Ramona Estévez, 8 días de agonía de hambre y sed

Ramona Estévez, de 90 años, lleva 8 días sin recibir alimento ni agua. Su situación es crítica. Ramona está en coma, como consecuencia de un infarto cerebral. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha decidido que su vida no es digna y que, para vivir así, es mejor que muera. En consecuencia, la consejera de Salud, doña María Jesús Montero, ordenó el pasado 23 de agosto retirarle la sonda por la que recibía el alimento y el agua indispensables para toda persona.

Ramona se está muriendo, pero no por su enfermedad, sino de hambre y de sed.

Se está muriendo en un hospital de Huelva, privada de los cuidados básicos mínimos, como son la comida y el agua. ¿Es esta la idea de una “muerte digna” que tiene la señora consejera de Salud de la Junta de Andalucía?

Desde que conocimos este caso por las noticias en la Prensa, hemos hecho lo siguiente:

Presentamos un escrito al juez, pidiéndole que tutele los derechos de Ramona Estévez.
Presentamos una querella contra la consejera de Salud de la Junta, por un posible delito de omisión del deber de socorro.
Hemos activado una alerta cívica para instar al Fiscal General del Estado a actuar en este caso: la eutanasia sigue siendo un delito en España.

Por favor, ayúdame a pedirle al Fiscal Conde-Pumpido que intervenga para tutelar los derechos de Ramona Estévez.

Si no lo has hecho todavía, pincha en el siguiente enlace para enviar tu petición al Fiscal General del Estado:

http://www.hazteoir.org/firma/40966-firma-s-o-s-ramona-estevez

El Gobierno de Rodríguez Zapatero y de Rubalcaba quiere que aceptemos las prácticas eutanásicas como algo digno y compasivo.

Es su forma de preparar la Opinión Pública para una ley de eutanasia que, si pueden y si les da tiempo, sacarán adelante antes de las Elecciones Generales.

Hay mucho en juego en el caso de Ramona Estévez. Están en juego el derecho a vivir con dignidad hasta el final, el derecho a recibir unos cuidados paliativos de calidad, el derecho a confiar en las indicaciones médicas, el derecho a la libre conciencia de los médicos.

Por todos estos motivos, la Justicia debe tutelar los derechos de Ramona Estévez. No aceptes que un Gobierno, cualquier gobierno, decida qué vida es digna y cuál no lo es.

Pide al Fiscal General del Estado que intervenga en el caso de Ramona Estévez y obtenga la tutela judicial de sus derechos.

Por desgracia, nos queda muy poco tiempo. Hace once días que Ramona no recibe una gota de suero en su cama del hospital, y se está muriendo de hambre y sed porque así lo han decidido otros.

Anima a tus amigos y familiares a que envíen su petición al Fiscal General del Estado:

http://www.hazteoir.org/firma/40966-firma-s-o-s-ramona-estevez

La Ley de Muerte digna abriría la puerta a la Eutanasia de menores y disminuidos

· Denuncian la existencia de una “hoja de ruta” para la legalización de facto del derecho a la Eutanasia.

· Evidencian que la voluntad del Gobierno es proteger a quienes practican eutanasias encubiertas.

· Se elimina la objeción de conciencia y se multará a los médicos objetores con 600.000€. Se cerrarán hospitales y clínicas privadas que se nieguen a realizar estas prácticas.

· Se anteponen el criterio de los pacientes incapacitados a las consideraciones e indicaciones de los profesionales sanitarios.

 La Asociación Estatal de Abogados Cristianos (AEAC), entidad consultora ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, ha remitido a estos organismos y a instituciones españolas (Consejo de Estado) un estudio que analiza pormenorizadamente  las consecuencias prácticas del anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos y Ley de Muerte Digna.

 El informe, advierte sobre la pretensión de dar protección y seguridad jurídica a quienes practiquen eutanasias encubiertas o sedaciones irregulares, mientras que por contra se persigue duramente a los profesionales médicos que, bajo a su derecho a la objeción de conciencia, se nieguen a efectuar estas prácticas, con sanciones de hasta 600.000€.

