Violación, embarazo y aborto

Jorge Scala, abogado argentino especialista en derechos humanos y bioderecho, en el que ofrece su experiencia en una asociación de ayuda a madres solas, y sus respuestas al debate existente en Argentina tras una polémica sentencia que despenaliza el aborto en caso de violación.

Mucho se ha debatido en estos días sobre los tres sustantivos que titulan esta nota. Como tesorero y apoderado de “Portal de Belén” quisiera hacer un breve aporte a esas tres palabras, concatenándolas del mejor modo posible.

En EE.UU. decidieron investigar seriamente el problema de las violaciones en todos sus aspectos. Se hizo un protocolo de investigación y se designó al Hospital San Pablo de Minneapolis para efectuar el estudio. Los trabajos duraron 10 años, durante los cuales fueron derivados a dicho centro sanitario todas las mujeres violadas de la región. En total se investigaron más de 3.500 violaciones.

Entre las cuestiones estudiadas se incluyó la relación entre violación y embarazo. Muy pocas de las mujeres violadas presentaron embarazos. Todos esos embarazos fueron estudiados, tanto sea en los casos en que las mujeres abortaron como en los que continuaron sus embarazos. Se hicieron las pruebas genéticas pertinentes –tanto en los bebés abortados como en los nacidos-, y se determinó, científicamente, que todos los embarazos habían sido fruto de relaciones consentidas, con sus esposos o algún otro varón. En pocas palabras: las 3.500 violaciones no habían causado ningún embarazo (Reardon, David C., Aborted Women: Silent No More).

En “Portal de Belén” tenemos la experiencia de campo, que por la obvia falta de medios no ha podido verificarse con validez científica. La comparto: entre las muchas mujeres que hemos ayudado en estos más de 20 años de servicio al bien común, nos hemos encontrado con algunas mujeres violadas y embarazadas. Vienen a nosotros mujeres embarazadas en situación de conflicto y, ¿qué duda cabe?, la violación es uno de los conflictos más penosos que nos ha tocado acompañar.

Desde el comienzo de nuestra Asociación, intuimos que el mejor modo que tiene una mujer embarazada para superar su conflicto –cualquiera que sea-, es darle las herramientas que necesite para poder continuar con su embarazo y, más adelante, para que pueda criar amorosamente a ese hijo que lleva en su seno. En la generalidad de los casos esto parece muy obvio. Y lo es.

Ahora bien ¿qué sería lo mejor para una mujer encinta cuyo conflicto fuera el haber sido víctima de una violación? En realidad no lo sabíamos. Ni lo supimos hasta que se nos fueron presentando los primeros casos. Era evidente que la ayudaríamos a continuar con su embarazo: a fin de cuentas, ese es nuestro fin asociativo. Pero lo que no era nada obvio es que criar a ese hijo –en lugar de darlo en adopción–, fuera la mejor opción para la mujer violada.

Como no podíamos resolver la duda, pues había tantos y tan buenos argumentos para una u otra opción, decidimos obrar con esas mujeres igual que con las demás: procurar ayudarlas a aceptar, amar y criar a ese hijo que venía al mundo de ese modo trágico. El resultado superó todas nuestras mejores expectativas. Se lo comparto.

En “Portal de Belén” no solo damos alojamiento y comida, sino también atención médica, jurídica, psicológica, etc. a las mujeres que lo necesitan. Todas las mujeres violadas recibieron atención psíquica. Con ese acompañamiento y el nuestro, decidieron no solo continuar sus embarazos, sino también criar a sus hijos. En todos los casos, en un tiempo relativamente breve, los informes psicológicos concluyeron del mismo modo: el acto de amor de haber acogido, amado y criado a ese hijo, curó completamente las secuelas psíquicas de la violación. Para nosotros fue una de las sorpresas más hermosas que tuvimos, en estos años de trabajo silencioso y fecundo.

