Liberta de expresión – Libertad religiosa

Con frecuencia, bien en la práctica, bien en el pensamiento, no es raro que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad religiosa aparezcan como realidades contrapuestas. Digo más, caso de conflicto entre ambos habría que darle, según la manera de ver de algunos, la prioridad al derecho a la libertad de expresión. Estos días atrás escuchaba en un medio de comunicación en el transcurso de una tertulia política, que la base de la democracia está en el derecho a la libertad de expresión, pues se trata de un derecho supremo al que otros se deben supeditar. Me produjo escalofrío escuchar tal afirmación por las posibles implicaciones que de ahí podrían derivarse. Soy consciente de que lo que acabo de afirmar no es políticamente correcto, pero espero que se me conceda ese derecho y se me respete en su ejercicio. Defiendo este derecho como el que más, pero no me atrevería nunca a decir que es el derecho máximo al que los demás deberían supeditarse en democracia, o que ésta se funda en tal derecho. Que le sea inherente, no quiere decir que no haya otros aspectos, por ejemplo, los valores humanos y morales en que se sustenta y apoya: sin principios morales no hay democracia. Creo, con toda honestidad y con el máximo respeto a la verdad y a la necesidad de la edificación de un mundo en paz y en libertad que considerar el derecho de libertad de expresión un derecho absoluto, prácticamente sin límites, es un error y es origen de muchos dolores y sufrimientos injustos que es necesario evitar.

En una sociedad vertebrada, los derechos humanos fundamentales deben ser respetados todos y por todos, y ser articulados en su unidad y mutua referibilidad por las legislaciones oportunas dentro del bien común y de la persona. La primacía que se está dando a este derecho de libertad de expresión, que sin ningún lugar a duda hay que respetar y salvaguardar, está siendo, con cierta frecuencia, fuente de cercenamiento de derechos fundamentales inviolables correspondientes a la dignidad de la persona humana. Es más, ¿puede prevalecer, me pregunto, el derecho de libertad de expresión sobre la verdad o el derecho a la verdad? Tiene su límite y está por encima el bien común, inseparable de la persona. Cuando se falla a la verdad, cuando se difunde la mentira en un proceso de libertad de expresión, cuando se va en contra del bien común y de la convivencia justa y justa paz, ¿se puede apelar al derecho a la libertad de expresión y poner por encima este derecho? Que conste que no hablo de situaciones hipotéticas, sino desde la propia experiencia, a veces sufrida.

Quiero dejar constancia aquí de mi agradecimiento a aquellos hombres de la transición, tanto del mundo civil como de la Iglesia, que tan grandemente contribuyeron a la democracia, porque en su defensa de la libertad religiosa y de la libertad de expresión, unidas e inseparables, actuaron en favor del entendimiento entre todos y de la difusión de los derechos humanos y del bien, para el establecimiento de libertades en verdadera armonía.

Por otra parte, ¿se puede expresar uno impunemente, sin que pase nada cuando se trata de defender al cristianismo, la Iglesia, o sus representantes, lo más preciado en ella por sus gentes? Sin embargo, ¿qué espacio de defensa legítima se les deja?

Por muchas razones es necesario clarificar la cuestión del derecho de libertad religiosa y el derecho de libertad de expresión. Espero que, conforme a la doctrina social de la Iglesia –que es enteramente conforme a la recta razón–, su fundamentación en que se apoya esta doctrina social sobre los derechos humanos en Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI o Francisco, en apoyo también a la razón que reconoce a la libertad religiosa como base o fundamento del edificio de los derechos humanos fundamentales inviolables. Así podremos contribuir a la vertebración y edificación de esta sociedad nuestra democráticamente genuina, en libertad, en servicio toda ella al bien común y el bien de las personas. En esto todos podemos vernos unidos, encontrarnos y edificar un nuevo y gran futuro.

