Olvidando a los niños producto de la guerra

 

Forgetting Children Born of War [Olvidando a los niños producto de la guerra] muestra cómo estos menores han sido ignorados de forma deliberada debido a la presión de gobiernos y agrupaciones feministas que afirman que los niños son meras consecuencias de la violencia sexual, o lo que es peor, coagresores de las mujeres. Su autora, R. Charli Carpenter, es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Massachusetts, en Amherst.

«Diseminados por todo el mundo», lamenta Carpenter, «los niños nacidos de víctimas de violación luchan por seguridad alimentaria en campos de refugiados… ansían una familia en orfanatos… les preocupa que sus madres los abandonen… buscan madres y padres biológicos del otro lado de los océanos… y anhelan el día en el que el tema pueda ser atendido en los consejos de naciones».

El libro intenta averiguar por qué las agrupaciones de derechos humanos han asumido el papel de espectadoras. La respuesta radica en el modo en el que la agenda de la violencia sexual en época de conflicto ha sido definida: en términos de violencia étnica, pintando a los niños como agentes del enemigo, y por el feminismo, contraponiendo los derechos de los niños a los de sus madres.

Hubo un momento decisivo en 1998, cuando el «embarazo forzado» fue codificado como delito en el Estatuto de Roma que constituyó la Corte Penal Internacional. Anteriormente, la «fecundación forzada» estaba prohibida en el derecho humanitario. Las feministas aseguran que la nueva formulación refleja la idea de que el embarazo es un crimen de guerra diferenciado además del de violación.

La interpretación que las feministas hicieron del «embarazo forzado» fue rechazada de manera explícita en el Estatuto de Roma que da origen a la Corte Penal Internacional. Los funcionarios de la ONU suelen ignorar las decisiones de los Estados Miembros, no obstante, y la interpretación rechazada se encuentra implícita en el reclamo efectuado esta semana por el Secretario General, que afirma que el aborto es un derecho de reparación para las víctimas de la guerra.

Carpenter sostiene que la incidencia masiva de casos de violación durante la guerra en Bosnia fue un acontecimiento decisivo que convirtió la lógica feminista en argumentación jurídica y catapultó la agenda feminista a expensas de los derechos de los niños. Señala que la influyente obra de Beverly Allen titulada Rape Warfare [Guerra de violación] insinúa que el infanticidio podría ser psicológicamente saludable para la madre, y que Allen equipara el embarazo forzado a la guerra biológica. El Centro de Derechos Reproductivos sostuvo que el embarazo «potencia el dolor de la violación» ya que «prolonga el dolor físico y emocional». Otras feministas dijeron que el embarazo es genocida, representa la ocupación extranjera del útero, impide la reproducción de otro y por lo tanto representa una forma de destrucción.

«Mediante esta clase de ejercicio intelectual y semántico», afirma Carpenter, «el embarazo forzado fue construido como un componente de la violación y como delito específico en sí, dentro de la categoría de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio». Se pasó por alto la violación de los derechos de los niños, y, en cambio, se los «invocó como prueba de la atrocidad».

Los medios sensacionalistas y juicios posteriores al conflicto perpetuaron la impresión de que estos niños eran indeseables, dice Carpenter. Los informes de noticias y las preguntas planteadas por los fiscales durante los procesos destacaban de manera deliberada casos de madres que abortaban, abandonaban o asesinaban a sus hijos después de nacer.

Organismos de la ONU e importantes agrupaciones de derechos humanos no solo pasaron por alto la penosa situación de estos niños, descubre Carpenter, sino que consideraron el tema y luego lo rechazaron adrede debido a intereses encontrados. A partir de 1996, sucesivos informes de la ONU sobre violencia sexual no hicieron mención alguna de los niños. Se suprimieron tales referencias en un informe canadiense de una conferencia en Winnipeg. Noruega negó la subvención a una agrupación de defensa de los derechos del niño que intentaba dar inicio a un tratado internacional. Un representante de Unicef retiró su apoyo de una conferencia en 2006 diciendo que «quedaba por ser convencido del mérito de que Unicef tratara a estos niños como grupo específico».