 La normativa prevé también el cierre temporal de hasta 5 años de clínicas y hospitales privados que rechacen adoptar estas prácticas.

Tras el análisis del anteproyecto se revela que, amparándose en la autonomía del paciente, se antepone la voluntad de incapacitados o menores, a los criterios médicos basados en indicaciones científicas. A tal efecto, el articulado declara el derecho a la sedación aun cuando no pueda ser prescrita por contraindicaciones del tratamiento.

 Sin embargo, el anteproyecto introduce el concepto subjetivo de “calidad de la vida” como medida para el abandono de las prácticas terapéuticas. De esta forma se  deja,  a absoluta libertad del médico, decidir sobre la prolongación o finalización de la vida en base a criterios subjetivos, que podrían estar fuera de consideraciones puramente médicas (coste de los tratamientos, camas libres, etc.)

 “En definitiva”, apunta Polonia Castellanos portavoz de la AEAC, “las conclusiones del estudio alertan sobre los cambios trascendentales que introduce el nuevo ordenamiento que, a nuestra opinión, desvela la pretensión del Gobierno para introducir una “hoja de ruta” que acabe con la declaración de la Eutanasia como un derecho de facto.”


Los colegios de médicos rechazan “rotundamente” la futura Ley de la Muerte Digna.

ANUNCIADA POR EL GOBIERNO ANDALUZ

Los colegios de médicos rechazan “rotundamente” la futura Ley de la Muerte Digna

Médicos en contra de la Ley de la Muerte Digna que quiere llevar a cabo el Gobierno andaluz. Así lo ha puesto de manifiesto la Organización Médica Colegial de España (OME), que ha mostrado su “rotundo rechazo” frente al anteproyecto de ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte propuesto desde la Consejería de Salud andaluza, ya que lo consideran innecesario porque ya hay legislación y porque crea confusión. La Organización Médica Colegial de España (OME) ha mostrado su “rotundo rechazo” frente al anteproyecto de ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, Ley de la Muerte Digna, propuesto desde la Consejería de Salud de Andalucía que consideran innecesaria porque ya hay legislación y porque incluye un duro contenido sancionador a los médicos que no acepten los dictados de la Junta, sanciones que pueden llegar a concretarse en multas de un millón de euros. Además condenan que el proyecto es inoportuno porque crea confusión en la sociedad hasta el punto de estar confundiéndose con una Ley de Eutanasia.

Según el presidente de la OME, el sevillano Isacio Sigueros, hay ya normas con la que regula las voluntades anticipadas o el testamento vital que aportan las garantías que necesitan los enfermos en estos asuntos. Podrían haberse desarrollado las normas que ya existen. Para Sigueros, la norma andaluza, sin precedentes en Europa, contiene un régimen sancionador para los médicos que, en su caso, aleguen para sus decisiones objeción de conciencia. Según el presidente de la OME, es poco razonable que un profesional de la medicina en un quirófano esté preocupado por la multa que le va a caer o la ruina que se va a buscar si contraríe los deseos de la Junta de Andalucía. En el proyecto de la Junta de Andalucía están previstas sanciones de hasta un millón de euros, algo inexistente en Europa.

Por su parte la Consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero, ha afirmado que la futura Ley de Muerte Digna no podrá conculcar el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, ya que éste es “un derecho básico”, como también lo es el derecho de los pacientes a recibir la mejor atención. En declaraciones a los periodistas, Montero, quien precisamente inauguró hoy en Córdoba las VIII Jornadas de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, explicó que el citado anteproyecto de Ley, cuya tramitación se inició este mes por el Gobierno andaluz, en lo que se refiere a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios “no tiene competencia, pues es un derecho básico que, por tanto y a nuestro juicio, se tiene que regular a nivel estatal”.

Sin embargo, la consejera de Salud reconoció que ésta “es una materia jurídicamente compleja”, que la Administración autonómica está estudiando, para así incorporar a la futura Ley “las cuestiones que pretendan salvaguardar la práctica profesional y garantizar la atención a los pacientes”.