+ Antonio Cañizares Llovera
Arzobispo de Valencia

Avan

MANIFIESTO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 

Manifiesto por la libertad de expresión

Ante la polémica desatada por el autobús de HazteOir.org que ha puesto sobre la mesa el debate sobre la libertad de expresión en España, la ciudadanía está sumamente preocupada por las continuas agresiones a las libertades públicas concretas. Por ello,

CONSIDERAMOS:

Hoy en España se afianzan, bajo la cobertura de una supuesta “diversidad”, formas cada vez menos sutiles de intolerancia y discriminación. Hoy en España, el lenguaje y el discurso público adoptan rígidos patrones de corrección política que expulsan del sistema a quienes osan utilizar las expresiones proscritas.

Hoy en España, con la excusa de la “no discriminación”, la ciencia y la razón se sustituyen por ideologías que alteran el significado de la realidad.

Hoy en España, la defensa de los derechos de las minorías se convierte en algunas ocasiones en pretexto para imponer políticas contrarias a los derechos fundamentales, como las libertades de pensamiento y de expresión.

Hoy en España, la libertad desaparece sepultada por los intereses de grupos no elegidos democráticamente que, convertidos en lobbies, terminan imponiendo sus dogmas particulares.

Hoy en España, la educación se convierte en instrumento de adoctrinamiento usurpando los derechos de los padres a educar a sus hijos en libertad de acuerdo con sus creencias y valores.

Hoy en España, los poderes públicos destinan recursos a la creación de instrumentos de control de las costumbres, la cultura y las tradiciones. Así sucede en Madrid y otras ciudades con cuerpos de policía como las “unidades de gestión de la diversidad” para reprimir a los disidentes.

Hoy en España existe una mayoría social que es silenciada o perseguida por ser contraria a lo políticamente correcto.

Ante esta situación EXIGIMOS a los poderes públicos:

Que respeten los derechos de todas las personas y no se inmiscuyan en su forma de pensar y actuar, ni en su vida privada, ni impongan ningún tipo de adoctrinamiento educativo.

Que no se impongan y prevalezcan los intereses de grupos minoritarios vulnerando los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos.

Si nos callan, te callan. Firma nuestro manifiesto por la #LibertadExpresion http://www.LibertadDeExpresion.es
#ElBusQueNoMiente @hazteoir

https://go.citizengo.org/firmamanifiestolibertaddeexpresion.html

Era Obama: ¿la libertad de expresión en riesgo?

La Administración del reciente Nodel de la Paz declara abiertamente la guerra a varios medios de comunicación, entre ellos la Fox, la cadena por cable con más audiencia.Obama ha entrado en un terreno peligroso.

Barack Obama, premio Nobel de la Paz

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha tomado la decisión de atacar a la cadena televisiva Fox. La directora de comunicaciones del reciente premio Nobel de la Paz ha afirmado que a partir de ahora no la considerará como un medio de comunicación sino como un adversario político.
 
Anita Dunn, directora de comunicaciones de la Casa Blanca ha afirmado: “Les trataremos como trataríamos a un opositor político”, ya que, según la portavoz, “no tenemos por qué hacer ver que ésta es la manera de comportarse de una organización periodística“.

Hace semanas que los cooperadores de la Administración Obama han dejado de frecuentar los programa de la Fox News y en septiembre el presidente excluyó a la Fox de la lista de medios a los que acudió en una ronda de programas dominicales.

Con este gesto la Administración Obama declara la guerra a varios medios, en especial la Fox, propiedad del magnate mediático Rupert Murdoch.
¿Poder Ejecutivo vs. Poder Judicial?

Si cada Gobierno toma el criterio de considerar cómo tratar un medio de comunicación que mantiene una línea agresiva con su gobierno, el Ejecutivo se adentra en un conflicto con la libertad de expresión. Incluso si el medio de comunicación en cuestión se excede en su crítica deberá ser la Justicia la que dirima si sobrepasa los límites legítimos o no, nunca el Gobierno.

Seguramente, la cadena televisiva Fox sea muy contundente en sus críticas a las políticas de Obama pero los límites de la libertad de expresión los acota el Poder Judicial en un Estado de Derecho.

Cabe preguntarse qué habría pasado si el ex presidente George W. Bush hubiera hecho lo mismo con la CNN o el Partido Popular, cuando estaba en el poder, con los diarios Público o El País.

