Lavabos compartidos, ya ha llegado. Anteproyecto de la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana.

Esto nos espera:

La Comisión Delegada de Inclusión y Derechos Sociales verá esta semana el anteproyecto de ley de Identidad de Género

La Comisión Delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales que se reunirá el próximo martes 5 de julio, conocerá, entre otros asuntos, el anteproyecto de la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana.

Este organismo, presidido por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y con la participación de los titulares de las conselleries de Sanidad, Justicia, Economía, Vivienda, Educación, Transparencia y Responsabilidad Social y Hacienda, es la encargada de coordinar el desarrollo trasversal de las políticas sociales en el Consell.

El anteproyecto de ley, elaborado por la Dirección General de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad, dependiente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tiene por objeto establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho de autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género sentida diferente a la asignada en el momento de su nacimiento.

La norma ha sido ampliamente consensuada con entidades sociales y partidos políticos, que participaron en las jornadas puestas en marcha por la Conselleria de Igualdad y que han dado como resultado un texto que regula los derechos de estas personas en ámbitos tan diversos como el educativo, el sanitario, el social o el administrativo.

En este sentido, el texto recoge, entre otras cuestiones, el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas transexuales, libremente manifestada, “sin la necesidad de prueba psicológica o médica” y plantea la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria para favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación.

En el terreno educativo, la normativa prevé el desarrollo de un protocolo de atención educativa a la identidad de género que implicará la adecuación de la documentación administrativa de exposición pública y la que pueda dirigirse al alumnado y sus familias, haciendo figurar el nombre escogido por el alumno o alumna, con el consentimiento de sus representantes legales.

También se compromete a garantizar el acceso y el uso de las instalaciones del centro de acuerdo con la identidad de género sentida, incluyendo los lavabos y los vestuarios y que la comunidad educativa del centro se dirija a las personas trans por el nombre que hayan elegido.

Orden del día de la Comisión

El orden del día de la comisión del próximo martes incluye además la revisión del acuerdo adoptado sobre el procedimiento de coordinación de ayudas, subvenciones, recursos o servicios en materia de derechos sociales.

Asimismo, tratará la aprobación, en su caso, del documento sobre las transversalidades entre consellerias de las políticas sociales y el informe de los grupos de trabajo del espacio sociosanitario y del espacio socioeducativo, así como del grupo de trabajo del mapa de las desigualdades.

Por último, estudiará una petición relacionada con el Fondo de Garantía de Pensiones por Alimentos de la Generalitat (decreto 3/2003, de 21 de enero) y también la petición en relación a la problemática de los enfermos ambientales.

Funciones de la Comisión

La Comisión Delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales se centra en aquellos asuntos que le delegue el Consell y que sean relativos a políticas de igualdad, de lucha contra la pobreza o relativas al espacio sociosanitario, entre otras cuestiones, con el objetivo de que se puedan tratar de una manera más sectorializada de lo que se tratan en el pleno del Consell.

La comisión tiene, entre sus funciones, la de diagnosticar las necesidades globales a atender en el ámbito de las políticas sociales, de igualdad, servicios sociales, atención sociosanitaria, educativas y de justicia.

También tiene el cometido de analizar los recursos económicos y organizativos disponibles, así como proponer su asignación eficiente, priorizar las políticas sociales de la Generalitat, definir los ejes programáticos de actuación y establecer los criterios básicos de coordinación.

Del mismo modo, se ocupa del seguimiento, evaluación y control de resultados de los programas de acción social emprendidos por la Generalitat, así como cualquier otro asunto que le sea delegado desde el Consell.

Menores desprotegidos por Ley.

ESTO SE HARÁ REALIDAD EN BREVE:

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado que el anteproyecto de la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana va a representar “un cambio estructural en la sociedad, porque con su aplicación se conseguirá una sociedad mucho más respetuosa, que contemple la diversidad como un valor y no como una amenaza”.

Oltra ha hecho estas declaraciones en un acto en el que se ha presentado este anteproyecto de ley, el primero elaborado por el equipo de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en colaboración con las consellerias con competencias en educación, sanidad, justicia y trabajo, y consensuada con entidades sociales y partidos políticos.

La norma regula los derechos de las personas trans en ámbitos tan diversos como el educativo, el sanitario, el social o el administrativo, con la finalidad de establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho de autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género sentida diferente a la asignada en el momento de su nacimiento.

Leyes como la que presentamos, representan un cambio social de profundidad, que atiende una demanda social ampliamente reclamada”, ha afirmado, y ha añadido que este nuevo marco normativo abre “un camino de cambio que habla de derechos y de libertades, y seguro que a quien moleste no lo ha entendido, o vive o quiere vivir, en otra época“.

