E-Cristians recurrirá la norma que permite el libre acceso a la PDD

La organización asegura que la iniciativa vulnera la normativa de seguridad del medicamento y la relación con el acto médico

  E-Cristians presentará un recurso contra la Agencia del Medicamento contra la norma que permite que se puedan dispensar píldoras del día después (PDD) sin la necesidad de receta médica en las farmacias. Esta norma entró en vigor el lunes, 28 de septiembre.

El recurso se fundamenta en que la norma vulnera la normativa de seguridad del medicamento y vulnera la relación con el acto médico. Además, la PDD se trata de un medicamento que cuenta con serias contraindicaciones incluso de hacerlo bajo prescripción médica.

A partir de hoy, 28 de septiembre, las mujeres que lo deseen y que les haya fallado o no hayan utilizado un método anticonceptivo, podrán tener libre acceso a la PDD sin la necesidad de ir a un servicio de salud o a un médico.

Según publicó el diario El País el pasado lunes, el cambio en la manera de dispensar el fármaco se debe a que “los estudios hechos con este anticonceptivo de emergencia demuestran que no tiene efectos secundarios que obliguen a un mayor seguimiento médico, y, en cambio, el sistema actual suponía un retraso en su toma”.

Los expertos hablan

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, muestra su disconformidad con la iniciativa del Gobierno socialista en este tema, al estimar que la comercialización de la píldora postcoital sin receta médica va a quitar a los médicos “la oportunidad de seguir controlando a una población con prácticas sexuales de riesgo” a la que se le pueden dar “consejos útiles” para evitar el uso de este fármaco de forma más continuada.

Según este experto en Sanidad, se trata de una decisión que “se ajusta más a razones políticas que sanitarias” y advierte de que hasta el momento “para bien o para mal” quedaba registrado cada vez que una mujer solicitaba este fármaco al tiempo que se le podía informar de las contraindicaciones.

Al mismo tiempo, al dispensarse sin control médico “cualquier mujer podrá adquirirla en las farmacias aunque no la vayan a utilizar” por lo que se pierde también el control de su uso por parte de las menores de edad.

“Es una frivolidad”

Otro experto en Medicina, el secretario del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós i Selma, opina que la medida anunciada por el Gobierno con respecto a la píldora postcoital “ha generado un cierto desconcierto“, ya que “no parece que exista en la actualidad una demanda sanitaria o social que la justifique”.

“La propuesta se ha realizado sin consensuarla con los sectores profesionales y las comunidades autónomas”, denuncia Padrós en un artículo de opinión publicado en La Vanguardia.

Su uso debería ser excepcional“, añade, mientras advierte de que “su frecuentación podría provocar consecuencias negativas“, por lo que “la píldora debe ser prescrita mediante receta, y corresponde a los médicos esa responsabilidad”.

“Algunos estudios indican que cualquier medida instrumental que se aísle de otras medidas informativas y formativas en el ámbito de la educación sanitaria, sexual y psicoafectiva resulta estadísticamente ineficaz, por cuanto el índice de embarazos no deseados, lejos de disminuir, se incrementa“, añade Padrós.

Este experto lamenta que “en la medida anunciada se incluya de manera precipitada el acceso sin límites de edad del menor al margen de los padres, sin más matices”. “Es una frivolidad“, concluye.

.Padres de la Comunidad Valenciana recurrirán las denegaciones de la objeción a EpC

Padres objetores a Educación para la ciudadanía

La Consellería de Educación rechaza eximir a sus hijos de cursar las materias de 2.º y de 4.º de ESO, pero omite toda referencia a las de Primaria y Bachillerato.

Las asociaciones Alicante Educa en Libertad (AEL), Castellón Educa en Libertad (CEL) y Valencia Educa en Libertad (VAEL) confirman que, como aseguró ayer el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, algunas familias objetoras a Educación para la Ciudadanía (EpC) de las tres provincias valencianas están recibiendo notificación de la denegación administrativa del reconocimiento de su derecho a que, por razones de conciencia, sus hijos sean eximidos de cursar ese grupo de asignaturas.

 AEL, CEL y VAEL recuerdan al Sr. Font de Mora que, en los documentos mediante los que formulan sus objeciones, los padres expresan su rechazo a que sus hijos cursen estudios de todas las asignaturas de EpC y, para que no quepa ambigüedad alguna, detallan las cuatro a las que afecta su decisión. Por eso, las tres asociaciones manifiestan su perplejidad por el hecho de que la Administración autonómica, en su resolución, se refiera tan sólo a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 2.º de la ESO y a Educación Ético-Cívica de 4.º de la ESO.

 Con ello, la autoridad educativa de la Comunidad hace caso omiso del rechazo a cursar Filosofía y Ciudadanía de 1.º de Bachillerato (materia que se implantó en el curso recién terminado) e ignora que del plan de estudios de 5.º de Primaria también formará parte desde el ya inminente curso 2009-2010 otra asignatura de las que conforman el grupo de EpC, también denominada Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

 Por último, las entidades que aglutinan al movimiento objetor valenciano comunican que, pese a las dificultades que se derivan del hecho de que la Administración haya elegido el período estival para ello, serán numerosos los padres que, tras habérseles comunicado desde las respectivas direcciones territoriales la resolución adoptada por Font de Mora con fecha 24 de junio, plantearán recursos de reposición ante el propio conseller o interpondrán contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia.

