Enfrentamiento histórico en Naciones Unidas sobre derechos LGBT

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Los defensores de los derechos LGBT en la ONU se están preparando para el voto más importante en su agenda desde el 2008.

En noviembre, la Asamblea General de la ONU debe decidir si aprueba o no un nuevo puesto controversial en la ONU para imponer nuevos derechos especiales que se basan en la orientación sexual y el comportamiento de los individuos que se identifican como lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero (LGBT).

Literalmente, pavimentaron el camino para la apertura del debate del presente año, el paso de peatones que atraviesa la 1ra avenida de la misión estadounidense en la sede de la ONU fue pintado la semana pasada con una bandera del arco iris para que los líderes mundiales lo crucen en su camino hacia la sede de la ONU para la apertura de la Asamblea general de este año.

El Consejo de Derechos Humanos estableció este mandato sin ningún precedente de “experto independiente sobre la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género” a través de una resolución que apenas fue aprobada en el mes de junio.

El mandato ya ha aumentado la tensión dentro de las Naciones Unidas sobre la promoción de los derechos LGBT en la ONU y se espera que sea desafiado.

“Ustedes no tienen idea de lo mucho que me han criticado y estoy luchando con los Estados Miembros (sobre los derechos LGBT)”, dijo el saliente secretario general, Ban Ki-moon mientras que elogiaba la “difícil victoria” en el Consejo durante un evento promocionado como el evento LGBT de más alto nivel jamás antes celebrado en la sede de la ONU.

El Grupo Africano, que normalmente presenta el trabajo del cuerpo de Ginebra en la Asamblea General, tiene la oportunidad de bloquear la resolución impugnada e impedir el establecimiento del mandato, pero hay varios obstáculos para lograrlo.

Los Estados Unidos, los países europeos y los nórdicos que dirigen millones de dólares cada año a África a través del sistema de la ONU y la asistencia bilateral han estado presionando a los países africanos para evitar el bloqueo del mandato, con el argumento de que el Grupo Africano no puede impugnar la acción del Consejo de Derechos Humanos.

Si la resolución es bloqueada, los países que se oponen al nuevo mandato es probable que argumenten que la Asamblea General tiene la autoridad a través de la Carta de las Naciones Unidas para revisar las decisiones de los órganos inferiores de la ONU. Este argumento puede encontrar un amplio apoyo.

El Consejo de Derechos Humanos, integrada solamente por 47 de los 193 Estados Miembros de la ONU, es un órgano dependiente de la Asamblea General y la Carta de la ONU da la autoridad de la Asamblea General para hacer frente a “cualquier asunto” que implique a la organización.

Existen preocupaciones legítimas sobre la base legal del mandato.

Ningún tratado de la ONU menciona la orientación sexual o identidad de género, o puede interpretarse objetivamente a que los incluya, como afirman los Artículos Familiares (Family Articles), la plataforma oficial de la ONG, Sociedad Civil por la Familia (Civil Society for the Family).

Existe un precedente en la labor de la Asamblea General para poner fin a una resolución del Consejo de Derechos Humanos. Ello ocurrió en el caso de una resolución sobre represalias cuando el consejo intentó crear un nuevo y controvertido mandato de la ONU en el 2014. Los mismos argumentos que se utilizaron en contra del mandato del 2014 que eran demasiados vagos y que no estaban fundamentados en el derecho internacional, se aplican en el caso actual. Los expertos señalan que las preocupaciones de fondo que subyacen en la acción en el 2014 son similares al caso actual, ya que ambos llegaron a un punto focal en el sistema de la ONU para un tema en particular.

Nota de los Obispos de Getafe y Alcalá de Henares sobre la «Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid»

TIEMPO DE SANACIÓN, NO DE LAMENTACIONES

Nota sobre la
«Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación
por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid»

El pasado día 14 de julio, la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid aprobó la «Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid». La Ley ha sido publicada, el pasado 21 de julio, en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. Ante este hecho, queremos, con todo el respeto hacia los que han promovido esta ley y sus posibles destinatarios, manifestar públicamente las siguientes consideraciones dirigidas a los fieles católicos de nuestras diócesis, sin menoscabo de otras profundizaciones posteriores.