La vicepresidenta ha destacado, entre los hitos del proyecto normativo, que supone una despatologización de la transexualidad, en la medida en que ésta ya no será considerada como trastorno, sino como una expresión más de la diversidad humana. “La diversidad, la orientación o la expresión de género no son ninguna enfermedad, sino la capacidad del ser humano de decidir por si mismo”, ha incidido.

La opresión contra este colectivo, al igual que cualquier tipo de “violencias sociales dirigidas hacia las personas que no se adaptan a unos roles construidos socialmente”, implica “una opresión hacia toda la sociedad”, ha advertido.

Aspectos normativos

El objetivo de la norma es regular el reconocimiento legal del derecho a la identidad de género de toda persona en un ejercicio libre y sin presiones legales o sociales y, como concreción de dicho reconocimiento, garantizar que la ley aplicable a las personas no las patologiza o somete a condición de prejuicio sobre su capacidad, dignidad y habilidades.

El marco normativo regula aspectos tan necesarios para la plena integración de las personas trans en la sociedad, como el amparo en las fases iniciales del proceso de declaración de la propia identidad sentida, la tutela en las situaciones de minoría de edad o la atención gerontológica, especialmente en las residencias de la tercera edad, situaciones a las que ha de prestarse especial atención.

El texto recoge, entre otras cuestiones, el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas transexuales, libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica. Además, plantea la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas, con el objetivo de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación.

Del mismo modo, refleja la necesidad de que exista una coordinación entre las áreas de educación, sanidad e igualdad, para asegurar una rápida detección y actuación ante situaciones discriminatorias o que atentan contra la identidad de género expresada por las y los menores.

Derechos en el ámbito sanitario

En el ámbito sanitario, el anteproyecto de ley garantiza a las y los menores trans el acceso a tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y al tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad, para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad. Asimismo, dispondrán de un plan de seguimiento, acompañamiento y asesoramiento psicológico.

Por otro lado, según el proyecto normativo, desde el servicio sanitario público de la Comunitat Valenciana se ofertará a las personas trans una cartera de servicios, con un proceso de atención individualizado que facilite la toma de decisiones informadas.

La terapia sexológica, farmacológica y hormonal en el proceso de tránsito hacia el género sentido, así como apoyo psicológico durante las fases de hormonación y cirugías, están reflejados en el anteproyecto de la Ley de Identidad de Género.

En su articulado, además, incluye los tratamientos quirúrgicos de cirugía de exéresis de mama y genitales, reconstructiva de genitales y otros tratamientos médicos y quirúrgicos requeridos para la modificación corporal, que aseguren su congruencia con la identidad de género de las personas.

Protocolo de atención educativa a la identidad de género

En el terreno educativo, la normativa prevé el desarrollo de un protocolo de atención educativa a la identidad de género que implicará que los centros educativos de la Comunitat Valenciana deberán garantizar que la documentación administrativa de exposición pública, entre la que se encuentra las listas de clase o la información publicada en los tablones de anuncios escolares, recojan la identidad de género escogida por el alumnado, siempre con el consentimiento de sus madres, padres o tutores legales.

El protocolo establece, además, que se respetará la imagen física, así como la libre elección de la indumentaria del alumnado, el acceso y el uso de las instalaciones del centro de acuerdo con la identidad de género sentida, incluyendo los lavabos y los vestuarios, y que la comunidad educativa del centro se dirija a las personas trans por el nombre que hayan elegido.

El anteproyecto de ley establece que la Generalitat adoptará las medidas necesarias en el ámbito educativo para que se promueva el respeto y la protección del derecho a la identidad y la expresión de género en ese ámbito.

Medidas en el ámbito social y de empleo

En el terreno laboral, donde la exclusión de las personas trans es un muy alta, se establece la incorporación de este colectivo junto a aquellos que tienen mayor dificultad para acceder a un empleo, en cuanto a medidas de formación, orientación e inserción laboral.

También las personas trans verán reconocida su circunstancia específica en el ámbito social, pues la Generalitat elaborará un programa marco de actuación para su inclusión a través de los servicios sociales, que además velarán por su protección en el caso de menores de edad. El anteproyecto de ley también hace referencia a la protección especial en el caso de personas trans jóvenes, mayores, dependientes o con diversidad funcional.

Además, el texto incluye medidas en el ámbito del ocio, la cultura, el deporte, la cooperación, la comunicación y la seguridad y emergencias. En este último caso se incluye tanto un protocolo de atención a víctimas de delitos de odio por motivo de identidad o expresión de género, así como formación a los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias.

