolos religiosos en las aulas de clase considera que la presencia del crucifijo en la escuela constituye “una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones” y de “la libertad de los alumnos”.
    Según ha anunciado el juez Nicola Lettieri, que defiende Italia en el Tribunal de Estrasbur go, el gobierno italiano presentará un recurso contra la sentencia.
    El comunicado de prensa del episcopado italiano considera que esta sentencia “suscita amargura y muchas perplejidades”.

    “Ignora o descuida el múltiple significado del crucifijo, que no sólo es un símbolo religioso, sino también un signo cultural –añade la nota–. No tiene en cuenta el hecho de que, en realidad, en la experiencia italiana, la exposición del crucifijo en los lugares públicos está en armonía con el reconocimiento de los principios del catolicismo como parte del patrimonio histórico del pueblo italiano, confirmado por el Concordato de 1984”, que regulas las relaciones Iglesia-Estado en ese país.
    “De este modo, se corre el riesgo de separar artificialmente la identidad nacional de sus orígenes espirituales y culturales”, aclara.

    Según el episco pado, “no es ciertamente una expresión de laicidad, sino una degeneración en laicismo, la hostilidad contra toda forma de relevancia política y cultural de la religión”.
    Por su parte, el jurista Giuseppe Dalla Torre, rector de la universidad LUMSA de Roma, considera en declaraciones al servicio de información de la CEI, SIR, que el argumento del tribunal constituye un “razonamiento equivocado basado sobre un presupuesto: el crucifijo puede obligar a una profesión de fe. Sin embargo, el crucifijo es un símbolo pasivo, es decir, no obliga en conciencia a nadie”.

     

    El crucifijo no es una factor de exclusión, sino de unión; aclara el Vaticano

    El portavoz comenta la sentencia del Tribuna europeo sobre símbolos religiosos en las escuelas

    La sentencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos, que define la presencia del crucifijo en las escuelas como una violación de la libertad religiosa de los alumnos “ha sido acogida en el Vaticano con sorpresa y pesar”.

    Lo ha afirmado este martes el padre Federico Lombardi S.I., director de la Oficina de Información de la Santa Sede, en declaraciones a medios de comunicación con las que ha comentado la sentencia de condena europea al sistema vigente actualmente en Italia de exposición del símbolo religioso en las aulas.

    “El crucifijo siempre ha sido un sig no de ofrenda de amor de Dios y de unión y acogida para toda la humanidad –considera el portavoz vaticano–. Es una pena que sea considerado como un signo de división, de exclusión o de limitación de la libertad. No es esto, y no lo es para el sentimiento común de nuestra gente”.

    En particular, el padre Lombardi considera que “es grave marginar del mundo educativo un signo fundamental de la importancia de los valores religiosos en la historia y en al cultura italiana”.

    Según el portavoz, “la religión ofrece una contribución preciosa a la formación y crecimiento moral de las personas, y es un componente esencial de nuestra civilización”. Por este motivo, “es equivocado y miope querer excluirla de la realidad educativa”.

    “Sorprende, además, que un Tribunal europeo intervenga con tanto peso en una materia tan profundamente ligada a la identidad histórica, cultural, espiritual del pueblo italiano”, reconoce.

    “Por este camino uno no se siente atraído a amar y compartir más profundamente esa idea europea, que como católicos italianos hemos apoyado fuertemente desde sus orígenes”.

    “Parece que no se quiere reconocer el papel del cristianismo en la formación de la identidad europea, que sin embargo ha sido y sigue siendo esencial”, concluye el portavoz vaticano.

    El caso sobre el que se ha pronunciado el Tribunal de Estrasburgo fue presentado por una ciudadana italiana de origen finlandés, que en año 2002 había pedido a la escuela estatal “Vittorino da Feltre” de Abano Terme (Padua), en la que estudiaban sus dos hijos, que quitara los crucifijos de las aulas. La dirección de la escuela se negó por considerar que el crucifijo forma parte del patrimonio cultural italiano, y posteriormente los tribunales italianos dieron razón a este argumento.

     

    La Justicia da la razón a los comunicadores de la COPE en el caso del doctor Montes

    Lea la sentencia de la juez

    Los tribunales han sobreseído la demanda del doctor Montes contra los profesionales de la Cadena COPE. La juez Doña María Antonia Díez-Madroñedo del Tribunal de Justicia número 10 de Madrid acaba de ordenar el archivo de la causa estableciendo la inocencia de los demandados – Cristina López Schlichting, César Vidal, Federico Jiménez Losantos, Pedro J. Ramírez e Isabel San Sebastián – por injurias y calumnias. 

    El doctor José Luis Montes

     Los hechos se remontan a la querella que presentó en su momento el doctor Montes contra los comunicadores de la Cadena COPE por las opiniones que éstos vertieron en sus programas sobre la actuación del galeno en el caso de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa de Leganés. En su momento el doctor Montes decidió presentar una querella contra Cristina López Schlichting, César Vidal y Federico Jiménez Losantos por injurias y calumnias.

     Ahora la Justicia ha decidido sobreseer el proceso y en su auto asegura que “en ningún momento se utilizaron términos despectivos para la persona del querellante, aunque se criticó su proceder profesional. Además la juez establece que “entre los tres programas objeto de la querella no consta acreditado que existiera una línea editorial buscada de propósito para desacreditar al doctor José Luis Montes”.

     El auto de la juez Doña María Antonia Díez-Madroñedo asegura que “el conocido caso Leganés, fue objeto de debate en la prensa nacional, manteniendo cada medio de comunicación su enfoque editorial – como no puede ser de otra manera – y la COPE mantuvo el suyo sin que podamos olvidar que responde a las tesis del humanismo cristiano, ideario que no es compartido por el doctor Montes según se desprende de la lectura de su libro El caso Leganés”.