  1. Inspirada por una antropología no adecuada que niega la diferencia sexual varón-mujer y la unidad de la persona cuerpo-espíritu, esta ley se halla en contradicción con la moral natural, acorde con la recta razón, y pretende anular la enseñanza pública de la Biblia (Cf. Carta a los Romanos 1, 24-27; Primera carta a los Corintios 6, 9-10; Primera carta a Timoteo 1, 10, etc.), del Catecismo de la Iglesia Católica (nn. 2357-2359) y del resto del Magisterio de la Iglesia referido al designio de Dios sobre el varón y la mujer. Más aún, pretende prohibir, incluso, rezar públicamente por las personas que suplican la oración para un cambio de orientación en su vida (Ej: Art. 4-b, Art. 3-o, Art. 70-4-c, Art.72-3).
  2. La mencionada Ley, desde sus presupuestos y normativa, nos parece, sin afrontar exhaustivamente todos sus aspectos:
  3. Un ataque a la libertad religiosa y de conciencia (Ej: Art. 3-o, Art. 70-4-c, Art. 72-3).
  4. Un ataque y censura al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones. Del mismo modo es un atropello a los idearios que inspiran la libertad de enseñanza (Cf. Capítulo XI, Medidas en el ámbito educativo. Ej: Art. 29-2, Art. 31-9, Art. 32, Art. 34).
  5. Un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra, a la libertad de los científicos y profesionales en la búsqueda de la verdad, y a la libertad de las personas para orientar su vida o para pedir ayuda, incluso religiosa, en aquello que crean necesitar (Cf. Capítulo XI, Medidas en el ámbito educativo; y Capítulo XII, Medidas en el ámbito de la salud. Ej: Art. 3-o, Art. 31, Art. 36, Art. 70-4-c, Art. 72-3). Consideramos, por ello, que se trata, en su esencia, de una ley arbitraria que no contempla ni siquiera la objeción de conciencia.
  6. Los partidos políticos del arco parlamentario, también los grandes sindicatos, la mayoría de los medios de comunicación y muchas de las grandes empresas quieren imponer “ideológicamente” un “pensamiento único” que anule la libertad y el coraje de buscar la verdad de la persona humana, en su unidad cuerpo-espíritu y en su diferencia sexual varón-mujer. Cuando no se busca la Verdad, cuando no se respetan ni siquiera los argumentos de la biología inherente a la genealogía de la persona, se impone por ley la ideología – en este caso la “ideología de género” – y se coacciona la libertad con sanciones y persecución: nada nuevo bajo el sol.
  7. Al recibir el premio Carlomagno, el papa Francisco ha invitado a construir un nuevo humanismo para Europa basado en la capacidad de integrar, de dialogar y de construir, recordando que en esta tarea la Iglesia puede y debe ayudar, cumpliendo su misión: «el anuncio del Evangelio, que hoy más que nunca se traduce principalmente en salir al encuentro de las heridas del hombre, llevando la presencia fuerte y sencilla de Jesús, su misericordia que consuela y anima» (Discurso, 6.5.2016). Entre las víctimas reales de nuestra cultura del relativismo no lo son menos quienes sufren la confusión sobre su propia identidad; una confusión que, con leyes como esta, se verá aún más agravada. El mismo Papa Francisco nos ha pedido no caer «en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos creaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada» (Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris laetitia, 56).
  8. «No es tiempo de lamentaciones, sino de sanación», como ha recordado nuestro hermano el obispo de Lincoln (EEUU), citando a Boecio, ante medidas legislativas similares de la administración Obama (cf. Carta 17.5.2016). Para salir al encuentro de las heridas del corazón, como nos pide el papa Francisco, es necesario y urgente promover una acción conjunta de las familias y de las asociaciones católicas en orden a defender, con todos los medios legítimos y en todas las instancias que corresponda, la libertad religiosa y de conciencia, la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones, la libertad de enseñanza y los demás derechos fundamentales que, creemos, se conculcan gravemente en esta Ley. Si nosotros callamos gritarán las piedras (Cf. Lc 19, 40). La sanación de las heridas provocadas por estas medidas legislativas no se logra con la confrontación, que deriva en descalificaciones y amenazas de demandas judiciales. Porque queremos integrar, dialogar y construir, pedimos la colaboración de todas las personas de buena voluntad con verdaderos criterios de comunión, y especialmente a nuestros fieles les pedimos su oración y su participación activa que nazca de auténticos criterios eclesiales.
  9. Ahora, más que nunca, es necesario llevar la misericordia sanadora de Jesucristo a este mundo. Llamamos a los católicos de nuestras diócesis comprometidos en el servicio de la política, de la sanidad y de la educación, así como a los esposos y padres de familia, a las personas consagradas y sacerdotes, a colaborar, cada cual según su propia vocación, en la edificación de una cultura que venza las mentiras de las ideologías y se abra a la verdad de la creación y de la persona humana, garantía ineludible de la libertad. Bien sabemos que en esta tarea, verdaderamente misionera, necesitamos orar con las palabras del mismo Cristo, pidiendo al Padre: líbranos del mal. Luchamos contra el mal ganando para Jesucristo cada corazón, acudiendo a la intercesión de la Santísima Virgen María e invocando a San Miguel Arcángel. Luchamos contra el mal llevando el bálsamo de la misericordia a los que sufren la herida de la confusión y del error: su médico es Cristo y el hospital de campaña donde llevarlos y sanarlos es la posada de la Iglesia. Luchamos contra el mal, llevando a nuestras vidas lo realizado el pasado tres de junio al consagrar nuestras diócesis al Sagrado Corazón de Jesús, fuente de la verdadera misericordia y de la verdadera paz.