Infracciones y sanciones

Por último, el anteproyecto de ley dispone de un título sobre la tutela administrativa, con el objetivo de proteger a las personas trans frente a cualquier violación de su derecho a la igualdad, por lo que se establecen una seria de infracciones y sanciones por la realización de acciones u omisiones contrarias a los derechos recogidos en el texto.

Urgencia de #Podemos por abrazar la cultura de la muerte

Iniciativa 1 de 1

BOCV 35/IX de fecha 20.11.2015

Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre el
reconocimiento de la muerte digna y el derecho a recibir cuidados paliativos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-Podem (RE número 5.053)

A LA MESA DE LES CORTS

Fabiola Meco Tébar, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos-Podem,

según los artículos 160 y siguientes del Reglamento de Les Corts, presenta la siguiente proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre el reconocimiento de la muerte digna y del derecho a recibir cuidados paliativos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 149.1.16.ª de la Constitución española atribuye al Estado

la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general

de la sanidad.

La Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, reguladora del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana establece en su artículo 54 que son de competencia exclusiva de la comunidad, sin perjuicio de las facultades reservadas al Estado, «la organización, administración y gestión de todas las instituciones sanitarias públicas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana».

Asimismo, el Estatuto establece en su artículo 54.6 que «la Generalitat
garantizará los derechos de los ciudadanos a conocer los tratamientos
médicos a los que serán sometidos, sus posibles consecuencias y riesgos, y a dar su aprobación a aquellos de manera previa a su aplicación».
En la Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de derechos e información al paciente de la Comunidad Valenciana, en su artículo 3.10 se recoge como principio el derecho del paciente «a no ser sometido a procedimientos diagnósticos o terapéuticos de eficacia no comprobada, salvo si, previamente advertido de sus riesgos y ventajas, da su consentimiento por escrito y siempre de acuerdo con lo legislado para ensayos clínicos. Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento del procedimiento, debiendo quedar constancia en su historia clínica».

Asimismo, el artículo 17 de la citada norma regula el documento de voluntades anticipadas como aquel en el que una persona puede manifestar las instrucciones previas que sobre las actuaciones médicas se deben tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias no le permitan expresar libremente su voluntad, así como el deber de respeto de dicho documento por los servicios sanitarios y por cuantas personas tengan relación con el autor del mismo, incluyendo al o los representantes que pudiera designar una persona para dichos supuestos.

Por su parte, la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat,
de salud de la Comunitat Valenciana, establece en su artículo 3 que
uno de los principios rectores del sistema valenciano de salud es la
humanización de la asistencia sanitaria y de la atención sociosanitaria,
así como el respeto a la dignidad de la persona, a su intimidad y a
la autonomía de su voluntad en el ámbito de las actuaciones previstas
en la misma ley. Y el artículo 45 de esta norma categoriza como un derecho del paciente el de la elaboración de un documento de voluntades previas.

A nivel comunitario e internacional, se extiende de manera progresiva
el reconocimiento de la muerte digna y del derecho a recibir cuidados
paliativos como un elemento inherente a la dignidad humana en tanto
derecho fundamental reconocido en la Carta europea de los derechos humanos.

El primero de los derechos fundamentales recogidos en este texto es
la dignidad, por delante incluido del derecho a la vida. En su artículo
1, la carta establece que «la dignidad humana es inviolable y será respetada y protegida». El artículo 3 de la carta reconoce el derecho a la integridad física y psíquica.

La Recomendación 1.418/1999, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre «Protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos», ya hace referencia al reconocimiento de esa muerte digna y esos cuidados paliativos. La Recomendación 24/2003, del Consejo de Europa, sobre «la organización de los cuidados paliativos», recomienda que se adopten medidas legislativas para establecer un marco coherente sobre cuidados paliativos.
El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de
la biología y la medicina (Convenio sobre los derechos humanos y la
biomedicina), establece en su artículo 5 que una intervención en el
ámbito de la Declaración universal sobre bioética y derechos humanos, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005, determina en su artículo 5 que se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones.

II

El derecho a una vida digna incluye también el derecho a una buena muerte.
Cuando la enfermedad no tiene solución médica demostrada o es gravemente incapacitante y la muerte es inevitable o el sufrimiento es muy gravoso, los servicios sanitarios públicos deberían garantizar unos últimos momentos de vida y una muerte digna y sin sufrimientos, utilizando todos los recursos de la ciencia, incluida la sedación terminal, y el acompañamiento.

Por ello se han desarrollado los cuidados paliativos en el Estado y
en nuestra comunidad.

