Felip Puig sobre la trama de Santa Coloma: “que Montesquieu resucite”

El secretario general adjunto de CDC, Felip Puig i Godes, se ha posicionado en contra de las formas en que se ha tratado a los dos militantes CiU detenidos por decisión del juez Garzón. Para Puig los casos de corrupción que están saliendo a la luz en España están generalizando “una sensación de fractura de los partidos y de desconfianza” entre la población.

La trama de corrupción de Santa Coloma de Gramanet ha salpicado a militantes del PSOE y de CiU, que hoy han sido retirados de sus cargos. En La Linterna ha estado Felip Puig i Godes, secretario general adjunto de CDC que ha declarado que “quieren que la justicia, que Garzón, actúe con el máximo rigor para descubrir toda la verdad”, porque “es injusto que se ponga bajo el mismo rango que a terroristas y asesinos a gente que ha hecho alguna irregularidad”.

Las formas en que se ha detenido a Maci Alavedra y Lluís Prenafeta han sido poco adecuadas, imágenes que se han convertido en la pena del telediario. Al igual que el PP denunció este tipo de tratos con sus militantes, Convergencia Democrática ahora ha estado de acuerdo con esta postura debido al mal trato que han recibido los ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol. El secretario general adjunto de CDC considera que “cuando hay excesos se deben denunciar”. Sobre esto, Puig ha querido rectificar a Alfonso Guerra, diciendoque Montesquieu resucite, por favor, que la separación entre la justicia y la política vuelvan a existir”.

 

 

Corrupción en Cataluña: prisión para el alcalde de Santa Coloma y los hombres de Pujol

El juez Baltasar Garzón ha ordenado el ingreso en prisión de los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el ex diputado del PSC, Luis García. La presunta trama de corrupción defraudó un total de 44.754.000 euros a los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andrés de Llavaneras en los que actuó.

 
El juez Baltasar Garzón ha ordenado el ingreso en prisión de los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el ex diputado del PSC, Luis García.
El magistrado de la Audiencia Nacional, que ha adoptado esta decisión a instancias del fiscal anticorrupción Luis Pastor, ha decretado también el ingreso en prisión eludible bajo fianza de25.000 euros para el director de servicios del Ayuntamiento, Pasqual Vela, y de 500.000 euros para los empresarios de la construcción Lluis Casamitjana y Josep Singla.En la resolución, Garzón afirma que hay una serie de “pautas comunes” en las tres grandes operaciones en las que intervinieron los imputados, desarrolladas en las localidades antes citadas.El primer paso consistía en que los Ayuntamientos afectados aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, quien, “gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con las empresarios interesados“, favorecía su tramitación, “repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos”.Sin embargo, la empresa adjudicataria nunca llegaba a realizar el proyecto, sino que éste quedaba paralizado hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés. Esa modificación, además, “resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio“, añade Garzón.Tras la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación, de modo que todo el beneficio quedaba en manos de los intermediarios y nunca en las del Consistorio.El auto detalla las cantidades que resultaron de la rectificaciónde los planes urbanísticos: 18.377.000 euros en Santa Coloma, catorce millones de euros en Badalona y 12.377.000 euros en San Andrés.La primera de esas operaciones, denominada “Pallaresa” y desarrollada en Santa Coloma entre 2001 y 2005, supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan, “la disminución de una superficie comercial y la dedicada a vivienda protegida para destinarlas de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original“.La operación de Badalona, que se llevó a cabo entre 2002 y 2004, consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona, S.A. de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, “con una revalorización considerable”.Por último, la denominada “operación Niesma” supuso la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras, produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas.Además, el PSC suspenderá de militancia el  próximo lunes al alcalde de Santa Coloma. al concejal de  Urbanismo, Manuel Dobarco, y al director de Servicios Municipales, Pascual Vela.Fuentes jurídicas han destacado que tanto Prenafeta como Alavedra están “anímicamente mal“, mientras que el abogado del alcalde de Santa Coloma, Fermín Morales, ha asegurado que su cliente “está entero” aunque “sorprendido y desconcertado por la dimensión mediática que ha adquirido todo este asunto“.Los ocho arrestados el pasado martes en Cataluña fueron trasladados ayer a Madrid, donde han pasado la noche en la cárcel de Soto del Real, antes de ser conducidos hasta la Audiencia Nacional donde han llegado esposados en un furgón de la Guardia Civil y les han entregado una bolsa de plástico con sus pertenencias. El noveno detenido fue arrestado en Madrid.El alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, está acusado de los delitos de cohecho, tráfico de  influencias, prevaricación y fraude fiscal, pero no del de blanqueo de capitales.Muñoz también destacó en su declaración que no conoce de nada a Alavedra y Prenafeta, por lo que su conexión con los detenidos se limita a que ha tenido trato con su compañero de partido Luis García, ‘Luigi’, presunto cerebro de la trama. Su letrado indicó que el regidor no se ha planteado de momento dimitir de su cargo y que siempre ha colaborado con los investigadores, incluso cuando se realizaron los registros en la sede de las empresas municipales.En una línea similar, el director gerente de Servicios, Pasqual Vela, alegó ante el instructor que su labor en el Ayuntamiento no tiene nada que ver con el urbanismo y se limita a cuestiones relacionadas con el “bienestar de los vecinos, como la prestación de becas“, según explicó su abogado, Albert Boada.