El ejemplo más ilustrativo de Carpenter es su breve labor de asesoría con Unicef en Bosnia en 2005, cuando logró convencer a un representante nacional que subvencionara un estudio sobre niños sobrevivientes. Cuando estuvieron listos los resultados, Unicef se negó a hacer público el informe diciendo que temía la reacción de algunas ONG y gobiernos.

Carpenter llega a la conclusión de que Unicef ha actuado como controlador en este asunto, manteniendo a los niños producto de violaciones durante la guerra fuera de la agenda internacional.

Esta es la segunda obra de Carpenter sobre el asunto, después de un volumen editado y numerosos trabajos que abordan la cuestión. Forgetting Children Born of War muestra su dominio del tema y su capacidad de ponerlo en el contexto mayor del escenario de la agenda internacional.

No obstante, Carpenter se equivoca cuando incluye al Papa entre sus ejemplos de líderes que no defendieron cabalmente a los niños concebidos en la guerra. Menciona a San Juan Pablo II en dos oportunidades y, en ambas, de forma errónea (distorsiona una fuente y basa su análisis en citas fragmentadas de una fuente secundaria en otro caso). Lo que es notable es que la carta (traducción al inglés) que se tergiversa en ambas instancias hace exactamente lo que Carpenter dice que desearía que los líderes del mundo hicieran: declara al niño de la guerra como enteramente humano, indiscutiblemente inocente, y necesitado de protección de forma urgente.

El peso de España en la Onu, a base de Subvenciones.

El peso de España en la Onu, a base de Subvenciones.

Organizaciones feministas de Nicaragua, Colombia, Perú, Honduras, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Bolivia, en el marco del Programa Internacional Mujeres y Desarrollo, recibieron subvenciones de la Secretaría de Estado de Igualdad del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a través de “organizaciones no gubernamentales de desarrollo españolas de ámbito estatal”, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado del 17-12-10.

 

 MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

19425

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publican las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden IGD/2421/2010, de 2 de septiembre, destinadas a organizaciones no gubernamentales de desarrollo españolas de ámbito estatal para el seguimiento y apoyo de la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo en el marco del Programa Internacional «Mujeres y Desarrollo».

cve: BOE-A-2010-19425

De conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto de la Orden IGD/2421/2010, de 2 de septiembre («BOE» de 17 de septiembre de 2010), por la que se convocan las subvenciones del programa de cooperación internacional «Mujeres y Desarrollo», se ha resuelto la concesión de las subvenciones objeto de la convocatoria, con cargo al concepto presupuestario 28.03.232B.492, y se ha procedido a la notificación de la resolución correspondiente a las entidades beneficiarias.

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se procede a la publicación de la relación de entidades beneficiarias y cuantías concedidas, descritas en el anexo que se acompaña.

Madrid, 9 de diciembre de 2010.–La Secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído Almagro.

ANEXO

Concesión subvenciones para los proyectos del programa «Mujeres y Desarrollo» 2010

Código 

País 

Contraparte local 

Título del proyecto 

Cantidadconcedida

Euros

 

Financiacióndirecta

Euros

 

Financiaciónindirecta

Euros

 

ACSUR las Segovias 

 

15/2010 

Nicaragua. 

Asociación Civil Grupo Venancia. 

Mujeres del Norte de Nicaragua, haciendo frente a la violencia y discriminación. 

46.200 

41.580 

4.620 

AIETI 

 

59/2010 

Colombia. 

Red de Mujeres del Norte del Cauca. 

Escuela de formación política para el fortalecimiento del liderazgo, la participación social y política de las mujeres y la gobernabilidad municipal que posibilite su desarrollo. 

35.400 

31.860 

3.540 

03/2010 

Perú. 

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM. 

Promoviendo el cumplimiento de Obligaciones y Compromisos Internacionales Estatales con relación a los derechos humanos de las mujeres y el principio de igualdad de género en el ámbito local de 15 países de América Latina y el Caribe Hispano (Fase III). 

68.600 

61.740 

6.860 

Asamblea Cooperación Paz 

 

55/2010 

Honduras. 