Pero el derecho a la disponibilidad de la propia vida en situación degrave enfermedad, discapacidad o sufrimiento intratable, sigue en entredicho. Así, el Código penal, en su artículo 143, considera punibles los actos de ayuda a la muerte sin cuya concurrencia ésta no sería posible, desprotegiendo a las personas que están en peor situación vital y que necesitan esa colaboración para morir. Es decir, prohíbe la eutanasia, que es el acto que de una forma directa y necesaria produce la muerte a una persona que lo ha solicitado libre y reiteradamente a causa de un padecimiento incurable que considera insoportable.

La cuestión fundamental que la sociedad se plantea es si debe permitirse o no asumir el propio control del proceso de morir; si una sociedad respetuosa con los derechos humanos, debe respetar también esa última parcela de la libertad individual.

En nuestra comunidad no existe a día de hoy una ley de muerte digna,solamente una regulación de voluntades previas y el registro correspondiente.

En base a todo ello, presentamos la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Les Corts instan al Consell a:

1. Intensificar la difusión del derecho al ejercicio de un testamento

vital, que continúa siendo en gran medida desconocido.

2. Potenciar los cuidados paliativos en nuestra comunidad para garantizar todos los días del año, y en toda nuestra geografía, una atención de calidad científica, técnica y humana, respetuosa con la biografía y la voluntad de cada persona, aumentando el número de unidades de hospitalización domiciliaria (UHD) encargadas también de los cuidados paliativos que actualmente son insuficientes.

3. Poner en marcha un programa de cuidados paliativos en la infancia

y adolescencia.

4. Garantizar el pleno cumplimiento de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente, para que nadie sea sometido a tratamientos médicos innecesarios contra su voluntad, respetando siempre la voluntad de las personas en su derecho a morir dignamente.

5. Programar una formación continuada específica sobre «la muerte digna y la enfermedad terminal» orientada a los profesionales sanitarios y no sanitarios del ámbito de la atención especializada, atención primaria, equipos de cuidados paliativos y de los comités de ética del servicio valenciano de salud de la Generalitat valenciana.

6. Elaborar un proyecto de ley de muerte digna de la Generalitat valenciana.

7. Proponer al gobierno del Estado la reforma del artículo 143.4 del Código penal de forma que quede exento de pena quien, mediante actos necesarios o de cooperación activa, facilite la muerte digna y sin dolor a una persona que lo solicita de forma expresa, libre e inequívoca, en caso de enfermedad grave o padecimientos permanentes e insoportables.

8. Instar, a su vez, al gobierno del Estado a que elabore una ley que regule la eutanasia y el suicidio asistido, para reconocer el derecho a la libre disposición de la propia vida y de la dignidad en el proceso de morir y para hacer legal lo que ya es real en nuestra sociedad.

Corts Valencianes, 12 de noviembre de 2015

Fabiola Meco Tébar posición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre el reconocimiento de la muerte digna y el derecho a recibir cuidados paliativos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-Podem (RE número 5.053)

A LA MESA DE LES CORTS

Fabiola Meco Tébar, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos-Podem, según los artículos 160 y siguientes del Reglamento de Les Corts, presenta la siguiente proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre el reconocimiento de la muerte digna y del derecho a recibir cuidados paliativos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 149.1.16.ª de la Constitución española atribuye al Estado
la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general
de la sanidad.
La Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, reguladora del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana establece en su artículo 54 que son de competencia exclusiva de la comunidad, sin perjuicio de las facultades reservadas al Estado, «la organización, administración y gestión de todas las instituciones sanitarias públicas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana».
Asimismo, el Estatuto establece en su artículo 54.6 que «la Generalitat
garantizará los derechos de los ciudadanos a conocer los tratamientos
médicos a los que serán sometidos, sus posibles consecuencias y riesgos, y a dar su aprobación a aquellos de manera previa a su aplicación».

En la Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de derechos e información al paciente de la Comunidad Valenciana, en su artículo 3.10 se recoge como principio el derecho del paciente «a no ser sometido a procedimientos diagnósticos o terapéuticos de eficacia no comprobada, salvo si, previamente advertido de sus riesgos y ventajas, da su consentimiento por escrito y siempre de acuerdo con lo legislado para ensayos clínicos. Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento del procedimiento, debiendo quedar constancia en su historia clínica».

Asimismo, el artículo 17 de la citada norma regula el documento de voluntades anticipadas como aquel en el que una persona puede manifestar las instrucciones previas que sobre las actuaciones médicas se deben tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias no le permitan expresar libremente su voluntad, así como el deber de respeto de dicho documento por los servicios sanitarios y por cuantas personas tengan relación con el autor del mismo, incluyendo al o los representantes que pudiera designar una persona para dichos supuestos.

