Urgencia de #Podemos por abrazar la cultura de la muerte

Iniciativa 1 de 1

BOCV 35/IX de fecha 20.11.2015

Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre el
reconocimiento de la muerte digna y el derecho a recibir cuidados paliativos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-Podem (RE número 5.053)

A LA MESA DE LES CORTS

Fabiola Meco Tébar, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos-Podem,

según los artículos 160 y siguientes del Reglamento de Les Corts, presenta la siguiente proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre el reconocimiento de la muerte digna y del derecho a recibir cuidados paliativos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 149.1.16.ª de la Constitución española atribuye al Estado

la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general

de la sanidad.

La Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, reguladora del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana establece en su artículo 54 que son de competencia exclusiva de la comunidad, sin perjuicio de las facultades reservadas al Estado, «la organización, administración y gestión de todas las instituciones sanitarias públicas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana».

Asimismo, el Estatuto establece en su artículo 54.6 que «la Generalitat
garantizará los derechos de los ciudadanos a conocer los tratamientos
médicos a los que serán sometidos, sus posibles consecuencias y riesgos, y a dar su aprobación a aquellos de manera previa a su aplicación».
En la Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de derechos e información al paciente de la Comunidad Valenciana, en su artículo 3.10 se recoge como principio el derecho del paciente «a no ser sometido a procedimientos diagnósticos o terapéuticos de eficacia no comprobada, salvo si, previamente advertido de sus riesgos y ventajas, da su consentimiento por escrito y siempre de acuerdo con lo legislado para ensayos clínicos. Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento del procedimiento, debiendo quedar constancia en su historia clínica».

Asimismo, el artículo 17 de la citada norma regula el documento de voluntades anticipadas como aquel en el que una persona puede manifestar las instrucciones previas que sobre las actuaciones médicas se deben tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias no le permitan expresar libremente su voluntad, así como el deber de respeto de dicho documento por los servicios sanitarios y por cuantas personas tengan relación con el autor del mismo, incluyendo al o los representantes que pudiera designar una persona para dichos supuestos.

Por su parte, la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat,
de salud de la Comunitat Valenciana, establece en su artículo 3 que
uno de los principios rectores del sistema valenciano de salud es la
humanización de la asistencia sanitaria y de la atención sociosanitaria,
así como el respeto a la dignidad de la persona, a su intimidad y a
la autonomía de su voluntad en el ámbito de las actuaciones previstas
en la misma ley. Y el artículo 45 de esta norma categoriza como un derecho del paciente el de la elaboración de un documento de voluntades previas.

A nivel comunitario e internacional, se extiende de manera progresiva
el reconocimiento de la muerte digna y del derecho a recibir cuidados
paliativos como un elemento inherente a la dignidad humana en tanto
derecho fundamental reconocido en la Carta europea de los derechos humanos.

El primero de los derechos fundamentales recogidos en este texto es
la dignidad, por delante incluido del derecho a la vida. En su artículo
1, la carta establece que «la dignidad humana es inviolable y será respetada y protegida». El artículo 3 de la carta reconoce el derecho a la integridad física y psíquica.

La Recomendación 1.418/1999, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre «Protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos», ya hace referencia al reconocimiento de esa muerte digna y esos cuidados paliativos. La Recomendación 24/2003, del Consejo de Europa, sobre «la organización de los cuidados paliativos», recomienda que se adopten medidas legislativas para establecer un marco coherente sobre cuidados paliativos.
El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de
la biología y la medicina (Convenio sobre los derechos humanos y la
biomedicina), establece en su artículo 5 que una intervención en el
ámbito de la Declaración universal sobre bioética y derechos humanos, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005, determina en su artículo 5 que se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones.

II

El derecho a una vida digna incluye también el derecho a una buena muerte.
Cuando la enfermedad no tiene solución médica demostrada o es gravemente incapacitante y la muerte es inevitable o el sufrimiento es muy gravoso, los servicios sanitarios públicos deberían garantizar unos últimos momentos de vida y una muerte digna y sin sufrimientos, utilizando todos los recursos de la ciencia, incluida la sedación terminal, y el acompañamiento.

Por ello se han desarrollado los cuidados paliativos en el Estado y
en nuestra comunidad.