La Fiscalía de Jaén recurre los 45 días de cárcel a la madre que dio un bofetón a su hijo

aumentarán la condena

La Fiscalía de Jaén recurre los 45 días de cárcel a la madre que dio un bofetón a su hijo

El ministerio fiscal recurrirá la condena impuesta a una madre por un delito malos tratos después de que le diera al menor un bofetón y le agarrara del cuello tras una pelea que se inició cuando ella le reprendió por no haber hecho los deberes del colegio.

El caso parece que aún no tiene final

Fuentes de la Fiscalía han explicado que tienen que recurrir la sentencia emitida ya que no se tuvo en cuenta que se tenía que aplicar la agravante de que los hechos se desarrollaron en el domicilio familiar. Por tanto, la pena tendrá que aumentar y pasar de los 45 días de prisión más el año y 45 días de alejamiento por un delito de malos tratos a 67 días de prisión manteniéndose igualmente la prohibición de acercamiento con la salvedad de sumarle 22 jornadas más.

Estas mismas han insistido en que tanto el ministerio público como el juzgado de lo Penal han actuado dentro del margen legal establecido a tal efecto e incidieron en que las medidas de alejamiento se aplican de forma obligatoria en casos de este tipo. Así viene recogido en la Ley y solo cabe aplicarla, han recalcado.

Ante los hechos, la magistrada fundamentó que el debate se centra si la actuación de la madre queda justificada ante la desobediencia del menor y si tiene cabida en el derecho de corrección de los padres, aunque finalmente se argumentó que ante una agresión física de esta índole “no pueden considerarse comprendidos dentro de los conceptos de razonabilidad y moderación” y por ello le condenó por un delito de malos tratos a 45 días de prisión y le prohibió aproximarse a menos de 500 metros con su hijo durante un año y 45 días.

La Junta de Castilla y León presentará un recurso contra la retirada de los crucifijos

El presidente de Castilla y León sostiene que la permanencia de crucifijos en centros no vulnera derechos.

La Junta de Castilla y León presentará un recurso contra la retirada de los crucifijos

La Junta de Castilla y León ha anunciado que presentará un recurso contra la sentencia que obliga a un colegio público de Valladolid a retirar los crucifijos. Así lo ha comunicado el consejero portavoz del Ejecutivo regional, Antonio Santiago-Juárez. El Gobierno regional se ampara en el “carácter autónomo” del Consejo Escolar.

Al término del Consejo de Gobierno, y tras consultar con los servicios jurídicos, la Junta ha decidido presentar un recurso contra la sentencia que la sentencia  que obliga a retirar símbolos religiosos del colegio público Macias Picavea.

El Gobierno regional se ampara en el “carácter autónomo” de los consejos escolares, algo que por cierto, han reconocido incluso, varios ministros del Gobierno de Zapatero, así como el valor histórico y cultural de los crucifijos.

De Santiago-Juárez ha reclamado “que se unifique el criterio” para determinar en qué momento se conculcan derechos fundamentales por la presencia de crucifijos en espacios públicos y en cuáles no, ya que no aprecia la diferencia entre el caso denunciado en el colegio de Valladolid y la presencia de símbolos religiosos en juzgados o dependencias oficiales, como las utilizadas para las tomas de posesión de los altos cargos del Estado.

Se ha detenido en su crítica hacia el ministro Fernández Bermejo,a quien ha pedido “más esfuerzos para mejorar y modernizar la Justicia”, en lugar de criticar a la Junta de Castilla y León sobreeste asunto, y ha añadido que “lo mejor para los ciudadanos hubiera sido que, con crucifijo o sin crucifijo delante, él no hubiera jurado o prometido el cargo de ministro”.

El juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid obligaba el pasado viernes a retirar los crucifijos tras la demanda de un padre que entendía que la presencia de los crucifijos podía afectar a la educación de su hija.

Herrera estudia recurrir el fallo sobre la retirada de los crucifijos de un colegio.

El presidente de Castilla y León sostiene que la permanencia de crucifijos en centros no vulnera derechos.

Herrera estudia recurrir el fallo sobre la retirada de los crucifijos de un colegio.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera ha dicho que “en la España de hoy” la permanencia de crucifijos en los centros escolares “no es elemento de agresión ni de vulneración de derechos y libertades”. La Junta está analizando la situación y planteándose si recurre o no el fallo judicial.

Además, critica la actitud del PSOE porque “se está abonando a la confrontación ideológica” y remarcó otras actuaciones “similares” en materias como la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Herrera sostiene que la permanencia de crucifijos en centros escolares no vulnera derechos y libertades de los ciudadanos. Herrera no puede “compartir una parte de la sentencia, según la cual la presencia en algunos colegios públicos de un símbolo religioso, como es el crucifijo, sea un elemento de agresión, de vulneración de derechos y de libertades”.

En ese sentido, ha recordado la presencia de un crucifijo en el último acto de juramento del cargo de ministros del Gobierno de España.
Al respecto, ha afirmado que “a nadie se le ocurrió que su presencia deslegitimara a un Gobierno democrático, laico, de la España del siglo XXI, y nadie, le hubiera votado o no, se sintió agredido”.

Una sentencia judicial solicita que se retire de un colegio público de Valladolid un crucifijo que permanecía en un aula, tras la denuncia del padre de una alumna.