La Cruz y Europa

El caso Lautsi ha levantado revuelo en Europa después de que el Tribunal europeo de derechos humanos condenara a Italia por la presencia de los crucifijos en las escuelas públicas, una presencia que supuestamente viola los derechos humanos. Para dar una base legal a su decisión, el Tribunal creó una nueva obligación, según la cual el Estado está «obligado a la neutralidad confesional en el campo de la educación pública».

 El Tribunal añadió que no veía «cómo la exposición en las clases de las escuelas públicas, de un símbolo que es razonable asociar al catolicismo (religión mayoritaria en Italia) puede servir al pluralismo educativo, que es esencial para preservar una “sociedad democrática” tal como la concibe la Convención». Así, según el Tribunal, los Estados europeos deberían ser arreligiosos (neutralidad confesional) para servir al pluralismo, que sería la causa constitutiva de una sociedad democrática. En otros términos, el Tribunal afirma que una sociedad, para ser democrática, debe renunciar a su identidad religiosa. Italia presentó recurso de apelación contra esta decisión ante la Grande Chambre del Tribunal de Estrasburgo. La apelación se expuso el 30 de junio pasado y el juicio del Tribunal se espera para otoño.

 Este caso es sumamente importante. Es emblemático, puesto que está en juego la legitimidad misma de la presencia visible de Cristo en las escuelas italianas y, por extensión, de toda Europa. Se ha convertido en un símbolo en el conflicto actual sobre el futuro de la identidad cultural y religiosa de Europa. Un conflicto que enfrenta a los partidarios de la secularización completa de la sociedad y a los defensores de una Europa abierta y fiel a su identidad profunda. Los primeros ven el laicismo como la solución que permite gestionar el pluralismo religioso y el pluralismo como un argumento que permite imponer el laicismo. La secularización no es un fenómeno completamente

espontáneo o ineludible. Procede incluso a través de opciones políticas, como la política anticlerical de Francia a comienzos del siglo xx.

NECESIDAD DE IDENTIDAD

 Europa es distinta. El pluralismo religioso, el cosmopolitismo que sirve de paradigma para la reflexión del Tribunal, en realidad es una ficción extraña en la mayor parte del territorio europeo. Sin embargo, es verdad que estamos en una época en la cual las identidades nacionales se ponen en tela de juicio, pero al mismo tiempo es muy fuerte la necesidad de identidad. La Europa occidental de finales de la segunda guerra mundial vivió jurídicamente en un régimen proclamado de libertad religiosa; pero, de hecho, lo que hemos conocido es más bien un régimen de simple tolerancia religiosa. Esto se explica con el hecho de que las minorías religiosas en aquel tiempo eran poco visibles y no pretendían modificar la identidad religiosa de las naciones a las que habían emigrado.

 Hoy la situación es diferente. La presencia del islam obliga a Europa a tomar realmente posición sobre la libertad religiosa. Esta elección no es sólo una toma de posición filosófica, sino que tiene también importantes consecuencias concretas sobre la realidad de la identidad religiosa occidental. Resulta cada vez más evidente que las instituciones públicas de Europa occidental —y la sentencia Lautsi lo demuestra— han optado por limitar la libertad religiosa e imponer una secularización de la sociedad para promover un modelo cultural preciso en el cual la ausencia de valores (neutralidad) y el relativismo (pluralismo) son valores en sí mismos para sostener un proyecto político que se quiere que supere la religión y la identidad. Este proyecto político, en cuanto sistema filosófico, pretende tener el monopolio.

 En este contexto de radicalización de la secularización se inserta el caso Lautsi. Es el último y principal obstáculo contra el cual ha topado el proceso de secularización después del debate relativo a las «raíces cristianas» en el preámbulo del Tratado constitucional europeo. El hecho de que una jurisdicción haya podido, en nombre de la libertad religiosa, llegar a la conclusión de que una sociedad, para ser democrática, debe renunciar a su identidad religiosa, exige una reflexión sobre la evolución del concepto. El caso Lautsi muestra que este concepto, ideado para proteger a la sociedad del ateísmo de Estado, al final se ha convertido en un instrumento de deslegitimación social y de privatización de la religión. En definitiva, este caso muestra que este modo de entender la libertad religiosa puede volverse contra la religión y ser el principal instrumento conceptual de la secularización de la sociedad.

 SI SE NIEGAN LAS IDENTIDADES COLECTIVAS

 La primera y principal carencia que el caso Lautsi revela es la incapacidad de la concepción moderna de libertad religiosa de pensar y de respetar la dimensión religiosa de la vida social y la dimensión social de la religión. La teoría que ha llevado a la sentencia Lautsi se basa en el reconocimiento exclusivo de los derechos del individuo, que se supone dotado de una conciencia considerada infalible por naturaleza y destinado a evolucionar en una sociedad imaginada como axiológicamente (moralmente) neutral. Esta libertad se considera universal en cuanto fundada en la naturaleza humana y es imperativa puesto que es la expresión de uno de los aspectos de la dignidad humana. Por el contrario, la sociedad pública, en cuanto considerada una entidad artificial al servicio del individuo, debe anularse frente a la única autoridad legítima: la libertad que deriva de la dignidad individual.

 La identidad religiosa de la sociedad ya no tiene, de por sí, valor y legitimidad. Se considera un simple hecho heredado de la historia. En numerosos campos, el derecho internacional reconoce que las naciones pueden ser titulares de derechos subjetivos, como el derecho de proteger su identidad cultural, lingüística y ecológica y de transmitirla a las generaciones futuras; pero esto no vale para su identidad religiosa, aunque se trate de uno de los componentes más profundos de la identidad. En materia religiosa, las naciones no son titulares de ningún derecho. Según la concepción moderna de la libertad de religión, sólo los individuos, tomados aisladamente, poseen derechos religiosos que se ejercen en los límites que fijan las legislaciones nacionales. La religión y las distintas sociedades intermediarias no se benefician de una protección especial: sólo cada creyente, individualmente, es titular de este derecho, y este derecho se ejerce ante todo y sobre todo respecto a terceros y respecto a la sociedad.

 Esta libertad religiosa implicaría, pues, la neutralización de la identidad religiosa de la sociedad, pero esa neutralidad es profundamente ilusoria. De hecho, aunque el poder civil puede ser indiferente a las convicciones íntimas de las personas, no puede serlo del todo respecto de la religión en cuanto que esta es por su naturaleza un fenómeno social. Así, pretender ser indiferente respecto de la religión al final significa negar la dimensión fundamentalmente social de la religión y limitarla a la esfera privada de las convicciones íntimas.

 Es expresión de una opción filosófica afirmar en el caso Lautsi que el Estado debería actuar como si la sociedad y la cultura italianas no tuvieran nada de religioso. Sin embargo, un Estado, un pueblo, tiene necesariamente una identidad, y esta identidad tiene necesariamente una dimensión religiosa. Un Estado no es un concepto, no es una estructura neutral, no tiene la frialdad de una institución supranacional; un Estado es la emanación de un pueblo, con su historia y su identidad. En esta óptica, los símbolos sirven precisamente para representar, para encarnar los componentes de la identidad social. La identidad colectiva se construye en torno a símbolos. La dimensión religiosa de la identidad social de un pueblo la constituyen y manifiestan toda una serie de usos sociales y costumbres, como las fiestas, los nombres, un cierto tipo de relaciones humanas, el vestido e incluso la alimentación. Se manifiesta también mediante símbolos visibles, como los crucifijos en las escuelas, en los hospitales o en las plazas y en los monumentos públicos.