Pero el derecho a la disponibilidad de la propia vida en situación degrave enfermedad, discapacidad o sufrimiento intratable, sigue en entredicho. Así, el Código penal, en su artículo 143, considera punibles los actos de ayuda a la muerte sin cuya concurrencia ésta no sería posible, desprotegiendo a las personas que están en peor situación vital y que necesitan esa colaboración para morir. Es decir, prohíbe la eutanasia, que es el acto que de una forma directa y necesaria produce la muerte a una persona que lo ha solicitado libre y reiteradamente a causa de un padecimiento incurable que considera insoportable.

La cuestión fundamental que la sociedad se plantea es si debe permitirse o no asumir el propio control del proceso de morir; si una sociedad respetuosa con los derechos humanos, debe respetar también esa última parcela de la libertad individual.

En nuestra comunidad no existe a día de hoy una ley de muerte digna,solamente una regulación de voluntades previas y el registro correspondiente.

En base a todo ello, presentamos la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Les Corts instan al Consell a:

1. Intensificar la difusión del derecho al ejercicio de un testamento

vital, que continúa siendo en gran medida desconocido.

2. Potenciar los cuidados paliativos en nuestra comunidad para garantizar todos los días del año, y en toda nuestra geografía, una atención de calidad científica, técnica y humana, respetuosa con la biografía y la voluntad de cada persona, aumentando el número de unidades de hospitalización domiciliaria (UHD) encargadas también de los cuidados paliativos que actualmente son insuficientes.

3. Poner en marcha un programa de cuidados paliativos en la infancia

y adolescencia.

4. Garantizar el pleno cumplimiento de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente, para que nadie sea sometido a tratamientos médicos innecesarios contra su voluntad, respetando siempre la voluntad de las personas en su derecho a morir dignamente.

5. Programar una formación continuada específica sobre «la muerte digna y la enfermedad terminal» orientada a los profesionales sanitarios y no sanitarios del ámbito de la atención especializada, atención primaria, equipos de cuidados paliativos y de los comités de ética del servicio valenciano de salud de la Generalitat valenciana.

6. Elaborar un proyecto de ley de muerte digna de la Generalitat valenciana.

7. Proponer al gobierno del Estado la reforma del artículo 143.4 del Código penal de forma que quede exento de pena quien, mediante actos necesarios o de cooperación activa, facilite la muerte digna y sin dolor a una persona que lo solicita de forma expresa, libre e inequívoca, en caso de enfermedad grave o padecimientos permanentes e insoportables.

8. Instar, a su vez, al gobierno del Estado a que elabore una ley que regule la eutanasia y el suicidio asistido, para reconocer el derecho a la libre disposición de la propia vida y de la dignidad en el proceso de morir y para hacer legal lo que ya es real en nuestra sociedad.

Corts Valencianes, 12 de noviembre de 2015

Fabiola Meco Tébar posición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre el reconocimiento de la muerte digna y el derecho a recibir cuidados paliativos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-Podem (RE número 5.053)

A LA MESA DE LES CORTS

Fabiola Meco Tébar, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos-Podem, según los artículos 160 y siguientes del Reglamento de Les Corts, presenta la siguiente proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre el reconocimiento de la muerte digna y del derecho a recibir cuidados paliativos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 149.1.16.ª de la Constitución española atribuye al Estado
la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general
de la sanidad.
La Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, reguladora del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana establece en su artículo 54 que son de competencia exclusiva de la comunidad, sin perjuicio de las facultades reservadas al Estado, «la organización, administración y gestión de todas las instituciones sanitarias públicas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana».
Asimismo, el Estatuto establece en su artículo 54.6 que «la Generalitat
garantizará los derechos de los ciudadanos a conocer los tratamientos
médicos a los que serán sometidos, sus posibles consecuencias y riesgos, y a dar su aprobación a aquellos de manera previa a su aplicación».

En la Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de derechos e información al paciente de la Comunidad Valenciana, en su artículo 3.10 se recoge como principio el derecho del paciente «a no ser sometido a procedimientos diagnósticos o terapéuticos de eficacia no comprobada, salvo si, previamente advertido de sus riesgos y ventajas, da su consentimiento por escrito y siempre de acuerdo con lo legislado para ensayos clínicos. Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento del procedimiento, debiendo quedar constancia en su historia clínica».