 

 

Garzón interroga hoy a los detenidos por la trama de corrupción de Santa Coloma

Macià y Prenafeta.

Los detenidos por la trama de corrupción de Santa Coloma han pasado la noche en la cárcel de Soto del Real de Madrid y hoy tienen una cita con Baltasar Garzón. El juez de la Audiencia Nacional interroga a los nueve detenidos en la “operación Pretoria”, la presunta trama de corrupción urbanística que habría operado en Santa Coloma de Gramenet.

Garzón va a tomar declaración a los supuestos cabecillas de la trama, entre los que se encuentran el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC); y dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol (CiU): el ex conseller Maci Alavedra y el ex secretario general de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta.También comparecerán ante el juez el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el responsable de servicios jurídicos de esta Alcaldía, Pasqual Vela; el ex diputado del Parlament y ex militante del PSC Luis García Sáez, y tres empresarios: el presidente de Proinosa, Josep Singla; el del grupo Espais, Lluís Casamitjana; y el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo.

 

 

Manuela de Madre (PSC): no me constan irregularidades en Santa Coloma

 La vicepresidenta del PSC y alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) hasta 2002, Manuela de Madre, ha señalado que no le constan irregularidades municipales y defendió la presunción de inocencia de los cargos del Ayuntamiento detenidos en la operación Pretoria. Espera, ha dicho, que la justicia actúe contra los detenidos que hayan actuado ilegalmente, pero pidió la máxima celeridad.

La vicepresidenta del PSC y alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) hasta 2002, Manuela de Madre, ha señalado que no le constan irregularidades municipales y defendió la presunción de inocencia de los cargos del Ayuntamiento detenidos en la operación Pretoria.”Los expedientes, por lo que yo conozco, están absolutamente dentro del marco de la legalidad“, dijo. Se ha mostrado  “sorprendida, perpleja y entristecida” por la operación anticorrupción, y dijo a los periodistas que sabe lo mismo que ellos, e insistió en que mantendrá la presunción de inocencia de todos los detenidos mientras no se evidencie lo contrario. De Madre esperó que la justicia actúe contra los detenidos que hayan actuado ilegalmente, pero pidió la máxima celeridad tanto si son culpables como si no, porque si hay inocentes “a más de una persona seguramente ya se le ha destrozado la vida no solo política, sino también personal”.Después de que el líder del PP en el Parlament, Daniel Sirera, dijera este miércoles que se nombró a dedo al interventor y al secretario del Ayuntamiento, De Madre pidió “que nadie piense que se ha nombrado caprichosamente o a dedo a nadie para ejercer una responsabilidad tan alta y tan importante como esta”.La Fiscalía Anticorrupción no ha cifrado todavía el montante total que los implicados en la trama ‘Pretoria’ pueden haber estafado a las arcas municipales y a Hacienda con el blanqueo de capitales. Lo hará cuando haya analizado la ingente documentación tanto en papel como digital intervenida entre el martes y el miércoles en la quincena de registros realizados en dependencias municipales, oficinas y domicilios.Precisamente, el juez Baltasar Garzón ha solicitado comisiones rogatorias a países extranjeros para solicitar información de cuentas bancarias que los implicados tenían en Andorra, Portugal y la isla de Jersey (Reino Unido).Los ocho detenidos en Cataluña por la trama de corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramenet llegaron poco después de las 19.30 horas de la tarde del jueves a Madrid, concretamente a la cárcel de Soto del Real.

