Informe de Profesionales por la Ética en Estrasburgo

Hace unos días enviamos a Estrasburgo un informe que denuncia determinadas legislaciones y actuaciones del Estado español entre 2010-2013, con motivo de la evaluación de España de la Carta Social Europea (ESC) en el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (ECSR). El informe propone también una serie de recomendaciones relativas a cada aspecto denunciado.

 

El informe, -suscrito por 25 asociaciones españolas- denuncia:

 

–  La existencia, entre 2010 y 2013, de asignaturas escolares adoctrinadoras obligatorias como Educación para la Ciudadanía además de una educación sexual ideologizada. 

–  Discriminación del padre en casos de divorcio

–  Discriminación de la mujer a causa de su maternidad

–  Ausencia de protección a la maternidad en situaciones difíciles

 

Explico un poco cada uno de estos punto y las recomendaciones sugeridas el informe completo puedes leerlo y descargarlo pinchando aquí.

 

Educación sexual ideologizada

 

En relación con la educación sexual ideologizada, el Informe indica que  numerosas leyes españolas(Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, entre otras) tienen en común los siguientes aspectos:  

  • En la mayoría de los casos, imponen una educación sexual al margen del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.
  •  Transmiten una visión antropológica de la sexualidad que no es compartida por todos los ciudadanos.
  •  Difunden formas de comportamiento sexual que no han demostrado ninguna eficacia; por el contrario,  incitan a los menores a mantener relaciones prematuras y aumentan la transmisión de enfermedades sexuales en las menores así como el número de embarazos no deseados.
  • No respetan el diferente grado de madurez de los adolescentes al impartirse por edades y al margen de su distinto desarrollo físico y psíquico.

 

Como recomendaciones, el Informe propone, además de eliminar Educación para la Ciudadanía (asignatura que se encuentra en su último curso escolar), eliminar la educación sexual temprana ideologizada y obligatoria y asignarla a los padres, tutores o a quienes ellos designen, de forma que estos puede elegir el enfoque y la edad en que sus hijos han de recibirlo.

 

 

Discriminación del padre en casos de divorcio

 

El Informe pone de manifiesto que la legislación española, muy especialmente la controvertida Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, discrimina con frecuencia al padre en los procesos de divorcio y da lugar a denuncias falsas fomentando el uso de los menores como arma arrojadiza y forma de herir o vengarse del cónyuge.  De esta forma, se le priva al menor de la figura de uno de sus progenitores, habitualmente el padre. Si a esta ausencia de la figura paterna, se añade el sufrimiento de los menores en las separaciones y divorcios, traumáticas ya de por sí, las denuncias, el daño al menor puede ser grave e irreversible. Lamentablemente, nada de esto preocupa a las personas que se benefician del conflicto y de una legislación injusta por discriminatoria.

 

El Informe propone la generalización de la custodia compartida, salvo en casos de maltrato demostrado,  para que ambos progenitores compartan la responsabilidad de la educación del menor y se le evite al menor la desaparición de uno de sus referentes familiares y su familia extensa.

 

Discriminación de la mujer a causa de su maternidad

 

El Informe denuncia que España vulnera los siguientes derechos:

  • Derecho de las mujeres trabajadoras a la protección de la maternidad.
  • Derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica.
  • Derechos de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato.

Estos derechos están recogidos en normas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales respecto a la igualdad entre el trabajo de hombres y mujeres, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales respecto a la protección de las madres y futuras madres y el Convenio de la OIT sobre Protección de la Maternidad.

 

El Informe señala que muchas mujeres desean ser madres. Sin embargo, en el ámbito laboral supone un perjuicio económico para el contratante y un obstáculo en la posterior carrera profesional en caso de solicitar una excedencia o abandonar temporalmente el marcado laboral.  En esta situación, la mujer se encuentra con dos opciones: renunciar a la maternidado renunciar al trabajo. No puede haber mayor injusticia y discriminación, por lo que se debe incidir en eliminar esa disyuntiva de forma que la mujer pueda elegir libremente realizarse en ambas funciones sin que menoscabe su proyección laboral ni su vida personal.