Por su parte, la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat,
de salud de la Comunitat Valenciana, establece en su artículo 3 que
uno de los principios rectores del sistema valenciano de salud es la
humanización de la asistencia sanitaria y de la atención sociosanitaria,
así como el respeto a la dignidad de la persona, a su intimidad y a
la autonomía de su voluntad en el ámbito de las actuaciones previstas
en la misma ley. Y el artículo 45 de esta norma categoriza como un derecho del paciente el de la elaboración de un documento de voluntades previas.

A nivel comunitario e internacional, se extiende de manera progresiva
el reconocimiento de la muerte digna y del derecho a recibir cuidados
paliativos como un elemento inherente a la dignidad humana en tanto
derecho fundamental reconocido en la Carta europea de los derechos humanos.

El primero de los derechos fundamentales recogidos en este texto es
la dignidad, por delante incluido del derecho a la vida. En su artículo
1, la carta establece que «la dignidad humana es inviolable y será respetada y protegida». El artículo 3 de la carta reconoce el derecho a la integridad física y psíquica.

La Recomendación 1.418/1999, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre «Protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos», ya hace referencia al reconocimiento de esa muerte digna y esos cuidados paliativos. La Recomendación 24/2003, del Consejo de Europa, sobre «la organización de los cuidados paliativos», recomienda que se adopten medidas legislativas para establecer un marco coherente sobre cuidados paliativos.

El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de
la biología y la medicina (Convenio sobre los derechos humanos y la
biomedicina), establece en su artículo 5 que una intervención en el
ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona
afectada haya dado su libre e informado consentimiento. De igual manera, la Declaración universal sobre bioética y derechos humanos, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005, determina en su artículo 5 que se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones.

II

El derecho a una vida digna incluye también el derecho a una buena muerte.
Cuando la enfermedad no tiene solución médica demostrada o es gravemente incapacitante y la muerte es inevitable o el sufrimiento es muy gravoso, los servicios sanitarios públicos deberían garantizar unos últimos momentos de vida y una muerte digna y sin sufrimientos, utilizando todos los recursos de la ciencia, incluida la sedación terminal, y el acompañamiento.

Por ello se han desarrollado los cuidados paliativos en el Estado y
en nuestra comunidad.

Pero el derecho a la disponibilidad de la propia vida en situación de
grave enfermedad, discapacidad o sufrimiento intratable, sigue en entredicho.
Así, el Código penal, en su artículo 143, considera punibles los actos
de ayuda a la muerte sin cuya concurrencia ésta no sería posible,
desprotegiendo a las personas que están en peor situación vital y que necesitan esa colaboración para morir. Es decir, prohíbe la eutanasia, que es el acto que de una forma directa y necesaria produce la muerte a una persona que lo ha solicitado libre y reiteradamente a causa de un padecimiento incurable que considera insoportable.

La cuestión fundamental que la sociedad se plantea es si debe permitirse o no asumir el propio control del proceso de morir; si una sociedad respetuosa con los derechos humanos, debe respetar también esa última parcela de la libertad individual.

En nuestra comunidad no existe a día de hoy una ley de muerte digna,
solamente una regulación de voluntades previas y el registro correspondiente.

En base a todo ello, presentamos la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Les Corts instan al Consell a:

1. Intensificar la difusión del derecho al ejercicio de un testamento
vital, que continúa siendo en gran medida desconocido.

2. Potenciar los cuidados paliativos en nuestra comunidad para garantizar todos los días del año, y en toda nuestra geografía, una atención de calidad científica, técnica y humana, respetuosa con la biografía y la voluntad de cada persona, aumentando el número de unidades de hospitalización domiciliaria (UHD) encargadas también de los cuidados paliativos que actualmente son insuficientes.

3. Poner en marcha un programa de cuidados paliativos en la infancia
y adolescencia.

4. Garantizar el pleno cumplimiento de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente, para que nadie sea sometido a tratamientos médicos innecesarios contra su voluntad, respetando siempre la voluntad de las personas en su derecho a morir dignamente.

5. Programar una formación continuada específica sobre «la muerte digna y la enfermedad terminal» orientada a los profesionales sanitarios y no sanitarios del ámbito de la atención especializada, atención primaria, equipos de cuidados paliativos y de los comités de ética del servicio valenciano de salud de la Generalitat valenciana.

6. Elaborar un proyecto de ley de muerte digna de la Generalitat valenciana.

7. Proponer al gobierno del Estado la reforma del artículo 143.4 del
Código penal de forma que quede exento de pena quien, mediante actos necesarios o de cooperación activa, facilite la muerte digna y sin dolor a una persona que lo solicita de forma expresa, libre e inequívoca, en caso de enfermedad grave o padecimientos permanentes e insoportables.