La investigación, dirigida por el juez Garzón y el fiscal anticorrupción Luis Pastor, se centra en averiguar si desde el consistorio se dio trato de favor a algunas empresas adjudicándoles servicios y terrenos. Estas operaciones se habrían efectuado desde la empresa municipal Gramepark, creada en 1988 para la creación y gestión de aparcamientos y vivienda pública en el municipio.

En el marco de esta investigación, se encontraban vinculados algunos bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Pretus.

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Detenidos Lluis Prenafeta y Macià Alavedra ex altos cargos del Gobierno de CiU de Jordi Pujol

La Guardia Civil ha detenido a Lluis Prenafeta, secretario general de la Presidencia de la Generalitat con Jordi Pujol entre 1980 y 1990, y al ex conseller Macià Alavedra. Ambos ex altos cargos del Gobierno de CiU han sido detenidos en el marco de la operación contra la corrupción desarrollada en la provincia de Barcelona.

El ex conseller de la Generalitat Maciá Alavedra; el ex secretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta, y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet,
Bartomeu Muñoz, son tres de las ocho personas detenidas junto con  el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de esta localidad, Manuel Dobarco; el director gerente de Servicios, Pascual Vela, y el ex diputado del PSC Luis García. A estos se suman dos empresarios de la construcción, Josep Singla, de la inmobiliaria Proinosa, y Luis Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais.

 Fuentes jurídicas han asegurado que la investigaciónse inició en la Audiencia Nacional en 2007 y está relacionada con otra causa llevada en la propia Audiencia Nacional dos años antes.

 A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.  Ya en 1990 Lluis Prenafeta fue acusado por el sindicato CNT y un grupo de abogados catalanes de aprovecharse de su cargo público para intereses personales, en la concesión de servicios y equipamientos para la Generalitat de Cataluña.

 El 4 de febrero de 1993, la Audiencia de Barcelona archivó las diligencias contra Prenafeta por entender que el acusado no había incurrido en ninguno de los delitos denunciados.

 En el transcurso de la operación, agentes de la Guardia Civil se han desplazado a la sede del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet para registrar varios despachos de la sede municipal, de donde han hecho salir a los funcionarios para llevar a cabo la operación.

 El secretario general adjunto de CiU, Felip Puig, ha defendo la presunción de inocencia de“todos” los afectados por los casos de corrupción y desvinculó de la cúpula directiva de la federación a Lluís Prenafeta y Maci Alavedra.

 Puig apeló a la máxima celeridad de la justicia para esclarecer “lo antes posible” los supuestos casos de irregularidad en Catalunya.

 Puig indicó que desde la federación no se harán “juicios paralelos” hacia otras formaciones, como el PSC, que a su juicio ha extendido la “sombra de la sospecha” de la financiación irregular de CDC por supuesto desvío de fondos desde el Palau de la Música a la Fundación Trias Fargas.

 “Quien quiere mezclarlo todo es que tiene algo que esconder”, sentenció Puig, que reclamó “máxima dignidad institucional y prudencia” al presidente de la Generalitat, José Montilla, quien ayer desde Argelia dijo que los casos de corrupción apenas pasarán factura a CiU y PP porque su electorado mira a otro lado.