 Para ser coherente consigo mismo, el Tribunal europeo debería renunciar a cerrar en Navidades o en Pascua, y adoptar, como habían hecho los revolucionarios franceses, un calendario nuevo sin referencias a la vida de Cristo. De hecho, la identidad religiosa de una sociedad no puede ser neutralizada: puede ser negada, atacada y sustituida, pero no neutralizada. Por consiguiente, el verdadero centro de la cuestión en el caso Lautsi es la legitimidad de una autoridad supranacional que pretende modificar con imperio la dimensión religiosa de la identidad de un país. La teoría jurídica de la libertad religiosa no es capaz de tener en cuenta la identidad cristiana de Europa; es precisamente esto lo que el caso Lautsi ha revelado. Por consiguiente, la reacción política sin precedentes que ha suscitado la sentencia de noviembre de 2009 reviste una gran importancia, en cuanto que es una verdadera reafirmación de la legitimidad propia y particular del cristianismo en la identidad de Europa, frente a la dinámica de la secularización.

 INDIVIDUO Y SOCIEDAD

 El caso Lautsi revela también que el modo como el Tribunal de Estrasburgo afronta la libertad religiosa se basa en una concepción conflictual de las relaciones entre el individuo y la sociedad. La sociedad y la persona no son consideradas en una relación de complementariedad, sino de oposición: la sociedad es el principal obstáculo a la libertad individual; son las sociedades las que limitan la libertad; por tanto, deberían anularse, llegar a ser lo más neutrales posible con el fin de liberar el espacio para el libre ejercicio de la conciencia individual.

 Dicha concepción conflictual lleva a una lógica de reivindicación exclusiva de «mi derecho particular» contra el conjunto de la sociedad. El derecho de los hijos de la señora Lautsi a no estar obligados a ver el símbolo de Cristo debería prevalecer, sin ninguna componenda posible, sobre el deseo mayoritario de todo un pueblo, e incluso de todos los pueblos miembros del Consejo de Europa. La absolutización de la dignidad y de la autonomía individual lleva a la absolutización del derecho que la garantiza, y a la anulación de los intereses de la comunidad.

 La libertad contra la religión

 El caso Lautsi también debe llevar a interrogarse sobre el peligro que constituye la lógica de la libertad religiosa cuando se lleva al extremo, en cuanto que lleva a negar la religión en nombre de la libertad de religión, a defender la libertad de religión suprimiendo socialmente la religión. Es lo que ha hecho el Tribunal: ha pretendido defender la libertad religiosa suprimiendo el símbolo religioso. Se trata de un verdadero vuelco histórico y conceptual, puesto que en la posguerra se quiso la libertad religiosa como instrumento de defensa de la trascendencia del hombre ante el nihilismo de Estado. La libertad de religión es probablemente el derecho más violado en Europa en el siglo xx; sus enemigos se niegan a admitir que la religión y la libertad no son necesariamente antinómicas —utilizan la libertad contra la religión— e incluso consideran que la simple manifestación de la religión de los demás viola la libertad religiosa.

 Por último, como resulta de la jurisprudencia del Tribunal europeo, la libertad religiosa ya no es un derecho primario, fundamental, directamente derivado de la naturaleza trascendente de la persona humana, sino un derecho secundario, concedido por la autoridad civil y derivado del ideal de pluralismo democrático. Se trata de un vuelco conceptual. Así son cada vez más frecuentes en la jurisprudencia fórmulas como: la libertad de religión garantiza el pluralismo y por ello merece una tutela especial. La manifestación de las convicciones religiosas se encuentra así encuadrada por las exigencias de un orden público asimilado a la neutralidad.

 No sólo, sino que en la realidad la libertad de religión se limita cada vez más sólo a la libertad de fe, es decir, a la libertad interior de creer o no creer. Sería un error considerar que la fe es independiente de la religión en cuanto que una es interior y la otra exterior. Limitar la libertad de religión (a causa de la no legitimidad social de la religión) para proteger sólo la libertad de fe (como expresión pura de la trascendencia humana) correspondería, en una familia, a prohibir las oraciones y el catecismo en nombre de la libertad del acto de fe de los hijos. De hecho, así habría poquísimas posibilidades de trasmitir la fe a los hijos. Lo mismo vale para la sociedad. Quitar la religión de la sociedad equivale a quitar la fe de los corazones de las generaciones futuras.

 REACCIÓN SIN PRECEDENTES

 La sentencia Lautsi ha provocado una reacción social y política sin precedentes en la historia del Consejo de Europa. Nunca una decisión del Tribunal de Estrasburgo fue tan contestada, con tanto vigor, no sólo por los creyentes, sino también por la sociedad civil y numerosos Gobiernos. Tres semanas después de la audiencia ante la Grande Chambre, es cada vez más evidente que se ha obtenido una gran victoria contra la dinámica de la secularización. Aunque jurídicamente Italia todavía no ha ganado, de hecho políticamente ya ha logrado una victoria magistral. En efecto, hasta ahora, no menos de veinte países europeos han manifestado su apoyo oficial a Italia defendiendo públicamente la legitimidad de la presencia de símbolos cristianos en la sociedad y, en particular, en las escuelas.

 En un primer tiempo, diez países se comprometieron en el caso Lautsi con «intervenciones de terceros» (amicus curiae). Cada uno de ellos —Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania, Malta, Mónaco, Rumanía, Federación Rusa y San Marino— ha entregado al Tribunal un memorial escrito invitándolo a retractarse de su primera decisión. Estos memoriales no sólo tienen valor jurídico, sino que son también y ante todo importantes testimonios de defensa del patrimonio y de la identidad de estos países ante la imposición de un modelo cultural único. Lituania, por ejemplo, no ha dudado en hacer un paralelo entre la sentencia Lautsi y la persecución religiosa que sufrió y que se manifestaba sobre todo en la prohibición de los símbolos religiosos.

 A estos diez países, hasta ahora, se han añadido otros diez. En efecto, los Gobiernos de Albania, Austria, Croacia, Hungría, ex República yugoslava de Macedonia, Moldavia, Polonia, Serbia, Eslovaquia y Ucrania han cuestionado públicamente el juicio del Tribunal y pedido que se respeten las identidades y las tradiciones religiosas nacionales. Numerosos Gobiernos han insistido en decir que esa identidad religiosa está en el origen de los valores y de la unidad europea.

 Así, junto con Italia, casi la mitad de los Estados miembros del Consejo de Europa (21 de 47) ya se ha opuesto públicamente a este intento de secularización forzada y ha afirmado la legitimidad social del cristianismo en la sociedad europea. Más allá de los argumentos reales de defensa de las identidades, de las culturas y de las tradiciones cristianas nacionales, de hecho estos veinte Estados han afirmado y defendido públicamente su adhesión a Cristo mismo; han recordado que es conforme al bien común que Cristo esté presente y sea honrado en la sociedad.

Esta coalición, que agrupa a casi toda Europa central y oriental, revela la persistencia de una división cultural interna en Europa; revela también que esa división se puede superar, como lo testimonia la importancia del apoyo a Italia por parte de los países de tradición ortodoxa.