 

Se denuncia igualmente el mobbing al que a menudo se somete a las madres en el trabajo –el acoso, discriminación, violencia o abuso que sufre la mujer por decidir ser madre-, empieza cuando una joven en su ámbito de trabajo, por el simple hecho de estar en edad de procrear, embarazada o tener hijos menores, sufre situaciones tales como el no ser contratada por estar en edad fértil, ser degradada de sus funciones, disminución de su salario, presión para renunciar voluntariamente, no renovación de contrato, despido, etc… y continúa con intimidación para que abandone su puesto de trabajo o flagrante discriminación si solicita reducción de jornada o mayor flexibilidad en el horario laboral. La crisis económica, la eliminación de prestaciones para la mujer-madre, la falta de cultura social y laboral positiva en España a favor de la maternidad generan un descenso en la verdadera conciliación maternidad-empleo.  A ello se une la necesidad de recuperar el prestigio de la mujer que ha decidido dedicarse en exclusiva a su familia y que por ello es sometida a una exclusión social sistemática.

 

Las recomendaciones del Informe en esta materia son:

  • Facilitar el trabajo para la mujer- madre con medidas que incluyan flexibilidad de horario real y ajustado a las necesidades de la madre trabajadora, promoción del trabajo desde casa y de las responsabilidades profesionales por objetivos, ampliación del derecho a la reducción de jornada para la madre trabajadora.
  • Inversiones públicas en políticas de ayuda familiar que incluyan desde la ampliación de la paga de 100 euros a todas las madres con hijos menores de 3 años hasta porcentajes de desgravación de impuestos que favorezcan el esfuerzo económico de la crianza de hijos.
  • Normativa que incentive la contratación de mujeres madres implementando ayudas de forma que los contratantes no se vean perjudicados por esa condición familiar.
  • Campañas de sensibilización de la función social de la mujer madre y políticas de dignificación del trabajo en el hogar elegido libremente, incluyendo como categoría laboral la “dedicación exclusiva a la familia” con acceso a prestaciones propias del asalariado.
  • Nuevas prestaciones socio laborales que faciliten la permanencia de la mujer madre en el mercado laboral.

Ausencia de protección a la maternidad en situaciones difíciles

El Informe recoge la vulneración por parte de España de la legislación internacional  respecto a la protección a las madres en todas las etapas de embarazo y parto a causa de la vigencia de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ha incrementado la discriminación por maternidad. Han aumentado además  el número de abortos, contraviniendo entre otras las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de implementar políticas y medidas que los reduzcan.  Se han detectado además numerosos casos de mujeres que no desean abortar pero se ven abocadas a ello por la presión social y laboral o imposición de su pareja contra la propia voluntad de la gestante, lo que supone una nueva y terrible vulneración de los derechos de las mujeres. 

 

En este punto, el Informe recomienda eliminar el rango de “derecho” para el aborto y promover la intervención institucional de apoyo a las mujeres embarazadas desde la Atención Primaria del Sistema de Salud de forma que vean amparadas sus necesidades básicas y las de su hijo. Además, se incide especialmente en el caso de las menores embarazadas, para las que se recomienda, entre otras medidas, programas específicos de ayuda, siempre con el conocimiento y apoyo de sus padres.

 

El Informe presentado por 25 asociaciones civiles se presenta al grupo de trabajo “Niños, familia y migrantes” del ECSR, que emitirá sus conclusiones en diciembre de 2015.

 

Puedes leer y descargar el informe completo aquí: http://www.profesionalesetica.org/wp-content/uploads/2015/11/Informe-ECSR-Espa%C3%B1a-PpE2015-.pdf

 

Leonor Tamayo

Presidenta

PROFESIONALES POR LA ÉTICA

España

www.profesionalesetica.org

@TamayoLeonor

@profesionales

@PpEint

 

Profesionales por la Ética es una asociación inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior (España) con el número nacional 111.456. Pertenece a la OSCE y al FRP de la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) y está acreditada como ONG ante el Parlamento Europeo. Es asimismo miembro fundador de Women of the World y de la Euthanasia Prevention Coalition – Europe. También forma parte de la coaliciones internacionales Life is Beautiful y UN Family Caucus.