Obama se adentra en un terreno peligroso porque parece que pretende guiar la libertad de expresión a través de la vía Ejecutiva y leyes indirectas como la recientemente aprobada sobre el financiamiento de las campañas.

Estas leyes indirectas ofrecen al Ejecutivo la capacidad de juicio cuando una opinión es considerada ‘excesiva’. Este hecho, en un sistema democrático, constituido a partir de los tres poderes fácticos, no puede suceder ya que enfrenta dos de los poderes que deberían ser independientes.

Este aspecto entraña una punta de totalitarismo al generar mecanismos de intervención directa por parte del Ejecutivo. El recurso contra esta posibilidad que Obama está llevando al límite -sino sobrepasando- es la interpretación de las leyes que la Justicia debe resolver.

Las campañas y el dinero dudoso

La Administración Obama aprobó la ley de financiación de las campañas (no sólo políticas) que ha convertido en víctimas a los católicos de Estados Unidos que ven violada su libertad de expresión. Respondiendo a este hecho se ha creado una coalición de organizaciones que se ven afectadas bajo el nombre de Ciudadanos Unidos.

El abogado Bill Maurer, director ejecutivo en Washington del Institute for Justice y que es uno de los miembros más activos de Ciudadanos Unidos ha afirmado que “si el gobierno tiene la posibilidad de determinar cuándo la influencia de una de las partes de un debate político se ha vuelto ‘excesiva’ o ‘indebida’, entonces es el gobierno el que tendrá la capacidad de acabar con la voz de un ponente para hacer que el debate sea ‘justo’“.

En una entrevista al portal de noticias Zenit.org, el abogado afirma que “en un momento en que muchas de las enseñanzas y creencias de la Iglesia entran en conflicto con muchas creencias del ‘establishment’ político del país, los católicos deberían recordar que dar al gobierno los medios para controlar el debate político puede dar como resultado el silencio de los que disienten políticamente“.

Maurer explica que con la nueva ley la organización que quiere hacer una campaña “tiene que formar un comité sobre el tema y declarar sus nombres, direcciones, y las personas para quienes trabajan, de manera que el gobierno pueda publicarlos en una base de datos en internet”, por lo que, según el experto, “estas obligaciones desalientan enormemente la implicación de las personas en la actividad política“.

 

Católicos ven en peligro su libertad de expresión en Estados Unidos

Católicos en los Estados Unidos, e incluso las mismas diócesis, se han convertido en víctimas de la ley de financiación de campañas en general (no sólo políticas) que violan su libertad de expresión a través
En respuesta a esta emergencia se ha creado una coalición de organizaciones, que abarcan todo el espectro político con el nombre de Ciudadanos Unidos.
Para comprender mejor el alcance de las leyes de financiación de campañas, el abogado Bill Maurer, director ejecutivo en Washington del Institute for Justice, uno de los miembros m&aacute ;s activos de Ciudadanos Unidos.
Maurer ha compartido con ZENIT los motivos por los que los católicos, sobre todo debido a su historia de persecución y su estatus de minoría y de extranjeros, deberían mostrarse escépticos ante leyes que limitan la capacidad de hablar sobre asuntos políticos.

–¿Deben los católicos sospechar de la reforma de las leyes sobre financiación de campañas?

–Maurer: Todos los norteamericanos deberían tener sospechas ante los intentos del gobierno de regular y restringir la actividad política. Los católicos, que en el pasado han sufrido discriminación a manos de una mayoría hostil, deberían preocuparse precisamente por no dar al gobierno herramientas que pueda usar para silenciar la voz de quien discrepa.
Si el gobierno tiene la posibilidad de determinar cuándo la influencia de una de las partes de un debate político se ha vuelto “excesiva” o “indebida”, entonces es el gobierno el que tendrá la capacidad de acabar con la voz de un ponente para hacer que el debate sea “justo”.
No sorprendería a nadie que el gobierno concluyera que las voces que es necesario enmudecer son las de aquellos que se oponen al poder. A este respecto, los católicos son plenamente conscientes de la larga tradición de cómo algunos en este país se han lamentado de la “indebida” influencia de la Iglesia en los asuntos del gobierno.

