“La verdad del amor humano” – CEE

La Conferencia Episcopal Española (CEE) publica el documento “La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar”. El texto fue aprobado por la XCIX Asamblea Plenaria y lleva fecha de 26 de abril de2012. Ha sido revisado, para su publicación, por la última Comisión Permanente, celebrada los días 19 y 20 del pasado mes de junio.

 

 

 

A lo largo de seis capítulos, los obispos anuncian el evangelio del matrimonio y de la familia como un bien para toda la humanidad. En una breve introducción, ofrecen el contexto para comprender mejor el documento, con menciones particulares al Concilio Vaticano II, la exhortación apostólica “Familiaris consortio” (Juan Pablo II, 1981) y el magisterio que sobre la familia y la vida han publicado los obispos españoles en los últimos años.

Fue aprobado en abril por la XCIX Asamblea Plenaria y ha sido revisado ahora por la última Comisión Permanente

Como recuerda el texto, la CEE ya venía llamando la atención sobre “las nuevas circunstancias en las que se desarrollaba la vida familiar, y la presencia en la legislación española de presupuestos que devaluaban el matrimonio, causaban la desprotección de la familia y llevaban a una cultura que, sin eufemismos, podía calificarse como una cultura de la muerte”. El tiempo transcurrido permite advertir motivos para la esperanza en amplios sectores de la sociedad que valoran adecuadamente el bien de la vida y de la familia “Hemos de reconocer – señalan los obispos- que a la difusión de esta conciencia ha contribuido grandemente la multiplicación de movimientos y asociaciones (…) Estas luces, sin embargo, no pueden hacernos olvidar las sombras que se extienden sobre nuestra sociedad” (aborto, rupturas matrimoniales, explotación de los débiles y empobrecidos, etc.). Detrás de estos fenómenos negativos, “está la profusión de algunos mensajes ideológicos y propuestas culturales; por ejemplo, la de la absolutización subjetivista de la libertad que, desvinculada de la verdad, termina por hacer de las emociones parciales la norma del bien y de la moralidad”.

 

Por todo ello, movidos por el deseo de contribuir al desarrollo de la sociedad, los obispos proponen de nuevo “a los católicos españoles y a todos los que deseen escucharnos, de manera particular a los padres y educadores, los principios fundamentales sobre la persona humana sexuada, sobre el amor esponsal propio del matrimonio y sobre los fundamentos antropológicos de la familia”.

1. La verdad del amor, un anuncio de esperanza

El primer capítulo trata de la revelación del amor, que permite el conocimiento completo de su origen y de su sentido. “El origen del amor no se encuentra en el hombre mismo, sino que la fuente originaria del amor es el misterio de Dios mismo, que se revela y sale al encuentro del hombre. Esa es la razón de que el hombre no cese de buscar con ardor esa fuente escondida”.

A partir de ese amor originario se descubre además, que el ser humano ha sido creado también para amar. El amor humano es una respuesta al don divino, “un amor que nos precede, un amor que es más grande que nuestros deseos, un amor mayor que nosotros mismos”. Por eso, aprender a amar consiste, en primer lugar, en recibir el amor, en acogerlo, en experimentarlo y hacerlo propio. El amor originario, que implica siempre esta singular iniciativa divina previene contra toda concepción voluntarista o emotiva del amor. Creer en el Amor divino es vivir con la esperanza de la victoria del amor.

2. La verdad del amor, inscrita en el lenguaje del cuerpo

 

En el segundo capítulo, se recuerda que el ser humano es imagen de Dios en todas las dimensiones de su humanidad. En el hombre “el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza: la naturaleza humana”. Entre cuerpo, alma y vida se da una relación tan íntima que hace imposible pensar el cuerpo humano como reductible únicamente a su estructuración orgánica, o la vida humana a su dimensión biológica. De ahí que la persona humana “exista necesariamente como hombre o como mujer”. Dicho de otra manera, “la persona humana no tiene otra posibilidad de existir (…); la dimensión sexuada, es decir, la masculinidad o feminidad, es inseparable de la persona. No es un simple atributo. Es el modo de ser de la persona humana. Afecta al núcleo íntimo de la persona en cuanto tal. Es la persona misma la que siente y se expresa a través de la sexualidad”.

En cuanto que imagen de Dios, el hombre es llamado al amor como persona humana sexuada. “Por eso si la respuesta a esa llamada se lleva a cabo a través del lenguaje de la sexualidad, uno de sus constitutivos esenciales es la apertura a la transmisión de la vida”.

La diferencia sexual es indicadora de la recíproca complementariedad que existe entre el hombre y la mujer, y “está orientada a la comunicación: a sentir, expresar y vivir el amor humano, abriendo a una plenitud mayor”.

3. El amor conyugal: “Como cristo amó a su Iglesia” (Ef 5, 25)

En este apartado se recogen las características del amor conyugal y se describe cómo éste es transformado en el amor divino, mediante el sacramento del matrimonio.

“El amor conyugal –se puede leer en el texto – es un amor comprometido”. Por el matrimonio se establece entre el hombre y la mujer una alianza o comunidad conyugal por la que ya no son dos sino una sola carne (Mt 19, 6). “La alianza que se origina no da lugar a un vínculo meramente visible, sino también moral, social y jurídico; de tal riqueza y densidad que requiere, por parte de los contrayentes, la voluntad de compartir (en cuanto tales) todo su proyecto de vida, lo que tienen y lo que son. No se reduce a una simple relación de convivencia o cohabitación”.

En este sentido, el amor conyugal es una comunidad de vida y amor; un amor plenamente humano y total, que ha de ser fiel y exclusivo; fecundo, abierto a la vida; en el que tiene sentido entregar la libertad para siempre.

La luz y la belleza de este amor son deslumbrantes; pero se hallan oscurecidas por el pecado. La visión reductiva y fragmentaria de la sexualidad, tan extendida en no pocos ámbitos de la sociedad, hace que muchas personas pierdan de vista la totalidad humana que se contiene en cada experiencia. Por eso, los obispos, convencidos de la belleza de la verdad que une la dignidad humana con la vocación al amor, insisten aquí en “la importancia que tiene la rectitud en el ámbito de la sexualidad tanto para las personas como para la sociedad entera”.

Este amor conyugal del que se habla no pierde ninguna de las características que le son propias en cuanto realidad humana, al ser transformado en el amor divino. “El amor de Cristo – se apunta en el documento – ha de ser la referencia constante del amor matrimonial, porque, primero y sobre todo, es su fuente”.

4. La disolución de la imagen del hombre

 

En el cuarto capítulo, el documento analiza dos corrientes de las que vienen las propuestas que distorsionan la consideración del hombre hecho a imagen de Dios y, derivadamente, las imágenes del matrimonio y de la familia.

En primer lugar, de forma breve, se aborda el espiritualismo para el que “el papel que la sexualidad desempeña en ese amor comprometería la trascendencia y la gratuidad de las formas más elevadas de amor”. Se trataría en este caso de una especie de espiritualimo puritano en el que la corporeidad se ve como un obstáculo para el amor espiritual.

Por otro lado, se analiza otra vertiente, de signo materialista, subyacente en las teorías contemporáneas de “género”. “Estas pretenden desvincular la sexualidad de las determinaciones naturales del cuerpo, hasta el punto de disolver el significado objetivo de la diferencia sexual entre hombre y mujer”. El cuerpo queda aquí reducido a materia manipulable para obtener cualquier forma de placer.

