Informe de Profesionales por la Ética en Estrasburgo

Hace unos días enviamos a Estrasburgo un informe que denuncia determinadas legislaciones y actuaciones del Estado español entre 2010-2013, con motivo de la evaluación de España de la Carta Social Europea (ESC) en el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (ECSR). El informe propone también una serie de recomendaciones relativas a cada aspecto denunciado.

 

El informe, -suscrito por 25 asociaciones españolas- denuncia:

 

–  La existencia, entre 2010 y 2013, de asignaturas escolares adoctrinadoras obligatorias como Educación para la Ciudadanía además de una educación sexual ideologizada. 

–  Discriminación del padre en casos de divorcio

–  Discriminación de la mujer a causa de su maternidad

–  Ausencia de protección a la maternidad en situaciones difíciles

 

Explico un poco cada uno de estos punto y las recomendaciones sugeridas el informe completo puedes leerlo y descargarlo pinchando aquí.

 

Educación sexual ideologizada

 

En relación con la educación sexual ideologizada, el Informe indica que  numerosas leyes españolas(Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, entre otras) tienen en común los siguientes aspectos:  

  • En la mayoría de los casos, imponen una educación sexual al margen del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.
  •  Transmiten una visión antropológica de la sexualidad que no es compartida por todos los ciudadanos.
  •  Difunden formas de comportamiento sexual que no han demostrado ninguna eficacia; por el contrario,  incitan a los menores a mantener relaciones prematuras y aumentan la transmisión de enfermedades sexuales en las menores así como el número de embarazos no deseados.
  • No respetan el diferente grado de madurez de los adolescentes al impartirse por edades y al margen de su distinto desarrollo físico y psíquico.

 

Como recomendaciones, el Informe propone, además de eliminar Educación para la Ciudadanía (asignatura que se encuentra en su último curso escolar), eliminar la educación sexual temprana ideologizada y obligatoria y asignarla a los padres, tutores o a quienes ellos designen, de forma que estos puede elegir el enfoque y la edad en que sus hijos han de recibirlo.

 

 

Discriminación del padre en casos de divorcio

 

El Informe pone de manifiesto que la legislación española, muy especialmente la controvertida Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, discrimina con frecuencia al padre en los procesos de divorcio y da lugar a denuncias falsas fomentando el uso de los menores como arma arrojadiza y forma de herir o vengarse del cónyuge.  De esta forma, se le priva al menor de la figura de uno de sus progenitores, habitualmente el padre. Si a esta ausencia de la figura paterna, se añade el sufrimiento de los menores en las separaciones y divorcios, traumáticas ya de por sí, las denuncias, el daño al menor puede ser grave e irreversible. Lamentablemente, nada de esto preocupa a las personas que se benefician del conflicto y de una legislación injusta por discriminatoria.

 

El Informe propone la generalización de la custodia compartida, salvo en casos de maltrato demostrado,  para que ambos progenitores compartan la responsabilidad de la educación del menor y se le evite al menor la desaparición de uno de sus referentes familiares y su familia extensa.

 

Discriminación de la mujer a causa de su maternidad

 

El Informe denuncia que España vulnera los siguientes derechos:

  • Derecho de las mujeres trabajadoras a la protección de la maternidad.
  • Derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica.
  • Derechos de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato.

Estos derechos están recogidos en normas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales respecto a la igualdad entre el trabajo de hombres y mujeres, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales respecto a la protección de las madres y futuras madres y el Convenio de la OIT sobre Protección de la Maternidad.

 

El Informe señala que muchas mujeres desean ser madres. Sin embargo, en el ámbito laboral supone un perjuicio económico para el contratante y un obstáculo en la posterior carrera profesional en caso de solicitar una excedencia o abandonar temporalmente el marcado laboral.  En esta situación, la mujer se encuentra con dos opciones: renunciar a la maternidado renunciar al trabajo. No puede haber mayor injusticia y discriminación, por lo que se debe incidir en eliminar esa disyuntiva de forma que la mujer pueda elegir libremente realizarse en ambas funciones sin que menoscabe su proyección laboral ni su vida personal.