En cuanto al dinero en política, en un país tan grande como éste, el dinero es un instrumento absolutamente esencial para que los oradores lleguen al público. Bastante simple, dado lo mucho que hace el gobierno a nivel estatal y federal, sorprende que los norteamericanos no gasten más dinero en el discurso político.
Mientras el gobi erno se hace más grande y llega a áreas de la vida de las personas como nunca antes había hecho, la necesidad de un debate público informado sobre qué ocurre en el gobierno se vuelve más apremiante que nunca. La capacidad del público para escuchar las ideas políticas no debe limitarse a los que tengan los recursos o la capacidad para escuchar a un político en persona.

–¿Cómo afectan en general las leyes de financiación de campañas a la participación política tanto de obispos como de laicos? ¿Puede dar usted ejemplos concretos?

–Maurer: Los obispos y otros miembros del clero suelen ser bastante discretos sobre las actividades políticas, no tanto por las leyes de financiación de campañas sino debido a las restricciones de actividades políticas relacionadas con el mantenimiento del estatus de exención de impuesto s de la Iglesia.Sin embargo, cuando los obispos y el clero se implican en campañas concretas, como contra las iniciativas del estado en temas de vida humana, tienen las mismas restricciones que otros ciudadanos.
Por ejemplo, si se organizan para dedicar dinero a oponerse a la iniciativa “muerte con dignidad”, como la del estado de Washington, tienen que formar un comité sobre el tema y declarar sus nombres, direcciones, y las personas para quienes trabajan, de manera que el gobierno pueda publicarlos en una base de datos en internet.

Estas obligaciones desalientan enormemente la implicación de las personas en la actividad política.
Por ejemplo, los donantes a la iniciativa contra el matrimonio homosexual en California (proposición 8) se convirtieron en objeto de amenazas, boicots, manifestaciones y represalias económicas, después de que quienes se oponían a la iniciativa vieron la información de sus donaciones en la página web del estado.
Al mismo tiempo, quienes se oponían a la medida afirmaron que quienes la proponían utilizaron esta información para intentar chantajear a los donantes para que hicieran aportaciones iguales al otro bando. El acoso político es, en ocasiones, un juego de igualdad de oportunidades.

En cuanto a los laicos, cuando la gente se une y dedica sus recursos a perseguir un cambio político, suelen descubrir que sus esfuerzos se someten a las leyes de financiación de campañas.
De hecho, una de las principales leyes de financiación de campañas de los últimos cinco años tuvo que ver con los esfuerzos del Wisconsin Right to Life para presionar a dos senadores a que votasen a los candidatos judiciales del presidente Bush, una actividad que entraba dentro de las restricciones legales a la financiación de campañ as porque uno de los dos senadores intentaba ser reelegido.

–Hace poco, la diócesis de Bridgeport fue investigada por el estado de Connecticut por violar supuestamente su ley de procedencia asociativa cuando animó a los católicos a que se opusieran a una ley que afectaría al gobierno de la Iglesia. ¿Qué ocurrió en este caso? ¿Cree usted que veremos otras instancias del gobierno regulando la voz de la Iglesia en la plaza pública?

–Maurer: En marzo de 2009, la Asamblea General de Connecticut sometió a debate una legislación que habría privado a los sacerdotes y a los obispos de la capacidad de sentarse en los organismos de las corporaciones que controlan la propiedad parroquial en Connecticut, y que ordenaba que los organismos de gobierno de estas corporaciones estuvieran formados sólo por miembros laicos de la parroquia.

En respuesta a lo que se consideró un desafío directo a la autoridad de la Iglesia sobre el funcionamiento interno de sus parroquias, la diócesis de Bridgeport puso información sobre la ley en su página web y pidió  a los pastores que leyeran una declaración en la misa dominical animando a oponerse a la ley.
La Iglesia también ha animado a sus fieles a asistir a una concentración y a contactar con los legisladores.
Estos esfuerzos llevaron a que la diócesis fuera investigada por la Connecticut Office of State Ethics (OSE) por violar la ley de procedencia asociativa del estado, que exige registrarse ante el estado si una entidad se implica en “solicitar a otros que se comuniquen con cualquier funcionario o su equipo de la rama legislativa o ejecutiva del gobierno… con el propósito de influir cualquier actuación legislativa o administrativa”.

