El nuevo informe sobre el aborto del CGPJ es una sumisión ideológica al gobierno

Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar

Desde el Instituto de Política Familiar se insiste en que que el borrador no entra en el fondo de su deber profesional de criticar los aspectos que “afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales”

Para Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar, si el CGPJ aprueba dicho informe, asistiremos una vez más a la sumisión ideologizada al Gobierno de un presunto órgano independiente

 Además, el CGPJ “haciendo dejación de su teórica independencia, incumplirá con su deber de informar sobre los aspectos de un proyecto de ley que afecta gravísimamente a los derechos fundamentales”

 Nuestro sistema constitucional prevé una serie de mecanismos y procedimientos para asegurar el escrupuloso respecto de nuestra legislación a los derechos fundamentales, pero la realidad política los está vaciando de su contenido mediante maniobras y manipulaciones, tanto más graves cuanto grave es el tema al que se refieren.

 Asistimos estupefactos a un borrador de informe donde desde el inicio se aceptan acríticamente las afirmaciones del texto gubernamental, desde citar que la nueva ley nos acercaría al modelo europeo (algo totalmente falso), citando como ejemplo de ley de plazos a los casos de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, etc. cuando en la mayoría de los casos esos plazos se refieren a ciertas causas concretas y por tanto no es el caso de aborto libre.

 Más grave aún es su defensa de la no inconstitucionalidad de una ley de plazos, igualando el bien de la vida del nasciturus con una “dignidad” de la mujer que al parecer podrían colisionar para justificar el aborto libre.  Igualmente grotesca es la afirmación “la previsión de un sistema de plazo, no supone la desprotección penal del bien jurídico que constituye la vida del nasciturussino una renuncia del Estado a castigar penalmente.

 Tal vez lo único positivo, concluye Hertfelder, son sus consideraciones sobre la necesidad de concretar los riesgos a la salud o los riesgos fetales como causas, la información a las mujeres y la obligación del Estado de articular una política social que realmente sea capaz de solucionar los problemas que pueden empujar a una mujer a la sima del aborto.

El CGPJ prevé que se dupliquen las ejecuciones hipotecarias en el 2009

Aumentan la venta de pisos

El Consejo General del Poder Judicial no augura unos buenos datos para el país en lo se refiere a las ejecuciones hipotecarias. En el primer trimestre, se han incrementado un 112% respecto a los tres meses anteriores. Para el CGPJ, esto no es más que los efectos de la crisis económica que estamos viviendo que también, deja menos divorcios y separaciones.

El Consejo General del Poder General está preocupado por el aumento de las ejecuciones hipotecarias. Este año, pasarán de 58.686 a 114.958. Pero, en el 2010, se elevarán a 181.030.

 Estos son datos presentados sobre los efectos previsibles de la crisis económica en la carga de trabajo de los órganos judiciales. En el primer trimestre de 2009, las ejecuciones hipotecarias se han incrementado un 112% respecto a los tres meses anteriores. Otro de los efectos de la crisis económica en los tribunales es el descenso de los divorcios y separaciones.

 El Poder Jucial ha puesto de manifiesto que la crisis esta teniendo un importante impacto en los Juzgados de lo Mercantil. Y que también, van a crecer los expedientes por cuestiones laborales y los incidentes concursales. Así, en los Juzgados de lo Social, los despidos han tenido un incremento del 48% en 2008. Aquí no se quedan los datos negativos, según el CGPJ, casi se han triplicado el número de concursos de acreedores pero, el panorama para el 2010 “parece mucho peor”.

 El Consejo General quiere hacer hincapié que por la crisis se pueden dar más procedimientos penales al incrementarse el número de parados y al acabarse la cobertura de desempleo.

Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y Cristiano.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar.

“Jamás va interferir en mi función creer en Dios, todo lo contrario”.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, afirmó hoy que sus creencias religiosas cristianas “jamás” van a interferir en sus funciones, sino “todo lo contrario”. Asímismo, confirmó creer en Dios “con todas sus fuerzas”.