Ante estas realidades que nos enseña la ciencia y nos muestra el trabajo de campo con quienes padecen la problemática, me pregunto: ¿Puede ser razonable matar por las dudas que el hijo fuera producto de una violación, cuando se sabe que esto casi nunca sucede? También me pregunto: ¿es bueno para la mujer violada quitarle la posibilidad de la curación total, del trauma que le produjo esa brutalidad?.

A los caballos que circulan por la ciudad hay que ponerles anteojeras, para que no vean la realidad; puesto que si la percibieran se asustarían y provocarían un desastre movidos por el miedo. Me vuelvo a preguntar: ¿qué clase de “anteojeras” tienen algunos de nuestros jueces, gobernantes y médicos, que parecen impedirles reconocer la realidad?.

En un rato se mata a una persona por nacer. Nosotros preferimos acompañar a sus mamás durante meses, ayudándolas a crecer y superar por sí mismas todos sus obstáculos. Nos parece lo mejor para todos, también para nosotros que crecemos en humanidad…

Jorge Scala

Zenit

La Corte Suprema de Irlanda afirma que la Constitución prevalece sobre la Convención Europea de Derechos Humanos

 La Corte Suprema de Irlanda pronunció una sentencia que marcó un hito a favor de la familia natural al sostener que la Constitución del país está por encima de la Convención Europea de Derechos Humanos. La sentencia sostiene que la relación entre un niño y su padre biológico, por lo general, beneficia al menor, aún en el caso de que su progenitor sea un donante de esperma y que el niño sea criado por la madre y su pareja lesbiana.

     Un panel de letrados conformado por cinco jueces invalidó en forma unánime la decisión judicial de un tribunal de primera instancia que había negado a un donante homosexual de esperma la custodia de su hijo y el derecho de visita. El fallo del mencionado tribunal se basaba, en parte, en el Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prevé el derecho a la vida familiar, y en él se sostenía que la pareja lesbiana había constituido una «familia de hecho», cuyos derechos estaban contemplados en la Convención.

     La Corte Suprema, sin embargo, sostuvo que la Constitución irlandesa no contempla que una pareja lesbiana con un hijo constituya una «familia», y que las leyes irlandesas tampoco reconocen las «familias de hecho», sea que estén constituidas por personas homosexuales o por heterosexuales que no han contraído matrimonio.

     El Presidente de la Corte Suprema, John Murray, aclaró que la Convención Europea de Derechos Humanos no es «generalmente parte de la legislación interna [irlandesa]» y que el tribunal de primera instancia «no tenía autoridad para aplicar el Artículo 8 de la Convención a la situación de las demandadas y el menor». En efecto, la Corte observó que el juez de primera instancia (quien fue miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos durante casi una década) había intentado extender de manera unilateral la jurisprudencia de la Convención Europea, dado que el Tribunal Europeo aún debe comprobar que las parejas del mismo sexo están contempladas en el Artículo 8 de la Convención.

     La Corte Suprema advirtió que la decisión judicial del tribunal de primera instancia no había dado suficiente importancia al hecho de que tener un padre es beneficioso para un niño, y ordenó que se concediera al progenitor el derecho de visita. Por otro lado, un padre biológico, aun si se trata de un donante de esperma, puede solicitar la custodia según lo establecido en la Ley de Custodia de Menores de Irlanda. Los tribunales de primera instancia deben considerar caso por caso los hechos específicos que se les presentan a fin de tomar una decisión según lo que sea mejor para los intereses del menor. 

     David Quinn, del Iona Institute de Irlanda, califica de «significativa» a la decisión, porque en ella se confirma la importancia del «vínculo biológico» de la familia natural y la primacía de la legislación nacional frente a la Convención Europea de Derechos Humanos. Si bien Quinn censuró una reciente resolución de la Corte por la que se estableció que los embriones congelados no son personas «no nacidas» con igual derecho a la protección de la que gozan los embriones implantados en el marco de la Constitución pro-vida de Irlanda, observó que, en ese caso, la Corte recurrió al Parlamento irlandés para aclarar el asunto.  