IGLESIAS ORTODOXAS Y LAICISMO 

La importancia del apoyo que dan los países de tradición ortodoxa resulta en gran parte de la determinación del patriarcado de Moscú a defenderse contra el avance del laicismo. Poniendo por obra la petición del Patriarca Kiril de «unir a las Iglesias cristianas contra el avance del laicismo», el metropolita Hilarión ha propuesto la creación de una alianza estratégica entre católicos y ortodoxos para defender juntos la tradición cristiana contra el laicismo, el liberalismo y el relativismo que prevalecen en la Europa moderna: «El laicismo que prospera hoy en Europa —ha escrito el presidente del Departamento de las relaciones exteriores del patriarcado— es en sí mismo una pseudo-religión con sus dogmas, sus normas, su culto y su simbología. Siguiendo el ejemplo del comunismo ruso del siglo xx, aspira al monopolio y no soporta ninguna competencia. Por este motivo, los líderes del laicismo reaccionan de modo exagerado a cualquier manifestación religiosa y a la mención del nombre de Dios. (…) El laicismo actual, al igual que el ateísmo ruso, se considera el sustituto del cristianismo. Por esto, no puede permanecer neutral e indiferente respecto a este último. Es abiertamente hostil a él». Este análisis está en sintonía con el que hizo el Papa, quien el 24 de enero de 2008 dijo a los obispos de la Conferencia episcopal de Eslovenia que el laicismo es «distinto pero no menos peligroso que el marxismo».

 Este importante fenómeno denota que la transición democrática en los países del este no fue acompañada de la transición cultural, como Occidente deseaba vivamente. Hoy asistimos más bien a un movimiento inverso de reafirmación de identidad que pasa por una forma de restauración del modelo ortodoxo de relación entre la Iglesia y el poder civil. De hecho, el muro de separación entre el poder civil y el religioso desaparece en favor de una colaboración al servicio del bien común. El poder civil y el religioso consideran legítima y de por sí buena esta colaboración; les cuesta mucho comprender su regular condena de parte del Tribunal de Estrasburgo, que vela por la rígida separación entre la esfera religiosa y la civil.

 El fuerte apoyo llegado del este podría anunciar además un gran cambio en la dinámica de construcción de la unidad europea. En efecto, siempre se ha pensado que la unidad europea se iba a realizar inevitablemente de oeste a este mediante una conquista de este último al liberalismo económico y cultural occidental. Ahora bien, evento raro, el caso Lautsi ha provocado un movimiento inverso, del este hacia el oeste. El este de Europa, apoyándose en el catolicismo, se opone al oeste en la defensa de la cultura cristiana y de una justa concepción de la libertad religiosa. Claramente los defensores de la libertad ante el materialismo ya no están donde estaban un tiempo.

 Durante el procedimiento ante el Tribunal de Estrasburgo se ha podido apreciar un cierto malestar respecto de las naciones orientales que se atrevían a contestar que la labor del Tribunal fuese correcta. Este malestar se ha notado, por ejemplo, cuando los Estados terceros que han intervenido han intentado tomar la palabra durante la audiencia. Normalmente, esa petición no crea dificultades, y se conceden treinta minutos a cada Estado a fin de que exponga sus argumentaciones. En el caso Lautsi, en cambio, esos Estados se han encontrado con una negativa categórica. Sólo después de haber insistido mucho han obtenido, todos juntos, quince minutos. Algunos de esos países han vivido esto como una afrenta y un reflejo de autodefensa del Tribunal. Esta intervención común ante el Tribunal es, en cualquier caso, un acontecimiento histórico. Entre las cuestiones que hay que plantearse en el futuro inmediato está la de saber si el Tribunal será capaz de abrir de nuevo la discusión sobre su paradigma ideológico en materia religiosa. Veintiún países del Consejo de Europa, de cuarenta y siete, lo han invitado expresamente a hacerlo; rechazar de modo perentorio esta invitación minaría directamente la legitimidad del Tribunal.

 El Consejo de Europa, del que depende el Tribunal de Estrasburgo, en su Carta de fundación afirma «el vínculo inquebrantable» de los pueblos de Europa con los «valores espirituales y morales que son su patrimonio común». Estos valores espirituales y morales no son de naturaleza privada; son constitutivos de la identidad religiosa de Europa y reconocidos como bases del proyecto político europeo. Como el Papa ha recordado recientemente, el cristianismo es la fuente de estos valores espirituales y morales. La alianza de estos veintiún países indica que es posible construir el futuro de la sociedad europea sobre este fundamento, al precio de una reflexión lúcida sobre el modelo cultural occidental contemporáneo y en la fidelidad cristiana. Europa no puede afrontar el futuro renunciando a Cristo.

El caso Lautsi ha levantado revuelo en Europa después de que el Tribunal europeo de derechos humanos condenara a Italia por la presencia de los crucifijos en las escuelas públicas, una presencia que supuestamente viola los derechos humanos. Para dar una base legal a su decisión, el Tribunal creó una nueva obligación, según la cual el Estado está «obligado a la neutralidad confesional en el campo de la educación pública». 
 

El Tribunal añadió que no veía «cómo la exposición en las clases de las escuelas públicas, de un símbolo que es razonable asociar al catolicismo (religión mayoritaria en Italia) puede servir al pluralismo educativo, que es esencial para preservar una “sociedad democrática” tal como la concibe la Convención». Así, según el Tribunal, los Estados europeos deberían ser arreligiosos (neutralidad confesional) para servir al pluralismo, que sería la causa constitutiva de una sociedad democrática. En otros términos, el Tribunal afirma que una sociedad, para ser democrática, debe renunciar a su identidad religiosa. Italia presentó recurso de apelación contra esta decisión ante la Grande Chambre del Tribunal de Estrasburgo. La apelación se expuso el 30 de junio pasado y el juicio del Tribunal se espera para otoño. 

Este caso es sumamente importante. Es emblemático, puesto que está en juego la legitimidad misma de la presencia visible de Cristo en las escuelas italianas y, por extensión, de toda Europa. Se ha convertido en un símbolo en el conflicto actual sobre el futuro de la identidad cultural y religiosa de Europa. Un conflicto que enfrenta a los partidarios de la secularización completa de la sociedad y a los defensores de una Europa abierta y fiel a su identidad profunda. Los primeros ven el laicismo como la solución que permite gestionar el pluralismo religioso y el pluralismo como un argumento que permite imponer el laicismo. La secularización no es un fenómeno completamente espontáneo o ineludible. Procede incluso a través de opciones políticas, como la política anticlerical de Francia a comienzos del siglo xx. 

NECESIDAD DE IDENTIDAD 

Europa es distinta. El pluralismo religioso, el cosmopolitismo que sirve de paradigma para la reflexión del Tribunal, en realidad es una ficción extraña en la mayor parte del territorio europeo. Sin embargo, es verdad que estamos en una época en la cual las identidades nacionales se ponen en tela de juicio, pero al mismo tiempo es muy fuerte la necesidad de identidad. La Europa occidental de finales de la segunda guerra mundial vivió jurídicamente en un régimen proclamado de libertad religiosa; pero, de hecho, lo que hemos conocido es más bien un régimen de simple tolerancia religiosa. Esto se explica con el hecho de que las minorías religiosas en aquel tiempo eran poco visibles y no pretendían modificar la identidad religiosa de las naciones a las que habían emigrado. 

Hoy la situación es diferente. La presencia del islam obliga a Europa a tomar realmente posición sobre la libertad religiosa. Esta elección no es sólo una toma de posición filosófica, sino que tiene también importantes consecuencias concretas sobre la realidad de la identidad religiosa occidental. Resulta cada vez más evidente que las instituciones públicas de Europa occidental —y la sentencia Lautsi lo demuestra— han optado por limitar la libertad religiosa e imponer una secularización de la sociedad para promover un modelo cultural preciso en el cual la ausencia de valores (neutralidad) y el relativismo (pluralismo) son valores en sí mismos para sostener un proyecto político que se quiere que supere la religión y la identidad. Este proyecto político, en cuanto sistema filosófico, pretende tener el monopolio. 

