Aumenta la discriminación de cristianos en Europa

Una agrupación vienesa recientemente publicó un informe que cita decenas de casos de intolerancia y discriminación contra cristianos, y formula una serie de recomendaciones correctivas para los gobiernos europeos y para la Unión Europea.

El informe caracteriza a la discriminación como la intromisión en los derechos fundamentales de una persona a la libertad de expresión, de conciencia y de culto. Además, define la intolerancia como las instancias en que los cristianos o las expresiones de cristiandad son marginadas, particularmente en la vida pública.

El documento narra la historia del presidente de la Conferencia Episcopal turca, Luigi Padovese, quien fue apuñalado mortalmente en su hogar por su chofer. También, el hecho de que el gobierno español impuso una multa de 100 mil euros a un anunciante por publicar una serie de propagandas que favorecían a la familia y se oponían a los estilos de vida homosexuales, y que se retiró la nominación para comisionado de la UE del político italiano Rocco Buttiglione por los ataques en contra de sus creencias católicas acerca de la homosexualidad.

El reporte dice que, en lo que atañe a la discriminación, deben crearse leyes que respeten la libertad de culto, de expresión y de conciencia. El grupo demanda la preservación jurídica de los derechos fundamentales donde ya existe la discriminación legal de los cristianos.

El informe afirma: «No consideramos la ley como una herramienta educativa para que los maleducados se conviertan en caballeros». En vez de pedir que los derechos específicos sean la letra de la ley, el reporte demanda medidas políticas blandas, como campañas de concientización para exponer el fenómeno, y un tratamiento equitativo por parte de los medios.

Asimismo, recomienda a los gobiernos europeos que muestren absoluto respeto por las libertades fundamentales, que reconozcan y condenen la intolerancia y la discriminación en contra de los cristianos para asegurar su completa participación en la vida pública, y que vigilen y recaben datos oficialmente para asegurar la toma de conciencia pública. Además, aconseja a la Unión Europea que adopte medidas similares y que se asegure de respetar la autonomía de las iglesias, según lo establece el Tratado de Lisboa.

Durante su visita al Reino Unido, el Papa Benedicto XVI definió a la discriminación de los cristianos como una cuestión seria en Europa. «No puedo menos que manifestar mi preocupación ante la creciente marginación de la religión, particularmente del cristianismo, que está ocurriendo en algunas partes, aun en naciones que enfatizan fuertemente la tolerancia. Hay quienes apoyarían que la voz de la religión fuera silenciada, o al menos relegada a la esfera meramente privada», dijo.

El Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación de los Cristianos en Europa publicó el informe, en el que se cubre un lapso de cinco años, como un paso hacia una solución del creciente fenómeno.

El informe completo y el sitio web del observatorio registran más de 200 casos.

Informe sobre la marginación de las familias numerosas en España

Nota de Prensa del IPF en la que se aborda la discriminación y abandono que sufren las familias numerosas en España.

 

Aunque en España hay alrededor de un millón de familias numerosas, solamente 466.150 familias (2009) tienen el título de Familias Numerosas. Las limitaciones y restricciones impuestas y las  escasas ayudas hacen que la mitad de las familias numerosa no puedan o no les interese poseer el título. A pesar de ser el producto estrella de la sociedad, las familias numerosas siguen estando discriminadas y abandonadas en España aunque representan cerca del 15% de la población, sólo ocupan el 2,8% de los hogares.

 

Cataluña es la que más tiene con 83.227,   Andalucía es la que tiene más de categoría especial (5 ó más hijos): 8.477,  que son más de la cuarta parte del total nacional

 

La escasez de ayudas a las familias numerosas, la imposición de restricciones fuera de la realidad para la edad para los hijos y la devaluación de su concepto son algunos de los problemas que las aquejan enEspaña.

 

 “Las familias numerosas siguen estando discriminadas en España”, ha señalado Mariano Martinez-Aedo, Vicepresidente y Portavoz del Instituto de Política Familiar (IPF). “Aunque que son innumerables y muy variadas las funciones que desempeñan las familias numerosas, las limitaciones y restricciones que les son impuestas (edad de los hijos, límites de rentas, etc.) así como  las escasas ayudas que reciben hace que se encuentren totalmente abandonadas”.

Esta discriminación y abandono es constatable y evidente, prosigue Martinez-Aedo ya que, a pesar de que en España existen más de  hay un millón de familias numerosas, solamente 466.150 familias (2009) tienen el título de Familias Numerosas.