     Tal deferencia a la soberanía popular es un rasgo característico de la Corte Suprema de Irlanda. Los analistas observan que éste fue el único alto tribunal que ordenó que el Tratado de Lisboa fuera sometido a un referendo público antes de ser ratificado. Dado que algunas de las disposiciones del tratado equivalían a una enmienda de la Constitución irlandesa, consideró que era necesario el consentimiento directo de la población irlandesa.

Las naciones inculpan al Relator de la ONU que afirmó: “el género es un constructo social”

Un gran número de naciones hizo frente común para criticar un informe especial sobre “la violación de los derechos humanos por cuestiones género en la toma de medidas contra el terrorismo”. El malestar surgió a raíz de que el autor del informe presentó el concepto de género como un constructo social flexible y, además, impulsó un documento sobre “derechos homosexuales” elaborado en la ONU que se conoce como “Principios de Yogyakarta”, en vez de centrarse en la tarea asignada, que consistía en el análisis de los abusos padecidos por las mujeres que fueron capturadas en la guerra mundial “contra el terror”.

     Durante el denominado “debate interactivo” con el Relator Especial de la ONU Martin Scheinin, la Organización de Países Islámicos y del Grupo Africano, representados por Malasia y Tanzania, respectivamente, criticaron a Scheinin por exceder su mandato, violando así el Código de Conducta del Consejo de Derechos Humanos. Según el Grupo Africano, Scheinin incurrió en el uso indebido de su función, para impulsar los controvertidos Principios de Yogyakarta, declaración que pretende “reflejar el estado actual de la legislación sobre derechos humanos” en relación con “la orientación sexual y la identidad de género”. Scheinin fue uno de los casi treinta “expertos” auto-elegidos que redactaron el mencionado documento en 2007.

     En respuesta a las críticas, Scheinin defendió el uso de los Principios aduciendo que fue “absolutamente legítimo”. Además, afirmó que se trata de una “ley blanda” que “enriquece” la interpretación de las normas vinculantes sobre derechos humanos. En sus declaraciones a Friday Fax, un delegado desestimó las afirmaciones de Scheinin al indicar que no existe consenso internacional sobre orientación sexual como una categoría protegida contra la discriminación, así como tampoco una obligación jurídica vinculante.

     La nación caribeña de Santa Lucía recriminó a Scheinin el haberse apartado de la definición acordada para el término “género”, según lo establecido en la Plataforma de Acción de Beijing y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los cuales confirman la interpretación tradicional de la palabra. La delegación estadounidense, mostrando continuidad con la política de la administración Bush, también respaldó el uso del término según lo acordado en Beijing, si bien añadió que los Estados Unidos están interesados en el impacto que las medidas en contra del terrorismo han tenido en la “comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual”. El Estatuto de Roma define al género como “los dos sexos, hombre y mujer, en el contexto de la sociedad”, a la vez que el documento de Beijing reafirma el “uso ordinario y generalmente aceptado” del vocablo.

     La Santa Sede reiteró que el “género se basa en la identidad sexual biológica, masculina o femenina”, y rechazó “la noción de que la identidad sexual pueda ser adoptada indefinidamente”.  India, que rara vez toma la palabra en esta clase de asuntos sociales que generan divisiones, criticó al Relator Especial por redefinir la “perspectiva de género” y por conducir al comité a un debate “académico” que se aparta de su mandato.

     Scheinin también tuvo defensores, particularmente entre las naciones europeas y ciertos países latinoamericanos, como ser Uruguay y Chile. Noruega expresó su “respaldo absoluto” al informe y recibió con agrado la visión de género como un constructo flexible. Suiza reprendió a las naciones que se opusieron al Relator Especial por no coincidir con su presentación, y sostuvo que éstas deben acatar cualquier resolución posterior que se base en el informe.