En este contexto de radicalización de la secularización se inserta el caso Lautsi. Es el último y principal obstáculo contra el cual ha topado el proceso de secularización después del debate relativo a las «raíces cristianas» en el preámbulo del Tratado constitucional europeo. El hecho de que una jurisdicción haya podido, en nombre de la libertad religiosa, llegar a la conclusión de que una sociedad, para ser democrática, debe renunciar a su identidad religiosa, exige una reflexión sobre la evolución del concepto. El caso Lautsi muestra que este concepto, ideado para proteger a la sociedad del ateísmo de Estado, al final se ha convertido en un instrumento de deslegitimación social y de privatización de la religión. En definitiva, este caso muestra que este modo de entender la libertad religiosa puede volverse contra la religión y ser el principal instrumento conceptual de la secularización de la sociedad. 

SI SE NIEGAN LAS IDENTIDADES COLECTIVAS 

La primera y principal carencia que el caso Lautsi revela es la incapacidad de la concepción moderna de libertad religiosa de pensar y de respetar la dimensión religiosa de la vida social y la dimensión social de la religión. La teoría que ha llevado a la sentencia Lautsi se basa en el reconocimiento exclusivo de los derechos del individuo, que se supone dotado de una conciencia considerada infalible por naturaleza y destinado a evolucionar en una sociedad imaginada como axiológicamente (moralmente) neutral. Esta libertad se considera universal en cuanto fundada en la naturaleza humana y es imperativa puesto que es la expresión de uno de los aspectos de la dignidad humana. Por el contrario, la sociedad pública, en cuanto considerada una entidad artificial al servicio del individuo, debe anularse frente a la única autoridad legítima: la libertad que deriva de la dignidad individual. 

La identidad religiosa de la sociedad ya no tiene, de por sí, valor y legitimidad. Se considera un simple hecho heredado de la historia. En numerosos campos, el derecho internacional reconoce que las naciones pueden ser titulares de derechos subjetivos, como el derecho de proteger su identidad cultural, lingüística y ecológica y de transmitirla a las generaciones futuras; pero esto no vale para su identidad religiosa, aunque se trate de uno de los componentes más profundos de la identidad. En materia religiosa, las naciones no son titulares de ningún derecho. Según la concepción moderna de la libertad de religión, sólo los individuos, tomados aisladamente, poseen derechos religiosos que se ejercen en los límites que fijan las legislaciones nacionales. La religión y las distintas sociedades intermediarias no se benefician de una protección especial: sólo cada creyente, individualmente, es titular de este derecho, y este derecho se ejerce ante todo y sobre todo respecto a terceros y respecto a la sociedad. 

Esta libertad religiosa implicaría, pues, la neutralización de la identidad religiosa de la sociedad, pero esa neutralidad es profundamente ilusoria. De hecho, aunque el poder civil puede ser indiferente a las convicciones íntimas de las personas, no puede serlo del todo respecto de la religión en cuanto que esta es por su naturaleza un fenómeno social. Así, pretender ser indiferente respecto de la religión al final significa negar la dimensión fundamentalmente social de la religión y limitarla a la esfera privada de las convicciones íntimas. 

Es expresión de una opción filosófica afirmar en el caso Lautsi que el Estado debería actuar como si la sociedad y la cultura italianas no tuvieran nada de religioso. Sin embargo, un Estado, un pueblo, tiene necesariamente una identidad, y esta identidad tiene necesariamente una dimensión religiosa. Un Estado no es un concepto, no es una estructura neutral, no tiene la frialdad de una institución supranacional; un Estado es la emanación de un pueblo, con su historia y su identidad. En esta óptica, los símbolos sirven precisamente para representar, para encarnar los componentes de la identidad social. La identidad colectiva se construye en torno a símbolos. La dimensión religiosa de la identidad social de un pueblo la constituyen y manifiestan toda una serie de usos sociales y costumbres, como las fiestas, los nombres, un cierto tipo de relaciones humanas, el vestido e incluso la alimentación. Se manifiesta también mediante símbolos visibles, como los crucifijos en las escuelas, en los hospitales o en las plazas y en los monumentos públicos. 

Para ser coherente consigo mismo, el Tribunal europeo debería renunciar a cerrar en Navidades o en Pascua, y adoptar, como habían hecho los revolucionarios franceses, un calendario nuevo sin referencias a la vida de Cristo. De hecho, la identidad religiosa de una sociedad no puede ser neutralizada: puede ser negada, atacada y sustituida, pero no neutralizada. Por consiguiente, el verdadero centro de la cuestión en el caso Lautsi es la legitimidad de una autoridad supranacional que pretende modificar con imperio la dimensión religiosa de la identidad de un país. La teoría jurídica de la libertad religiosa no es capaz de tener en cuenta la identidad cristiana de Europa; es precisamente esto lo que el caso Lautsi ha revelado. Por consiguiente, la reacción política sin precedentes que ha suscitado la sentencia de noviembre de 2009 reviste una gran importancia, en cuanto que es una verdadera reafirmación de la legitimidad propia y particular del cristianismo en la identidad de Europa, frente a la dinámica de la secularización. 

INDIVIDUO Y SOCIEDAD 

El caso Lautsi revela también que el modo como el Tribunal de Estrasburgo afronta la libertad religiosa se basa en una concepción conflictual de las relaciones entre el individuo y la sociedad. La sociedad y la persona no son consideradas en una relación de complementariedad, sino de oposición: la sociedad es el principal obstáculo a la libertad individual; son las sociedades las que limitan la libertad; por tanto, deberían anularse, llegar a ser lo más neutrales posible con el fin de liberar el espacio para el libre ejercicio de la conciencia individual. 

Dicha concepción conflictual lleva a una lógica de reivindicación exclusiva de «mi derecho particular» contra el conjunto de la sociedad. El derecho de los hijos de la señora Lautsi a no estar obligados a ver el símbolo de Cristo debería prevalecer, sin ninguna componenda posible, sobre el deseo mayoritario de todo un pueblo, e incluso de todos los pueblos miembros del Consejo de Europa. La absolutización de la dignidad y de la autonomía individual lleva a la absolutización del derecho que la garantiza, y a la anulación de los intereses de la comunidad. 

La libertad contra la religión 

El caso Lautsi también debe llevar a interrogarse sobre el peligro que constituye la lógica de la libertad religiosa cuando se lleva al extremo, en cuanto que lleva a negar la religión en nombre de la libertad de religión, a defender la libertad de religión suprimiendo socialmente la religión. Es lo que ha hecho el Tribunal: ha pretendido defender la libertad religiosa suprimiendo el símbolo religioso. Se trata de un verdadero vuelco histórico y conceptual, puesto que en la posguerra se quiso la libertad religiosa como instrumento de defensa de la trascendencia del hombre ante el nihilismo de Estado. La libertad de religión es probablemente el derecho más violado en Europa en el siglo xx; sus enemigos se niegan a admitir que la religión y la libertad no son necesariamente antinómicas —utilizan la libertad contra la religión— e incluso consideran que la simple manifestación de la religión de los demás viola la libertad religiosa. 

Por último, como resulta de la jurisprudencia del Tribunal europeo, la libertad religiosa ya no es un derecho primario, fundamental, directamente derivado de la naturaleza trascendente de la persona humana, sino un derecho secundario, concedido por la autoridad civil y derivado del ideal de pluralismo democrático. Se trata de un vuelco conceptual. Así son cada vez más frecuentes en la jurisprudencia fórmulas como: la libertad de religión garantiza el pluralismo y por ello merece una tutela especial. La manifestación de las convicciones religiosas se encuentra así encuadrada por las exigencias de un orden público asimilado a la neutralidad. 