Centro de Estudios de la Mujer-Hondureña (CEM-H). 

Promoviendo las capacidades locales de las mujeres, a través de la escuela de formación política en derechos humanos de las mujeres, democracia y feminismo y la construcción de una agenda política local de las mujeres. 

38.300 

34.470 

3.830 

 

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Aborto libre: la caja de Pandora contra las mujeres

Aborto libre: la caja de Pandora contra las mujeres
Existe actualmente una fuerte corriente jurídico-política “pro ampliación de derechos”, desligada del iusnaturalismo, que promueve con especial intensidad los denominados “derechos individuales” como el de “interrupción voluntaria del embarazo”. Detrás de muchos de estos nuevos “derechos individuales” (no es baladí que sus impulsores no se refieran nunca a ellos como “derechos personales” o “derechos de la persona”), tropezamos con fuertes estructuras de poder y desigualdad que a la postre se convierten en arquitecturas erigidas para la explotación del individuo y, con especial saña, del sujeto más débil. Algunos de esos derechos individuales son como lobos disfrazados de oveja, que se vuelven en contra del titular de dicho “derecho”. En España es paradójico que sea la Izquierda la impulsora de todos estos “nuevos derechos” por lo que se puede afirmar que ha dejado de cumplir la tradición histórica de la izquierda que no ha sido otra que la de denunciar cómo los derechos individualistas sirven para explotar a los débiles.
El “derecho individual al aborto” es uno de estos entramados jurídicos, pretenciosamente proclamados como liberadores, que perjudican a la mujer, poniéndola en una situación de profunda desigualdad y desamparada ante situaciones de tiranía y opresión que se pueden dar dentro de, entre otras, las estructuras familiar o afectiva, laboral y económica. La feminista radical estadounidense Catherine MacKinnon empezó a denunciar esto a raíz de la aprobación en USA del derecho al aborto en 1973 afirmando incluso que “….cada pizca de control que las mujeres ganaron [con el aborto como derecho] ha ido directamente a manos de los varones”. Veamos la razón de porqué este pretendido derecho no libera sino que oprime a la mujer.
El acceso al aborto libre, (en España de “facto” es lo que hay desde la despenalización de los tres conocidos supuestos y su fraudulenta aplicación), aliñado con otros factores, ha traído un aumento de la frecuencia del acto sexual -basta ver la estadísticas oficiales con sus datos objetivos-, dificultando que la mujer le razone al hombre, en base a las consecuencias del propio acto (el embarazo), su negativa a la práctica sexual incrementándose as gestaciones imprevistas y las enfermedades sexuales. No es infrecuente oír a jóvenes, y no tan jóvenes, afirmar que están a favor del aborto porque no les gusta usar un condón por lo que si un hombre piensa que el aborto es una opción de fácil acceso para la mujer; se podrá sentir fácilmente desvinculado de ésta, dejándola sola ante un embarazo no previsto ya que ella puede recurrir fácilmente al aborto. Si bien es cierto que algunas mujeres pueden resistir presiones y negarse a abortar, la legalización del aborto genera un círculo vicioso del que otras muchas mujeres no pueden salir.
Si la mujer puede abortar sin cortapisa alguna, el hombre se libera de cualquier responsabilidad como padre, teniendo a la mujer como elemento de satisfacción sexual y situándola en un plano de “no-igualdad”. Pero si la mujer decide tener el hijo, también aparece como perdedora puesto que si sólo ella decide dar a luz, la responsabilidad de educar al hijo habría que entender que sólo es de ella, sobre todo si el padre ha estado a favor del aborto, y además se ha ofrecido a pagar los gastos del aborto; y, en esta lógica claro está, pensará que el hijo no es su responsabilidad sino un tema exclusivo de una mujer que no ejercita su “derecho” a abortar. Si a pesar de todo, el gobierno lo obliga a pagar la pensión alimenticia, el hombre se sentirá tratado injustamente, creándose un clima social verdaderamente viciado. Del mismo modo un empresario puede reaccionar de manera igual. Si el empresario puede pagar los costos de un aborto a petición, podrá sentirse menos obligado a adecuar sus prácticas laborales a favor de la mujer embarazada o para la mujer que cuida a su hijo. Si a causa de la maternidad tiene problemas con las condiciones de trabajo, o con el horario, la situación se puede considerar como un problema “privado” que ella pudo haber evitado, como advertiría Catherine MacKinnon. La mujer pierde legitimidad para reivindicar mejores condiciones laborales y familiares.
Antes de la legalización del aborto a plazos, los hombres de alguna manera se sentían corresponsables con la mujer recorriendo, de alguna manera con ella, el trance de un embarazo imprevisto. Con la legalización del aborto, en cambio, el hombre es ajeno y sin responsabilidad alguna en el nacimiento del niño, y consecuentemente no se siente solidario o vinculado con aquella mujer que no quiera abortar ni obligado a contribuir con la manutención del niño. Se incrementará, como ha sucedido en países en que el aborto se ha despenalizado, legalizados, hace años, significativamente el número de familias encabezadas por una madre soltera.