La diócesis planteó&n bsp;un pleito ante el tribunal federal desafiando la constitucionalidad de esta ley pero, después de que el Fiscal General de Connecticut concluyera que las actividades de la Iglesia entran dentro de una excepción estatutaria, la OSE cesó su investigación y la diócesis retiró voluntariamente su demanda.
La experiencia de la archidiócesis de Bridgeport es desgraciadamente muy común.

Los norteamericanos suelen verse envueltos en complejas y amplísimas leyes de financiación de campañas cuando se dedican a actividades que consideran con razón que están protegidas por la Primera Enmienda.
Aunque no hayan violado ley alguna, el coste emocional y económico de ser investigado por el gobierno puede ser algo aplastante.

Cualquier iglesia que cruce el umbral de “procedencia asociativa” puede sufrir el mismo destino que la archidiócesis de Bridgeport si anima a sus fieles a actuar en temas públicos vitales para la fe católica. Estas parroquias pueden verse usando sus recursos finitos para defenderse contra los inspectores del gobierno en lugar de usar ese dinero para llevar adelante su misión apostólica.

–¿Qué  principios deben tener en mente los católicos cuando valoran las diversas propuestas de reforma de la participación en el proceso político?

–Maurer: En un momento en que muchas de las enseñanzas y creencias de la Iglesia entran en conflicto con muchas creencias del “establishment” político del país, los católicos deberían recordar que dar al gobierno los medios para controlar el debate político puede dar como resultado el silencio de los que disienten políticamente.
En los ejemplos que antes he mencionado – la Proposición 8, el caso del Derecho a la Vida en Wisconsin, y las experiencias de la diócesis de Bridgeport – las leyes de financiación de campañas se han utilizado para intentar acabar con la actividad política que apoyaba los puntos de vista de la Iglesia. La lección es que cuando el gobierno tiene el poder de regular el mismo discurso político, cualquier orador puede verse silenciado.

El gobierno ya no investiga y registra las actividades de los políticos extranjeros, como hizo con los derechos civiles y los movimientos contra la guerra en los años sesenta. Ahora obliga a los ciudadanos a registrarse y luego hace una base de datos de las actividades de los ciudadanos a disposición de cualquiera con acceso a un ordenador y a internet.
Esto no puede ser un buen desarrollo para una Iglesia que habla con tanta frecuencia en contra de los puntos de vista que predominan entre quienes están en el gobierno.

Con cada propuesta de “reformar” las leyes de financiación de campañas, los católicos deberían preguntarse a sí mismos: (1) esto animará o desanimará el discurso y la actividad políticas, (2) esto interferirá en la capacidad de quienes son una minoría de expresar sin reservas sus puntos de vista, y  (3) esta propuesta dará a quienes están en el poder un instrumento con el que suprimir los puntos de vista de quienes discrepan con ellos.
En última instancia, los católicos deben apoyar una plaza pública vibrante y no regulada, donde la verdad y la sabiduría de los temas que afectan a todas nuestras vidas se debatan de forma libre y apasionada.

Santa Sede: Libertad religiosa es libertad de expresión, no solo de culto

Intervención de monseñor Tomasi en el Consejo sobre Derechos Humanos

 La libertad religiosa no puede limitarse al libre ejercicio de culto, sino que debe considerar la dimensión pública de la religión, y por tanto, posibilitar a los creyentes que jueguen su parte en la construcción del orden social.