No sólo, sino que en la realidad la libertad de religión se limita cada vez más sólo a la libertad de fe, es decir, a la libertad interior de creer o no creer. Sería un error considerar que la fe es independiente de la religión en cuanto que una es interior y la otra exterior. Limitar la libertad de religión (a causa de la no legitimidad social de la religión) para proteger sólo la libertad de fe (como expresión pura de la trascendencia humana) correspondería, en una familia, a prohibir las oraciones y el catecismo en nombre de la libertad del acto de fe de los hijos. De hecho, así habría poquísimas posibilidades de trasmitir la fe a los hijos. Lo mismo vale para la sociedad. Quitar la religión de la sociedad equivale a quitar la fe de los corazones de las generaciones futuras. 

REACCIÓN SIN PRECEDENTES 

  La sentencia Lautsi ha provocado una reacción social y política sin precedentes en la historia del Consejo de Europa. Nunca una decisión del Tribunal de Estrasburgo fue tan contestada, con tanto vigor, no sólo por los creyentes, sino también por la sociedad civil y numerosos Gobiernos. Tres semanas después de la audiencia ante la Grande Chambre, es cada vez más evidente que se ha obtenido una gran victoria contra la dinámica de la secularización. Aunque jurídicamente Italia todavía no ha ganado, de hecho políticamente ya ha logrado una victoria magistral. En efecto, hasta ahora, no menos de veinte países europeos han manifestado su apoyo oficial a Italia defendiendo públicamente la legitimidad de la presencia de símbolos cristianos en la sociedad y, en particular, en las escuelas.

 En un primer tiempo, diez países se comprometieron en el caso Lautsi con «intervenciones de terceros» (amicus curiae). Cada uno de ellos —Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania, Malta, Mónaco, Rumanía, Federación Rusa y San Marino— ha entregado al Tribunal un memorial escrito invitándolo a retractarse de su primera decisión. Estos memoriales no sólo tienen valor jurídico, sino que son también y ante todo importantes testimonios de defensa del patrimonio y de la identidad de estos países ante la imposición de un modelo cultural único. Lituania, por ejemplo, no ha dudado en hacer un paralelo entre la sentencia Lautsi y la persecución religiosa que sufrió y que se manifestaba sobre todo en la prohibición de los símbolos religiosos.

 A estos diez países, hasta ahora, se han añadido otros diez. En efecto, los Gobiernos de Albania, Austria, Croacia, Hungría, ex República yugoslava de Macedonia, Moldavia, Polonia, Serbia, Eslovaquia y Ucrania han cuestionado públicamente el juicio del Tribunal y pedido que se respeten las identidades y las tradiciones religiosas nacionales. Numerosos Gobiernos han insistido en decir que esa identidad religiosa está en el origen de los valores y de la unidad europea.

 Así, junto con Italia, casi la mitad de los Estados miembros del Consejo de Europa (21 de 47) ya se ha opuesto públicamente a este intento de secularización forzada y ha afirmado la legitimidad social del cristianismo en la sociedad europea. Más allá de los argumentos reales de defensa de las identidades, de las culturas y de las tradiciones cristianas nacionales, de hecho estos veinte Estados han afirmado y defendido públicamente su adhesión a Cristo mismo; han recordado que es conforme al bien común que Cristo esté presente y sea honrado en la sociedad.

 Esta coalición, que agrupa a casi toda Europa central y oriental, revela la persistencia de una división cultural interna en Europa; revela también que esa división se puede superar, como lo testimonia la importancia del apoyo a Italia por parte de los países de tradición ortodoxa.

 IGLESIAS ORTODOXAS Y LAICISMO

 La importancia del apoyo que dan los países de tradición ortodoxa resulta en gran parte de la determinación del patriarcado de Moscú a defenderse contra el avance del laicismo. Poniendo por obra la petición del Patriarca Kiril de «unir a las Iglesias cristianas contra el avance del laicismo», el metropolita Hilarión ha propuesto la creación de una alianza estratégica entre católicos y ortodoxos para defender juntos la tradición cristiana contra el laicismo, el liberalismo y el relativismo que prevalecen en la Europa moderna: «El laicismo que prospera hoy en Europa —ha escrito el presidente del Departamento de las relaciones exteriores del patriarcado— es en sí mismo una pseudo-religión con sus dogmas, sus normas, su culto y su simbología. Siguiendo el ejemplo del comunismo ruso del siglo xx, aspira al monopolio y no soporta ninguna competencia. Por este motivo, los líderes del laicismo reaccionan de modo exagerado a cualquier manifestación religiosa y a la mención del nombre de Dios. (…) El laicismo actual, al igual que el ateísmo ruso, se considera el sustituto del cristianismo. Por esto, no puede permanecer neutral e indiferente respecto a este último. Es abiertamente hostil a él». Este análisis está en sintonía con el que hizo el Papa, quien el 24 de enero de 2008 dijo a los obispos de la Conferencia episcopal de Eslovenia que el laicismo es «distinto pero no menos peligroso que el marxismo».

 Este importante fenómeno denota que la transición democrática en los países del este no fue acompañada de la transición cultural, como Occidente deseaba vivamente. Hoy asistimos más bien a un movimiento inverso de reafirmación de identidad que pasa por una forma de restauración del modelo ortodoxo de relación entre la Iglesia y el poder civil. De hecho, el muro de separación entre el poder civil y el religioso desaparece en favor de una colaboración al servicio del bien común. El poder civil y el religioso consideran legítima y de por sí buena esta colaboración; les cuesta mucho comprender su regular condena de parte del Tribunal de Estrasburgo, que vela por la rígida separación entre la esfera religiosa y la civil.

 El fuerte apoyo llegado del este podría anunciar además un gran cambio en la dinámica de construcción de la unidad europea. En efecto, siempre se ha pensado que la unidad europea se iba a realizar inevitablemente de oeste a este mediante una conquista de este último al liberalismo económico y cultural occidental. Ahora bien, evento raro, el caso Lautsi ha provocado un movimiento inverso, del este hacia el oeste. El este de Europa, apoyándose en el catolicismo, se opone al oeste en la defensa de la cultura cristiana y de una justa concepción de la libertad religiosa. Claramente los defensores de la libertad ante el materialismo ya no están donde estaban un tiempo.

 Durante el procedimiento ante el Tribunal de Estrasburgo se ha podido apreciar un cierto malestar respecto de las naciones orientales que se atrevían a contestar que la labor del Tribunal fuese correcta. Este malestar se ha notado, por ejemplo, cuando los Estados terceros que han intervenido han intentado tomar la palabra durante la audiencia. Normalmente, esa petición no crea dificultades, y se conceden treinta minutos a cada Estado a fin de que exponga sus argumentaciones. En el caso Lautsi, en cambio, esos Estados se han encontrado con una negativa categórica. Sólo después de haber insistido mucho han obtenido, todos juntos, quince minutos. Algunos de esos países han vivido esto como una afrenta y un reflejo de autodefensa del Tribunal. Esta intervención común ante el Tribunal es, en cualquier caso, un acontecimiento histórico. Entre las cuestiones que hay que plantearse en el futuro inmediato está la de saber si el Tribunal será capaz de abrir de nuevo la discusión sobre su paradigma ideológico en materia religiosa. Veintiún países del Consejo de Europa, de cuarenta y siete, lo han invitado expresamente a hacerlo; rechazar de modo perentorio esta invitación minaría directamente la legitimidad del Tribunal.