     Un delegado que reprochó la “arrogancia” de Scheinin y de los países europeos que lo respaldan resumió el debate diciendo: “En pocas palabras, ellos nos pueden criticar a nosotros, pero a nosotros no se nos permite criticarlos a ellos. Son dioses.”

intelectuales chinos reclaman democracia y respeto de los Derechos Humanos

Trescientos intelectuales chinos reclaman democracia y respeto de los Derechos Humanos

Carta 08, un manifiesto por la libertad en China

En coincidencia con el 60 cumpleaños de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ver Aceprensa, 10-12-2008), un grupo de intelectuales chinos ha elaborado un manifiesto en que reclaman el respeto de las libertades en su país y proponen distintas reformas políticas para asegurarlas. Uno de los firmantes, el conocido disidente Liu Xiaobo, está detenido desde principios de octubre. Otros fueron interrogados la víspera del aniversario, entre ellos uno de los principales redactores, Zhang Zuhua. El 10 de diciembre hubo más arrestos entre los participantes en una manifestación pacífica en Pekín, organizada también a favor de los derechos humanos.

Los firmantes de la Carta 08 se apoyan en los compromisos a favor de los derechos humanos que el régimen chino ha suscrito en teoría

El documento, firmado por unos trescientos intelectuales y publicado en Internet el 10 de diciembre, se titula Carta 08, en recuerdo y homenaje para la iniciativa similar surgida en 1977 en la antigua Checoslovaquia. La Carta 77, entre cuyos promotores y signatarios se encontraba Václav Havel, criticaba los abusos del gobierno comunista y le exigía el respeto de los derechos humanos, como el mismo régimen se había comprometido a hacer al suscribir el Acta Final de Helsinki (aprobada en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, 1975) y otros convenios. Aunque los firmantes sufrieron duras represalias (Jan Patocka murió a consecuencia de un interrogatorio, Václav Havel y otros fueron encarcelados) la iniciativa contribuyó mucho al desprestigio y debilitamiento del régimen, lo que condujo a la “revolución de terciopelo” doce años después.

Como aquellos disidentes checos y eslovacos, los firmantes de la Carta 08 se apoyan en los compromisos a favor de los derechos humanos que el régimen chino ha suscrito en teoría. Y a continuación muestran la incoherencia del gobierno comunista, que los proclama pero los incumple sistemáticamente. “China tiene muchas leyes, pero no imperio de la ley; tiene constitución, pero no gobierno constitucional”. Las consecuencias son una corrupción endémica, clientelismo, aumento de las desigualdades sociales, creciente animosidad del pueblo contra las autoridades. No hay cauces adecuados para presentar las quejas, que a menudo se silencian con encarcelamiento y aun torturas.

El documento enumera a continuación seis principios en los que se basan sus reclamaciones: libertad, derechos humanos, igualdad, republicanismo (equilibrio de intereses y poderes), democracia y gobierno constitucional.

A continuación presentan 19 propuestas de reforma política para asegurar la protección de esos principios. El primero es cambiar la Constitución, para eliminar todo lo que en ella contradice el respeto de los derechos fundamentales. Siguen la separación de poderes, la elección por sufragio universal de los miembros de las asambleas legislativas y de los gobiernos en todos los niveles (local, provincial, nacional), la independencia de los jueces y el control público de los funcionarios. Se reclaman expresamente las libertades de asociación, de reunión y de expresión, así como la libertad religiosa.

El texto insiste también en reducir la desigualdad entre el campo y la ciudad, uno de los principales motivos de conflictos en China; en la garantía de la propiedad privada; la protección del medio ambiente; el establecimiento de una buena Seguridad Social.

La Carta 08 subraya que la demanda de libertad plena es cada vez mayor en China, y la falta de respuesta por parte de las autoridades genera el peligro de un “conflicto violento de proporciones desastrosas”. La elite gobernante no podrá mantener su poder autoritario indefinidamente. “La decadencia del sistema actual ha alcanzado el grado en que el cambio ya no es opcional”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos favorece a los objetores a Educación para la Ciudadanía

José Luis Bazán: “Los padres objetores han percibido la violencia moral que se ejerce sobre sus hijos con Educación para la Ciudadanía”.