 

Se denuncia igualmente el mobbing al que a menudo se somete a las madres en el trabajo –el acoso, discriminación, violencia o abuso que sufre la mujer por decidir ser madre-, empieza cuando una joven en su ámbito de trabajo, por el simple hecho de estar en edad de procrear, embarazada o tener hijos menores, sufre situaciones tales como el no ser contratada por estar en edad fértil, ser degradada de sus funciones, disminución de su salario, presión para renunciar voluntariamente, no renovación de contrato, despido, etc… y continúa con intimidación para que abandone su puesto de trabajo o flagrante discriminación si solicita reducción de jornada o mayor flexibilidad en el horario laboral. La crisis económica, la eliminación de prestaciones para la mujer-madre, la falta de cultura social y laboral positiva en España a favor de la maternidad generan un descenso en la verdadera conciliación maternidad-empleo.  A ello se une la necesidad de recuperar el prestigio de la mujer que ha decidido dedicarse en exclusiva a su familia y que por ello es sometida a una exclusión social sistemática.

 

Las recomendaciones del Informe en esta materia son:

  • Facilitar el trabajo para la mujer- madre con medidas que incluyan flexibilidad de horario real y ajustado a las necesidades de la madre trabajadora, promoción del trabajo desde casa y de las responsabilidades profesionales por objetivos, ampliación del derecho a la reducción de jornada para la madre trabajadora.
  • Inversiones públicas en políticas de ayuda familiar que incluyan desde la ampliación de la paga de 100 euros a todas las madres con hijos menores de 3 años hasta porcentajes de desgravación de impuestos que favorezcan el esfuerzo económico de la crianza de hijos.
  • Normativa que incentive la contratación de mujeres madres implementando ayudas de forma que los contratantes no se vean perjudicados por esa condición familiar.
  • Campañas de sensibilización de la función social de la mujer madre y políticas de dignificación del trabajo en el hogar elegido libremente, incluyendo como categoría laboral la “dedicación exclusiva a la familia” con acceso a prestaciones propias del asalariado.
  • Nuevas prestaciones socio laborales que faciliten la permanencia de la mujer madre en el mercado laboral.

Ausencia de protección a la maternidad en situaciones difíciles

El Informe recoge la vulneración por parte de España de la legislación internacional  respecto a la protección a las madres en todas las etapas de embarazo y parto a causa de la vigencia de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ha incrementado la discriminación por maternidad. Han aumentado además  el número de abortos, contraviniendo entre otras las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de implementar políticas y medidas que los reduzcan.  Se han detectado además numerosos casos de mujeres que no desean abortar pero se ven abocadas a ello por la presión social y laboral o imposición de su pareja contra la propia voluntad de la gestante, lo que supone una nueva y terrible vulneración de los derechos de las mujeres. 

 

En este punto, el Informe recomienda eliminar el rango de “derecho” para el aborto y promover la intervención institucional de apoyo a las mujeres embarazadas desde la Atención Primaria del Sistema de Salud de forma que vean amparadas sus necesidades básicas y las de su hijo. Además, se incide especialmente en el caso de las menores embarazadas, para las que se recomienda, entre otras medidas, programas específicos de ayuda, siempre con el conocimiento y apoyo de sus padres.

 

El Informe presentado por 25 asociaciones civiles se presenta al grupo de trabajo “Niños, familia y migrantes” del ECSR, que emitirá sus conclusiones en diciembre de 2015.