La pedagogía de las leyes, en la protección del débil, de la mujer concretamente, influye notablemente en la educación en solidaridad y corresponsabilidad del hombre con ella en situaciones en que ambos son “co-causantes” como un embarazo. Transmitir al tejido social la idea de que el aborto es un derecho exclusivo de la mujer crea un derecho correlativo del hombre, del poderoso, a desvincularse, e irresponsabilizarse, de sus propios actos aunque estos condicionen a la mujer.
Es importante, para una adecuada didáctica social y para una adecuada protección del débil, que, por ejemplo, la ley nos prohíba trabajar en una empresa que niegue todo derecho sindical a sus obreros o que paga menos del salario mínimo, nos obstaculice vender o subastar nuestros órganos a centros hospitalarios o por Internet, nos dificulte convertirnos en esclavos. Si todos estos actos fueran legales obviamente, se facilitarían. La libertad, por sí misma, puede perjudicar a la persona que la posea. Esa dificultad normativa o limitación de la libertad, en muchas ocasiones, es una protección del ordenamiento jurídico. Decir esto puede ser “políticamente incorrecto” pero es cierto. Esta limitación normativa de la libertad absoluta del individuo, como se adelantaba en los ejemplos anteriores, para impedir que el poderoso manipule los derechos individuales del débil, tiene una clara expresión en nuestro país en todo el entramado del Derecho laboral fuertemente volcado en el trabajador que se entiende es la parte más débil, sin poder factico, en la relación laboral. Vuelvo a la idea que una cosa es titular de un derecho y otra detentar el poder factico. Quien tiene el poder factico, la posibilidad de dominación, puede volver el derecho individual contra su titular mientras que haya grandes diferencias de poder entre clases y entre hombre y mujer. Este es el meollo de la cuestión del aborto libre.
La despenalización del aborto en España y las campañas de promoción de anticonceptivos no han disminuido los embarazos imprevistos, ni las enfermedades de transmisión sexual y tras más de 25 años de esa reforma penal; esas campañas, pretendidamente liberadoras para la mujer, la violencia sexista no hace más que incrementar. El aborto libre, socialmente aceptado como un derecho, no dará solución a ninguno de estos problemas, los intensificará porque las mujeres que han abortado, abortan y abortarán lo harán, como una falsa solución rápida y aparentemente inocua, al sentirse presionadas por otras personas (las que ostentan el poder factico del que hablaba) de su círculo familiar y laboral y casi siempre abortan para satisfacer los deseos e imposiciones de quienes no quieren acoger a los hijos bien sea la pareja, la familia próxima en el caso de las menores o el entorno laboral. En los EE.UU, en que el aborto es un derecho absoluto no sometido a plazo gestacional alguno, un 64% de mujeres que abortan lo hacen presionadas por terceras personas. (“Aborto provocado y estrés postraumático” del Dr. Vincent Rue en Medical Science Monitor (2004)).
El aborto a petición expande, y a la vez esconde, la explotación de la mujer lo que se agrava en entornos de intenso machismo y de pobreza económica (ambientes que existen hoy en España con una gran incorporación de inmigrantes provenientes de países en que ambas coordenadas, machismo y pobreza, se dan conjuntamente) en que la mujer es, si cabe, mucho más débil que en entornos de más altas rentas y estudios. El aborto libre daña a las mujeres porque aumenta el poder de presión y coacción de los hombres, exceptuando ese diminuto y elitista porcentaje, a nivel mundial, de mujeres acomodadas económica y culturalmente, que son, salvo contadísimas ocasiones, las únicas voces femeninas en los organismos nacionales e internacionales. Apoyar el derecho al aborto es apoyar un “modelo de ser mujer” de las clases sociales acomodadas de los países ricos, o de sus las clases acomodadas en los países en desarrollo. Es llamativo que en España las grandes promotoras de esta ley de aborto a plazos hayan sido, además de los millonarios industriales del aborto, una serie de ministras no integrantes, precisamente, de estratos sociales bajos o deficitarios culturalmente.
Y no deja de inquietar, abundando en la anterior idea, que quienes están promoviendo a nivel internacional el libre acceso al aborto como liberación de la mujer sean asimismo colectivos, fundaciones y asociaciones de países ricos, muchas veces fuertemente subvencionadas por esos mismos Estados y por altas instituciones internacionales, grupos todos que a su vez son dirigidos por mujeres de buena posición económica e intelectual que no representan a la mayoría de las mujeres del planeta. Es una forma soterrada de colonialismo.
Con el aborto libre, el marido, el amante, la familia, o el empleador puede señalar con el dedo a la mujer como la irresponsable que permitió la existencia de un ser humano no querido por uno de ellos. La mujer otra vez sola y abandonada frente a la caja de Pandora.