José Luis Bazán, experto en Derechos Humanos

“La Declaración Universal de Derechos Humanos favorece a los objetores a Educación para la Ciudadanía”

Con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asociación Profesionales por la Ética ha entrevistado a José Luis Bazán quien, entre otras cosas, recuerda que el artículo 26.3 de la citada Declaración afirma que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Bazán es doctor en Derecho, autor de numerosas publicaciones, ha sido profesor en las universidades de Navarra y Católica de París y es uno de los expertos en derechos humanos más importante de nuestro país. En la entrevista José luis Bazán asegura que en menos de un año, los objetores han pasado de ser descalificados socialmente a ser amparados por casi 200 resoluciones judiciales y que Solamente los totalitarismos niegan el derecho a la objeción de conciencia.

Entrevista de la Asociación Profesionales por la Ética a José Luis Bazán:

¿Qué tiene que ver la Declaración de Derechos Humanos con la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía?

– Tiene mucho que ver porque el artículo 26.3 de la Declaración afirma que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Educación para la Ciudadanía (EpC) constituye una imposición obligatoria de asignaturas de naturaleza moral que usurpa la patria potestad de los padres.  Los padres objetores han percibido esta violencia moral que se ejerce sobre sus hijos y la regresión jurídica que supone; por eso se niegan, mediante el ejercicio del derecho a la objeción, a que sus hijos sean adoctrinados.  En ese sentido, los objetores son un testimonio de valores que la ley debe acoger y respetar.

¿Cómo es posible que se pueda objetar a Educación para la Ciudadanía, unas asignaturas que están en un real decreto de obligado cumplimiento? ¿No es ilegal esa objeción?

– Efectivamente, las leyes son obligatorias, están para ser cumplidas. Y porque la ley es obligatoria tiene sentido la objeción de conciencia, que es una excepción particular a una obligación legal general por razones de conciencia. Solamente los totalitarismos niegan el derecho a la objeción de conciencia. En España, afirma nuestro Tribunal Constitucional, la objeción es un derecho constitucional, y así ha sido reconocido en un amplio número de casos. Por ello, la objeción como derecho, por definición, no es ilegal, sino una exención jurídica que el propio Derecho reconoce y ampara.

¿Qué sentido tiene objetar a Educación para la Ciudadanía en un colegio con ideario propio?

– No hay previsión legal que permita adaptar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía al ideario propio. Estas materias están desarrolladas mediante normas legales de obligado cumplimiento. Por eso la única defensa es ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Además, se trata de una cuestión de bien común; al objetar, los padres contribuyen a la defensa de la libertad de todos los padres. La defensa de los derechos fundamentales no es una tarea particular sino que hemos de asumir la defensa de los derechos y libertades de todos, especialmente de los más desamparados.

¿Existe algún precedente europeo de objeción de conciencia en el ámbito educativo?

– Si, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la libertad ideológica de los padres  y su derecho a negarse a que sus hijos sean adoctrinados en la escuela mediante asignaturas obligatorias en dos recientes casos frente a Turquía y Noruega.  El Estado puede establecer materias objetivas, neutrales y pluralistas, pero nunca una doctrina oficial obligatoria, sea política, moral o religiosa. No solamente ocurre esto en Europa sino en otros tantos países de tradición democrática, como los Estados Unidos, donde su Tribunal Supremo ha reconocido exención a obligaciones generales como garantía de libertad ideológica de sus ciudadanos.

Sinceramente, ¿cree que el derecho a  la objeción en Educación para la Ciudadanía será reconocido por la mayoría de los tribunales?