 

Puedes leer y descargar el informe completo aquí: http://www.profesionalesetica.org/wp-content/uploads/2015/11/Informe-ECSR-Espa%C3%B1a-PpE2015-.pdf

 

Leonor Tamayo

Presidenta

PROFESIONALES POR LA ÉTICA

España

www.profesionalesetica.org

@TamayoLeonor

@profesionales

@PpEint

 

Profesionales por la Ética es una asociación inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior (España) con el número nacional 111.456. Pertenece a la OSCE y al FRP de la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) y está acreditada como ONG ante el Parlamento Europeo. Es asimismo miembro fundador de Women of the World y de la Euthanasia Prevention Coalition – Europe. También forma parte de la coaliciones internacionales Life is Beautiful y UN Family Caucus.

Asociaciones firmantes del Informe

 

APFS ESPAÑA
ASOCIACIÓN CATÓLICA DE MAESTROS VALENCIANOS ACVMVAL
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS MADRID
ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS SEPARADAS APFS
ASOCIACIÓN EUROPEA DE ABOGADOS DE FAMILIA
ASOCIACIÓN NACIONAL POR LA DEFENSA DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA ANDOC
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS DEL NIÑO SOS PAPA
CASTELLÓN EDUCA EN LIBERTAD CEL
CENTRO JURÍDICO TOMÁS MORO
CÓRDOBA POR LA DEFENSA DE LA IGUALDAD EFECTIVA CODIE
DERECHO A VIVIR
FUNDACIÓN CITIZEN GO
GENMAD GENMAD
HAZTE OIR HO
INSTITUTO DE POLÍTICA FAMILIAR IPF
MADRID EDUCA EN LIBERTAD MEL
MUJER MADRE Y PROFESIONAL
MUJERES CORDOBESAS POR LA DEFENSA DE  LA IGUALDAD EFECTIVA MUCODIE
PROJUSTICIA
UNIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES Y PLATAFORMAS POR LA CUSTODIA COMPARTIDA
VIDA DIGNA
WOMEN OF THE WORLD WoW

 

 

Los colegios CEU en defensa de la vida

Ante la aprobación en el Congreso de los Diputados de la ley Salud Sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo los colegios CEU han hecho público un manifiesto que, a continuación, reproducimos íntegramente.

Los colegios CEU defienden el derecho a la vida

“1.- Que la aprobación de esta ley supone un atentado contra el derecho a la vida, en concreto contra el derecho a la vida del ser más inocente y débil que existe, el ser humano no nacido, que pasa a ser despreciado (no digno de defensa) en nuestro ordenamiento jurídico.2.- Que la aprobación de esta ley supone un atentado contra la dignidad de la mujer al ser abandonada por parte de los poderes públicos ante cualquier dificultad que pueda surgir en su embarazo. Asimismo, esta ley deja a la mujer indefensa ante las múltiples presiones existentes en nuestra sociedad hacia la mujer embarazada.3.- Que la aprobación de esta ley, al despreciar el derecho más fundamental que es el derecho a la vida, quiebra con el principio de igualdad y libertad que es básico y fundamental en la educación de las nuevas generaciones y que procuramos transmitir en nuestra labor educativa.4.- Que los artículos 5 y 9 de la ley atentan contra el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos. Esta ley impide que los padres decidan la orientación de “la formación en salud sexual y reproductiva como parte del desarrollo integral de la personalidad y de la formación en valores”.
 