Asimismo, el artículo 17 de la citada norma regula el documento de voluntades anticipadas como aquel en el que una persona puede manifestar las instrucciones previas que sobre las actuaciones médicas se deben tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias no le permitan expresar libremente su voluntad, así como el deber de respeto de dicho documento por los servicios sanitarios y por cuantas personas tengan relación con el autor del mismo, incluyendo al o los representantes que pudiera designar una persona para dichos supuestos.

Por su parte, la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat,
de salud de la Comunitat Valenciana, establece en su artículo 3 que
uno de los principios rectores del sistema valenciano de salud es la
humanización de la asistencia sanitaria y de la atención sociosanitaria,
así como el respeto a la dignidad de la persona, a su intimidad y a
la autonomía de su voluntad en el ámbito de las actuaciones previstas
en la misma ley. Y el artículo 45 de esta norma categoriza como un derecho del paciente el de la elaboración de un documento de voluntades previas.

A nivel comunitario e internacional, se extiende de manera progresiva
el reconocimiento de la muerte digna y del derecho a recibir cuidados
paliativos como un elemento inherente a la dignidad humana en tanto
derecho fundamental reconocido en la Carta europea de los derechos humanos.

El primero de los derechos fundamentales recogidos en este texto es
la dignidad, por delante incluido del derecho a la vida. En su artículo
1, la carta establece que «la dignidad humana es inviolable y será respetada y protegida». El artículo 3 de la carta reconoce el derecho a la integridad física y psíquica.

La Recomendación 1.418/1999, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre «Protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos», ya hace referencia al reconocimiento de esa muerte digna y esos cuidados paliativos. La Recomendación 24/2003, del Consejo de Europa, sobre «la organización de los cuidados paliativos», recomienda que se adopten medidas legislativas para establecer un marco coherente sobre cuidados paliativos.

El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de
la biología y la medicina (Convenio sobre los derechos humanos y la
biomedicina), establece en su artículo 5 que una intervención en el
ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona
afectada haya dado su libre e informado consentimiento. De igual manera, la Declaración universal sobre bioética y derechos humanos, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005, determina en su artículo 5 que se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones.

II

El derecho a una vida digna incluye también el derecho a una buena muerte.
Cuando la enfermedad no tiene solución médica demostrada o es gravemente incapacitante y la muerte es inevitable o el sufrimiento es muy gravoso, los servicios sanitarios públicos deberían garantizar unos últimos momentos de vida y una muerte digna y sin sufrimientos, utilizando todos los recursos de la ciencia, incluida la sedación terminal, y el acompañamiento.

Por ello se han desarrollado los cuidados paliativos en el Estado y
en nuestra comunidad.

Pero el derecho a la disponibilidad de la propia vida en situación de
grave enfermedad, discapacidad o sufrimiento intratable, sigue en entredicho.
Así, el Código penal, en su artículo 143, considera punibles los actos
de ayuda a la muerte sin cuya concurrencia ésta no sería posible,
desprotegiendo a las personas que están en peor situación vital y que necesitan esa colaboración para morir. Es decir, prohíbe la eutanasia, que es el acto que de una forma directa y necesaria produce la muerte a una persona que lo ha solicitado libre y reiteradamente a causa de un padecimiento incurable que considera insoportable.

La cuestión fundamental que la sociedad se plantea es si debe permitirse o no asumir el propio control del proceso de morir; si una sociedad respetuosa con los derechos humanos, debe respetar también esa última parcela de la libertad individual.

En nuestra comunidad no existe a día de hoy una ley de muerte digna,
solamente una regulación de voluntades previas y el registro correspondiente.

En base a todo ello, presentamos la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Les Corts instan al Consell a:

1. Intensificar la difusión del derecho al ejercicio de un testamento
vital, que continúa siendo en gran medida desconocido.

2. Potenciar los cuidados paliativos en nuestra comunidad para garantizar todos los días del año, y en toda nuestra geografía, una atención de calidad científica, técnica y humana, respetuosa con la biografía y la voluntad de cada persona, aumentando el número de unidades de hospitalización domiciliaria (UHD) encargadas también de los cuidados paliativos que actualmente son insuficientes.