– Es que ya lo están reconociendo. Hace un año el Gobierno y las administraciones autonómicas  acusaban a los objetores de insumisos, y a sus hijos de absentistas; les amenazaban con procesos por dejación de las funciones paternas, y les descalificaban socialmente utilizando los medios de comunicación afines. En poco más de un año, los tribunales han dictado casi 200 resoluciones judiciales (entre sentencias y autos de medidas cautelares), la mayoría de las cuales reconocen la existencia del derecho a la objeción de conciencia.

Colombia rinde examen en derechos humanos

Ante la ONU, Colombia rinde examen en derechos humanos

El vicepresidente Francisco Santos presentará cifras en cuanto a la disminución de masacres durante este Gobierno, reducción de las minas antipersona y atención a la población desplazada, entre otras

Francisco Santos, Vicepresidente de la República de Colombia

EL ATENTADO de que fue víctima una misión humanitaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el domingo en Caquetá será denunciado mañana ante la Alta Comisionada de la ONU de los Derechos Humanos, en donde la situación en el país en este campo será puesta bajo la lupa del Consejo de Derechos Humanos del organismo.

Así lo anunció el presidente Álvaro Uribe después de ser informado del atentado con explosivos del que fue objeto uno de los vehículos que hacía parte de una caravana del Icbf que se dirigía a la vereda Campo Hermoso, del municipio de San Vicente del Caguán, hecho en el cual perdieron la vida dos personas y tres resultaron heridas, cuyo pronóstico de salud es reservado hasta el cierre de esta edición.

“El Gobierno Nacional presentará sus demandas por este nuevo, aleve atentado, ante la Alta Comisionada de Derechos de Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, y ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”, aseguró el Jefe de Estado.

Este hecho se presentó justamente cuando este miércoles, la situación de los derechos humanos en Colombia será puesta bajo la lupa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde confrontarán posiciones el gobierno de Álvaro Uribe y el Alto Comisionado de la ONU, que cuenta con aportes de ONG.

Colombia estará representada por su vicepresidente, Francisco Santos, quien defenderá los “grandes esfuerzos” adelantados por el Gobierno nacional efectuados en temas de derechos humanos desde el inicio de su gestión en 2002, según el informe entregado al Consejo.

Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados son algunas de las violaciones enumeradas por las ONG sobre la situación en Colombia, que también acusan al Gobierno de obstaculizar a la justicia y no exigir responsabilidades a los grupos paramilitares, como lo señaló Human Rights Watch en su más reciente informe, en el cual señala que la extradición a Estados Unidos de los cabecillas del paramilitarismo entorpecerá los procesos de justicia y reparación a las víctimas, fruto de la desmovilización de estos grupos al margen de la ley.

Sin embargo, en el escenario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno nacional controvertirá los informes de varias ONG, al señalar que la política de seguridad democrática ha devuelto la tranquilidad en gran parte del país. En uno de sus apartes, el informe del Ejecutivo nacional señala que “la seguridad es una condición necesaria para la plena vigencia de los derechos humanos”, en referencia a los logros de su plan de “seguridad democrática” contra las guerrillas de izquierda y los paramilitares de extrema derecha.

El Gobierno habla de “tolerancia cero” con las violaciones de los derechos humanos, pero el millar de ONG, entre éstas Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) –con las que Uribe mantiene frecuentes roces–, señalan que éstas “continúan siendo graves, masivas y sistemáticas”, según el informe que enviaron al Alto Comisionado.

Los compromisos

La de mañana será la segunda fase del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que presenta Colombia, el cual asumió el país de forma voluntaria.

La presentación colombiana comprenderá un diálogo interactivo, en el que los representantes del Estado harán una exposición sobre la situación de derechos humanos en el país, sus avances y retos y responderán a las inquietudes, observaciones y sugerencias que los otros Estados planteen.

En el informe escrito presentado el pasado primero de septiembre, el Estado colombiano estableció compromisos voluntarios de reforzar sus acciones en materia de atención a las poblaciones vulnerables, minas antipersonal, lucha contra la impunidad y acceso a la justicia, educación, salud, homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura, entre otros temas, ofreciendo resultados proyectados concretos.