Que la Sagrada Familia de Nazaret y Santiago Apóstol, protejan e intercedan por el futuro de nuestras familias y la paz de nuestro pueblo.

Con nuestra bendición,

+ Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de Getafe
+ José Rico Pavés, Obispo Titular de Mentesa y Auxiliar de Getafe
+ Juan Antonio Reig Pla, Obispo Complutense

7 de agosto de 2016
XIX Domingo del Tiempo Ordinario
Año Jubilar de la Misericordia

Una votación de la Asamblea General sobre «orientación sexual» revela la traición de ciertas naciones católicas

 Un análisis del modo en que los países votaron respecto de nuevas categorías protegidas de la discriminación basadas en la  «orientación sexual y la identidad de género» el mes pasado, durante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, revela una emergente alineación mundial en torno a asuntos sociales polémicos que incorpora a naciones tradicionalmente católicas a las filas de los  «progresistas» sociales.

     Una victoriosa alianza de naciones socialmente conservadoras que tuvo por eje a África, el mundo islámico y algunas partes del Caribe de habla inglesa votó a favor de la supresión de la referencia de un «Comentario General» realizado por un órgano creado en virtud de un tratado. La facción derrotada estuvo encabezada por naciones desarrolladas: países de la Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Lo que resulta significativo, sin embargo, es que muchas naciones tradicionalmente católicas se plegaron a este último grupo.
 
     Una gran cantidad de países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) a las que se sumaron naciones como Filipinas, votaron a favor de mantener la referencia al Comentario que incluye las nuevas categorías.

      Los términos «orientación sexual e identidad de género» son controvertidos, porque jamás fueron aprobados en ningún documento legalmente vinculante ni se encuentran claramente definidos. Además, son propiciados por activistas que promueven una agenda amplia de derechos homosexuales. Los críticos sostienen que una vez aceptadas la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas de la discriminación, surgirá un nuevo derecho que se impondrá sobre los derechos tradicionales a la libertad religiosa y de expresión, como ya ocurrió en países como Suecia, Canadá y los Estados Unidos.
 
     El cambio de rumbo por parte de las delegaciones latinoamericanas fue marcado. Durante la Conferencia de la Mujer de Beijing en 1995, los representantes de la región, particularmente los de América Central, se opusieron con éxito a que se utilizaran definiciones expansivas de la palabra «género» que no estuvieran referidas a los dos sexos biológicos. No obstante, en los últimos años, los progresistas predominaron en ciertas delegaciones iberoamericanas e impulsaron agendas en la ONU que a menudo encuentran resistencia en sus países de origen.

     Es así que, durante la reunión de la Comisión de Población y Desarrollo del año pasado, un delegado de Honduras afiliado al grupo activista lésbico Cattrachas promovió un lenguaje interpretado de modo tal que incluye una multiplicidad de modelos de familia que van más allá de la tradicional encabezada por un hombre y una mujer unidos en matrimonio.

     La desconexión entre las posiciones asumidas en la ONU y la postura interna de dichos países quedó de manifiesto tras la votación de la Asamblea General, en diciembre. La República Dominicana, por ejemplo, recientemente reformó su Constitución para proteger el concepto tradicional de matrimonio en lo que fue considerado un revés para los proponentes de los derechos homosexuales. En Filipinas, país de inmensa mayoría católica, un proyecto de ley por el que se pretendía penalizar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género sucumbió en la legislatura, lo cual indujo a sus proponentes a exigir que los «accionistas dentro y fuera de Filipinas» ejercieran presión.