 El Consejo de Europa, del que depende el Tribunal de Estrasburgo, en su Carta de fundación afirma «el vínculo inquebrantable» de los pueblos de Europa con los «valores espirituales y morales que son su patrimonio común». Estos valores espirituales y morales no son de naturaleza privada; son constitutivos de la identidad religiosa de Europa y reconocidos como bases del proyecto político europeo. Como el Papa ha recordado recientemente, el cristianismo es la fuente de estos valores espirituales y morales. La alianza de estos veintiún países indica que es posible construir el futuro de la sociedad europea sobre este fundamento, al precio de una reflexión lúcida sobre el modelo cultural occidental contemporáneo y en la fidelidad cristiana. Europa no puede afrontar el futuro renunciando a Cristo.

 Por Grégor Puppinck, director del European Centre for Law and Justice, ECLJ (Estrasburgo)
 (Publicado en la edición española de L’Osservatore Romano, 01/08/2010)

Por qué veinte países están contra el Tribunal Europeo y por el Crucifijo

 Grégor Puppinck, director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia
 La sentencia contra el Crucifijo en las escuelas italianas ha suscitado la oposición más amplia de la historia del el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): veinte países se han opuesto y han salido oficialmente en defensa de Italia.
La edición italiana de “L’Osservatore Romano” del 22 de julio explica los motivos en un artículo escrito por Grégor Puppinck, director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (European Centre for Law and Justice, ECLJ), organización no gubernamental con sede en Estrasburgo, comprometida con la libertad de culto y de pensamiento, en especial ante el TEDH y las Naciones Unidas.
Puppinck, experto en libertad religiosa ante las principales instituciones internacionales, en ese artículo muestra que la oposición a la sentencia no sólo se debe a motivos de carácter político y jurídico, sino también espiritual.
“El debate sobre la legitimidad de la presencia del símbolo de Cristo en la sociedad italiana es el emblema de una voluntad de secularizar Europa”, advierte en esta entrevista en la que repasa los argumentos presentados en el diario de la Santa Sede.

-Comencemos por la cuestión central, ¿qué implica la sentencia contra el Crucifijo?
-Grégor Puppinck: El asunto fue presentado al Tribunal de Estrasburgo por Soile Lautsi, ciudadana italiana de origen finlandés, que había pedido en 2002 a la escuela pública en la que estudiaban sus dos hij os, “Vittorino da Feltre” en Abano Terme (Padua), que quitara los crucifijos de las aulas. La dirección de la escuela se negó por considerar que el crucifijo forma parte del patrimonio cultural italiano, y posteriormente los tribunales italianos dieron razón a este argumento. Ante la Corte de Estrasburgo, la señora Lautsi argumentó que la exposición del Crucifijo en las clases de sus hijos constituiría una violación de su libertad de convicción y, por tanto, del derecho a recibir una educación pública según sus convicciones religiosas.
Al dar razón a la demandante, el Tribunal consideró que la presencia de un símbolo religioso en las aulas de clase es algo malo en sí, que no puede justificarse. Hasta ese momento, la Corte siempre había considerado, por el contrario, que los Estados son libres en este campo, que es necesario respetar su cultura y tradición, y que el único límite que no puede superarse es el de someter a los alumnos a adoctrinamiento o a un proselitismo abusivo.
Con el objetivo de dar un fundamento legal a su decisión, la Corte ha creado una obligación nueva, según la cual, el Estado estaría “obligado a la neutralidad confesional en el marco de la educación pública, donde la participación en los cursos es requerida sin tener en cuenta la religión y que debe tratar de inculcar en los alumnos un pensamiento crítico”. En otras palabras, la Corte afirma en la sentencia Lautsi que una sociedad, para ser democrática, debe renunciar a su identidad religiosa.
Italia ha presentado un recurso contra esta sentencia ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, que ha sido escuchado el 20 de junio. La sentencia de la Corte se espera para otoño.

-¿Por qué es ta sentencia ha suscitado la oposición de veinte países y el apoyo a Italia?
-Grégor Puppinck: El caso Lautsi tiene una importancia considerable. Es emblemático, pues pone en tela de juicio la presencia visible de Cristo en las escuelas de Roma, de Italia, y de toda Europa. Este caso se ha convertido en un símbolo del actual conflicto sobre el porvenir de la identidad cultural y religiosa de Europa. Este conflicto enfrenta a los promotores de la secularización total de la sociedad y los que defienden una Europa abierta y fiel a su identidad profunda. Los promotores de la secularización ven en el secularismo la solución que permite gestionar el pluralismo religioso, y ven el pluralismo como un argumento que permite imponer el secularismo.
En todo esto no hay nada de neutral. La “secularización” no es un fenómeno estrictamente espontáneo o ineluctable. Incluso en lo esencial, procede de opciones políticas, como la política anticlerical de Francia a inicios del siglo XX, o la que actualmente promueve el gobierno español. Lo mismo sucede con esta primera sentencia Lautsi, que no sólo se fundamenta en argumentos jurídicos, sino ante todo en un prejuicio político.
Europa es diversa y sólo una minoría de Estados, como Francia, ha renunciado oficialmente a su identidad cristiana. Otros han permanecido fieles, o han vuelto a abrazarla, como sucede en ciertos países que fueron comunistas. El pluralismo religioso, el cosmoplitismo, que sirve de paradigma a la argumentación del Tribunal, es una realidad de ciencia ficción ajena al territorio europeo.
Queda cada vez más claro que las instituciones públicas de Europa occidental, y la sentencia Lautsi no es más que un ejemplo, han optado por limitar la libertad religiosa e imponer la secularización de la sociedad con el objetivo de promover un cierto modelo cultural en el que la ausencia de valores (neutralidad) y el relativismo (pluralismo) son los únicos valores que justifican un proyecto político que quiere ser “post-religioso” y “post- identitario”, en una palabra, “postmoderno”. Este proyecto político tiene una tendencia al monopolio en cuanto sistema filosófico.