Dentro de los casi setenta compromisos voluntarios que Colombia presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, se pueden destacar el fortalecimiento en la atención a las víctimas de las minas antipersona; el fortalecimiento de la confianza en el poder judicial; el impulso a las investigaciones de crímenes contra los defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas; el fortalecimiento de las autoridades indígenas y afrocolombianas en el país y la cobertura plena en salud para el 2010.

El próximo mes de marzo, durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, se llevará a cabo la última etapa de la evaluación, en la que se aprobarán los resultados, las recomendaciones y los compromisos.

Educación para la Ciudadanía incluye aborto y sexualidad

Libros de texto de EpC.

Ministros y altos cargos desvelan el verdadero contenido de esta asignatura

Educación para la Ciudadanía incluye aborto y sexualidad

Hasta ahora el Gobierno de Rodríguez Zapatero habían asegurado que el conjunto de asignaturas denominadas Educación para la Ciudadanía solamente enseñaban Constitución Española y derechos humanos. Sin embargo, en los últimos días, coincidiendo con el alarmante número de abortos entre jóvenes y adolescentes, varios ministros y altos cargos socialistas han desvelado el verdadero contenido de EpC.

En resumen, estas han sido sus declaraciones:

– Bernat Soria, ministro de Sanidad, en Alicante (10-11-2008) incidió en la necesidad de trabajar más en el fomento de la educación sexual y reproductiva (para poder reducir la tasa de abortos), algo que se puede hacer desde la asignatura Educación para la Ciudadanía.

– José Martínez Olmos, secretario general del Ministerio de Sanidad ha afirmado (2-12-2008) que EpC puede servir para concienciar a los jóvenes de la necesidad de utilizar métodos anticonceptivos.

– Carmen Montón, portavoz del Grupo Socialista de Igualdad en el Congreso de Diputados, ha declarado (3-12-2008) que no entiende que se vaya en contra de una asignatura como Educación para la Ciudadanía, que tiene capítulos enteros hablando de sexualidad, sexo seguro y responsable.

–  Mireia Pilar Ruiz, secretaria general de las Juventudes Socialistas de Archena (Murcia) ha asegurado que la asignatura Educación para la Ciudadanía incluye módulos de educación sexual, contenidos que se empeñan en calificar de adoctrinamiento moral.

–  Mercedes Cabrera, ministra de Educación, Política Social y Deporte, ha recordado (3-12-2008) que hay que formar ciudadanos que conozcan sus derechos y obligaciones y la educación respecto al aborto es un objetivo esencial.

Para Isabel Aranguren, de Profesionales por la Ética de Madrid, las declaraciones citadas reflejan cuatro aspectos relacionados con EpC:

1. Lejos de enseñar valores constitucionales, las asignaturas de EpC se introducen, de manera obligatoria y con carácter evaluable, en ámbitos de formación moral que corresponden a las familias.

2. EpC se propone formar la conciencia moral de los alumnos, educarles en la autonomía moral (no hay normas objetivas en materia de ética y moral) y en el relativismo moral (no hay Bien ni mal, está bien lo que tú decidas que es bueno). En ese contexto, el aborto es una opción más, perfectamente válida si la persona considera que le favorece.

3. EpC se refiere a los derechos humanos como conquistas históricas inacabadas. Con ese planteamiento, el supuesto «derecho al aborto» entra a formar parte del programa de este conjunto de asignaturas.

4. La introducción de métodos anticonceptivos y de preservativos en la escuela ha provocado un creciente número de abortos en las últimas décadas; si se utiliza EpC para proseguir estas mismas políticas, lo natural es que el número de abortos se multiplique en los próximos años.

En opinión de Isabel Aranguren, el diseño actual de EpC es un pretexto para formar nuevos ciudadanos a la medida de la ideología del Gobierno de turno. «Esto explica», asegura, «que más de 50 mil padres hayan objetado a EpC en defensa del derecho a educar a sus hijos según sus convicciones».