     A pesar de la aparente solidez de los bandos existentes en cuestiones sociales, persiste cierta fluidez. En la votación sobre orientación sexual del pasado mes de diciembre en la Asamblea General, Cuba (comunista) y Nicaragua (de tendencia de izquierda) apoyaron la eliminación de la referencia, Venezuela estuvo ausente y Brasil y Bolivia se abstuvieron. Fuentes de información consideran que sus posiciones podrían, en cierta medida, reflejar solidaridad entre las naciones en desarrollo, más que posturas sobre los méritos de la resolución.

     Un delegado informó a Friday Fax que los europeos estaban «demasiado confiados» antes de la votación y no tuvieron en cuenta el resentimiento que genera en muchos lugares del mundo la promoción agresiva de nuevas normas.

La Asamblea General aprueba la eliminación de la referencia a la orientación sexual.

 

 En lo que representa una derrota inesperada para los pro-homosexuales, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó mediante votación que se eliminara la referencia a una polémica interpretación de uno de los más importantes tratados de la ONU sobre derechos humanos.

     El comité de las Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se tomó la atribución de reinterpretar el tratado, para afirmar que la «identidad de género» y la «orientación sexual» son nuevas categorías de no discriminación y que las leyes internacionales obligan a los países a reconocerlas. 

     Las delegaciones pro-homosexuales intentaron conservar la alusión a esta interpretación, que lleva el nombre de Comentario General 20, en una resolución de la ONU la semana pasada. El Tercer Comité de la Asamblea General la sometió a debate por primera vez hace más de treinta días y fue aprobada por un solo voto, lo cual suscitó el debate de la Asamblea en sesión plenaria. La nueva votación fue significativa, ya que es poco común que la Asamblea General intervenga con el objetivo de reconsiderar el lenguaje aprobado por un organismo subsidiario.  

     Irak encabezó la oposición al Comentario General 20 en representación del grupo árabe y pidió que fuera eliminado, porque en él se abordan «conceptos controvertidos» sobre «educación sexual» e «identidad de género». El delegado de Irak enfatizó que era «primordial dejar en claro que los acuerdos internacionales no deben ser interpretados de manera extraña».

     Finlandia, principal proponente de la resolución, dijo que se sentía desilusionada por el intento del grupo árabe de enmendar la resolución y porque éste no respetaba la decisión del Tercer Comité. El mencionado país nórdico declaró que el pedido de eliminar la referencia al Comentario 20 era «un fuerte signo de desconfianza respecto del trabajo experto del comité».  

     La representante de Finlandia solicitó a los Estados Miembros que se «valoren los méritos del texto del Comentario General en su conjunto» y pidió que  no se centraran únicamente en una referencia a la «orientación sexual». La delegada hizo hincapié en que los comentarios generales tienen como finalidad «ayudar» a los Estados a implementar las obligaciones asumidas mediante tratados y que no imponen obligaciones.  Además, añadió que la supresión de la referencia al Comentario General 20 significaría una gran pérdida en la lucha por mejorar los derechos humanos.

     Asimismo, adujo: «¿Estamos realmente preparados para decirle a este augusto organismo que ni siquiera podemos tener en cuenta de un Comentario General que contiene un mensaje tan relevante sobre la importancia de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales?»

     Sin embargo, los críticos resaltan los peligros que representa este último intento de ampliar el listado de las categorías de no discriminación con el propósito de incluir la «orientación sexual» y la «identidad de género», que jamás fueron incluidas en ningún documento vinculante de la ONU ni definidas por la Asamblea General, dejándolas de ese modo expuestas a la libre interpretación de las agencias y comités de la ONU y las ONG radicales.

     Antes de la votación de la Asamblea General, las organizaciones pro-familia ya habían presionado en contra de la referencia al Comentario General 20 al observar que «la orientación sexual y la identidad de género» no son reconocidas ni definidas en las leyes internacionales. Advirtieron que dichos términos podrían ser utilizados para coartar las libertades de expresión, religiosa y de consciencia, así como también las leyes de matrimonio y los planes de estudio de las escuelas. Ya hubo casos en Suecia y Canadá en los que miembros del clero fueron llamados a comparecer ante comisiones de derechos humanos por censurar el comportamiento homosexual.  

     Otra cláusula conflictiva del Comentario General 20 hace referencia a los polémicos Principios de Yogyakarta, documento no vinculante que intenta reinterpretar los derechos humanos existentes para incluir los llamados derechos homosexuales. Los Principios de Yogyakarta no tienen fuerza de ley y fueron redactados por activistas que apoyan la homosexualidad y burócratas de la ONU.  