8. Instar, a su vez, al gobierno del Estado a que elabore una ley que
regule la eutanasia y el suicidio asistido, para reconocer el derecho
a la libre disposición de la propia vida y de la dignidad en el proceso
de morir y para hacer legal lo que ya es real en nuestra sociedad.
Corts Valencianes, 12 de noviembre de 2015

Fabiola Meco Tébar

Valencia mostrará ecografías a las mujeres que se plantean abortar

Como sabes, el Tribunal Constitucional ha decidido, por un solo voto de diferencia, que la nueva ley del aborto puede ir exterminando seres humanos en masa, mientras los señores magistrados estudian los recursos presentados contra esta norma injusta y cruel.
¿Y ahora, qué? Ahora, todo. Hay mucho que hacer.

La resistencia pacífica a una ley injusta no sólo es un deber moral. También es legal y salvará vidas; vidas concretas de niños y niñas con nombres y apellidos.
Derecho a Vivir, el Centro Jurídico Tomás Moro y Andoc (Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia) presentaremos en los próximos días una completa y práctica Guía de la Objeción de Conciencia para profesionales sanitarios (ginecólogos, médicos de atención primaria, enfermeras, matronas,…).
Será un prontuario fácil de usar, con todas las preguntas y respuestas necesarias para objetar al aborto.
La inmensa mayoría de profesionales de la salud se niegan a practicar o colaborar en abortos.
Este documento les ayudará a defender su derecho constitucional a la objeción de conciencia.
Lo distribuiremos gratuitamente, a través de los Colegios Profesionales y lo publicaremos en la web de HazteOir.org y Derecho a Vivir, para que esté al alcance de todos y se convierta en una herramienta útil de resistencia a una ley cruel.
También los políticos conscientes de la aberración jurídica, científica y moral que supone la nueva ley pueden y deben hacer mucho por mitigarla, cada uno en la medida de sus posibilidades y dentro del marco del respeto a la legalidad.
No vamos a parar, ya lo sabes, hasta conseguir que un partido con opciones de gobierno en España se comprometa a derogar esta ley injusta.
Mientras tanto, nos parece que una buena forma de resistirse legalmente a ella es lo que acaba de hacer la Generalitat valenciana.
El Gobierno de esta región informará a cada mujer que esté pensando en abortar sobre las alternativas a esta forma de violencia, le explicará las evidencias científicas sobre el origen de la vida humana que lleva en su seno, le expondrá las consecuencias de un aborto para su salud y le mostrará ecografías en tres dimensiones de bebés con el mismo tiempo de gestación que el suyo.
Es una medida legal (desarrolla el artículo 17.4 de la nueva ley del aborto, sobre el Derecho de Información de la madre) y es una buena medida que salvará vidas.
Te pido menos de un minuto de tu tiempo para testimoniar tu apoyo a esta política a través de la alerta cívica que hemos activado en HazteOir.org.
Una información completa, científica y clara sobre la realidad de la vida humana en el seno materno y sobre las consecuencias del aborto para la salud de la mujer es una forma práctica de resistir a una ley injusta y cruel, y de salvar vidas.
En el siguiente enlace, puedes firmar tu mensaje de apoyo al Gobierno de la Generalitat Valenciana por seguir esta política.
http://www.hazteoir.org/node/31813

Tu testimonio y el de miles de ciudadanos más será un mensaje a otros Gobiernos autónomos, para que adopten medidas similares de información a las mujeres.
Es la hora de la resistencia activa, pacífica y legal a una ley que establece el exterminio masivo e indiscriminado de seres humanos.
Cuanto mayor sea esa resistencia, más fácil será su derogación. Te necesito más alerta y comprometido que nunca con el derecho a la vida.

Apoya ahora una buena medida de gobierno que salvará vidas humanas.
http://www.hazteoir.org/node/31813

Muchas gracias por no rendirte. Muchas gracias por ser la voz de los que no la tienen.

Valencia – una Orden que regule el Carnet Jove y expulse al abortorio.

 La Generalitat está dando los pasos necesarios para cancelar el descuento del 20% que el comercio abortista “Deia Médica S.L.”  ofrece en la actualidad a las usuarias del Carnet Jove de la Comunidad Valenciana.

No lo van a hacer mañana, pero dentro de pocos días van a aprobar una Orden para regular el Carnet Jove y así poder expulsar al abortorio de la lista de entidades adheridas al Carnet Jove.