“Yo creo en Dios y cuando uno tiene una fidelidad y la cumple por encima de todo, como yo soy fiel a Dios, después las demás fidelidades se cumplen más fácil, y jamás va interferir en mi función tanto en el Consejo como en el Tribunal Supremo creer en Dios, todo lo contrario”, aseguró Dívar en declaraciones a RNE.

El presidente del CGPJ habló sobre la lentitud de la justicia y admitió que “una justicia tardía es una injusticia”. Por ello, insistió en que van a poner los medios “para que la justicia sea ágil, eficaz y justa” y recalcó que “hay que dar tiempo” a este proceso.

Respecto al poder judicial, Dívar dijo que “acaba de iniciar su andadura” y que “ha aprobado ya las medidas necesarias para el ejercicio de sus funciones”, aunque consideró que hay un “problema en sus medios” y que es “importante atajarlo”. En este sentido, declaró que “a veces una praxis no ha sido correcta”, pero cree que “la mayoría de los jueces son honestísimos y muy trabajadores”.

Sobre el tema del juez que llevaba el caso de la niña Mari Luz, Rafael Tirado, Dívar cree que es una “cuestión disciplinaria que aún no se ha resuelto”, pero afirmó que “los elementos correctivos”  en la administración de la justicia “son muy numerosos”.

En su opinión, este caso tiene una resolución que “va a ser difícil que sea favorable para todo el mundo”, pero aseguró que el Consejo actuará con “absoluta justicia, honestidad, independencia y total autonomía”, afirmó.

“Hay cosas en las que efectivamente ha habido errores”, admitió Dívar, refiriéndose a la libertad del presunto asesino de la niña Mari Luz, Santiago del Valle. Aunque, advirtió que “a veces choca lo que es justo y lo que el ciudadano piensa que es justo”, ya que los ciudadanos “no conocen los elementos correctores”.

En relación con el tema de la memoria histórica, el presidente del Tribunal Supremo cree que la justicia española debe juzgar todos los crímenes que “son de su competencia”, tanto territorial como legislativa, pero indicó que tiene que tener en cuenta “las cuestiones de amnistía y de prescripción”.

“Yo no puedo decir como se debe juzgar porque sería imprudente por mi parte hacer manifestaciones sobre algo que puede venir y que son otros los que tienen que tomar decisiones”, explicó. También, dijo que si no se está de acuerdo se debería acudir al “sistema de recursos”.

Al ser preguntado por la posible politización de la Justicia, Dívar aclaró que hay que distinguir entre el Poder Judicial y el Consejo del Poder Judicial. Para ello, definió al primero como un ógano que “está aquí y también en un juzgado de paz”, mientras que el Consejo “es un órgano político para realizar política judicial y lo que tenemos que hacer de cara al futuro es gobernar con toda lealtad pero a la vez con autonomía a los jueces del Poder Judicial”, indicó.

En cambio, no quiso comentar si está de acuerdo o no con la forma de elección de los jueces del CGPJ, porque es juez y “no legislador”. Por ello, cree que “tiene que acatar las leyes”, y no porque le gusten o no sino porque tiene “obligación” de hacerlo.

Según Dívar,”nunca ha habido ninguna interferencia política de ningún tipo” en sus actuaciones, y “los magistrados de este alto tribunal tienen conciencia y gallardía suficiente para que si existiese alguna interferencia puedan actuar con arreglo al derecho y a su conciencia”, declaró.

Finalmente, considera que la Justicia “necesita prudencia y sosiego”, ya que “es una de las condiciones básicas” en la administración de justicia en estos tiempos. “Tenemos que practicar una justicia sosegada y posarnos siempre en el mismo sitio que es el estado de derecho”, concluyó.

¿Un católico frente un juzgado de familia?

El juez Fernando Ferrin Calamita

EL CASO DEL JUEZ CALAMITA
¿Puede un católico estar al frente de un juzgado de familia?