3. Poner en marcha un programa de cuidados paliativos en la infancia
y adolescencia.

4. Garantizar el pleno cumplimiento de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente, para que nadie sea sometido a tratamientos médicos innecesarios contra su voluntad, respetando siempre la voluntad de las personas en su derecho a morir dignamente.

5. Programar una formación continuada específica sobre «la muerte digna y la enfermedad terminal» orientada a los profesionales sanitarios y no sanitarios del ámbito de la atención especializada, atención primaria, equipos de cuidados paliativos y de los comités de ética del servicio valenciano de salud de la Generalitat valenciana.

6. Elaborar un proyecto de ley de muerte digna de la Generalitat valenciana.

7. Proponer al gobierno del Estado la reforma del artículo 143.4 del
Código penal de forma que quede exento de pena quien, mediante actos necesarios o de cooperación activa, facilite la muerte digna y sin dolor a una persona que lo solicita de forma expresa, libre e inequívoca, en caso de enfermedad grave o padecimientos permanentes e insoportables.

8. Instar, a su vez, al gobierno del Estado a que elabore una ley que
regule la eutanasia y el suicidio asistido, para reconocer el derecho
a la libre disposición de la propia vida y de la dignidad en el proceso
de morir y para hacer legal lo que ya es real en nuestra sociedad.
Corts Valencianes, 12 de noviembre de 2015

Fabiola Meco Tébar

José López Martínez insulta y coacciona. Así #Podemos

El alcalde de la ciudad de Cartagena, José López Martínez, miembro del partido cantonalista MCC y que, apoyado por PSOE y PODEMOS, insulta y coacciona a los miembros de la oposición

D.E.P. Dña Ramona Estévez. Díselo a Zapatero.

 

 

 

Zapatero se va.

Y se marcha tras provocar una última víctima, Doña Ramona Estévez, a la que se ha aplicado la ley de muerte “digna” aprobada por su partido.

Mándale tu último mensaje a Zapatero y dile adiós recordándole que pasará a la historia de España como el Presidente Muerte:

Adiós, Señor Zapatero: pasará usted a la Historia de España como el Presidente Muerte

Gracias al PSOE de Zapatero y Rubalcaba, a cualquier enfermo que entre inconsciente en la urgencia de un hospital puede sucederle que un tercero decida si seguirá viviendo o ha de morir. Esto acaba de pasar en España por primera vez. Ya tienen el precedente. Y no dudes de que lo van a utilizar más veces.

Doña Ramona Estévez ha fallecido. Descanse en paz. Ha muerto tras 14 días de agonía durante los cuales, con la excusa de evitarle dolores, la han dejado de alimentar.

Esta señora ha muerto de hambre y de sed. Y a esta forma de tortura destinada a los enfermos terminales (o no: según la ley aprobada por el PSOE, también se puede aplicar a otros), le llaman “muerte digna”.

“Muerte digna” ha sido dejarla sin alimentación. Parece que también sin hidratación. Durante 14 días. Hasta que han logrado que muriera.

Por favor, imagínate el cuadro: un enfermo en situación terminal ingresa en un hospital. No se sabe cuánto tiempo de vida le queda. Pueden ser semanas, tal vez meses. Lo normal es que la familia pida que se le alivie el dolor. Pero puede suceder, como en el caso de Doña Ramona, que alguien diga: “Es que este enfermo dijo una vez que si se encontraba en esta situación, prefería que le mataran”. ¿Imaginas esa situación? ¿A que no te resulta del todo extraña?

Imagina que un hijo del enfermo dice que quiere que dejen de alimentar a su padre porque, total, tarde o temprano morirá. Y añade el siniestro, hipócrita, cínico argumento con el que se quiere justificar la atrocidad: “No quiero que sufra”.

Y para que no sufra exige a los médicos que dejen de alimentar a su padre. Quiere que le corten el agua y los nutrientes. Le condena a una larga agonía de hambre y de sed. ¡Para que no sufra!

Los médicos, que son los que conocen de estas cosas y los que deben decidir qué medidas aplicar, se niegan a esta petición porque saben que eso es un asesinato. La ciencia permite que el enfermo no sufra y la misión de los médicos no es matarlo sino proporcionarle los cuidados necesarios para que viva sus últimos días de la mejor manera posible.