Así lo subrayó el observador permanente de la Santa Sede ante la oficina de la ONU en Ginebra (Suiza), monseñor Silvano Tomasi, el pasado 30 de septiembre de 2009, con ocasión de la XII Sesión Ordinaria del Consejo de los Ferechos del Hombre.
El prelado afirmó que “sólo un enfoque integrado basado en el respeto pleno del derecho a la libertad de religión puede ser la respuesta en la lucha contra el fenómeno de antiguas y nuevas formas de discriminación sobre la base de las convicciones y las prácticas religiosas”.
Monseñor Tomasi advirtió que las manifestaciones de intolerancia religiosa son “crecientes” y “están socavando los derechos de todas las personas de cualquier religión y creencia”.
“Prácticamente todas las minorías religiosas son discriminadas en todo el mundo”, problema ante el cual “es necesaria una solución concertada”.

Medios de comunicación
Especialmente, monseñor Tomasi subrayó la importancia de los medios de comunicación social cmo vehículos de la libertad de expresión.
“Los medios de comunicación pueden ser usa dos para construir y sostener la comunidad humana en todos sus aspectos económicos, políticos, culturales, educativas y religiosas, para el enriquecimiento de bienestar de las personas y su espiritualidad”.
Pero también pueden usarse “para perjudicar al bien integral de la persona, para incitar al odio, a marginar y alienar a las personas y para estereotiparlas basándose en la raza y origen étnico, sexo, edad y religión”.
En el campo de la religión, el prelado explicó que hay dos posturas contradictorias, y que ambas deben ser superadas.
“Los medios de comunicación suelen ignorar y marginar la doctrina religiosa; las ideas, prácticas, experiencias y sentimientos de las personas religiosas son menospreciados y la religión es juzgada según las normas seculares. Esto puede llevar a un tratamiento hostil de los grupos religiosos” .
Por otra parte, advirtió, “la religión puede juzgar negativamente a los medios de comunicación y fomentar el exclusivismo religioso que fomenta el desprecio y hostilidad hacia los demás”.
Ante esto, el prelado considera la libertad de expresión “no sólo un derecho, sino también un deber que debe ser fortalecido”.
“Sin embargo, cualquier forma de incitación al odio que afecte a la persona humana y sus derechos es inaceptable”, advirtió.
“Todos los usuarios deben evitar el intercambio de palabras e imágenes que sean degradantes para el ser humano, que promuevan el odio y la intolerancia, que se aprovechen de los vulnerables”.
“Cuando las personas están realizando su deber y derecho social a informar, están llamados a tener en cuenta los principios de la ética social, como la verdad, la solidaridad, la tolerancia, la equ idad, los principios que forman la piedra angular de la justicia, la equidad, el respeto por la privacidad, la subsidiariedad”.
“Los medios de comunicación también deben permanecer al servicio de la persona”, subrayó.
Por último, concluyó, “las autoridades civiles deben garantizar el derecho a criticar el trabajo de los medios de comunicación y facilitando la participación de todos, especialmente de los grupos étnicos y minorías religiosas, en la toma de decisiones de políticas de comunicación”.

Obispos venezolanos defienden enérgicamente vida, familia y libertad de expresión

Al finalizar su Asamblea Plenaria, la Conferencia Episcopal de Venezuela, emitió distintos pronunciamiento en el que resaltan la urgente necesidad de respetar la libertad de expresión, especialmente en los medios de comunicación; y denunció algunos ataques que se pretende institucionalizar en el país contra la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer.

En su comunicado emitido ante “el proyecto de Ley Orgánica para la equidad e igualdad de género”, los prelados precisan que aún cuando esta iniciativa “plantea entre sus objetivos desarrollar principios de igualdad y solidaridad y fortalecer el respeto a los derechos humanos de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes”, se puede constatar que en ella “se cometen graves violaciones y daños irreparables a derechos y estructuras fundamentales de la sociedad venezolana reconocidos y garantizados en nuestro texto Constitucional”.

“Frente a los graves daños que ya ha estado sufriendo el matrimonio y la familia por el deterioro económico, social y moral y por el impacto de una cultura pan sexual que atenta contra su estructura social y jurídica, se suma este nuevo intento legislativo de la Asamblea Nacional, que la Iglesia Católica, lo mismo que otras iglesias cristianas hermanas y otros credos, ve con suma preocupación“, advierten, ya que legitima a las “uniones del mismo sexo, otorgándoles los mismos efectos jurídicos y patrimoniales que a los del matrimonio; en el proyecto de la nueva ley estos derechos quedan jurídicamente vulnerados. Igualmente desconoce la protección constitucional al derecho a la inviolabilidad de la vida humana, sea por medios anticonceptivos o por el aborto“.