Asociaciones firmantes del Informe

 

APFS ESPAÑA
ASOCIACIÓN CATÓLICA DE MAESTROS VALENCIANOS ACVMVAL
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS MADRID
ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS SEPARADAS APFS
ASOCIACIÓN EUROPEA DE ABOGADOS DE FAMILIA
ASOCIACIÓN NACIONAL POR LA DEFENSA DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA ANDOC
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS DEL NIÑO SOS PAPA
CASTELLÓN EDUCA EN LIBERTAD CEL
CENTRO JURÍDICO TOMÁS MORO
CÓRDOBA POR LA DEFENSA DE LA IGUALDAD EFECTIVA CODIE
DERECHO A VIVIR
FUNDACIÓN CITIZEN GO
GENMAD GENMAD
HAZTE OIR HO
INSTITUTO DE POLÍTICA FAMILIAR IPF
MADRID EDUCA EN LIBERTAD MEL
MUJER MADRE Y PROFESIONAL
MUJERES CORDOBESAS POR LA DEFENSA DE  LA IGUALDAD EFECTIVA MUCODIE
PROJUSTICIA
UNIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES Y PLATAFORMAS POR LA CUSTODIA COMPARTIDA
VIDA DIGNA
WOMEN OF THE WORLD WoW

 

 

La libertad de conciencia se impone en el Consejo de Europa

Ha tenido lugar en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de Estrasburgo la votación del llamado Informe  McCafferty. Este documento pretendía traducirse en una Resolución del Consejo de Europa que obligara a médicos, personal sanitario e instituciones asistenciales a practicar abortos, al restringir e incluso suprimir (en el caso de las instituciones sanitarias) el derecho a objetar a la realización o colaboración en abortos provocados.

El citado Informe convertía el aborto en un «derecho», una prestación sanitaria enmarcada en la «salud sexual y reproductiva» de las mujeres y consideraba que la objeción de conciencia de los médicos obstaculizaba de manera caprichosa «los derechos sexuales y reproductivos» de las mujeres. El Informe preveía igualmente mecanismos efectivos de control, es decir persecución, de los médicos y personal sanitario que se negara a practicar o colaborar en abortos provocados.

Pues bien, la votación celebrada hoy en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa no sólo ha rechazado los presupuestos del Informe McCafferty y la propuesta de resolución que limitaba el derecho a la objeción sino que ha aprobado una Resolución alternativa (nº 1763) titulada  Derecho a la objeción de conciencia en la atención médica.

 

El texto de la citada Resolución es, en traducción no oficial al español efectuada por Profesionales por la Ética, el que se reproduce a continuación:

Leer la noticia en La Gaceta (07/10/2010)

Leer la noticia en La Razón (07/10/2010)

Europa: El derecho al matrimonio sólo se garantiza a “hombres y mujeres”, según el artículo 12.

En Europa, el “matrimonio” homosexual no es un derecho

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (European Centre for Law and Justice, ECLJ) ha apoyado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), según la cual, la Convención Europea de Derechos Humanos no prevé el matrimonio o el registro de uniones homosexuales.

Al analizar el caso “Schalk y Kopf contra Austria”, el Tribunal afirmó el 24 de junio que el gobierno austríaco no ha discriminado a una pareja homosexual al no permitirles contraer matrimonio.

Unánimemente la corte reiteró que el derecho al matrimonio sólo se garantiza a “hombres y mujeres”, según prevé el artículo 12 de la Convención.

El Tribunal recordó que entre los Estados miembros de Consejo de Europa “no se da todavía una mayoría de Estados que prevean el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo”. Por este motivo, considera que los Estados se encuentran en una situación más adaptada para adoptar medidas legislativas.

Con esta decisión, la corte ha renunciado, si bien sólo por el momento, a imponer a los Estados nacionales el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Gregor Puppinck, director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, interpreta esta decisión a la luz de la rebelión de doce Estados miembros contra la sentencia de ese Tribunal que prohibió la exposición del Crucifijo en las escuelas públicas.