El lunes, Gádor Joya, Ignacio Arsuaga  y yo nos reunimos con la Consejera de Bienestar Social de la Generalitat, Agélica Such y con el Director General del Institut Valencià de la Joventut (que gestiona el Carnet Jove), Adrián Ballester. En esa reunión, nos explicaron los pasos que están dando para poder echar a Deia Médica del Carnet Jove.

En resumen: ahora mismo no hay ninguna normativa que les habilite a decidir qué entidades forman parte del Carnet Jove. Por eso van a aprobar una Orden que cubra ese “vacío legal”.

Sabemos también que 20.000 mensajes de correo electrónico y más de 1.000 llamadas a Francisco Camps han forzado a la Generalitat a adoptar todas estas medidas en un tiempo récord.

Gracias a ti, un organismo público ha dejado de incentivar el aborto.

CARTA DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Estimado/a ciudadano/a:

En relación a su correo electrónico remitido a la Presidencia de la Generalitat, deseamos agradecerle su interés por una cuestión que desde el Gobierno Valenciano consideramos de especial relevancia.

La Generalitat tiene una firme apuesta política de apoyo a la maternidad que impulsa y desarrolla a través de la Ley de Protección a la Maternidad, pionera en en el ámbito estatal. La norma, impulsada por el gobierno de Francisco Camps y desarrollada en el Programa +VIDA, pone a disposición de la mujer embarazada las ayudas necesarias para continuar con su embarazo y reconoce el hijo concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar.

El Programa +VIDA está siendo desarrollado por distintas Consellerías de la Generalitat. En la página web http://www.bsocial.gva.es/masvida/portal puede informarse de las políticas que se están realizando, como las nuevas deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF, las prestaciones económicas para mujeres embarazadas, el teléfono 24 horas de atención a la mujer embarazada 900 854 800, las novedades en materia educativa y las ayudas en vivienda.

En relación con el contenido de su correo electrónico, deseamos informarle que la Asociación Europea del Carné Joven (EYCA) es la organización que desarrolla los contenidos y las informaciones vinculadas a los carnés jóvenes de más de 45 países del entorno europeo.

Esta entidad, EYCA, es quien mantiene la relación con el INJUVE, Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio de Igualdad. El Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), organismo de la Generalitat, no tiene potestad para decidir que empresas o entidades de su ámbito territorial pueden adherirse al programa y se limita a la emisión de las credenciales así como a recepcionar los compromisos de adhesión.

        

En la actualidad, la declaración de adhesión de una empresa o entidad al programa del Carné Jove se realiza unilateralmente por parte de la empresa y el descuento que realiza al titular de la tarjeta en ningún caso supone una contraprestación económica por parte del IVAJ.

Ante el vacío normativo detectado, el IVAJ promoverá en los próximos días la aprobación de una Orden que regula el Carnet Jove en la Comunitat Valenciana, indicando expresamente que nos reservamos el derecho a no aceptar aquellas ofertas que, por su contenido y características, no se ajusten a los objetivos del Programa y respecto a aquellas entidades que ya estuvieran adheridas al programa con anterioridad a la promulgación de la Orden, se adoptarán las medidas oportunas para extinguir dichos acuerdos en los términos previstos legalmente.

La Generalitat ha informado a la EYCA y al INJUVE, Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio de Igualdad, e interlocutor ante la EYCA, que se reserva el derecho de no aceptar aquellas ofertas que, por su contenido y/o características, no se ajusten a los objetivos del Programa Carnet Jove de la Comunitat Valenciana, entendiendo que estos se circunscriben a aquellos servicios de carácter socio-cultural, económicos o educativos o que faciliten la movilidad e intercomunicación de los jóvenes.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar defendiendo la vida y protegiendo a las personas que más lo necesiten.

Muchas gracias por su interés.

Adrián Ballester Espinosa

Director General del Institut Valencià de la Joventut

Padres valencianos recurrirán las denegaciones de sus objeciones a EpC.

 La Consejería de Educación, que niega la exención de cursarla en 2.º y 4.º de ESO, omite toda referencia a Primaria y Bachillerato. 

 Como Alejandro Font de Mora, consejero de Educación de la C. Valenciana, aseguró ayer en rueda de prensa, su departamento ha comenzado a comunicar a los padres objetores de la región la denegación administrativa del reconocimiento de su derecho a objetar en conciencia para que sus hijos queden eximidos de cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) y de ser evaluados en ellas.

La resolución adoptada por el propio Font de Mora el pasado 24 de junio, que está siendo notificada a los interesados por las direcciones territoriales, se fundamenta en que, en sus sentencias de fecha 11 de febrero, el Tribunal Supremo “establece que el deber de cursar la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es un deber jurídico válido y niega el reconocimiento del derecho de objeción de conciencia ante dicho deber, en los casos planteados”.