Como se ha anticipado, cuando se debilita o se oscurece la imagen del ser humano, se oscurece también la imagen del matrimonio y de la familia. Se llega incluso a considerarlas como instituciones que coartan la espontaneidad de la vocación al amor. “La banalización de la sexualidad conduce a una percepción, al menos parcial y fragmentada, de la realidad del matrimonio y de la familia. Una perspectiva desde la que resulta poco menos que imposible percibir toda su belleza”.

El documento describe la “ideología de género”, según la cual “cada uno puede optar en cada una de las situaciones de su vida por el género que desee, independientemente de su corporeidad”; ayuda a entender el contexto en que esa ideología se desenvuelve: con una cultura pansexualista de fondo, que termina por considerar bueno el uso del sexo como un objeto más de consumo, deriva hacia el permisivismo más radical y en última instancia hacia el nihilismo más absoluto. “No es difícil constatar las nocivas consecuencias de este vaciamiento de significado: una cultura que no genera vida y que vive la tendencia cada vez más acentuada de convertirse en una cultura de muerte”.

Se analizan también los caminos que han llevado a la difusión de esta manera de pensar como, por ejemplo, la manipulación del lenguaje, enmascarando algunas de las verdades básicas de las relaciones humanas. Así ha sucedido con el término “matrimonio”, cuya significación ha sido desfigurada hasta incluir bajo esa denominación algunas formas de unión que nada tienen que ver con la realidad matrimonial. Y se denuncian las estrategias de difusión de la mencionada ideología en el ámbito legislativo y, sobre todo, en el educativo con el objetivo de educar en sus postulados, ya desde la infancia, a las jóvenes generaciones y de evitar cualquier formación auténticamente moral sobre la sexualidad humana. Precisamente, en el ámbito educativo los obispos denuncian una vez más el modo de presentar la asignatura de “Educación para la ciudadanía” y las exigencias que se imponen en materia de educación sexual en la llamada “Ley del aborto”.

La concepción constructivista del sexo, propia de la ideología de género, es asumida y prolongada por las teorías “queer” (raro) y “cyborg” (organismo cibernético, híbrido de máquina y organismo). En la primera se mantiene que “la sexualidad y los modos o prácticas sexuales no pueden en ningún caso estar sometidos a una normativa”. Cuanto se refiere al sexo y al “género” pertenecería exclusivamente a la voluntad variable y cambiante del sujeto. Entre los objetivos de la segunda estaría, como primer paso, la emancipación del cuerpo: cambiar el orden significante de la corporalidad, eliminar la naturaleza. “Se trata de ir a una sociedad sin sexos y sin géneros, en la que el ideal del nuevo ser humano estaría representado por una hibridación que rompiera la estructura dual hombre-mujer, masculino-femenino. Una sociedad, por tanto sin reproducción sexual, sin paternidad y sin maternidad”, que estaría confiada únicamente a la ciencia, a la biomedicina, la biotecnologia y la ingeniería política.

Debajo de estas teorías hay “un pensamiento materialista y radical, en definitiva inhumano (…) La dignidad de la persona se degrada hasta el punto de ser rebajada a la condición de cosa u objeto totalmente manipulable”. La corporalidad no tendría significado antropológico alguno y, por eso mismo, carecería también de significado teológico. “La negación de la dimensión religiosa es el presupuesto necesario para poder construir el modelo de hombre y la construcción de la sociedad que se intentan”.

Los obispos denuncian que “la falta de un suficiente apoyo al matrimonio y la familia que advertimos en nuestra sociedad se debe, en gran parte, a la presencia de esas ideologías en las políticas sobre la familia”. Y recuerdan que el matrimonio ha sufrido una desvalorización sin precedentes y que se ha desprotegido la familia en la legislación. Se pone como ejemplo el caso del aborto: “llama poderosamente la atención que, a diferencia de las graves restricciones que nuestras leyes imponen a los menores en el uso del tabaco o del alcohol, se promuevan, en cambio, otras leyes que fomentan un permisivismo casi absoluto en el campo de la sexualidad y del respeto a la vida, como si el actuar sobre esos campos fuera irrelevante y no afectara para nada a la persona”. Más allá de las declaraciones de buenas intenciones, se afirma que “no hay, en las políticas que se hacen en nuestro país, un reconocimiento suficiente del valor social del matrimonio y de la familia”. En cambio, sí se observa una creciente revalorización de uno y otro por parte de la sociedad y eso, como reconocen los obispos, es un argumento firme para la esperanza.

La Iglesia, que con frecuencia se siente sola en la defensa de la vida naciente y terminal, sabe ver y reconocer las luces que asoman poderosas entre las sombras descritas. Una de esas luces, en medio de la cultura de la muerte, es la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (18 de octubre de 2011) que prohíbe patentar los procedimientos que utilicen células madre embrionarias humanas y señala también que todo óvulo humano, a partir de la fecundación, debe considerar “embrión humano”. Se desmonta así la falsa e ideológica distinción entre embrión y pre-embrión y se rebaten los fundamentos sobre los que se han promovido en España al menos cuatro normas legales: aborto, reproducción asistida, investigación biomédica y píldora del día después.

Para salir al paso de las consecuencias de esta ideología de género, tan contraria a la dignidad de las personas, se propone el testimonio de un amor humano verdadero vivido en una sexualidad integrada, una tarea que corresponde de modo particular a matrimonios y familias, que habrán de hacerlo creíble con el testimonio de sus vidas; asimismo, se hace una llamada a los poderes públicos, docentes, educadores y medios de comunicación para que se recupere un lenguaje que sepa distinguir realidades, que por ser diferentes nunca pueden equipararse; se pide a los gobernantes que en la gestión de lo público no se dejen guiar por la voluntad subjetiva de grupos de presión sino que busquen el bien común de la sociedad; y se pide que se reconozca el papel insustituible de los padres en la educación de sus hijos. Es un derecho y un deber de los ciudadanos mostrar su desacuerdo e intentar la modificación de leyes injustas. “Una respuesta activa (…) ante este tipo de situaciones contribuirá al reforzamiento de la sociedad civil”.

Este capítulo concluye recordando que “detrás de la pretendida neutralidad de estas teorías se esconden dramas personales que la Iglesia conoce bien. Pero hemos de tener siempre viva la esperanza. El bien y la verdad, la belleza del amor, son capaces de superar todas las dificultades, por muchas y graves que sean”. En este sentido, se recuerda que “la Iglesia abre siempre su corazón y ayuda de madre y maestra a todos y cada uno de los hombres. Nadie puede sentirse excluido, tampoco quienes sienten atracción sexual hacia el mismo sexo” y se recuerda al respecto el magisterio de la Iglesia católica. “Por eso – recoge el documento-, una vez más no podemos dejar de anunciar que los hombres y mujeres con atracción sexual hacia el mismo sexo deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta”. Se señala también que estas personas “deben ser acogidas en la acción pastoral con comprensión y deben ser sostenidas en la esperanza de superar sus dificultades personales”.

Los obispos anuncian la buena noticia del matrimonio y de la familia como un bien para toda la humanidad, reconocen los motivos para la esperanza que amplios sectores de la sociedad ofrecen y denuncian las sombras de la “cultura de la muerte”

 

5. Amor conyugal, institución y bien común

 

Este capítulo está centrado en la institución matrimonial, entendida como un bien social, y se desenmascaran las trampas que a menudo lo presentan como un estorbo e incluso como “la cárcel del amor”.

“El amor humano y el bien de la persona están tan estrechamente relacionados que esta solo se realiza en la medida en que ama. A esta realización, sin embargo, solo sirve un amor verdadero, una relación interpersonal en la que las personas se valoran por lo que son. Por eso, si la relación tiene lugar a través del lenguaje propio de la sexualidad, solo se puede calificar como amor la relación que tiene lugar entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio. La institución matrimonial es, por tanto una exigencia de la verdad del amor cuando se expresa en el lenguaje propio de la sexualidad. Y, como al bien del matrimonio está ligado el bien de la familia y a este el de la sociedad, defender y proteger la institución matrimonial es una exigencia del bien común”.