 

PRODUCTO ESTRELLA DE LA SOCIEDAD

 

En efecto, a pesar que las familias numerosas son una institución social fundamental -de hecho, se la puede considerar como el producto estrella de la sociedad-, las restricciones impuestas en el límite de edad que provoca que en muchas familias numerosas los hijos hayan sobrepasado el límite de edad a pesar de que siguen dependiendo de los padres –en la actualidad el 41,1% entre 25 y 34 años siguen viviendo en casa de sus padres-, así como las escasas ayudas que tienen hace que la mitad de las familias no tenga el título de Familia Numerosa o incluso no le merezca la pena tenerla.

 

REALIDAD SIGNIFICATIVA

 

Aunque la tendencia sea a la disminución, aproximadamente el 15% de la población española pertenece hoy en día a una familia numerosa. Y es que, las dificultades económicas, el precio de la vivienda -ligadas a una emancipación más tardía y por lo tanto al retraso de la edad a la que se tienen los hijos-, las insuficientes de ayudas de las administraciones públicas, el cambio en el papel de la mujer, con una mayor y creciente y presencia en el mundo laboral, los obstáculos para conciliar la vida personal con la vida laboral, que apenas dejan tiempo para el cuidado de los niños, son algunas de las causas que han contribuido a una descenso generalizado de la fecundidad en España (índice de fecundidad de 1,4 hijos por mujer que está muy alejado del nivel de reemplazo generacional, cifrado en 2,1 hijos por mujer) con el consiguiente efecto reductor en el número de familias numerosas. En concreto, se  ha pasado de unos 576.000 títulos de familias numerosas en 1996 en España a apenas 466.000 en el 2009, lo que ha supuesto una reducción del 20% en este periodo.

 

 

Las familias Numerosas, hoy más que nunca, siguen siendo una parte fundamental de la sociedad, y sus funciones deben ser reconocidas y protegidas socialmente y por parte de las Administraciones Públicas- concluye el Vicepresidente del Instituto de Política Familiar- de otra forma, seguirán sufriendo discriminaciones injustas que les dificultarán
su desarrollo y el disfrute de sus derechos.”

 

FAMILIAS MÁS ESTABLES

 

Sólo un 3% de las rupturas matrimoniales se dan en familias numerosas con hijos menores, mientras que el 46% de las rupturas son de matrimonios sin hijos.

 

 

En 2008 hubo 54.590 rupturas (46%) de familias sin hijos. Por otra parte, de las 64.091 rupturas con hijos menores de edad de 2008, 36.669 rupturas correspondieron a familias con 1 hijo menor de edad (el 31%) y 23.527 rupturas a familias con 2 hijos menores de edad (el 20%). Tan sólo hubo 3.895 rupturas en familias con 3 ó más hijos (3%).

 

OCUPAN Y CONSUMEN MENOS

 

Las familias numerosas ocupan el 2,78% de las viviendas en España, y sin embargo representan el 15% de la población. Es evidente que una unidad familiar (y un hogar) con un alto número de ocupantes, conduce a un mejor aprovechamiento de la energía y de los recursos en general, fomentando además una educación más ecológica en general.  Por el contrario los hogares con pocos ocupantes (especialmente los solitarios) tienden a un mayor consumo.

 

 

Sin embargo, en muchos casos las tarifas progresivas indiscriminadas penalizan esta situación, de forma que a pesar de consumir mucho menos per cápita, su precio resultante sea muy superior (de forma similar, a nivel fiscal hay una penalización de las familias numerosas).

 

Cataluña, Andalucía y Madrid son las Comunidades con mayor número de títulos de Familias Numerosas:

 

Cataluña, Andalucía y Madrid son las Comunidades Autónomas con mayor número de títulos de Familias Numerosas. De hecho, más de la mitad de los títulos de Familias Numerosas (258.223) se concentran en Cataluña, Andalucía y Madrid.

 

 

Sin embargo, las de categoría especial (5 ó más hijos) tienen una distribución muy diferente.  Así Andalucía tiene 8.477 que son casi tantas como Cataluña y Madrid juntas, y representa una de cada cuatro familias “muy numerosas” de España.  Por el contrario Cantabria tiene sólo 168 y La Rioja 290. A nivel comparativo, es de destacar que en Ceuta y Melilla alrededor de una tercera parte de las familias numerosas son especiales (35,5% y 31,5%).  Por el contrario, en la cornisa cantábrica sólo una pequeña parte de las familias numerosas son grandes: Cantabria (3,7%), el País Vasco (4,9%) y Asturias (5,3%).