Por esto, los prelados explican que “cuando la institución del Matrimonio y de la familia, que son los pilares de una sociedad, están amenazados por situaciones sociales, económicas, ideológicas o jurídicas, las diversas instituciones de la sociedad deben ponerse en movimiento para su defensa. En consecuencia es legítima la reacción y el rechazo de la sociedad cuando se pone en peligro la dignidad de la persona humana y los derechos que le son inherentes, como el de gozar de una estructura familiar constituida por un hombre y una mujer y sus hijos”.

De ese modo, “todos los hombres y mujeres de Venezuela” deben asumir “una actitud vigilante de estudio y discusión de este nuevo proyecto de Ley que de ser aprobado comprometería gravemente el futuro de nuestra sociedad; e invitamos a trabajar y hacer proposiciones que contribuyan a la dignificación de la persona humana y rechacen cuanto contribuya al debilitamiento de derechos tan fundamentales como: dignidad y respeto a la persona humana y la estructura natural del matrimonio y la familia”.

Ley de medios

Ante el proyecto de ley que pretende limitar o suprimir la libertad de expresión en los medios de comunicación, el Episcopado venezolano explica que este derecho fundamental está amparado en la Constitución de Venezuela, y lamenta que “en ocasiones las instituciones que detentan el poder, por motivos políticos o económicos, entre otros, coartan la libertad de expresión, amedrentando, interviniendo, manipulando las políticas comunicacionales, estableciendo normas y reglamentos limitantes, controlando los medios y creando legislaciones coercitivas que ahogan la libertad de expresión y violan el derecho a la información”.

“Hay que estar alerta ante estas situaciones, que debilitan el estado de derecho“, precisan.

Asimismo, deploran “el uso irresponsable de la libertad que lleva al libertinaje de expresión y lesiona los derechos humanos, sin tener en cuenta sus límites que le son dados por la dignidad de la persona humana y el bien común. No hay libertad cuando los medios, estén en manos privadas o en manos del gobierno, informan sólo lo que les interesa, ocultando noticias, tergiversando sucesos y no permitiendo el acceso a la opinión pública a quienes no están alineados con ellos”.

Finalmente expresan su “preocupación que decretos y legislaciones sin suficiente consulta y sin consenso en esta materia pretenden imponer hegemónicamente una determinada visión de la vida y de la sociedad”.

UGT y la Libertad de expresión.

¡Protege mi vida! Campaña de la CEE

 

 

UGT exige la retirada de un cartel de la CEE contra el aborto en un hospital de Aragón Nuevo intento de coartar la libertad de expresión a la Iglesia. Ha sucedido en el Hospital Militar de Zaragoza donde en un tablón de anuncios se colocó un cartel de la campaña de la Conferencia Episcopal Española (CEE) a favor de la vida y contra el aborto. A UGT no le ha gustado y ha exigido su retirada.

 El cartel de la Conferencia Episcopal  contra el aborto bajo el lema “Protege mi vida!” provoca suspicacias y malestar, tanto en ciudadanos que son atendidos en el centro, como en trabajadores del mismo”  asegura a través de un comunicado de la Federación de Servicios Públicos de UGT Aragón.

 En la nota del sindicato se asegura que el Hospital Militar de Zaragoza es un centro público, sostenido con fondos públicos y por eso no es de recibo que se utilice el tablón de anuncios de la Administración para fines políticos y contrarios a los procesos democráticos”.

 La Federación de Servicios Públicos de UGT en Aragón ha instado a que se retire el cartel del tablón de anuncios “cuanto antes”  y ha añadido que “no creemos que el lugar elegido para exposición del cartel de la CEE responda a ninguna necesidad relacionada con la asistencia sanitaria de un centro médico, sino tal vez relacionada con cierta intención de coacción de tipo político hacia los ciudadanos atendidos en dicho hospital y trabajadores del mismo”.