Sin embargo, cuando se parte de una idea de libertad como mera espontaneidad, en lugar de apoyarse en la roca firme del compromiso de la voluntad racional protegida por la institución del matrimonio, el amor queda sometido al vaivén de las emociones, efímeras por naturaleza. Se confunde la emoción con el amor y se percibe como un asunto meramente privado, despojado a priori de cualquier significado que pueda ser comunicado a los demás. “Las personas dejan de ser afirmadas por sí mismas. Se ven solo como objetos de producción y consumo. Es lo que sucede en una sociedad que valora únicamente las relaciones sexuales interpersonales por la utilidad que reportan o el grado de satisfacción que producen”.

Sumidos en un absoluto utilitarismo, “todo vale, si sirve para conseguir el objetivo que se intenta”. Por este camino, nos podemos encontrar la injusticia de una institución entendida a la carta, separando radicalmente el amor y la institución, de tal forma que incluso se les llega a considerar incompatibles. Hay quien piensa que la referencia a una moral objetiva, anterior y superior a las instituciones democráticas, es incompatible con una organización democrática de la sociedad y la convivencia. Pero no es así. “Por encima y con anterioridad a las decisiones de los que se casan y de la sociedad, existen una verdad y derecho superior, enraizados en la humanidad del hombre y de la mujer, en su condición personal y social, en la de sus hijos y de la sociedad. Cualquiera es capaz de advertir que las instituciones del amor conyugal y familiar son indispensables en la consecución del bien común”.

Por todo ello, reconocer y ayudar a la institución matrimonial es uno de los mayores servicios que se pueden prestar hoy día “al verdadero desarrollo de los hombres y de las sociedades, así como la mejor garantía para asegurar la dignidad, la igualdad y la verdadera libertad de la persona humana”.

El documento subraya también en este apartado la contribución que la institución matrimonial aporta a la promoción de la dignidad de la mujer, recuerda que se debe reconocer y fomentar el papel de la mujer en la sociedad y critica los modelos que han pretendido hacernos creer que la realización y perfección personal de la mujer pasaba por la reproducción mimética del modelo masculino.

Por último, se presenta a la familia como escuela de humanidad: “la familia –como comunidad específica, constituida por padre, madre e hijos- es un capital social de la mayor importancia, que requiere ser promovido política y culturalmente; se afirma también que reconocer lo diferente es justicia, no discriminación en alusión directa a lo que ha ocurrido en algunos países, en los que, con el pretexto de superar antiguas discriminaciones se han dado disposiciones legales que reconocen como matrimonio formas de convivencia que nada tienen que ver con la realidad designada por ese nombre; y se detiene a analizar el caso español, donde todavía se ha ido más allá, puesto que no solo se equipara el matrimonio con otro tipo de uniones (conservando el reconocimiento del matrimonio como una institución bien definida y con características propias), sino que se ha redefinido la figura jurídica del matrimonio. La Ley de 1 de julio de 2005 lo ha convertido en una convivencia afectiva entre dos personas cualesquiera, con la posibilidad de ser disuelta unilateralmente por alguna de ellas, solo con que hayan transcurrido tres meses desde la formalización del contrato. Se trata de una legislación insólita. Lo que está en juego no es solo una cuestión de palabras. “No podemos dejar de afirmar con dolor –señalan los obispos- y también sin temor a incurrir en exageración alguna, que las leyes vigentes en España no reconocen ni protegen al matrimonio en su especificidad. Asistimos a la destrucción del matrimonio por vía legal”.

Como se hace a lo largo de todo el documento, la denuncia clara viene siempre acompañada de las propuestas en positivo para ejercer la responsabilidad que todos los ciudadanos tienen a la hora de estar bien formados en la naturaleza del amor conyugal, del matrimonio y de la familia. Se alude en particular a la responsabilidad que tienen los políticos y en concreto a los políticos católicos para que actúen “de acuerdo con su conciencia, más allá de cualquier disciplina de partido” y animan a todos, pero de manera especial a los fieles católicos para que participen en asociaciones que trabajan por la promoción de la vida matrimonial y familiar.

6. Hacia una cultura del matrimonio y de la familia

 

“A pesar de todas las dificultades, nuestra mirada no pierde la esperanza en la luz que brilla en el corazón humano como eco y presencia permanente del acto creador de Dios”. Con estas palabras comienza el último capítulo del documento, que se centra en la necesidad de promover una cultura del matrimonio y de la familia, también por parte de la Iglesia, que ya está empeñada en ello y que ha de seguir empleándose a fondo en la tarea.

Los obispos destacan la importancia de la formación en los fundamentos del evangelio del matrimonio y de la familia, y ponen el acento en este caso en la educación afectivo-sexual, que debe hacerse sobre la base de una “antropología adecuada” y cuyo lugar privilegiado es la familia. Además, señalan que “es necesario profundizar y renovar la preparación al matrimonio”, promover “una política demográfica que favorezca la natalidad”, puesto que los hijos son una contribución decisiva para el desarrollo de la sociedad, que debe ser reconocido adecuadamente por el Estado; impulsar políticas familiares que permitan a las familias disponer de la autonomía económica suficiente para poder desarrollarse, sobre todo si tenemos en cuenta la situación de precariedad en la que muchas familias se encuentran actualmente; y contribuir a la construcción una “casa”, auténticamente humana, es decir, la familia en la que “cada uno de sus miembros se sienta querido por sí mismo y disponga del ambiente adecuado para crecer como persona”.

“La mejor respuesta a la ideología de género” y a la actual crisis matrimonial –sostienen los obispos – es la nueva evangelización. “Es necesario proponer a Cristo como camino para vivir y desarrollar la vocación al amor. Sin su gracia, sin la fuerza del Espíritu Santo, amar resulta una aventura imposible. Por eso necesitamos nuevos evangelizadores que testifiquen con su vida que para Dios no hay nada imposible”.

La misión y el testimonio de la familia

 

El documento se cierra con una breve conclusión en la que se hace hincapié en que el anuncio y promoción del verdadero amor humano y del bien de la vida es una tarea que compete a todos cuantos forman parte de la Iglesia. “Nadie en la comunidad eclesial puede pasar y desentenderse. Todos hemos recibido una vocación al amor. Todos estamos llamados a ser testigos de un Amor nuevo, el fermento de una cultura renovada”.

Los obispos agradecen a cuantos, creyentes o no, trabajan incansablemente por difundir la verdad del amor, se muestran cercanos a los hombres y mujeres que ven rotos sus matrimonios, traicionado su amor, truncada su esperanza de una vida matrimonial serena y feliz, o sufren violencia de parte de quien deberían recibir solo ayuda, respeto y amor, y concluyen acompañando con el afecto y la oración a las familias que en estos momentos sufren la crisis que padecemos y comprometiéndose a redoblar el esfuerzo por prestarles toda la ayuda posible.

Conferencia Episcopal Española

CEE defiende a Mons. Reig Pla: Relaciones homosexuales son desordenadas

El portavoz y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Juan Antonio Martínez Camino, ha señalado que ven “injusta” la “polémica” que se ha suscitado por la homilía del Obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reig Pla.

Ha asegurado además que la Iglesia “seguirá ejerciendo su derecho de expresión y su deber de proclamar la doctrina católica sin dejarse condicionar por ninguna polémica ficticia e injusta”.