Por ello, el consejero acuerda “no reconocer el derecho de los solicitantes” para “ejercer la objeción de conciencia frente a las materias ‘Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos’ y ‘Educación Ético-Cívica’ declarando su deber de cursarla y ser evaluado de la misma”.

Por otra parte, Font de Mora señaló que la Consejería no dispone de datos precisos sobre cuántos han sido los niños que, por negarse a cursarlas esta año, han suspendido Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 2.º de ESO, Educación Ético-Cívica de 4.º de ESO o Filosofía y Ciudadanía de 1.º de Bachillerato.

AEL, CEL y VAEL anuncian recursos

Alicante Educa en Libertad (AEL), Castellón Educa en Libertad (CEL) y Valencia Educa en Libertad (VAEL) han emitido hoy un comunicado en el que, además de confirmar que algunas familias han recibido la resolución administrativa en la que se les deniega el reconocimiento de sus objeciones de conciencia, denuncian que ello se esté haciendo en pleno período vacacional, lo que representa una dificultad notable para que quienes lo deseen puedan plantear en tiempo y forma los recursos de reposición o los contenciosos que estimen pertinentes.

Las tres asociaciones que vertebran el movimiento objetor en las tres provincias de la Comunidad aseguran que, tras recibir la denegación administrativa del reconocimiento de su derecho a que, por razones de conciencia, sus hijos sean eximidos de cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), numerosos padres optarán por plantear recursos de reposición ante la propia Consejería de Educación o por interponer contenciosos ante los tribunales de Justicia.

Por otra parte, las AEL, CEL y VAEL manifiestan su perplejidad por el hecho de que la Administración autonómica, en su resolución, tan sólo deniegue el derecho a objetar a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 2.º de la ESO y a Educación Ético-Cívica de 4.º de la ESO. Con ello, la máxima autoridad educativa de la Comunidad hace caso omiso del rechazo a cursar Filosofía y Ciudadanía de 1.º de Bachillerato (materia que ya se implantó en el curso recién terminado) e ignora que del plan de estudios de 5.º de Primaria también formará parte desde el ya cercano mes de septiembre otra asignatura de las que conforman el grupo de EpC: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

La omisión es llamativa puesto que, en sus respectivas declaraciones de objeción tramitadas ante la Administración, los padres expresan su rechazo a que sus hijos cursen estudios de todas las asignaturas de EpC y, para que no quepa ambigüedad alguna, detallan las cuatro a las que afecta su decisión.

  • Se adjunta una de las denegaciones remitidas por la Consejería de Educación.

Para más información:

 

ael@alicanteeducaenlibertad.es

castelloneducaenlibertad@gmail.com

valenciaeducaenlibertad@gmail.com

Las Cortes Valencianas aprueban la ley de Maternidad para ayudar a las mujeres embarazadas

 DEFIENDE EL DERECHO DE LA VIDA EN FORMACIÓN

Las Cortes Valencianas han aprobado hoy la ley de Protección a la Maternidad, que tiene como objetivo garantizar y proteger los derechos de la mujer embarazada y el “derecho de la vida en formación desde la concepción”.

 

Juan Cotino, “Conseller” valenciano de Bienestar Social y vicepresidente tercero

 

El consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, ha afirmado, que la aplicación de la Ley de maternidad será progresiva y se prevé que el 80 por ciento de la misma esté en marcha a principios del año próximo. La Generalitat valenciana, a través de esta norma, se compromete a propiciar el establecimiento de los medios necesarios de carácter social, jurídico, educativo, sanitario o asistencial, que permita apoyar socialmente a la mujer que decida seguir adelante con su embarazo e informarla de “de los programas y mecanismos dispuestos a su favor”. Además, asume la función de informar a la mujer embarazada de “las posibles medidas de protección, en especial la acogida familiar y la adopción, en caso de que manifiesten, en cualquier momento, que no pueden hacerse cargo de la crianza tras el nacimiento”. Según ha explicado Cotino, el Consell también creará los centros de atención a la maternidad y a la hora de conceder ayudas públicas se computará que la unidad familiar de la que forme parte la mujer embarazada está integrada por uno o más miembros adicionales desde el momento de la fecundación. En los procesos de admisión de los centros docentes públicos los alumnos cuya madre esté embarazada se beneficiarán de una puntuación idéntica a la que obtendrían si ya hubiera nacido su nuevo hermano o hermanos. Esta ley ha sido rechazada por el Partido Socialista de Valencia, Compromís y EU, al considerar que es un texto “doctrinal e ideológico” planteado como una “reacción” a la reforma de la ley del Aborto planteada por el Gobierno.