 Íñigo Urién

Cáritas con Haití

 

La red Cáritas en Haití ha puesto en marcha una respuesta de emergencia tras el terremoto ocurrido en Haití el 12 de enero. El seísmo de 7´3 grados en la escalas Richter sacudió la capital haitiana con 3 réplicas destruyendo cientos de edificios. La respuesta de la red Cáritas está siendo para dar apoyo a las víctimas de la catástrofe. Entre las acciones de emergencia se incluyen albergues temporales, distribución de alimentos y kits de higiene y apoyo espiritual. En una segunda fase se contempla la reconstrucción de infraestructuras.
 
 
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Y EN LAS CUENTAS DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS

 

Las leyes de aborto indulgentes pueden ser peligrosas para la salud de las madres, según un reciente informe

 

 Un nuevo informe del Foro Económico Mundial demuestra que los países que cuentan con leyes de aborto restrictivas a menudo son las primeras en reducir la mortalidad materna, mientras que aquellos con leyes permisivas suelen quedar rezagadas. Según el informe, Irlanda, nación que defiende la vida, una vez más encabeza las listas mundiales al presentar el mejor desempeño en salud materna.

     Los promotores del aborto han intentado impulsar un «derecho al aborto» internacional sosteniendo que las leyes restrictivas obligan a las mujeres a ir en busca de prácticas abortivas riesgosas, lo cual, a su vez, trae aparejado un gran número de muertes maternas. En octubre, el Guttmacher Institute publicó un informe sobre el aborto en el mundo, en el que exigió a los Estados «extender el acceso al aborto legal y asegurar que los servicios de aborto seguro y legal estén disponibles para las mujeres necesitadas». Sharon Camp, presidente del Instituto, aseguró que «en muchos lugares del mundo en desarrollo, el aborto permanece muy restringido, y los abortos riesgosos son comunes y siguen dañando la salud de las mujeres y poniendo en riesgo su supervivencia».

     El análisis y la comparación de los datos de una serie de países que figuran en el informe del Foro Económico Mundial demuestran que el aborto legal no supone una disminución en el índice de muertes maternas.

     Tanto Irlanda como Polonia, blancos predilectos del lobby abortista a causa de sus fuertes restricciones al aborto, cuentan con mejores ratios de mortalidad materna que Estados Unidos. Irlanda ocupa el primer puesto en el estudio, con 1 muerte cada 100.000 nacimientos vivos. En los últimos años, Polonia ha restringido más su ley contra el aborto y se ubica en el puesto 27 de la lista, con 8 muertes cada 100.000. En los Estados Unidos, donde prácticamente no hay restricciones al aborto, el índice mortalidad materna es de 17 muertes cada 100.000 nacidos vivos.