El Obispo se mostró incrédulo ante la imputación a la Iglesia por “incitar al odio, la venganza y la discriminación”, algo que ha asegurado que es una “falsedad” y ha subrayado que la Iglesia ha dicho “muchas veces” que las personas homosexuales son “dignas de todo respeto y no pueden ser objeto de burla, discriminación, ni por supuesto de violencia”.

“La Iglesia no condena a ninguna persona y mucho menos a un grupo de personas. Toda persona tiene una dignidad inviolable y merece un respeto incondicionado, sea quien sea, bueno o malo, opine o no como nosotros”, ha aclarado durante la rueda de prensa posterior a la 99º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se ha celebrado desde el pasado lunes hasta este viernes.

Así, ha asegurado que “nadie se puede creer” que se denuncie a la Iglesia por violar esos principios y ha apostado por que el hecho de que se le haya dado “tanto pábulo” a este tema se debe a “una campaña ficticia y con determinados intereses políticos”.

Además, ha afirmado que al Obispo de Alcalá de Henares lo ha visto “fenomenal, muy bien” porque es “muy animoso y con muy buen carácter” pero ha indicado que en la Plenaria “no se habla de polémicas” y que esta “no merece ser tratada con seriedad por parte de un organismo que tiene mucho que hacer”.

Las relaciones homosexuales son “desordenadas”

En cualquier caso, ha explicado que las relaciones entre personas homosexuales son “objetivamente desordenadas” y no entiende por qué hay gente que se “escandaliza” al escuchar “la doctrina católica”.

Según ha aclarado, “todas las personas, también con tendencia homosexual, son dignas de respeto, cariño, apoyo y acogida” pero ha precisado que luego hay una Doctrina de la Iglesia sobre las distintas actuaciones, y es ahí, donde consideran que estas relaciones son “desordenadas”, al igual que el adulterio es “objetivamente, un pecado”.

“¿Van a ir al infierno? La Iglesia nunca dice que va nadie al infierno y tampoco lo ha dicho nadie en estos momentos. Se han desfigurado las palabras del Obispo. Pero la Iglesia, por amor a la verdad y porque es su obligación, tiene que predicar el Evangelio y aquello que perjudica al amor entre los hombres, es decir, el pecado”, ha añadido, al tiempo que ha apuntado que la Iglesia no puede decir quién va a ser condenado porque “la misericordia de Dios es infinita”.

“Ser adúltero es un pecado grave objetivamente. Luego, si se ha hecho sin conocimiento, obligado, sin libertad, eso es lo que contribuye a si el pecado objetivo es también subjetivo o personal”, ha explicado.

Aciprensa/E.P.

Nota de la CEE sobre una Resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

La Conferencia Episcopal Española quiere mostrar su preocupación ante una decisión adoptada por los Jueces de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, que, si fuera ratificada, afectaría negativamente a la autonomía y a la específica organización y funcionamiento de las Iglesias y Confesiones religiosas y, por tanto, al ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa en toda Europa.

Se trata de la denominada causa “S.P. contra Rumanía”, promovida contra la Autoridad civil rumana, la cual no admitió inscribir como sindicato a un grupo de sacerdotes y laicos de la Iglesia ortodoxa, considerando que la creación de ese sindicato no es acorde con el ordenamiento jurídico canónico, europeo e internacional. Con su resolución del 31 de enero de 2012, la mencionada Sección del Tribunal de Estrasburgo ha sentenciado que la inadmisión del sindicato en cuestión sería contraria al derecho de libertad de asociación, sin haber ponderado adecuadamente el alcance del derecho primario de libertad religiosa. En estos días la Gran Sala del Tribunal decide si admite o no el recurso que ha sido presentado ante ella contra la resolución de la Sección Tercera.

Con pleno respeto a los derechos fundamentales de todos y a las decisiones judiciales que han de promoverlos, la Conferencia Episcopal Española espera que se revise la resolución emitida, por hallarse en franca contradicción con puntos fundamentales y perfectamente consolidados de la jurisprudencia del alto Tribunal europeo y porque, de confirmarse la sentencia, se pondría en cuestión la seguridad jurídica de un derecho fundamental como es el de la libertad religiosa.

El episcopado español ante el proyecto de ley sobre el final de la vida

Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal

 

La CCXX Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, el 22 de junio de 2011.

 

1 En España, como en otros lugares del mundo occidental, se discute y se legisla des­de hace años acerca del mejor modo de afrontar la muerte como corresponde a ese momento tan delicado y fundamental de la vida humana. La actualidad de la cuestión viene dada por di­versos motivos. Es posible que el m&#2 25;sdeterminante de ellos se halle en los avances de la me­dicina, que si, por una parte, han permitido alargar el tiempo de la vida, por otra, ocasionan con frecuencia situaciones complejas en los momentos finales, en las que se ha hecho más difícil distinguir entre lo natural y lo artificial, entre el dolor inevitable y el sufrimiento debido a determinadas intervenciones de las nuevas técnicas médicas. Además, la mayor frecuencia con la que las personas llegan a edades avanzadas, en situaciones de debilidad, ha replantea­do también la cuestión del sentido de la vida humana en esas condiciones.

2 En diversas ocasiones que demandaban una palabra de clarificación a este respec­to, a la luz del Evangelio de la vida y de los derechos fundamentales de la persona, la Confe­rencia Episcopal ha hecho oír su voz a través de sus diferentes organismos (1). Los principios básicos de la doctrina católica sobre “el Evangelio de la vida humana”, en todos sus aspectos y, por tanto, también en los referentes al “respeto y cuidado de la vida humana doliente y terminal” se hallan luminosamente sintetizados en el tercer capítulo de la Instrucción Pastoral de la Asamblea Plenaria titulada La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad (2).

3 El Gobierno de la Nación ha aprobado el pasado día 17 de junio un ”Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida” que aborda por primera vez esta cuestión en una posible norma para toda España (3). Deseamos hacer pública nuestra valoración del mismo para contribuir al necesario y pausado debate público sobre una cuestión de tanta relevancia y para ayudar a los católicos y a todos los que deseen escuchar­nos a formarse un juicio ponderado y acorde con el Evangelio y con los derechos fundamenta­les del ser humano.

4 Con este propósito, recordamos primero sucintamente los principios básicos del Evangelio de la vida y ofrecemos luego nuestra valoración del Proyecto a la luz de tales princi­pios.

PARTE PRIMERA El Evangelio de la vida: la vida de cada persona es sagrada, también cuando es débil, sufriente o se encuentra al final de su tiempo en la tierra; las leyes han de proteger siempre su dignidad y garantizar su cuidado (4)

La dignidad de la vida humana y su carácter sagrado

5 Cuando hablamos de dignidad humana, nos referimos al valor incomparable de ca­da ser humano concreto. Cada vida humana aparece ante nosotros como algo único, irrepeti­ble e insustituible; su valor no se puede medir en relación con ningún objeto, ni siquiera por comparación con ninguna otra persona; cada ser humano es, en este sentido, un valor absolu­to.

6 La revelación de Dios en Jesucristo nos desvela la última razón de ser de la sublime dignidad que posee cada ser humano, pues nos manifiesta que el origen y el destino de cada hombre está en el Amor que Dios mismo es. (…) Los seres humanos no somos Dios, no somos dioses, somos criaturas finitas. Pero Dios nos quiere con Él. Por eso nos crea: sin motivo algu­no de mera razón, sino, por pura generosidad y gratuidad, desea hacernos partícipes libres de su vida divina, es decir, de su Amor eterno. La vida humana es, por eso, sagrada.