-Pero esta sentencia ha provocado una reacción política sin precedentes, que nadie se esperaba…
-Grégor Puppinck: Así es. Tres semanas después de la audiencia ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, cada día queda más claro que se ha logrado una victoria realmente considerable contra la dinámica de la secularización. Si bien jurídicamente Italia todavía no ha ganado, políticamente ya ha logrado una victoria magistral. De hecho, hoy, al menos veinte países europeos han ofrecido su apoyo oficial a Italia, en defensa pública de la legitimidad de la presencia de los símbolos cristianos en la sociedad y, en particular, en las escuelas.
En un primer momento, diez países participaron en el caso Lautsi como “amicus curiae”, es decir, “tercera parte”. Cada uno de estos países –Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania, Malta, Mónaco, Rumanía, Federación Rusa y San Marino– ha entregado a la Corte un documento escrito en el que la invita a anular la primera decisión. Estos documentos no sólo tienen un interés jurídico, sino que son ante todo testimonios extraordinarios de defensa de su patrimonio y de su identidad ante la imposición de un modelo cultural único. Lituania, por ejemplo, no ha dudado en comparar la sentencia Lautsi con la persecución religiosa que sufrió y que se manifestaba precisamente en la prohibición de símbolos religiosos.
A estos diez países, se les han añadido otros diez. Los gobiernos de Albania, Austria, Croacia, Hungría, Macedonia (ARYM), Moldavia, Polonia, Serbia, Eslovaquia y Ucrania, han puesto públicamente en tela de juicio la sentencia de la Corte y han pedido que las identidades y tradiciones religiosas nacionales sean respetadas. Varios gobiernos han insistido en el hecho de que la identidad religiosa constituye la fuente de los valores y de la unidad europea.
De este modo, con Italia, ya casi la mitad de los Estados miembros del Consejo de Europa (21 de 47) se ha opuesto públicamente a este intento de secularización forzada de las escuelas y ha afirmado la legitimidad social del cristianismo en la sociedad europea. Detrás de los argumentos reales de defensa de la identidad, de l a cultura y de la tradición cristiana nacional, estos veinte Estados han afirmado y defendido públicamente su apego al mismo Cristo; han recordado que está en conformidad con el bien común el que Cristo esté presente y sea honrado en la sociedad.
Esta coalición que agrupa a casi toda la Europa central y del este muestra que todavía hoy se da una división cultural interna en Europa; muestra también que esta división puede superarse, como testimonia la importancia del apoyo ofrecido a Italia por países de tradición ortodoxa, independientemente de la orientación política del momento.
La importancia del apoyo ofrecido por países de tradición ortodoxa se debe en gran parte a la determinación del patriarcado de Moscú a defenderse ante el avance del secularismo.  Aplicando la petición del patriarca Kiril de Moscú a “la unidad de las Iglesias cristianas contra el avance del secularismo”, el metropolita Hilarion, presidente del Departamento para las Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, ha propuesto la constitución de una “alianza estratégica entre católicos y ortodoxos” para defender juntos la tradición cristiana “contra el secularismo, el liberalismo, y el relativismo que prevalecen en la Europa moderna”. Este apoyo debe entenderse probablemente como una aplicación de esta estrategia.
El Consejo de Europa, del que depende el Tribunal de Estrasburgo, afirma en su Carta fundadora “el apego inquebrantable” de los pueblos de Europa a “los valores espirituales y morales que conforman su patrimonio común”. Estos valores espirituales y morales no son de carácter privado, constituyen la identidad religiosa de Europa y son reconocidos como fundadores del proyecto político europeo. Como recordaba recientemente el Santo Padre, el cristianismo se encuentra en el origen de estos valores espirituales y morales. La alianza de estos 21 países indica que es posible construir el porvenir de la sociedad europea sobre este fundamento, a condición de hacer una reflexión lúcida sobre el modelo cultural occidental contemporáneo y en la fidelidad a Cristo. Europa no puede afrontar el porvenir renunciando a Cristo.

 Jesús Colina

Zenit

El Crucifijo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Joseph Weiler, judío observante, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, ha defendido este miércoles el Crucifijo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Su defensa fue escuchada por 17 jueces, entre quienes se encontraba Jean-Paul Costa, presidente del Tribunal, durante una audiencia extraordinaria convocada tras la sentencia de 3 de noviembre, en la que el tribunal establecía que el Crucifijo constituye un atentado a la libertad de conciencia y al derecho del ciudadano a recibir una formación según sus convicciones religiosas o filosóficas.

De ese modo, la Corte dio razón a una ciudadana italiana, originaria de Finlandia, Soile Lautsi, que había pedido en 2002 que el Crucifijo fuera retirado de las escuelas de sus hijos en Abano Terme, provincia de Padua.

Weiler, quien es también profesor honorario de la Universidad de Londres, representó en la audiencia a los gobiernos de Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania, Malta, Monaco, Romania, la Federación Rusa y San Marino, que se había presentado cada uno de ellos ante el tribunal como “amicus curiae” (es decir, “tercera parte”).

Ante todo, el profesor Weiler explicó que en Europa no existe un único modelo en las relaciones Iglesia-Estado: basta ver las diferencias entre la laicidad francesa o el caso británico, donde la Reina es jefe de la Iglesia Anglicana. Otros casos son el de Suecia, Dinamarca o Grecia…

“En muchos de estos Estados ‘no-laicos’, amplio s sectores de la población, incluso la mayoría, ya no son religiosos –constató el profesor–. Y sin embargo, la continua presencia de símbolos religiosos en sus lugares públicos y estatales es aceptada por la población como parte de la identidad nacional, y como un acto de tolerancia hacia los compatriotas”.

“Quizá un día, los británicos, ejerciendo su soberanía constitucional, se despojarán de la Iglesia de Inglaterra, como lo hicieron los suecos. Pero es una decisión que les corresponde a ellos, no a este distinguido Tribunal”, aclaró el profesor.

“Los países de la Europa de hoy han abierto sus puertas a muchos nuevos residentes y ciudadanos. Les debemos todas las garantías de la Convención Europea de los Derechos del Hombre. Les debemos respeto, bienvenida y no discriminación. Pero el mensaje de tolerancia hacia el otro no debería ser traducido como un mensaje de intolerancia hacia la propia identidad”, añadió Weiler.

En su arenga, ante los jueces, el representante del Estado italiano, Nicola Lettieri, explicó que “no hay ningún prejuicio real en eta cuestión. Si uno mantiene una relación privilegiada con una religión, si expone símbolos religiosos, no va en contra de la Convención Europea de los Derechos del Hombre. La única frontera que no hay que superar es la de buscar el adoctrinamiento o el proselitismo”.

“Si el crucifijo está presente en las aulas, el motivo no es el adoctrinamiento, sino que es una expresión de un sentimiento popular que constituye el fundamento de la identidad nacional”, añadió.

El representante legal de la señora Lautsi, Nicolò Paoletti, quien fue el primero en exponer las argumentaciones, afirmó que “no se puede considerar el crucifijo como un símbolo mudo y pasivo. Los hijos (de Soile Lautsi) han vivido una situación de marginación, se han sentido en una posición minoritaria”.

Por este motivo, los abogados de Lautsi han denunciado el riesgo de una “tiranía de la mayoría”.

En la audiencia quedó involucrado Gregor Puppinck, director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (European Centre for Law and Justice, ECLJ), pues esta institución fue reconocida oficialmente como “tercera parte”, junto a 79 miembros de Parlamentos.

Puppinck confiesa que “el Centro confía en que el Tribunal haya entendido que el derecho de los no creyentes a no creer puede eclipsar el derecho de los creyentes”.

El Centro “espera también que el Tribunal entienda que no s e puede exigir que un Estado renuncie a su identidad más profunda en nombre de la tolerancia”.

“El pluralismo debería comenzar con el respeto entre los países”, según Puppinck, quien considera sumamente significativo el que catorce Estados miembros del Consejo de Europa se hayan opuesto a la sentencia y hayan apoyado a Italia.

Además de los diez países representados por Weiler, que participan oficialmente en el caso, otros Estados han dado su apoyo oficial al Crucifijo: Ucrania, Moldavia, Albania y Serbia.

El número de Estados participantes no tiene precedentes, aclara el director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, lo que demuestra la importancia de este caso para toda Europa.

La decisión del Tribunal será pronunciada en otoño o incluso quizá en Navidad.

Zenit

Jesús Colina

Declaración sobre la exposición de símbolos religiosos cristianos en Europa

CCXVI Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española

Junto con otras conferencias episcopales y diversas instancias tanto estatales como sociales de todo el Continente, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, reunida cuando se espera una próxima resolución de la Corte europea sobre la exposición de símbolos religiosos en las escuelas estatales, desea subrayar la importancia de la cuestión para las convicciones religiosas de los pueblos y para las tradiciones culturales de Europa.

 Gracias precisamente al cristianismo, Europa ha sabido afirmar la autonomía de los campos espiritual y temporal y abrirse al principio de la libertad religiosa, respetando tanto los derechos de los creyentes como de los no creyentes. Esto se ve más claro en nuestros días, cuando otras religiones se difunden entre nosotros al amparo de esa realidad.