Pero el Gobierno ha aprobado una ley que permite que la voluntad antinatura del familiar se imponga a la ciencia.

Con ese engendro jurídico en la mano, un instrumento de muerte más propio de sociedades primitivas que de una nación civilizada, las autoridades locales (en este caso la Junta de Andalucía) se apresuran a dictar una orden más allá de la razón y la ciencia: “¡Que se le retire la alimentación al enfermo!” Y el hospital cumple la orden.

Es difícil asumir que una atrocidad de este tipo haya podido suceder en nuestro país. Pero eso exactamente es lo que unos y otros han hecho con Doña Ramona.

Y sentado este precedente, a partir de ahora la vida de cualquier enfermo que entre inconsciente en la urgencia de un hospital puede quedar a merced de que un tercero decida si merece la pena ser vivida. Y el poder aparece como garante del crimen y se encargará de aplicar esta suerte de moderna pena de muerte. La pena de muerte que ha instaurado el PSOE de Zapatero y Rubalcaba.

Los socialistas aprobaron la ley de “muerte digna” en Andalucía, y ya se ha cobrado las primeras víctimas. En el resto de España quieren hacer lo mismo. En estos momentos hay un proyecto de ley de “muerte digna” presentado el Gobierno en el Congreso. Pérez Rubalcaba ha declarado que su primera prioridad si gana las elecciones será convertir esa ley en norma obligada para todo el país. Y Zapatero se despide cobrándose una nueva víctima.

Nos dijeron que su ley de “muerte digna” serviría para cuidar a los enfermos. Y a la primera oportunidad, ha matado de hambre a uno de ellos.

Zapatero pasará a la historia como el Presidente Muerte. Sus leyes, las leyes aprobadas por su partido, acaban con la vida de seres humanos. Hemos sumado las cifras oficiales que el Gobierno del PSOE ha proporcionado sobre el número de abortos. En este cálculo concedemos al Gobierno una atrevida suposición: que en 2010 y 2011, años para los que todavía no hay cifras oficiales, habrá el mismo número de abortos que en 2009. Aun haciendo semejante concesión optimista, la cifra resultante de seres humanos exterminados por la gestión de Zapatero asciende a 840.652.

A estos miles de seres humanos muertos con su ley del aborto, Zapatero, Rubalcaba y su partido han sumado ahora una nueva forma de exterminio: las muertes de los enfermos y los ancianos.

Despide a Zapatero recordándole el siniestro record que le convierte en el Presidente Muerte:

http://www.hazteoir.org/firma/41120-dile-zapatero-que-pasara-usted-historia-espana-como-presidente-muerte

Solo con el aborto, 840.652 seres humanos exterminados. Y ahora empiezan con los ancianos y los enfermos.

 

 

La Ley de Muerte digna abriría la puerta a la Eutanasia de menores y disminuidos

· Denuncian la existencia de una “hoja de ruta” para la legalización de facto del derecho a la Eutanasia.

· Evidencian que la voluntad del Gobierno es proteger a quienes practican eutanasias encubiertas.

· Se elimina la objeción de conciencia y se multará a los médicos objetores con 600.000€. Se cerrarán hospitales y clínicas privadas que se nieguen a realizar estas prácticas.

· Se anteponen el criterio de los pacientes incapacitados a las consideraciones e indicaciones de los profesionales sanitarios.

 La Asociación Estatal de Abogados Cristianos (AEAC), entidad consultora ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, ha remitido a estos organismos y a instituciones españolas (Consejo de Estado) un estudio que analiza pormenorizadamente  las consecuencias prácticas del anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos y Ley de Muerte Digna.

 El informe, advierte sobre la pretensión de dar protección y seguridad jurídica a quienes practiquen eutanasias encubiertas o sedaciones irregulares, mientras que por contra se persigue duramente a los profesionales médicos que, bajo a su derecho a la objeción de conciencia, se nieguen a efectuar estas prácticas, con sanciones de hasta 600.000€.

 La normativa prevé también el cierre temporal de hasta 5 años de clínicas y hospitales privados que rechacen adoptar estas prácticas.