Dignificación del sufrimiento y de la muerte, frente a falsos criterios de “calidad de vi­da” y de “autonomía” del paciente

7 Cuando la existencia se rige por los criterios de una ‘calidad de vida’ definida princi­palmente por el bienestar subjetivo medido sólo en términos materiales y utilitarios, las pala­bras ‘enfermedad’, ‘dolor’ y ‘muerte’ no pueden tener sentido humano alguno. Si a esto aña­dimos una concepción de la libertad como mera capacidad de realizar los propios deseos, [sin referencia al bien objetivo], entonces no es extraño que, en esas circunstancias, se pretenda justificar e incluso exaltar el suicidio como si fuera un acto humano responsable y hasta heroi­co. La vuelta a la legitimación social de la eutanasia, fenómeno bastante común en las culturas paganas precristianas, se presenta hoy, con llamativo individualismo antisocial, como un acto más de la elección del individuo sob re losuyo: en este caso, sobre la propia vida carente ya de ‘calidad’.

8 El Evangelio de la vida fortalece a la razón humana para entender la verdadera dig­nidad de las personas y respetarla. Unidos al misterio pascual de Cristo, el sufrimiento y la muerte aparecen iluminados por la luz de aquel Amor originario, el amor de Dios, que, en la Cruz y Resurrección del Salvador, se nos revela más fuerte que el pecado y que la muerte. De este modo, la fe cristiana confirma y supera lo que intuye el corazón humano: que la vida es capaz de desbordar sus precarias condiciones temporales y espaciales, porque es, de alguna manera, eterna. Jesucristo resucitado pone ante nuestros ojos asombrados el futuro que Dios ofrece a la vida de cada ser humano: la glorificación de nuestro cuerpo mortal.

9. La esperanza de la resurrección y la Vida eterna nos ayuda no sólo a encontrar el sentido oculto en el dolor y la muerte, sino también a comprender que nuestra vida no es comparable a ninguna de nuestras posesiones. La vida es nuestra, somos responsables de ella, pero propiamente no nos pertenece. Si hubiera que hablar de un ‘propietario’ de nuestra vida, ése sería quien nos la ha dado: el Creador. Pero Él tampoco es un dueño cualquiera. Él es la Vida y el Amor. Es decir, que nuestro verdadero Señor ‐¡gracias a Dios!‐no es nuestro peque­ño “yo”, frágil y caduco, sino la Vida y el Amor eternos. No es razonable que queramos con­vertirnos en dueños de nuestras vidas. Lo sabe nuestra razón, que conoce la existencia de bie­nes indisponibles para nosotros, como, por ejemplo, la libertad, y, en la base de todos ellos, la vida misma. La feilumina y robustece este saber.

10. La vida humana tiene un sentido más allá de ella misma por el que vale la pena en­tregarla. El sufrimiento, la debilidad y la muerte no son capaces, de por sí, de privarla de sen­tido. Hay que saber integrar esos lados oscuros de la existencia en el sentido integral de la vi­da humana. El sufrimiento puede deshumanizar a quien no acierta a integrarlo, pero puede ser también fuente de verdadera liberación y humanización. No porque el dolor ni la muerte sean buenos, sino porque el Amor de Dios es capaz de darles un sentido. No se trata de elegir el dolor o la muerte sin más. Eso es justamente lo que los deshumanizaría. Lo que importa es vivir el dolor y la muerte misma como actos de amor, de entrega de la Vida a Aquel de quien la hemos recibido. Ahí radica el verdadero secreto de la dignificación del sufrimiento y de la muerte.

La muerte no debe ser causada (no a la eutanasia), pero tampoco absurdamente re­trasada (no al encarnizamiento terapéutico)

11. Hemos de renovar la condena explícita de la eutanasia como contradicción grave con el sentido de la vida humana. Rechazamos la eutanasia en sentido verdadero y propio, es decir, ‘una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor’ (5). En cambio, no son eutanasia propiamente dicha y, por tan­to, ‘no son moralmente rechazables acciones y omisiones que no causan la muerte por su propia naturaleza e intención. Por ejemplo, la administración adecuada de calmantes (aunque ello tenga como consecuencia el acortamiento de la vida) o la renuncia a terapias despropor­cionadas (al llamado encarnizamiento terapéutico), que retrasan forzadamente la muerte a costa del sufrimiento del moribundo y de sus familiares. La muerte no debe ser causada, pero tampoco absurdamente retrasada’ (6).

Es posible redactar un “testamento vital”

12. Respondiendo a los criterios enunciados, la Conferencia Episcopal ofreció en su momento un modelo de manifestación anticipada de voluntad, que presentamos de nuevo, como apéndice de esta declaración, en redacción actualizada. Quienes desearan firmar un do­cumento de este tipo podrán encontrar en este ‘testamento vital’ un modelo acorde con la doctrina católica y con los derechos fundamentales de la persona, lo cual no siempre es así en otros modelos.

La legalización expresa o encubierta de la eutanasia, en realidad va en contra de los más débiles

13. La legalización de la eutanasia es inaceptable no sólo porque supondría la legiti­mación de un grave mal moral, sino también porque crearía una intolerable presión social so­bre los ancianos, discapacitados o incapacitados y todos aquellos cuyas vidas pudieran ser consideradas como ‘de baja calidad’ y como cargas sociales; conduciría ‐como muestra la ex­periencia ‐a verdaderos homicidios, más allá de la supuesta voluntariedad de los pacientes, e introduciría en las familias y las instituciones sanitarias la desconfianza y el temor ante la de­preciación y la mercantilización de la vida humana.

El objetivo de la legislación sobre el final de la vida ha de ser garantizar el cuidado del moribundo, en lugar de recurrir a falsos criterios de ”calidad de vida” y de ”autonomía” para, en realidad, desproteger su dignidad y su derecho a la vida.

14. La complejidad creciente de los medios técnicos hoy capaces de alargar la vida de los enfermos y de los mayores crea ciertamente situaciones y problemas nuevos que es nece­sario saber valorar bien en cada caso. Pero lo más importante, sin duda, es que el esfuerzo grande que nuestra sociedad hace en el cuidado de los enfermos, crezca todavía más en el respeto a la dignidad de cada vida humana. La atención sanitaria no puede reducirse a la sola técnica, ha de ser una atención a la vez profesional y familiar.

15. En nuestra sociedad, que cada día tiene mayor proporción de personas ancianas, las instituciones geriátricas y sanitarias ‐especialmente las unidades de dolor y de cuidados paliativos ‐han de estar [bien dotadas] y coordinadas con las familias y éstas, por su parte, ya que son el ambiente propio y originario del cuidado de los mayores y de los enfermos, han de recibir el apoyo social y económico necesario para prestar este impagable servicio al bien común. La familia es el lugar natural del origen y del ocaso de la vida. Si es valorada y recono­cida como tal, no será la falsa compasión, que mata, la que tenga la última palabra, sino el amor verdadero, que vela por la vida, aun a costa del propio sacrificio.

Denunciar la posible legalización encubierta de la eutanasia es un deber moral y de­mocrático

16. Cuando afirmamos que es intolerable la legalización abierta o encubierta de la eu­tanasia, no estamos poniendo en cuestión la organización democrática de la vida pública, ni estamos tratando de imponer una concepción moral privada al conjunto de la vida social. Sos­tenemos sencillamente que las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayorías, sino por su adecuación a la dignidad de la persona huma­na.

17. No identificamos el orden legal con el moral. Somos, por tanto, conscientes de que, en ocasiones, las leyes, en aras del bien común, tendrán que tolerar y regular situaciones y conductas desordenadas. Pero esto no podrá nunca ser así cuando lo que está en juego es un derecho fundamental, como es el derecho a la vida. Las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas. Es más, esas leyes ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban. Es necesario denunciarlas y procurar, con todos los medios democráticos disponi­bles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas.