     En otras regiones del mundo se observan tendencias similares. La nación africana con el menor índice de mortalidad materna es Mauritania, cuyas leyes se encuentran entre las que más protegen a los no nacidos en el Continente. Del lado opuesto se sitúa Etiopía, que despenalizó el aborto pocos años atrás, en respuesta a la presión ejercida por el lobby internacional. El índice de mortalidad materna en Etiopía es 48 veces más alto que el de Mauritania. Sudáfrica cuenta con las leyes de aborto más liberales de África y también con un altísimo índice de mortalidad materna de 400 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

     Chile, cuya Constitución protege la vida de los que están por nacer, está jerárquicamente por encima del resto de las naciones sudamericanas como el lugar más seguro para dar a luz. El país con el mayor índice de mortalidad materna es Guyana, el cual es 30 veces superior al chileno. Guyana permitió el aborto casi sin restricciones en 1995. Irónicamente, uno de los dos principales motivos aducidos para la liberalización de las leyes en ese país fue el de mejorar la «consecución de la maternidad segura» mediante la eliminación de las muertes y complicaciones asociadas con el aborto riesgoso.

     De igual modo en Asia, Nepal, donde no hay restricciones a la práctica, cuenta con los mayores índices de mortalidad materna del mundo. El país con menor número de muertes es Sri Lanka, con un índice 14 veces inferior al de Nepal. Según el Centro de Derechos Reproductivos, organización de asesoría legal que promueve el aborto, Sri Lanka es uno de los países con las leyes de aborto más restrictivas del mundo.

     Quienes defienden la vida resaltan que el informe del Foro Económico Mundial reafirma el concepto de que los parteros calificados y el acceso a la atención obstétrica de emergencia deberían ser las prioridades de todo esfuerzo por reducir el número de muertes maternas, en vez de la extensión del acceso al aborto legal.

Martínez Camino anima a confesarse a las mujeres que han abortado

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, animó a las mujeres que han abortado a celebrar el Sacramento de la Confesión.

  “Aunque hay pecados rojos como la púrpura, quedarán blancos como la nieve”. Con esta oración el secretario general del Episcopado dejó constancia –en el transcurso del primer encuentro de Los Desayunos Informativos CEU hoy en Madrid, en el Club Social Centro Colón– del “aliento y la acogida” de la Iglesia en lo que se refiere a mujeres tentadas de abortar o las que han pasado por esta tragedia”.

 Monseñor Martínez Camino se refirió al “perdón” de Dios, que “las quiere acoger en su seno”. “Las que no (se han acercado al confesionario) que se animen a hacerlo porque Dios quiere la solución y la paz plena de las persona”, aseveró. Y es que la Iglesia, que “defiende los derechos de los inocentes” y es “consciente del problema que envuelve (el aborto)”, “no se muestra inmisericorde con quien caiga en el pecado”.

 Según el secretario general de la Casa de la Iglesia, con la actual ley del aborto se decía que se iba a reducir el número de abortos y con la que actualmente se encuentra en trámite parlamentario “tenemos que prever que se van a incrementar”.

 Por su parte, el prelado sostuvo que quien propaga la ley caerá en “pecado público”, mientras que quien defiende el texto legislativo o quien le da voto está en “situación objetiva de pecado”. Y es que la Iglesia “no puede juzgar su subjetividad”. La excomunión sería para quien “colabore directamente” en un aborto realizado.

 En este sentido, sostuvo que lo que digan los partidos políticos “no cuenta”, hay que situarse “por encima” de los dirigentes políticos en esta cuestión. No en vano, a su entender, la afirmación ‘quitar la vida a un ser inocente’ no puede ser legítima y quien afirme esto se halla “en contradicción con la ley Divina y católica” y caería en herejía.