 

Escasas y deficientes ayudas a las Familias Numerosas:

 

A pesar de la importancia de la familia y sus funciones, acentuadas en las familias numerosas con sus necesidades especiales, en España la situación de las ayudas a las familias numerosas se puede calificar de lamentable:

– A nivel general, la política familiar es casi inexistente, estando España a la cola de Europa, confundiendo ayudas familiares con ayudas sociales, imponiendo límites de renta que excluyen a la inmensa mayoría de las familias, aplicando una fiscalidad claramente negativa, manteniendo congeladas o eliminando incluso las pocas ayudas que existen.

 

– Sin embargo, para las Familias Numerosas esta situación se agrava ya que, a pesar de tener unas mayores cargas familiares, existen muy pocas ayudas reales.  De hecho, la Ley del 2003 (recortada aún más por su Reglamento) reconoce apenas:  

a) Una bonificación del 45% en la cuota de la Seguridad Social por cuidadores, si los padres trabajan.  

b) Derecho de preferencia (a concretar) en becas, admisión en centros educativos, viviendas protegidas y albergues y otros centros cívicos.  

c) Régimen de exenciones y bonificaciones (a concretar) en transportes, bienes y servicios culturales y de ocio;  y pruebas de acceso a la función pública.  

d) 50% (o 100%) en tasas de matriculación, diplomas, etc  

e) Viviendas protegidas: aumento de límite ingresos y superficie, preferencia en préstamos, etc. Facilitar el cambio o adaptación de vivienda cuando haya cambios que lo demanden.  

f) Beneficios generales: beneficios fiscales que compensen sus cargas y la conciliación.

 

 

En muchos casos hasta estas mínimas ayudas son papel mojado:

–       El descuento en ciertos transportes es igual o menor que el bono o los billetes de ida-vuelta, con lo que se desvirtúan.  Además, a veces los engorrosos requisitos para hacerlos efectivos terminan de anular su posible utilidad.  

–       Hay museos que añaden exigencias suplementarias como que vayan al menos un padre y 3 hijos para hacer el descuento, etc.

 

  

–       El IRPF establece un pequeño incremento en el mínimo familiar para 3º, 4º y siguientes hijos, que es mucho menor que el impacto fiscal de la progresividad sobre la acumulación de rentas de la familia numerosa.
 

–       Etc.  

Haya alguna otras medidas puntuales y poco desarrolladas, como la reducción del impuesto de matriculación para vehículos de cierto tamaño o la posibilidad de reducir el IBI o el consumo doméstico del agua, etc.  

SOLO 466.000 TÍTULOS DE FAMILIAS NUMEROSAS  

En el 2009 se contabilizaron 466.150 títulos en vigor  de los que 426.716 fueron de categoría general y 39.434 de categoría especial), de los más de 1 millón de familias numerosas existentes en España  

Límites restrictivos  

Otro gran defecto de las ayudas es que si bien la familia obtiene el estatus de numerosa con el tercer hijo, puede perderlo en cuanto el hijo cumpla 21 años o hasta los 25 años si cursa estudios reglados. De esta forma una familia numerosa puede serlo unos pocos años y no disfrutar de esos beneficios, aunque sean escasos.  Muchas se encuentran con que los hijos menores no logran alcanzar ni esos escasos beneficios de rebaja en los estudios universitarios.  

Especialmente injusta es esta situación en la realidad actual cuando un gran número de hijos sigue viviendo y dependiendo de sus padres.   En efecto, existe un grupo importante de familias numerosas de hecho, en el que los hijos han sobrepasado el límite de edad pero siguen dependiendo de los padres –en las últimas décadas se ha ido retrasando notablemente la edad de emancipación de los hijos, siendo que en la actualidad el 87,8% de los chicos españoles entre 18 y 24 años, y el 41,1% entre 25 y 34 años, Si bien las familias numerosas especiales tienen derecho a mantener el título aunque los hijos mayores ya no puedan formar parte ya de la misma, la inmensa mayoría no.  

Es necesaria y urgente una reforma en este sentido, además de flexibilizar los límites de edad para pertenecer a la misma, siendo más determinante el hecho de independizarse de la familia.  