El derecho a la objeción de conciencia

18. En un asunto tan importante ha de quedar claro, también legalmente, que las per­sonas que se pueden ver profesionalmente implicadas en situaciones que conllevan ataques ‘legales’ a la vida humana, tienen derecho a la objeción de conciencia y a no ser perjudicadas de ningún modo por el ejercicio de este derecho. Ante el vacío legal existente, se hace más necesaria hoy la regulación de este derecho fundamental.

PARTE SEGUNDA Un Proyecto que podría suponer una legalización encubierta de prácticas eutanási­cas y que no tutela bien el derecho fundamental de libertad religiosa

Intención laudable: proteger la dignidad de la persona en el final de la vida sin despe­nalizar la eutanasia

19. El texto que valoramos persigue una finalidad ciertamente positiva: “La presente Ley tiene por objeto asegurar la protección de la dignidad de las personas en el proceso final de la vida” (art. 1), concretamente, de quienes se encuentran en situación terminal o de ago­nía (art. 2).

20. Con este fin, se propone “garantizar el pleno derecho de (la) libre voluntad” (art.1) de las personas que se hallan en esa situación, sin alterar para ello “la tipificación penal vigen­te de la eutanasia o suicidio asistido” (Exp. de motivos).

Enfoque unilateral: la supuesta autonomía absoluta del paciente

21. Sin embargo, una concepción de la autonomía de la persona, como prácticamente absoluta, y el peso que se le da a tal autonomía en el desarrollo de la Ley acaban por desvir­tuar la intención declarada y por sobrepasar el límite propuesto de no dar cabida a la eutana­sia.

22. En efecto, la “inequívoca afirmación y salvaguarda de la autonomía de la voluntad de los pacientes” (E.d.m.), a quienes se otorga el “derecho a decidir libremente sobre las in­tervenciones y el tratamiento a seguir” (art. 4), conduce a que se les conceda la capacidad de “rechazar las intervenciones y los tratamientos propuestos por los profesionales, aun en los casos en que esta decisión pudiera tener el efecto de acortar su vida o ponerla en peligro in­minente” (art. 6. 1).

23. Como este planteamiento constituye la espina dorsal de la argumentación del An­teproyecto, quedan inevitablemente fuera de su atención determinadas distinciones y limita­ciones que son fundamentales para la tutela efectiva de la dignidad de la persona y de su de­recho a la vida. Es más, el propio concepto de dignidad humana queda también negativamen­te afectado, puesto que parece sostenerse implícitamente que una vida humana podría care­cer de dignidad tutelable en el momento en el que así lo dispusiera autónomamente la parte interesada e incluso eventualmente un tercero (7).

Definición reductiva del concepto de eutanasia

24. Entre las cuestiones carentes de suficiente precisión se encuentra el concepto mismo de eutanasia o suicidio asistido, concebidos como “la acción de causar o cooperar acti­vamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro” (E.d.m., según el Código Penal), por petición de quien padece una enfermedad mortal o graves y permanentes padecimientos. Con esta definición reductiva, centrada sólo en las acciones directas, se deja abierta la puerta a las omisiones voluntarias que pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración. Así lo confirman otras disposiciones concretas, encaminadas a legalizar tales omi­siones.

Conductas eutanásicas a las que se daría cobertura legal

25. Entre las conductas eutanásicas que se legalizarían con esta Ley está, en primer lugar, la posible sedación inadecuada. El Anteproyecto establece que las personas que se hallen en el proceso final de su vida tienen derecho “a recibir, cuando lo necesiten, sedación paliativa, aunque ello implique un acortamiento de la vida” (art. 11. 2c). Más adelante, en el art. 17. 2, se somete la sedación a criterios de proporcionalidad. Sin embargo, ya el hecho de que la administración de la sedación resulte apropiada o no es algo que depende del juicio médico y no de la voluntad del paciente, lo cual no queda claro en este texto que consagra el tratamiento específico de la sedación como un ”derecho” de este último. Además, no queda tampoco claro el modo en que la proporcionalidad sea aplicada a la sedación, condición nece­saria para que no se use de hecho como un medio para causarla muerte.

26. En segundo lugar, el abandono terapéutico o la omisión de los cuidados debidos también podrían tener cobertura legal si este Proyecto se convirtiera en Ley. La obligación moral de no interrumpir las curas normales debidas al enfermo no aparece afirmada en el tex­to. Éste se contenta con establecer las “actuaciones sanitarias que garanticen su debido cui­dado y bienestar” (art. 17, 2) como ambiguo límite del derecho de los pacientes a rechazar tratamientos y de la correlativa obligación de los profesionales de la salud de reducir el es­fuerzo terapéutico. Entre los aspectos que han de incluirse en el “debido cuidado” se hallan siempre la alimentación y la hidratación. Pero el texto tampoco contempla estos cuidados ne­cesarios, dejando así abierta la puerta a conductas eutanásicas por omisión de cuidados debi­dos. Cuando el Anteproyecto dispone que es ne cesarioevitar “la adopción o el mantenimiento de intervenciones y medidas de soporte vital carentes de utilidad clínica” (17. 2), permanece en una ambigüedad de consecuencias morales y jurídicas graves al no definir en qué consisten esas “medidas de soporte vital”, que pueden ser apropiadas o no serlo.

Los profesionales de la sanidad, reducidos a ejecutores de la voluntad de los pacientes, a quienes ni siquiera les es reconocido el derecho de objeción de conciencia

27. En su excesivo empeño por tutelar la autonomía de los pacientes, el Proyecto con­vierte a los médicos y demás profesionales de la sanidad prácticamente en meros ejecutores de las decisiones de aquellos: “Los profesionales sanitarios están obligados a respetar la vo­luntad manifestada por el paciente sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir en el proceso final de su vida, en los términos establecidos en esta Ley” (16. 1). Parece que estos profesionales tienen sólo obligaciones y no derechos, de los que nunca se habla. Pe­ro los profesionales de la sanidad también tienen el derecho de que sean respetadas sus opi­niones y actuaciones cuando, de acuerdo con una buena práctica médica, buscan el mejor tra­tamiento del paciente en orden a promover su salud y su cuidado. Tienen derecho a que no se les impongan criterios o actuaciones que resulten contrarios a lafinalidad básica del acto médico, que es siempre el cuidado del enfermo. Un buen texto legal en esta materia habría de conciliar los derechos de los pacientes con los de los médicos. Cada uno tiene su propia res­ponsabilidad en la alianza terapéutica que se ha de establecer entre ambos si se quiere conse­guir la relación adecuada entre el enfermo y el médico. No puede ser que éste quede exone­rado de toda responsabilidad moral y legal, como parece indicarse (art. 15. 3) y que aquél re­sulte habilitado para tomar prácticamente cualquier decisión. Resulta muy significativo a este último respecto que la Disposición adicional primera de este Proyecto, al ordenar una nueva redacción del artículo 11 de la Ley de autonomía del paciente, de 2002, suprima el párrafo que establece que “no serán aplicadas las instrucciones previas [del paciente] contrarias al orde­nam ientojurídico, a la lex artis, ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas”. Desaparece, por tanto, el criterio de la lex artis ‐o buena práctica médica ‐como límite a la absoluta autonomía del paciente terminal.

28. El Proyecto no alude en ningún momento al derecho a la objeción de conciencia que debería reconocerse y garantizarse al personal sanitario en su mayor amplitud posible. También habría de constar que el ideario católico de un centro sanitario será debidamente respetado.