     La votación arrojó un resultado de 76 votos a favor de la eliminación de la referencia, 72 en contra y 26 abstenciones. Quienes más respaldaron la supresión fueron las naciones árabes y africanas, mientras que la oposición estuvo principalmente representada por  los europeos. La votación fue tan reñida, que se cree que la «identidad de género» y la «orientación sexual» seguirán sacudiendo a la ONU.

Comité de la ONU afirma derechos especiales para “la orientación sexual y la identidad de género”

Un comité de derechos humanos de la ONU recientemente indicó a los Estados Miembro que deben otorgar nuevos derechos humanos amplios basados en “la orientación sexual y la identidad de género” introduciendo cambios radicales en sus leyes nacionales y políticas y modificando sus prácticas y actitudes dentro de las familias y las instituciones culturales, porque, de lo contrario, “violarían” las obligaciones asumidas en el marco del derecho internacional.

El documento titulado “Comentario General 20” fue publicado el 2 de julio por el comité encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. El documento no sólo pone fin a la penalización de la homosexualidad, a la violencia y a la discriminación injusta, sino que va mucho más allá y aduce que existen dos nuevas categorías antidiscriminatorias a pesar de que los Estados soberanos han rechazado en reiteradas oportunidades esas mismas categorías en debates abiertos de la ONU.

En los mencionados debates, las naciones manifestaron preocupación porque, siendo que los términos “orientación sexual e identidad de género” no son reconocidos ni definidos por el derecho internacional, la nueva categoría podría ser utilizada para imponer límites a las libertades de expresión, culto y consciencia, así como también a las leyes sobre matrimonio y los planes de estudio escolares. De hecho, el comité asegura que los cambios deben abarcar “la constitución de un Estado, sus leyes y documentos normativos” e incluir “medidas que atenúen o supriman las condiciones que perpetúan la discriminación”, incluyendo “el empleo en instituciones educativas o culturales”, así como también “las familias, los lugares de trabajo y demás sectores de la sociedad”. Estas disposiciones deben mantenerse hasta que llegue el momento en el que “se haya logrado de manera substantiva una considerable igualdad”. No se ofrece ninguna definición ni parámetro alguno para medir la “considerable igualdad”.

El artículo contra la discriminación establece que los Estados Miembro adheridos al tratado aceptan “garantizar que los derechos enunciados en el presente Pacto serán ejercidos sin discriminación de ninguna clase, ya sea a causa de raza, color, sexo, lengua, religión, identidad política, propiedad, estatus nacional, social, de nacimiento o de cualquier otra índole”.

El comité afirma que “se necesita una aproximación flexible al área de ‘cualquier otra índole’” y que “‘otra índole’, según se contempla en el Artículo 2, Párrafo 2, incluye la orientación sexual”. La “identidad de género”, continúa diciendo el comentario general, “se reconoce entre los motivos de discriminación proscriptos; por ejemplo, en el caso de las personas transexuales, transgénero e intersexuales”.

El hecho de que la identidad de género y la orientación sexual sean reconocidas “entre los motivos de discriminación proscriptos” es uno de los asuntos más fuertemente objetados en los debates de la ONU sobre políticas sociales. Los gobiernos liberales han intentado, en numerosas oportunidades, lograr el consenso sobre este tema, pero hasta ahora no lo han conseguido. Ningún documento vinculante de la ONU incluye la orientación sexual ni la identidad de género entre las categorías protegidas que no deben ser motivo de discriminación. Para respaldar su redefinición, el comité menciona los Principios de Yogyakarta, un manifiesto muy controvertido redactado en 2007 por activistas y funcionarios de derechos humanos de la ONU que reinterpreta 29 derechos humanos preexistentes de modo tal que incluyen la homosexualidad. Este documento no oficial asegura que las naciones que son parte de tratados de la ONU sobre derechos humanos se encuentran ya obligadas a otorgar derechos homosexuales amplios, de lo contrario estarían infringiendo las leyes internacionales.

El comité de “expertos” designados no tiene potestad de hacer cumplir el tratado. Sin embargo, los estados envían informes al comité, el cual luego publica informes en los que se indica si los gobiernos están lo implementando adecuadamente. Sus observaciones son cada vez más utilizadas por juristas, funcionarios de gobierno y activistas para presionar a sus gobiernos a fin de que modifiquen sus leyes y políticas.