El TSJA admite el recurso de una familia de Huelva contra uno de los manuales de EpC

La asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) continúa generando controversias en distintos sectores de la sociedad.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido el recurso de una familia contra uno de los manuales de Educación para la ciudadanía. Con esta decisión se está entrando en el fondo de la cuestión, el posible carácter adoctrinador de la asignatura. El manual de Educación para la Ciudadanía, sobre el que pesa el recurso interpuesto por la familia de Huelva, pertenece a la editorial MacGraw Gil.

El TSJ de Andalucía admite a trámite el recurso de la Familia de Bollullos por entender que el manual puede ser adoctrinador en EpC. El Tribunal andaluz desestima así la petición de la Junta de Andalucía por entender que está en juego la libertad de los padres y la libertad ideológica de los niños si se usan libros adoctrinadores.

 Por otra parte, en una segunda resolución el TSJ desestima la petición de medidas cautelares realizada por la Familia Flores Cano, que pedía la inasistencia a clase del alumno mientras se tramitaba el procedimiento. El Tribunal andaluz desestima esta petición aunque con el voto particular de dos magistrados, que entienden que sí debió ser atendida la petición de medida cautelar realizada por los recurrentes.

La Fiscalía de la AN presenta un recurso de queja ante la sala de lo penal contra la actuación procesal de garzón

La Fiscalía de la AN presenta un recurso de queja ante la sala de lo penal contra la actuación procesal de garzón

La actuación de Garzón fue “precipitada”, “singular y excepcionalísima

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso de queja ante la Sala de lo Penal en el que califica de “procesalmente incorrecta” la decisión del juez Baltasar Garzón de no tramitar ante este órgano el escrito que el Ministerio Público presentó para evitar que el instructor investigara los supuestos crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.

En una nueva petición presentada a la Sala el pasado 30 de octubre, el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, señala que el auto mediante el que Garzón se negó a tramitar su recurso de apelación por no haberlo interpuesto antes en reforma ante él “vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso”.

En este sentido, justifica que se dirigiera directamente a la Sala para impugnar el auto en el que Garzón se declaraba competente en la causa porque en ese momento el procedimiento tenía el estatus de diligencias previas, no recurribles ante el juez, y no de sumario, que exige que antes se consulte al instructor.

El magistrado argumentó que el recurso debía ser examinado por él en primera instancia. “Las normas procesales son de caracter imperativo y cualquier acto contrario a estas es nulo de pleno derecho”, argumentaba el juez en un auto en el que daba a las partes un plazo de tres días para que le presentaran un recurso de reforma.

En lugar de adoptar este trámite, la Fiscalía ha presentado esta queja.

En relación con la decisión de transformar el procedimiento en sumario, que Garzón adoptó el 17 de octubre, la Fiscalía indica que la actuación del juez fue “precipitada”, “singular y excepcionalísima”, a lo que añade que “no puede alterar en ningún caso el régimen de recursos legalmente establecido”.

En este sentido, justifica que se saltara al juez en su primer recurso porque de esta forma lograba “una revisión más rápida por el tribunal superior de una cuestión básica para la continuación del proceso en manos del juez actuante”.

Asimismo, indica que la “cantidad y multiplicidad de recursos”, que el juez interpreta “incorrectamente” como un aporte de mayores garantías a las partes, constituye “uno de los males endémicos del actual modelo de proceso penal y una de las causas que generan con más frecuencia retrasos y dilaciones en la tramitación” del mismo.

“El recurso de apelación directo ante el órgano jurisdiccional superior ofrece mayores garantías (…), pues sin paralizar la práctica de diligencias de investigación permite una revisión más rápida por el tribunal superior”, argumenta el Ministerio Público.

Sin embargo, el 23 de octubre se abrió una segunda vía procesal en la causa, al comenzar a estudiar el Pleno de la Sala de lo Penal un incidente de competencia planteado por la Fiscalía para apartar a Garzón de la investigación. En el marco de este segundo procedimiento, que se encuentra bloqueado por la baja médica del juez, el Pleno acordó el pasado viernes, a petición de la Fiscalía, la paralización cautelar de las exhumaciones de fosas autorizadas por el juez.

En relación con este recurso de queja, la tercera petición que la Fiscalía realiza a la Sala de lo Penal, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó hoy ante la Sala de lo Penal un escrito de alegaciones en el que defiende la actuación del magistrado argumentando que la Fiscalía “no utilizó los cauces adecuados” para recurrir el auto del juez.