5.- Que los artículos 5 y 9 atentan contra la libertad de educación propia de una sociedad democrática y en la que pretendemos desarrollar nuestra vocación específica al servicio de las familias y de la sociedad. Por ello la imposición de las medidas educativas que señala la ley, así como el observar el aborto como una solución más ante un embarazo imprevisto, cuestión en que la ley insiste especialmente, no son acordes con nuestro proyecto educativo, ni con las expectativas que los padres tienen con el mismo.6.- Que las enseñanzas que trata de imponer la ley, en cuanto a la información de las técnicas abortivas y de la educación sexual, son contrarias a la verdad de la naturaleza humana e incoherentes con la responsabilidad exigible al ser humano como sujeto moral dueño de sus actos.7.- En este sentido denunciamos la desprotección en la que quedan nuestros alumnos y especialmente nuestras alumnas ante políticas educativas que enseñan un cuestionable uso de la sexualidad.Por todo lo anterior como miembros de la comunidad educativa queremos: – expresar nuestro más firme rechazo a la ley aprobada por el Congreso de los Diputados, al tratarse de una ley en clara contradicción con los principios que deben fundamentar toda sociedad democrática y que forman parte de nuestro proyecto educativo.- reafirmar nuestro compromiso con la sociedad española, y en especial con las familias que han confiado en nosotros, en la educación de nuestros niños y jóvenes en la Verdad y responsabilidad desde la libertad; a partir los principios que profesamos.- reafirmar el compromiso con  nuestro ideario educativo y el compromiso en su defensa y mantenimiento frente a los ataques que sufre desde el texto legal aprobado.- exigir la retirada de la ley aprobada y el desarrollo de una reforma legislativa que realmente proteja el derecho a la vida de todo ser humano, la dignidad de la mujer y la libertad de enseñanza.- manifestar nuestro compromiso con las movilizaciones sociales que promueven la defensa de la vida, la dignidad de la mujer y la libertad de educación.- solicitar una renovación de las políticas sociales, clara y decidida,  de apoyo a la mujer y especialmente a la mujer embarazada, que le permitan afrontar con libertad su situación personal y la de su hijo. 

Más de cien asociaciones denuncian que el Gobierno quiere imponer «su moral sexual»

Un total de 143 asociaciones denuncian que el Gobierno pretende, según recoge el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), enseñar en las escuelas “su moral sexual” y el aborto, lo que supone en su opinión “una intromisión clara del Estado”.

 

Durante la presentación del manifiesto, que se titula «El derecho de los padres a decidir la educación sexual de sus hijos», la presidenta de España Educa en Libertad, Marisa Pérez Toribio, señaló que con las medidas que propone el Ejecutivo “se deja al margen a los padres y se pretende imponer la moral sexual y la ideología del Gobierno”. “No nos oponemos a la educación sexual, pero no estamos dispuestos a dejar en manos del Estado este tipo de formación que, además, afecta a las condiciones morales”, añadió Pérez Toribio.

Por su parte, el presidente de la Fundación Educatio Servanda, Juan Carlos Corvera, apuntó que la intención de los poderes públicos “choca con la neutralidad de los colegios públicos y con el ideario de los privados y concertados”. También el secretario general de Profesionales por la Etica, Fabián Fernández Alarcón, criticó la medida y añadió que “no corresponde al Estado determinar conforme a qué criterio ha de educar a los niños”. “Se quiere enseñar a los niños qué es un aborto y que es un derecho suyo”, denunció.

En el manifiesto, las entidades señalan que el capítulo educativo de la nueva legislación sobre aborto “es un paso más en el proyecto ideológico y cultural de transformación de la sociedad y que, como ya sucede con Educación para la Ciudadanía (EpC), vulnera de lleno el derecho de los padres”. Asimismo, el documento se dirige a las administraciones educativas, a los padres, a los centros educativos con ideario propio y a los de la red pública para pedirles que “rechacen de plano la intromisión estatal en el ámbito de las libertades individuales”.

Cáritas con Haití

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Y EN LAS CUENTAS DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS

 

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Más de 200 millones de cristianos sufren discriminaciones

Denuncia del representante vaticano en la ONU

 Aunque “no hay ninguna religión en el mundo que esté exenta de discriminación”, la cristiana es la más perseguida.
Lo denunció el pasado 21 de octubre en Nueva York el arzobispo Celestino Migliore, nuncio apostólico y observador permanente de la

Santa Sede ante las Naciones Unidas.
“Está bien documentado que los cristianos son el grupo religioso más discriminado”, afirmó el prelado durante su intervención en la 64ª sesión de la Asamblea General del organismo sobre la promoción y defensa de los derechos humanos.
“Más de 200 millones de ellos, de varias confesiones, se encuentran en situaciones de dificultad debido a estructuras legales y culturales que conducen a su discriminación”, especificó.
“A pesar de ser repetidamente proclamado por la comunidad internacional y especificado en los instrumentos internacionales y en las Constituciones de la mayor parte de los Estados”, el derecho a la libertad religiosa “continúa siendo hoy violado de una manera amplia”, constató.
“Actos de intolerancia y violaciones de la libertad religiosa continúan perpetrándose de muchas formas”, por lo que “cada vez se llevan más casos a los tribunales o a los organismos internacionales para los derechos humanos”.