Martínez Camino, que agradeció a los profesionales sanitarios y de otros campos que ejerzan el derecho a la objeción de conciencia en esta materia con “coraje cívico y moral”, advirtió de la “grave manipulación” que supone incluir el proyecto legislativo como acto médico, ya que “el aborto nunca es curar porque el embarazo no es una enfermedad* es lo contrario del acto médico”.

 Finalmente, el obispo dijo no tener constancia de que haya habido contactos entre la Iglesia y el Gobierno sobre la futura ley del aborto, pero, a renglón seguido añadió que “el derecho fundamental a la vida no es negociable”.

 

Aído pide a las mujeres del PP que sean “responsables” y aprueben la nueva Ley

Bibiana Aído

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, solicitó hoy a las diputadas del PP que, “como mujeres responsables”, voten en el Parlamento a favor de la reforma del aborto promovida por el Gobierno socialista, que a su juicio ha realizado “un ejercicio de responsabilidad” al promover esta nueva Ley.

“En el PP, al menos las mujeres deberían apoyar, respetar y comprender a quienes por el motivo que sea y dentro de unos plazos razonables, no quieren o no pueden asumir de manera forzada la gran responsabilidad de la maternidad“, señaló durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso al ser preguntada por la diputada ‘popular’ Sandra Moneo sobre la nueva ley del aborto.“Porque creo en el consenso, no pierdo la esperanza ustedes, como mujeres responsables, se sumen a ello”, indicó la ministra. Aído defendió que llevar esta nueva ley al Congreso supone “afrontar el problema de cara“, actitud que contrastó con la del PP, que durante sus ocho años de Gobierno “miró para otro lado y evadió los problemas como si no existieran”. “Eso es lo que ustedes hicieron durante ocho años mientras se producían 500.000 interrupciones de embarazos“,
aseveró.Aído indicó además que el proyecto de ley llega al Parlamento “tras más de un año de debate y reflexión”, y pretende aumentar la seguridad jurídica de las mujeres y los profesionales y ofrecer la “debida tutela de la vida prenatal“. Además, la ministra aseguró que este Gobierno “es el que más derechos y prestaciones ha reconocido a las madres y a los padres, apostando por la maternidad libremente decidida“.Por su parte, Sandra Moneo aseguró que “esta reforma no tiene nada que ver ni con la salud de las mujeres ni con los derechos de las mujeres“. Asimismo, argumentó que la ley tampoco busca las mujeres que abortan no vayan a prisión porque en España “no ha habido ni una sola mujer haya ido a la cárcel por este motivo”.Así, acusó a la ministra de promover esta reforma “escudándose en las mujeres para defender a quienes, ignorando la ley, han hecho del drama del aborto un negocio”. “Es una reforma en contra de muchos para favorecer a unos pocos“, apostilló. Moneo criticó además que el Gobierno “minimice, ignore y desprecie la voluntad de miles y miles de ciudadanos que han tenido que salir a la calle ante una reforme injusta e inconstitucional” y añadió que son muchos los padres y madres que ven horrorizados cómo el Gobierno oferta a sus hijas el aborto como un método anticonceptivo más”. Además, la diputada del PP indicó que esta reforma vulnera principios fundamentales de la Constitución española” y se está llevando a cabo “sin el mandato de los ciudadanos, sin estar en el programa electoral del PSOE, y sin el aval de los órganos consultivos del Estado”. Finalmente, acusó al Gobierno de “dar carpetazo” en cinco semanas a la Subcomisión del Congreso cuando debería haber durado seis meses y de “elegir para la ocasión” a un Comité de Expertos para “avalar, dentro del pensamiento único, la reforma”.