La presencia de símbolos religiosos cristianos en los ámbitos públicos, en particular la presencia de la cruz, refleja el sentimiento religioso de los cristianos de todas las confesiones y no pretende excluir a nadie. Al contrario, es expresión de una tradición a la que todos reconocen un gran valor y un gran papel catalizador en el diálogo entre personas de buena voluntad y como sostén para los que sufren y los necesitados, sin distinción de fe, raza o nación.

En la cultura y en la tradición religiosa cristianas, la cruz representa la salvación y la libertad de la humanidad. De la cruz surgen el altruismo y la generosidad más acendrados, así como una sincera solidaridad ofrecida a todos, sin imponer nada a nadie.

En consecuencia, las sociedades de tradición cristiana no deberían oponerse a la exposición pública de sus símbolos religiosos, en particular, en los lugares en los que se educa a los niños. De lo contrario, estas sociedades difícilmente podrán llegar a transmitir a las generaciones futuras su propia identidad y sus valores. Se convertirían en sociedades contradictorias que rechazan la herencia espiritual y cultural en la que hunden sus raíces y se cierran el camino del futuro. Ponerse en contra de los símbolos de los valores que modelan la historia y la cultura de un pueblo es dejarle indefenso ante otras ofertas culturales, no siempre benéficas, y cegar las fuentes básicas de la ética y del derecho que se han mostrado fecundas en el reconocimiento, la promoción y la tutela de la dignidad de la persona.

El derecho a la libertad religiosa existe y se afirma cada vez más en los países de Europa.

En algunos de ellos se permiten explícitamente otros símbolos religiosos, sea por ley o por su aceptación espontánea. Las iglesias y las comunidades cristianas favorecen el diálogo entre ellas y con otras religiones y actúan como parte integrante de sus respectivas realidades nacionales. En cuanto a los símbolos, existe en Europa una variedad de leyes y una diversa evolución social y jurídica positiva que debe ser respetada en el marco de una justa relación entre los Estados y las Instituciones europeas.

Sólo en una Europa en la que sean respetadas a la vez la libertad religiosa de cada uno y las tradiciones de cada pueblo y nación, podrán desarrollarse relaciones adecuadas entre las religiones y los pueblos, en justicia y en libertad.

Corte europea no tiene competencia para pronunciarse sobre crucifijo

Los 47 países miembros del Consejo de Europa afirmaron que la Corte Europea de Derechos Humanos de Estraburgo no tiene competencia sobre asunto relacionados a la salvaguarda de las tradiciones y cultura nacionales; y por lo tanto no puede prohibir se coloquen crucifijos en las escuelas de Italia.

 Esta declaración del Consejo de Europa se realizó en la ciudad de Interlaken, en Suiza, en donde se discute la reforma de la Corte Europea. En el texto se invita a este tribunal a “aplicar de manera uniforme y rigurosa” los criterios concernientes a su competencia.

 L’Osservatore Romano señala que “la referencia al recurso de Italia contra una sentencia de la Corte fue hecho explícito en la intervención de los representantes lituanos y malteses. Según el ministro de justicia del estado insular, Carmelo Mifsud Bonnici, la Corte ‘no es suficientemente sensible’ a las ‘características culturales’ que forjan las ‘identidades nacionales’ y uno de estos casos es la reciente sentencia ‘contra Italia’”.

 Para el Ministro de Relaciones Exteriores lituano, Maris Riekstins, las sentencias de la Corte Europea debería ser “claras, precisas, no ambiguas y comprensibles para todas las partes”, lo que no ha sucedido en el caso de la “presencia obligatoria del crucifijo en las escuelas”.

 Actualmente el recurso contra la sentencia del 3 de noviembre de 2009 con el que la Corte Europea de Estrasburgo prohibió el crucifijo en las aulas de las escuelas está siendo investigado por un panel de cinco jueces que resolverán el caso probablemente en marzo.

Monseñor Blázquez advierte: “si nos quitan unos símbolos vendrán otros”

El Obispo de Bilbao y vicepresidente de la Conferencia Episcopal ha dicho que le produce una gran tristeza que estemos luchando contra un signo, como lo es el crucifijo, que forma parte de nuestra propia historia y nuestra cultura, y que si lo eliminamos, será sustituido por otro.

Monseñor D. Ricardo Blázquez, que recibía ayer la medalla de oro de la Universidad Pontificia de Salamanca, ha agradecido ese reconocimiento a sus 14 años de docencia en las aulas salmantinas.

Monseñor Blázquez cree que “debemos estar atentos” a la polémica de los crucifijos en las aulas, pese a que Zapatero haya dicho que no está en la agenda su retirada, “porque no se termina de entender este nuevo ataque contra la Iglesia” que, en este caso, atenta contra nuestra propia historia, “contra un signo que es un signo religioso cristiano, pero que forma parte de nuestra historia”. Monseñor Blázquez ha manifestado que le produce una gran tristeza que estemos “luchando contra nuestra propia historia, haciéndola invisible o irrelevante”.

El Obispo de Bilbao ha explicado que la libertad religiosa lleva consigo la exterioridad y también la manifestación en el espacio social. “No se termina de ver porque se pretende recortar la libertad de expresión religiosa al ámbito privado“, ha dicho. Eso va a significar un empobrecimiento para la sociedad, ha concluido.

Si se quitan unos símbolos vendrán otros“,  ha advertido Monseñor Blázquez, por que “el hombre es un ser simbólico” y el símbolo es una parte del lenguaje del hombre. “¿A qué vamos a abrir el espacio público?” se ha preguntado Mons. Ricardo Blázquez, puesto que “el hombre no puede dejar de expresarse simbólicamente”.

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal ha querido enviar una mensaje de esperanza a los creyentes con unas palabras de Santa Teresa: “la fe padece, y la verdad padece pero no perece“. “Adelante“, ha dicho Monseñor Blázquez a los fieles. “No podemos sentirnos amilanados“, ha añadido, porque la libertad es cosa de todos y debemos seguir defendiéndola con valor.

El Congreso pide al Gobierno suprimir el crucifijo de los colegios públicos

El debate y aprobación ha correspondido a la Comisión de Educación y Deporte del Congreso, con los votos favorables del PSOE.

 El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a aplicar en todos los centros escolares la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que asegura que los crucifijos en las aulas son “una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones” y de “la libertad de religión de los alumnos”.

 La sentencia, hecha pública a principios del pasado mes, respondía al recurso presentado por Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés, que en 2002 había pedido al instituto estatal italiano en el que estudiaban sus dos hijos que quitara los crucifijos de las clases.

 El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo asegura que los crucifijos en las aulas son «una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones»

 La iniciativa aprobada esta tarde en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso surgió de un texto propuesto por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que posteriormente fue modificado y pactado con el PSOE. La proposición no de ley acordada entre socialistas y republicanos contó con el apoyo del BNG y el rechazo del PP y CiU. El resultado de la votación fue 20 votos a favor y 16 en contra.

 El texto inicial de ERC pedía al Gobierno que llevara a cabo “las modificaciones oportunas para impulsar y garantizar” la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas. Sin embargo, el documento aprobado pide al Ejecutivo que “traslade la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo” sobre libertad de pensamiento, de conciencia y de religión “especialmente en lo relativo a centros escolares”.

 Finalmente, el PSOE ofreció a Esquerra un acuerdo donde no hay un llamamiento expreso a retirar la simbología religiosa, pero sí reclama al Gobierno que “traslade la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo” sobre libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, “especialmente en lo relativo a centros escolares”, sin especificar la titularidad de los centros.