“Los Estados no pueden ser obligados a aceptar nuevas obligaciones que no aparecen en la Convención y que, además, son contrarias a la misma Convención,” añade Puppinck.

El Crucifijo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Joseph Weiler, judío observante, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, ha defendido este miércoles el Crucifijo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Su defensa fue escuchada por 17 jueces, entre quienes se encontraba Jean-Paul Costa, presidente del Tribunal, durante una audiencia extraordinaria convocada tras la sentencia de 3 de noviembre, en la que el tribunal establecía que el Crucifijo constituye un atentado a la libertad de conciencia y al derecho del ciudadano a recibir una formación según sus convicciones religiosas o filosóficas.

De ese modo, la Corte dio razón a una ciudadana italiana, originaria de Finlandia, Soile Lautsi, que había pedido en 2002 que el Crucifijo fuera retirado de las escuelas de sus hijos en Abano Terme, provincia de Padua.

Weiler, quien es también profesor honorario de la Universidad de Londres, representó en la audiencia a los gobiernos de Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania, Malta, Monaco, Romania, la Federación Rusa y San Marino, que se había presentado cada uno de ellos ante el tribunal como “amicus curiae” (es decir, “tercera parte”).

Ante todo, el profesor Weiler explicó que en Europa no existe un único modelo en las relaciones Iglesia-Estado: basta ver las diferencias entre la laicidad francesa o el caso británico, donde la Reina es jefe de la Iglesia Anglicana. Otros casos son el de Suecia, Dinamarca o Grecia…

“En muchos de estos Estados ‘no-laicos’, amplio s sectores de la población, incluso la mayoría, ya no son religiosos –constató el profesor–. Y sin embargo, la continua presencia de símbolos religiosos en sus lugares públicos y estatales es aceptada por la población como parte de la identidad nacional, y como un acto de tolerancia hacia los compatriotas”.

“Quizá un día, los británicos, ejerciendo su soberanía constitucional, se despojarán de la Iglesia de Inglaterra, como lo hicieron los suecos. Pero es una decisión que les corresponde a ellos, no a este distinguido Tribunal”, aclaró el profesor.

“Los países de la Europa de hoy han abierto sus puertas a muchos nuevos residentes y ciudadanos. Les debemos todas las garantías de la Convención Europea de los Derechos del Hombre. Les debemos respeto, bienvenida y no discriminación. Pero el mensaje de tolerancia hacia el otro no debería ser traducido como un mensaje de intolerancia hacia la propia identidad”, añadió Weiler.

En su arenga, ante los jueces, el representante del Estado italiano, Nicola Lettieri, explicó que “no hay ningún prejuicio real en eta cuestión. Si uno mantiene una relación privilegiada con una religión, si expone símbolos religiosos, no va en contra de la Convención Europea de los Derechos del Hombre. La única frontera que no hay que superar es la de buscar el adoctrinamiento o el proselitismo”.

“Si el crucifijo está presente en las aulas, el motivo no es el adoctrinamiento, sino que es una expresión de un sentimiento popular que constituye el fundamento de la identidad nacional”, añadió.

El representante legal de la señora Lautsi, Nicolò Paoletti, quien fue el primero en exponer las argumentaciones, afirmó que “no se puede considerar el crucifijo como un símbolo mudo y pasivo. Los hijos (de Soile Lautsi) han vivido una situación de marginación, se han sentido en una posición minoritaria”.

Por este motivo, los abogados de Lautsi han denunciado el riesgo de una “tiranía de la mayoría”.

En la audiencia quedó involucrado Gregor Puppinck, director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (European Centre for Law and Justice, ECLJ), pues esta institución fue reconocida oficialmente como “tercera parte”, junto a 79 miembros de Parlamentos.

Puppinck confiesa que “el Centro confía en que el Tribunal haya entendido que el derecho de los no creyentes a no creer puede eclipsar el derecho de los creyentes”.