 

 

La aterradora violencia contra las mujeres africanas conmociona al Sínodo

Varios participantes denuncian las violaciones como arma de guerra
La violencia que sufren demasiadas mujeres de África se ha convertido en uno de los argumentos de conmoción para los participantes en el Sínodo de ese continente en su primera semana de congregaciones.
“¿Cómo hablar de reconciliación y de auténtica paz en una sociedad en la que los hijos han sido obligados a violar a sus madres y hermanas ante la mirada impotente de sus mismos padres?”, preguntó a la asamblea monseñor Théophile Kaboy Ruboneka, obispo coadjutor de Goma, en la República Democrática del Congo, según han informado los portavoces del Sínodo.
¿Qué porvenir se puede garantizar a los chicos reclutados a fuerza por grupos armadas, convertidos en carniceros de sus madres y hermanas? ¿Qué se les puede decir a los niños que han nacido de la violencia? ¿Qué armonía espera a una juventud nacida de madres traumatizadas?”, siguió preguntando el prelado.
“Los conflictos y las guerras –denunció monseñor Kaboy al tomar la palabra este lunes en la mañana–, han llevado, especialmente en el Congo, a la ‘victimización’ y la ‘cosificación’ de la mujer”.
“Se han perpetrado actos de violencia sexuales masivos contra mujeres por parte de todos los grupos armados, como un arma de guerra, una violación flagrante de las disposiciones jurídicas internacionales”.

El obispo de Goma presentó varias propuestas para aliviar las consecuencias de traumas tan brutales.
E n primer lugar, invitó al Sínodo a luchar contra la violencia sexual, “remontándonos a sus últimas causas, que son las crisis de gobierno, manifestadas en las guerras, saqueos y en la explotación anárquica de los recursos naturales, la circulación de armas, el mantenimiento de las milicias, la ausencia de un ejército fuerte y republicano, etc.”.

A continuación, propuso “la creación de casas de la mujer y de las jóvenes como centros de escucha y acompañamiento de las mujeres violadas y traumatizadas”.
En tercer lugar, pidió “la implicación directa de las mujeres en las comisiones de justicia y paz”, que en algunos países africanos se encuentran en cada diócesis o incluso parroquia, “para que promuevan y luchen contra las ideas denigratorias sobre ellas, transmitidas por la nueva ética mundial y por ciertas tradic iones culturales”.
Sugirió, también, “la formación, a través de la catequesis y la alfabetización concientizadora de las mujeres para permitirles llevar a cabo su función. Ésta se articula en tres módulos dedicados a la dignidad y vocación de la mujer; la mujer como artífice de la paz; y la mujer como agente del cambio social”.
En quinto lugar, exigió “el establecimiento de estructuras de promoción de la mujer. Podría tratarse de organizaciones de mujeres que se ocupen de diferentes actividades a nivel parroquial y diocesano, y centros de formación de las mujeres para la paz”.
Al tema de la violencia de las mujeres han dedicado sus intervenciones en particular la madre Felicia Harry, superiora general de las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de los Apóstoles en Ghana, y la madre Paolina Odia Bukasa, superiora general de la s Hermanas “Ba-Maria” de Buta Uele en la República Democrática del Congo, así como monseñor Telesphore George Mpundu, arzobispo de Lusaka, en Zambia.
Al tomar la palabra este sábado, el prelado reconoció que “lamentablemente con vergüenza tenemos que admitir que en Zambia, con demasiada frecuencia las mujeres son víctimas de abusos, violencia doméstica – que a veces llega hasta la muerte -prácticas culturales y de costumbre, discriminatorias y que las leyes claramente expresan prejuicios hacia la mujer”.
“Nosotros, los obispos, debemos hablar de manera mas clara y insistente en defensa de la dignidad de la mujer a la luz de las Escrituras y de la Doctrina Social de la Iglesia”, aseguró.

“Sí, fue una mujer, María, quién llevó por primero a Jesús en África como prófugo (Mt 2, 13-15). Hoy es la m ujer quien, de muchas maneras, nos trae a Jesús en Zambia. Mujeres religiosas y laicas ayudan a nuestra Iglesia a estar al servicio de la reconciliación, de la justicia y de la paz, con una especial mirada hacia los pobres”, reconoció.

Para promover el respeto a las mujeres y su integración en las estructuras eclesiales con papeles de responsabilidad, de decisión y de proyección, el prelado invitó al Sínodo “a recomendar que en todas las diócesis se instituya y consolide el apostolado familiar y también oficinas que traten el problema de la mujer haciendo que sean cada vez más operativos y funcionales”.