Tras el análisis del anteproyecto se revela que, amparándose en la autonomía del paciente, se antepone la voluntad de incapacitados o menores, a los criterios médicos basados en indicaciones científicas. A tal efecto, el articulado declara el derecho a la sedación aun cuando no pueda ser prescrita por contraindicaciones del tratamiento.

 Sin embargo, el anteproyecto introduce el concepto subjetivo de “calidad de la vida” como medida para el abandono de las prácticas terapéuticas. De esta forma se  deja,  a absoluta libertad del médico, decidir sobre la prolongación o finalización de la vida en base a criterios subjetivos, que podrían estar fuera de consideraciones puramente médicas (coste de los tratamientos, camas libres, etc.)

 “En definitiva”, apunta Polonia Castellanos portavoz de la AEAC, “las conclusiones del estudio alertan sobre los cambios trascendentales que introduce el nuevo ordenamiento que, a nuestra opinión, desvela la pretensión del Gobierno para introducir una “hoja de ruta” que acabe con la declaración de la Eutanasia como un derecho de facto.”


Informació​n sobre el Anteproyec​to de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discrimina​ción

ANTEPROYECTO DE LEY INTEGRAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACION

Dictamen del Consejo de Estado – Anteproyecto de LIPITYND

Educacion diferenciada – Estudio LIPITYND

Resumen del anteproyecto de LIPITYND

 

 

 

El peso de España en la Onu, a base de Subvenciones.

El peso de España en la Onu, a base de Subvenciones.

Organizaciones feministas de Nicaragua, Colombia, Perú, Honduras, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Bolivia, en el marco del Programa Internacional Mujeres y Desarrollo, recibieron subvenciones de la Secretaría de Estado de Igualdad del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a través de “organizaciones no gubernamentales de desarrollo españolas de ámbito estatal”, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado del 17-12-10.

 

 MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

19425

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publican las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden IGD/2421/2010, de 2 de septiembre, destinadas a organizaciones no gubernamentales de desarrollo españolas de ámbito estatal para el seguimiento y apoyo de la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo en el marco del Programa Internacional «Mujeres y Desarrollo».

cve: BOE-A-2010-19425

De conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto de la Orden IGD/2421/2010, de 2 de septiembre («BOE» de 17 de septiembre de 2010), por la que se convocan las subvenciones del programa de cooperación internacional «Mujeres y Desarrollo», se ha resuelto la concesión de las subvenciones objeto de la convocatoria, con cargo al concepto presupuestario 28.03.232B.492, y se ha procedido a la notificación de la resolución correspondiente a las entidades beneficiarias.

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se procede a la publicación de la relación de entidades beneficiarias y cuantías concedidas, descritas en el anexo que se acompaña.

Madrid, 9 de diciembre de 2010.–La Secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído Almagro.

ANEXO

Concesión subvenciones para los proyectos del programa «Mujeres y Desarrollo» 2010

Código 

País 

Contraparte local 

Título del proyecto 

Cantidadconcedida

Euros

 

Financiacióndirecta

Euros

 

Financiaciónindirecta

Euros

 

ACSUR las Segovias 

 

15/2010 

Nicaragua. 

Asociación Civil Grupo Venancia. 

Mujeres del Norte de Nicaragua, haciendo frente a la violencia y discriminación. 

46.200 

41.580 

4.620 

AIETI 

 

59/2010 

Colombia. 

Red de Mujeres del Norte del Cauca. 

Escuela de formación política para el fortalecimiento del liderazgo, la participación social y política de las mujeres y la gobernabilidad municipal que posibilite su desarrollo. 

35.400 

31.860 

3.540 

03/2010 

Perú. 

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM. 

Promoviendo el cumplimiento de Obligaciones y Compromisos Internacionales Estatales con relación a los derechos humanos de las mujeres y el principio de igualdad de género en el ámbito local de 15 países de América Latina y el Caribe Hispano (Fase III). 

68.600 

61.740 

6.860 

Asamblea Cooperación Paz 

 

55/2010 

Honduras. 

Centro de Estudios de la Mujer-Hondureña (CEM-H). 

Promoviendo las capacidades locales de las mujeres, a través de la escuela de formación política en derechos humanos de las mujeres, democracia y feminismo y la construcción de una agenda política local de las mujeres. 

38.300 

34.470 

3.830 

 

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