La amenaza de las leyes sobre la blasfemia
En los últimos meses, recordó el observador permanente, algunos países de Asia y de Oriente Medio han visto a las comunidades cristianas “atacadas, con muchos heridos y muertos”, e “iglesias y casas presas de las llamas”.
Estas acciones, señaló, “han sido cometidas por extremistas en respuesta a las acusaciones realizadas contra algunas personas en base a las leyes antiblasfemia”.

En este contexto, monseñor Migliore declaró que su delegación “valora y apoya” la promesa del Gobierno de Pakistán de “revisar y enmendar esas leyes”.
Las disposiciones legislativas sobre la blasfemia, prosiguió, “se han convertido demasiado fácilmente en una oportunidad, para los extremistas, de perseguir a los que escogen libremente seguir una tradición de fe distinta”.
Y han sido utilizadas para “fomentar la injusticia, la violencia sectaria y la violencia entre religiones”, añadió.
Ante a esta situación, los Gobiernos deben “afrontar las causas profundas de la intolerancia religiosa y abolir estas leyes que sirven como instrumentos de abuso”.

Voluntad de cambio
Si en la legislación que restringe la libertad de expresión “no se puede cambiar la actitud”, declaró el arzobispo Migliore, “lo que aquí en cambio se necesita es voluntad de cambio”.

Ésta se puede lograr “concienciando más a las personas, conduciéndolas a una mayor comprensión de la necesidad de respetar a todas las personas, independientemente de su fe o de sus antecedentes culturales”.
Los Estados, por su parte, “deben evitar adoptar restricciones a la libertad de expresión, que a menudo han conducido a abusos por parte de las autoridades, y evitar también silenciar las voces disidentes, sobre todo las de las personas que pertenecen a minorías étnicas y religiosas”.

La auténtica libertad de expresión puede contribuir a un mayor respeto por todos y proporcionar la oportunidad de hablar contra violaciones como la intolerancia religiosa y el racismo, y promover la igual dignidad de todos”, indicó.
Visto que el odio y la violencia hacia determinadas religiones que persisten en varios lugares apuntan a una situación caracterizada por la intolerancia, “es imperativo que las poblaciones de las diversas tradiciones de fe colaboren para crecer en la comprensión recíproca”, destacó.
Y añadió: “Es necesario un auténtico cambio de mentalidad y de corazón”.
Este objetivo -aseguró-, se logra sobre todo a través de “la educación a la importancia de la tolerancia y del respeto por la diversidad cultural y religiosa”.
“La cooperación entre las religiones -concluyó el arzobispo- es un requisito para la transformación de la sociedad”, porque “realmente es posible construir una cultura de la tolerancia y de la coexistencia pacífica entre los pueblos”.

 