El Centro “espera también que el Tribunal entienda que no s e puede exigir que un Estado renuncie a su identidad más profunda en nombre de la tolerancia”.

“El pluralismo debería comenzar con el respeto entre los países”, según Puppinck, quien considera sumamente significativo el que catorce Estados miembros del Consejo de Europa se hayan opuesto a la sentencia y hayan apoyado a Italia.

Además de los diez países representados por Weiler, que participan oficialmente en el caso, otros Estados han dado su apoyo oficial al Crucifijo: Ucrania, Moldavia, Albania y Serbia.

El número de Estados participantes no tiene precedentes, aclara el director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, lo que demuestra la importancia de este caso para toda Europa.

La decisión del Tribunal será pronunciada en otoño o incluso quizá en Navidad.

Zenit

Jesús Colina

El Consejo de Europa contra la objeción de conciencia Médica.

El mayor obstáculo para implantar el aborto, según ANDOC.

En Estrasburgo, la Comisión de Salud de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) ha pedido a los Gobiernos de los países de la Unión que regulen la objeción de conciencia en el ámbito sanitario.

La comisión aprobó este lunes 21 de junio un proyecto de resolución preparado por la diputada británica Christine McCafferty por el que esta cuestión se debatirá en la sesión plenaria de la PACE de otoño, que se celebrará en Estrasburgo del 4 al 8 de octubre.
Concretamente, la Asamblea Parlame ntaria del Consejo de Europa debatirá si pide a los Gobiernos la elaboración de reglamentos que definan la objeción de conciencia en el ámbito de la salud y nieguen este derecho “en caso de urgencia”.

El proyecto se titula El acceso de las mujeres a la asistencia médica legal: el problema del uso no regulado de la objeción de conciencia.
Advierte que “la práctica de la objeción de conciencia se desarrolla en el ámbito de la asistencia sanitaria cuando los proveedores de salud rechazan garantizar ciertos servicios basándose en una objeción religiosa, moral o filosófica”.
Y ante esa realidad, considera necesario establecer “un equilibrio entre la objeción de conciencia de un individuo que rechaza cumplir un determinado acto médico”, y la responsabilidad profesional y “el derecho de cada paciente a recibir un tratamiento médico legal en el plazo apropiado”.
Por eso, el proyecto pide el “desarrollo de regulaciones comprensibles y claras que definan y regulen la objeción de conciencia respecto a los servicios sanitarios y médicos, incluidos los servicios de salud reproductiva”.
Por su parte, en España, la Asociación Nacional en Defensa de la Objeción de Conciencia (ANDOC) advirtió que la objeción de conciencia sí está reconocida para determinados supuestos concretos, por ejemplo el aborto, en todos los países.
“No se puede decir que no esté regulada -declaró el coordinador general de ANDOC, José Antonio Díez-, pero regularla más no debe significar, sin embargo, limitar un derecho fundamental como la libertad ideológica y la objeción de conciencia”.

Díez también alertó de la utilización del término “proveedor de salud” para referirse al médico que utiliza el proyecto, ya que, en su opinión, “echa por tierra el sentido humano de la práctica de la medicina”.
“Un médico que tenga que estar al servicio de una determinada ideología sin poder disentir en algún momento va en detrimento también de la atención sanitaria”, advirtió.
Además, añadió, “algunos médicos tendrán que abandonar determinadas especialidades si se ven obligados a hacer algo contrario a su ciencia, como el aborto”.
Para ANDOC, todo el lenguaje que utiliza el proyecto está en la línea del de las agencias de control de la población y derechos reproductivos.
Además, Díez lamentó que “la objeción de conciencia aparezca en él como algo sospechoso” y destacó que, para los defensores del aborto, este derecho “es visto como el mayor obstáculo para implantarlo”.