El juez Fernando Ferrín Calamita, apartado provisionalmente de su plaza por el supuesto retraso en la tramitación de una adopción por parte de una pareja de lesbianas, recibió este miércoles la noticia de que el CGPJ archivaba las denuncias que interpuso contra el Presidente del TSJ de dicha comunidad. La defensa del magistrado asegura que ha habido irregularidades y que los medios de comunicación se han limitado a dar una sola versión de los hechos.

El pasado miércoles el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le dio un nuevo revés al juez Fernando Ferrín Calamita, titular del juzgado de Familia número 9 de Murcia, suspendido de empleo y sueldo por el supuesto retraso malicioso en la tramitación de una adopción por parte de una pareja de lesbianas. Ese día se archivaron las dos denuncias presentadas por el magistrado contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Martínez Moya.

En los escritos de denuncia presentados al órgano de gobierno de los jueces por la defensa de Ferrín Calamita se criticaba la actuación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, en el expediente disciplinario abierto al juez y en la admisión de la querella presentada contra el mismo.

“Un católico no puede estar al frente de un Juzgado de Familia”

Según ha declarado a Libertad Digital el abogado del juez expedientado, Javier Pérez-Roldán, Martínez Moya llamó en tres ocasiones a Ferrín Calamita “faltándole el respeto y atacando a su independencia judicial”. El magistrado asegura que el Presidente le dijo que “un católico no puede estar al frente de un Juzgado de Familia”. Además, Calamita ha declarado que Martínez Moya lo amenazó con abrirle expediente sino atendía una de sus llamadas.

Tras estas denuncias, ahora archivadas, el presidente decidió en los primeros días de octubre abstenerse en todo lo referido al enjuiciamiento de Calamita, aunque rechazó los términos de las denuncias, que, afirmó, “están carentes de veracidad, manipulados y huérfanos de respeto y consideración gubernativa y jurisdiccional”. Asimismo, señaló en su escrito de abstención que “en ningún momento, ni antes ni ahora, me encuentro afectado en mi imparcialidad, ni subjetiva ni objetiva, para conocer del asunto”.

Por 10.000 euros

Cuando el caso salió a la luz pública, el magistrado estuvo de baja médica porque padecía depresión y estrés. Ahora, afirma encontrarse mejor anímicamente, aunque se considera víctima de una campaña de acoso y derribo.

Ahora, el juez Calamita está sometido a un proceso judicial en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia a raíz de la querella presentada por la mujer lesbiana que lo acusa de retrasar la adopción de una menor, hija de su compañera sentimental, por sus creencias religiosas. A día de hoy, el magistrado titular del juzgado de Familia de Murcia sigue negando dicho retraso del expediente y, además, denuncia que ha habido irregularidades en el proceso. Como por ejemplo, que la defensa de las lesbianas le pidieron 10.000 euros al juez para que se quitase la querella. Chantaje que Calamita no aceptó.

Como cuestión de fondo el abogado de Ferrín Calamita señala que éste recabó varios informes “para plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la norma que permite que un matrimonio de personas del mismo sexo puedan adoptar”, asunto que según su abogado “pudo inquietar a ciertas personas”. Dicha cuestión no llegó a plantearse porque el juez fue suspendido en sus funciones. Según han confirmado fuentes del Constitucional, no hay cuestión alguna de este carácter interpuesta en dicho tribunal.

El juez puede ser apartado definitivamente de la carrera judicial

En febrero de 2008, la Comisión Permanente del Consejo le suspendió cautelarmente al admitier a trámite la querella que presentó la adoptante contra él. Era la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces suspendía a un juez a instancia de una de las partes y no del propio fiscal. Tras varios meses alejado de su puesto de trabajo, Ferrín Calamita ha pedido al CGPJ que deje sin efecto su suspensión porque, según alega, él y su familia, compuesta por nueve personas, no pueden subsistir.

Si la querella interpuesta contra el magistrado por la pareja de lesbianas se archiva, el Consejo lo devolverá a sus funciones. Pero si ésta prospera, el juez será expulsado de la carrera judicial.