Asesinato de un misionero en Brasil

Fuentes eclesiales consideran que su muerte se debe a la denuncia de droga y prostitución.
 Benedicto XVI ha expresado profundo pesar por la trágica muerte del padre Ruggero Ruvoletto, misionero italiano fidei donum de la diócesis de Padua, asesinado el sábado en Amazonia.
El dolor del Papa es manifestado en un telegrama, firmado por el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado, dirigido al arzobispo de Manaus, monseñor Luiz Soares Vieira.
En el mensaje, el Papa condena firmemente también este “acto vil y cruel contra un pacífico servidor del Evangelio” y transmite la cercanía espiritual en la oración.
El padre Ruvoletto fue asesinado este sábado en su parroquia de Santa Evelina, a las afueras de Manaos, en el nordeste de Brasil.
El servicio de información religiosa SIR, de la Conferencia Episcopal Italiana, constataba este martes que “se está abriendo camino la hipótesis, denunciada por un misionero italiano en Brasil, de que la muerte del padre Ruvoletto ha sido una ejecución como parte de una serie de actos de intimidación contra la Iglesia en la región de Manaus, porque desde hace tiempo denuncia las actividades criminales, el tráfico de droga, y la trata de seres humanos”.
Desde el año 2006 hay documentos y entrevistas (una de ellas la publica este martes la diócesis italiana de Padua (www.diocesipadova.it), que muestran cómo el sacerdote denunciaba “la droga y la prostitución como plagas sociales”.

Rubalcaba arremete contra el PP por la denuncia sobre las filtraciones en el caso “Gürtel”

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha calificado hoy de “delirante” desde el punto de vista jurídico la denuncia que ha presentado el PP por las presuntas filtraciones del caso “Gürtel” y ha afirmado que el objetivo de este partido es que no se discuta de “la corrupción que tiene en casa”.

El ministro de Interior ha afirmado en una rueda de prensa en Santander que el PP sabe que su denuncia “no va a ningún sitio”, pero la ha presentado para que se discuta sobre las filtraciones porque “de lo único que no le gusta discutir es de los problemas de corrupción que tiene en su casa”. “Esos los tiene, a la vista de todo el mundo”, ha agregado.

 Después de subrayar que la policía persigue presuntos delincuentes, Pérez Rubalcaba ha “negado rotundamente” las acusaciones que se vierten, a su juicio, de forma subvertiría en la denuncia. “Lo niego rotundamente“, ha afirmado el ministro, quien ha advertido al PP de que si lo que pretende es que la policía desista, es “una pretensión inútil”. Ha añadido además que si lo que el PP pretende es “amedrentar o asustar” al Estado de derecho también es “inútil”.

 “El Estado de Derecho está funcionando y lo que pretende el PP es amedrentar al Estado de Derecho y eso no lo va a conseguir”, ha señalado el ministro, quien ha subrayado que tampoco lo va conseguir con la policía o con el Gobierno.

 Pérez Rubalcaba, quien hoy ha inaugurado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander un seminario sobre seguridad, también ha pedido al PP que no busque conspiraciones donde no las hay y dar explicaciones que “son falsas” y que “no eche la culpa de sus problemas ni al Gobierno, ni a la policía, ni a los jueces ni a los fiscales“. “Que miren dentro, que examinen lo que les pasa y que resuelvan, pero que no le echen la culpa a quien no la tiene, porque eso, sencillamente, no cuela”, ha añadido Rubalcaba.

El PP pide que declare el secretario de Estado de Interior por las filtraciones del caso Gürtel

El PP quiere que se investiguen las filtraciones en el caso Gürtel

El Partido Popular ya ha presentado en un juzgado de instrucción de Plaza Castilla de Madrid una denuncia por las filtraciones del Caso Gürtel en diversos medios de comunicación del Grupo PRISA.Los populares piden en la denuncia que declaren el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, y su subordinado, el comisario que dirige la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Olivera.

El PP ha presentado en la mañana de este viernes la denuncia y el texto va acompañado por recortes de las informaciones en medios de comunicación que, a juicio del PP, confirman las filtraciones y su procedencia policial. El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, ha recordado que su partido ha venido denunciado “la campaña de acoso” contra los dirigentes del PP y sus siglas. A su entender, se está tratando de desarrollar “un juicio paralelo” con penas de banquillo anticipadas.

 La denuncia en sus aspectos fundamentales pide que se investiguen tanto las intervenciones telefónicas como las violaciones del secreto sumarial en el caso Gürtel. Además hace especial hincapié en distintos episodios como la reciente difusión de las conversaciones de un miembro de la trama, en la cual decía que iba a comprar un bolso para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.