Los reglamentos sugeridos
Según el proyecto aprobado en la Comisión de Salud de la PACE, las reglamentaciones que pide “deberían garantizar el derecho a la objeción de conciencia sólo a los profesionales de la salud directamente implicados en el procedimiento médico en cuestión, y no a las instituciones públicas del Estado, como los hospitales públicas y las clínicas en su conjunto”.
Además, los profesionales sanitarios deberían estar obligados a administrar al paciente “el tratamiento que desee y que tenga derecho legalmente a recibir” -a pesar de su objeció n de conciencia- “ en caso de urgencia (y también cuando la salud o la vida del paciente esté amenazada) o cuando no sea posible derivar al paciente a otro agente sanitario (en particular en ausencia de un profesional equivalente a una distancia razonable)”.

Por otra parte, los médicos también deberían proporcionar información a los pacientes sobre todas las opciones de tratamiento posibles.
El Consejo de Europa -al que pertenece la PACE, de mayoría socialista- es un organismo consultivo y los Estados no están obligados a acatar sus resoluciones.

El cardenal Secretario de Estado sobre la sentencia del crucifijo: Una verdadera pérdida

«Esta Europa del tercer milenio nos deja sólo las calabazas de las fiestas recientemente repetidas y nos quita los símbolos más queridos». Así se ha manifestado el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Papa, comentando esta mañana la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre el crucito en las aulas escolares. Declaraciones que publica en portada «L’Osservatore Romano» en su edición diaria en lengua italiana, de inminente lanzamiento vespertino.

Cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado «Esta es una gran pérdida –añade el purpurado italiano-. Debemos procurar con todas las fuerzas conservar los signos de nuestra fe para quien cree y para quien no cree».  

Tras expresar «aprecio» por la iniciativa del gobierno italiano, que ha anunciado recurso contra la decisión de los jueces europeos, el cardenal Bertone ha recordado que el crucifijo «es símbolo de amor universal, no de exclusión, sino de acogida».  «Me pregunto si esta sentencia es una señal de razonabilidad o no», concluye.

 

El crucifijo no es una factor de exclusión, sino de unión; aclara el Vaticano

El portavoz comenta la sentencia del Tribuna europeo sobre símbolos religiosos en las escuelas

La sentencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos, que define la presencia del crucifijo en las escuelas como una violación de la libertad religiosa de los alumnos “ha sido acogida en el Vaticano con sorpresa y pesar”.

Lo ha afirmado este martes el padre Federico Lombardi S.I., director de la Oficina de Información de la Santa Sede, en declaraciones a medios de comunicación con las que ha comentado la sentencia de condena europea al sistema vigente actualmente en Italia de exposición del símbolo religioso en las aulas.

“El crucifijo siempre ha sido un sig no de ofrenda de amor de Dios y de unión y acogida para toda la humanidad –considera el portavoz vaticano–. Es una pena que sea considerado como un signo de división, de exclusión o de limitación de la libertad. No es esto, y no lo es para el sentimiento común de nuestra gente”.

En particular, el padre Lombardi considera que “es grave marginar del mundo educativo un signo fundamental de la importancia de los valores religiosos en la historia y en al cultura italiana”.

Según el portavoz, “la religión ofrece una contribución preciosa a la formación y crecimiento moral de las personas, y es un componente esencial de nuestra civilización”. Por este motivo, “es equivocado y miope querer excluirla de la realidad educativa”.

“Sorprende, además, que un Tribunal europeo intervenga con tanto peso en una materia tan profundamente ligada a la identidad histórica, cultural, espiritual del pueblo italiano”, reconoce.

“Por este camino uno no se siente atraído a amar y compartir más profundamente esa idea europea, que como católicos italianos hemos apoyado fuertemente desde sus orígenes”.

“Parece que no se quiere reconocer el papel del cristianismo en la formación de la identidad europea, que sin embargo ha sido y sigue siendo esencial”, concluye el portavoz vaticano.

El caso sobre el que se ha pronunciado el Tribunal de Estrasburgo fue presentado por una ciudadana italiana de origen finlandés, que en año 2002 había pedido a la escuela estatal “Vittorino da Feltre” de Abano Terme (Padua), en la que estudiaban sus dos hijos, que quitara los crucifijos de las aulas. La dirección de la escuela se negó por considerar que el crucifijo forma parte del patrimonio cultural italiano, y posteriormente los tribunales italianos dieron razón a este argumento.