DESVALUACIÓN DEL CONCEPTO DE FAMILIA NUMEROSA  

Las últimas iniciativas de equiparar a las familias numerosas a aquellas familias con un solo progenitor con dos hijos (viudos, separados, divorciados o monoparentales de hecho) es un despropósito y una injusticia ya que se desvirtúa el concepto de familia numerosa. En efecto el concepto de familia numerosa (cantidad de número de hijos) cambia por el de número de progenitores.  

CONCLUSIÓN:

 

Es necesario un cambio drástico en la política familiar, haciendo un especial hincapié en cuanto a familias numerosas, para aplicar de verdad unas medidas que ayuden a las familias a cumplir con sus funciones, y ver respetados sus derechos.  

Es necesario que de verdad la Política cumpla el Artículo 16 de la Ley de Familias Numerosas de 2003 (“La Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias, deberá garantizar a las familias numerosas beneficios fiscales para compensar a las rentas familiares en función de las cargas que soportan y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y madres trabajadores.”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno norteamericano quiere proteger a los objetores en las profesiones sanitarias

El gobierno estadounidense protege a los médicos frente a la discriminación por objetar.

Una orden en proyecto prohibiría la discriminación contra los que rehúsen intervenir en abortos o esterilizaciones por razones de conciencia

El gobierno norteamericano quiere proteger a los objetores en las profesiones sanitarias

El gobierno norteamericano se dispone a aprobar una orden para garantizar la objeción de conciencia en las profesiones sanitarias. Según el proyecto, las instituciones que reciben financiación federal no podrían discriminar contra médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud que se nieguen a participar en abortos o esterilizaciones por razón de sus “creencias religiosas o convicciones morales”.

Tampoco podrían obligar a un empleado objetor a intervenir en servicios o programas de investigación financiados por el Departamento de Sanidad si tiene reparos morales. Estas salvaguardas se aplicarían a hospitales, clínicas, consultas médicas y farmacias.

La proyectada norma ha recibido críticas por parte de tres miembros de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que la consideran innecesaria y probable fuente de confusiones. Alegan que la objeción de conciencia ya está amparada en la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación contra empleados por motivos religiosos o éticos. Según esto, el empleador está obligado a tomar medidas razonables para que sus asalariados puedan trabajar sin ofensa a sus deberes religiosos. Solo quedará exento si demuestra que no es posible encontrar un acomodo que no suponga un estorbo excesivo en el ejercicio del negocio.

En opinión de los críticos, esa protección es suficiente, mientras que la orden en preparación iría demasiado lejos. Por ejemplo, según una organización patronal de cadenas de farmacias, sus empleados tendrían derecho a no dispensar anticonceptivos a una persona cubierta por el seguro federal Medicaid, aunque presentara receta médica. Por su parte, los fiscales generales de 13 estados se oponen a la orden porque, dicen, interferiría con las leyes estatales que exigen a los seguros médicos incluir la contracepción en su cobertura, y a los hospitales a facilitar anticonceptivos de emergencia a las mujeres violadas.

También Barack Obama se ha manifestado en contra. Ha dicho que la orden dificultaría el acceso al aborto o a los anticonceptivos a las mujeres que desean recurrir a ellos. Según algunos asesores del presidente electo, si la norma se aprueba, él procurará anularla cuando se haya instalado en la Casa Blanca.

En cambio, el secretario de Sanidad, Michael Leavitt, principal promotor del proyecto, niega que la orden vaya a tener las consecuencias que le atribuyen los críticos en la dispensación de anticonceptivos. El efecto será, ha dicho, reforzar el cumplimiento de las leyes vigentes para proteger a los profesionales de la salud. Además, el objetivo no es la contracepción.

De hecho, la Asociación Sanitaria Católica, que apoya la orden, sostiene que es necesaria, y no por razón de los anticonceptivos. Carol Keehan, presidenta de la Asociación, alega que en los últimos años “hemos visto diversos intentos de forzar a las centros de salud católicos y de otros tipos a realizar abortos o esterilizaciones, o a remitir a quienes los piden a lugares donde los hacen”.

En un artículo publicado en The New Atlantis (otoño 2008), James Capretta, del Ethics and Public Policy Center, sostiene, sin embargo que esta medida, aunque positiva, no sería suficiente para asegurar el respeto a las convicciones de los que rehúsan participar en abortos o esterilizaciones. Los hospitales, por ejemplo, dependen de financiación privada y de acuerdos suscritos con compañías de seguros. También en esos casos haría falta asegurar el respeto a la objeción de conciencia en caso de que una aseguradora cubra tales intervenciones.