Mal tratado el derecho humano de libertad religiosa

29. En las enfermedades graves y más aún en cuando se acerca la muerte, las perso­nas se encuentran por lo general especialmente necesitadas y deseosas de asistencia religiosa. Se trata de un hecho coherente con la naturaleza religiosa del ser humano que encuentra su reflejo en las correspondientes constataciones sociológicas.

30. Sin embargo, el presente Proyecto ni siquiera menciona el derecho fundamental de libertad religiosa, como es reconocido por la Constitución en su artículo 16. 1. Esto es algo llamativo, porque la naturaleza propia de las situaciones que regula están cargadas ‐como acabamos de apuntar ‐de hondos significados religiosos y exigirían ya de por sí ser tratadas en un marco legal que explicite y tutele positivamente ese derecho fundamental. Pero además, la mencionada ausencia resulta todavía menos explicable si se recuerda que el enfoque adopta­do por el texto es el del máximo desarrollo de los derechos fundamentales de la persona que se halla en las circunstancias citadas (8).

31. En cambio, el texto legal proyectado formula un nuevo derecho al que llama “de­recho al acompañamiento” (art. 12), dentro el cual incluye una denominada “asistencia espiri­tual o religiosa” de la que se dice que los pacientes “tendrán derecho recibir(la)” si ellos se la “procuran”, de acuerdo con sus convicciones y creencias, y “siempre que ello resulte compati­ble con el conjunto de medidas sanitarias necesarias para ofrecer una atención de calidad”.

32. El derecho de libertad religiosa, en cuanto derecho humano fundamental y prima­rio, no puede ser reducido por una Ley a la mera tolerancia de la práctica religiosa, como aquí se hace, sometida además de modo absoluto a condicionamientos jurídicos indeterminados y en manos de terceros (la compatibilidad con el “conjunto de medidas sanitarias”). Una Ley justa y acorde con la Constitución en este punto debería prever el reconocimiento del derecho de libertad religiosa de modo explícito y positivo. Que los pacientes tengan derecho al ejerci­cio de sus convicciones religiosas supone que el Estado, por su parte, ha de garantizar y favo­recer el ejercicio de ese derecho fundamental, sin perjuicio de su justa laicidad.

33. A este respecto se debería hacer mención genérica de los Acuerdos internaciona­les o Convenios de colaboración con las confesiones religiosas, en el derecho transitorio, es­pecificando que la asistencia religiosa se realizará en el marco de tales instrumentos jurídicos. En el caso particular de la Iglesia católica, es aquí pertinente el artículo IV del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos.

Otras carencias del Proyecto

34. No quedan suficientemente claras en este texto otras cuestiones de no poca rele­vancia, que nos limitamos a enumerar. El significado de “deterioro extremo” (E. d. m.), no pa­rece que pueda calificar siempre una fase terminal. La información a la que se tiene derecho debe ser “clara y comprensible”, se dice en el art. 5.1., pero habría que añadir que debería ser continuamente actualizada y verificada respecto de su efectiva comprensión. A los menores emancipados o con 16 años cumplidos se les otorga la misma capacidad de decidir sobre sus tratamientos que a los mayores de edad, lo cual va en detrimento de la responsabilidad de los padres (cf. art. 7). El artículo 16 protege poco al enfermo de posibles intereses injustos de familiares y profesionales a la hora de valorar su incapacidad de hecho. En el artículo 20 se di­ce que los comités de ética asistencial “podrán acorda rprotocolos de actuación para garanti­zar la aplicación efectiva de lo previsto en esta Ley”, siendo así que, por estatutos, dichos co­mités tienen carácter sólo consultivo.

Conclusiones

35. Sintetizamos como sigue nuestra valoración de Proyecto de Ley objeto de esta De­claración:

1. El Proyecto pretende dar expresión a un nuevo enfoque legal que supere un enfo­que asistencialista y dé paso a otro basado en el reconocimiento de los derechos de la persona en el contexto de las nuevas situaciones creadas por los avances de la medicina. Pero no lo consigue.

2. No logra garantizar, como desea, la dignidad y los derechos de las personas en el proceso del final de su vida temporal, sino que deja puertas abiertas a la legaliza­ción de conductas eutanásicas, que lesionarían gravemente los derechos de la per­sona a que su dignidad y su vida sean respetadas.

3. El erróneo tratamiento del derecho fundamental de libertad religiosa supone un retroceso respecto de la legislación vigente.

4. Ni siquiera se alude al derecho a la objeción de conciencia, que debería reconocer­se y garantizarse al personal sanitario.

5. La indefinición y la ambigüedad de los planteamientos lastran el Proyecto en su conjunto, de modo que, de ser aprobado, conduciría a una situación en la que los derechos de la persona en el campo del que se trata estarían peor tutelados que con la legislación actual.

Con esta declaración queremos contribuir a una convivencia más humana en nuestra sociedad, la cual sólo puede darse cuando las leyes reconocen los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana y tutelan el ejercicio efectivo de los mismos.

NOTAS

(!) Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Sobre la eutanasia (15 de abril de 1986); Comité Episco­pal para la Defensa de la Vida, La eutanasia. Cien cuestiones y respuestas (14 de febrero de 1993); Co­misión Permanente, Declaración La eutanasia es inmoral y antisocial (18 de febrero de 1998). En: L. M. Vives Soto (Ed.), La vida humana, don precioso de Dios. Documentos de la Conferencia Episcopal Espa­ñola sobre la vida 1974‐2006, Edice, Madrid 2006, 235‐340; también en:www.conferenciaepiscopal.es/(Sección Documentos)

(2) LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instr. Past. La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad (27 de abril de 2001), esp. Capítulo 3, “El Evangelio de la vida humana”. En: Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 16 (2001) 12‐60; y en: L. M. Vives Soto (Ed.), o. c., 45‐63; también en:www.conferenciaepiscopal.es(Sección Documentos)

(3)Existen ya normas emanadas de cuerpos legislativos autonómicos sobre las que se han pronunciado en su momento los obispos de esos lugares. Así, sobre el “Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte”, de la Junta de Andalucía, los Obispos de Andalucía publicaron una Nota el 22 de febrero de 2010; y sobre la “Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Morir y de la Muerte”, del Parlamento de Aragón, los obispos de Aragón publicaron una Carta Pastoral el 24 de abril de 2011.

(4) En toda esta primera parte seguimos casi siempre literalmente el tercer capítulo de la Instrucción Pas­toral de la LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La familia, santuario de la vi­da y esperanza de la sociedad (27 de abril de 2001), números 101 al 128.

(5) Juan Pablo II, Carta Enc. Evangelium vitae, 65.

(6) Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Declaración La eutanasia es inmoral y an­tisocial, 6.

(7)En la Exposición de motivos se dice explícitamente que “el proceso final de la vida, concebido como un final próximo e irreversible, eventualmente doloroso” sería también “lesivo de la dignidad de quien lo padece”; una afirmación que no sólo resulta antropológicamente inaceptable, sino también posible­mente contraria a la Constitución.

(8)La Exposición de motivos del Proyecto se refiere a la Constitución española, donde ésta reconoce va­rios derechos fundamentales como la dignidad (art. 10), la vida y la integridad física (art. 15) o la intimi­dad (art. 18. 1) e incluso la salud (art. 43), que, atendiendo a la sistemática constitucional, no es ya un derecho fundamental, sino un principio rector de la política social y económica.

APÉNDICE

Testamento vital

A mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario:

Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los trata­mientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración sea considera­da como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testamento.

Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo y absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero creo que me abre el camino a la vida que no se acaba, junto a Dios.

Por ello, yo, el que suscribe, pido que si por mi enfermedad llegara a estar en situa­ción crítica irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos despropor­cionados; que no se me aplique la eutanasia (ningún acto u omisión que por su naturaleza y en su intención me cause la muerte) y que se me administren los tratamientos adecuados pa­ra paliar los sufrimientos.

Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. De­seo poder prepararme para este acontecimiento en paz, con la compañía de mis seres queri­dos y el consuelo de mi fe cristiana, también por medio de los sacramentos.

Suscribo esta declaración después de una madura reflexión. Y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Designo para velar por el cumplimiento de esta voluntad, cuando yo mismo no pueda hacerlo, a………… Faculto a esta misma persona para que, en este supuesto, pueda tomar en mi nombre, las decisiones pertinentes. Para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa, he redactado y firmo esta declaración.

Nombre y apellidos: Firma: Lugar y fecha:

Nota de la Conferencia Episcopal ante la nueva Ley del aborto

Madrid, 05 de julio de 2010

Hoy entra en vigor la nueva Ley del aborto. Es necesario recordar que se trata de una ley objetivamente incompatible con la recta conciencia moral -en particular, la católica- ya que, desde el punto de vista ético, empeora la legislación vigente por los siguientes motivos fundamentales.

Primero, y sobre todo, porque considera la eliminación de la vida de los que van a nacer como un derecho de la gestante durante las primeras catorce semanas del embarazo, dejando prácticamente sin protección alguna esas vidas humanas, justo en el tiempo en el que se producen la gran mayoría de los abortos.

En segundo lugar, porque establece un concepto de salud tan ambiguo que equivale a la introducción de las llamadas indicaciones social y eugenésica como justificación legal del aborto.

En tercer lugar, porque impone en el sistema educativo obligatorio la ideología abortista y “de género”.

Estos y otros motivos han sido explicados por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal en su Declaración de 17 de junio de 2009, que la Asamblea Plenaria hizo expresamente suya en el comunicado final del 27 de noviembre de 2009.

Los obispos concluyen la Declaración con las siguientes palabras: “Hablamos precisamente en favor de quienes tienen derecho a nacer y a ser acogidos por sus padres con amor; hablamos en favor de las madres, que tienen derecho a recibir el apoyo social y estatal necesario para evitar convertirse en víctimas del aborto; hablamos en favor de la libertad de los padres y de las escuelas que colaboran con ellos para dar a sus hijos una formación afectiva y sexual de acuerdo con unas convicciones morales que los preparen de verdad para ser padres y acoger el don de la vida; hablamos en favor de una sociedad que tiene derecho a contar con leyes justas que no confundan la injusticia con el derecho”.

Declaración sobre la exposición de símbolos religiosos cristianos en Europa

CCXVI Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española

Junto con otras conferencias episcopales y diversas instancias tanto estatales como sociales de todo el Continente, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, reunida cuando se espera una próxima resolución de la Corte europea sobre la exposición de símbolos religiosos en las escuelas estatales, desea subrayar la importancia de la cuestión para las convicciones religiosas de los pueblos y para las tradiciones culturales de Europa.

 Gracias precisamente al cristianismo, Europa ha sabido afirmar la autonomía de los campos espiritual y temporal y abrirse al principio de la libertad religiosa, respetando tanto los derechos de los creyentes como de los no creyentes. Esto se ve más claro en nuestros días, cuando otras religiones se difunden entre nosotros al amparo de esa realidad.

La presencia de símbolos religiosos cristianos en los ámbitos públicos, en particular la presencia de la cruz, refleja el sentimiento religioso de los cristianos de todas las confesiones y no pretende excluir a nadie. Al contrario, es expresión de una tradición a la que todos reconocen un gran valor y un gran papel catalizador en el diálogo entre personas de buena voluntad y como sostén para los que sufren y los necesitados, sin distinción de fe, raza o nación.

En la cultura y en la tradición religiosa cristianas, la cruz representa la salvación y la libertad de la humanidad. De la cruz surgen el altruismo y la generosidad más acendrados, así como una sincera solidaridad ofrecida a todos, sin imponer nada a nadie.

En consecuencia, las sociedades de tradición cristiana no deberían oponerse a la exposición pública de sus símbolos religiosos, en particular, en los lugares en los que se educa a los niños. De lo contrario, estas sociedades difícilmente podrán llegar a transmitir a las generaciones futuras su propia identidad y sus valores. Se convertirían en sociedades contradictorias que rechazan la herencia espiritual y cultural en la que hunden sus raíces y se cierran el camino del futuro. Ponerse en contra de los símbolos de los valores que modelan la historia y la cultura de un pueblo es dejarle indefenso ante otras ofertas culturales, no siempre benéficas, y cegar las fuentes básicas de la ética y del derecho que se han mostrado fecundas en el reconocimiento, la promoción y la tutela de la dignidad de la persona.

El derecho a la libertad religiosa existe y se afirma cada vez más en los países de Europa.

En algunos de ellos se permiten explícitamente otros símbolos religiosos, sea por ley o por su aceptación espontánea. Las iglesias y las comunidades cristianas favorecen el diálogo entre ellas y con otras religiones y actúan como parte integrante de sus respectivas realidades nacionales. En cuanto a los símbolos, existe en Europa una variedad de leyes y una diversa evolución social y jurídica positiva que debe ser respetada en el marco de una justa relación entre los Estados y las Instituciones europeas.

Sólo en una Europa en la que sean respetadas a la vez la libertad religiosa de cada uno y las tradiciones de cada pueblo y nación, podrán desarrollarse relaciones adecuadas entre las religiones y los pueblos, en justicia y en libertad.

La Iglesia le ahorra al Estado 30.000 millones de euros.

La actividad de la Iglesia supone un ahorro de miles de millones de euros para las arcas públicas

Los centros asistenciales católicos atendieron durante 2008 a casi 3 millones de personas.
Los sacerdotes y agentes de pastoral dedicaron más de 45 millones de horas a los demás.
Las aportaciones voluntarias de los fieles son la fuente principal
de sostenimiento de diócesis y parroquias.

 

La Conferencia Episcopal Española (CEE) hace pública, un año más, la Memoria de Actividades correspondiente, en este caso, al ejercicio 2008. Esta Memoria, que ya se entregaba a la Dirección General de Asuntos Religiosos, en los últimos años se viene presentando de forma más completa y mejorada, tras el compromiso adquirido con motivo del nuevo modelo de asignación tributaria.

En la Memoria se detallan el reparto del Fondo Común Interdiocesano y las diferentes actividades de la Iglesia católica en nuestro país. Su contenido ilustra la gran labor que la Iglesia desarrolla, justifica el empleo de los recursos obtenidos mediante las libres aportaciones de los contribuyentes y presenta como conclusión que, aunque valorar en términos económicos la aportación que realiza la Iglesia a la sociedad, es una misión compleja, se puede afirmar que la actividad desplegada, en el ámbito pastoral, educativo, cultural y asistencial, supone un ahorro de miles de decenas de millones de euros para las arcas públicas.

El estudio de la Vicesecretaría para Asuntos Económicos de la CEE, elaborado por la RED GÉNESIS y el G.I.S.I.C (Grupo de Investigación para el Sostenimiento de la Iglesia Católica), recoge datos suministrados por las 69 diócesis españolas.

Entre la información que se aporta, destacan las más de 45 millones de horas de dedicación a los demás por parte de los sacerdotes y agentes de pastoral. El coste que tendrían las actividades ofrecidas por la Iglesia, si hubieran de ser contratadas en el mercado, supondría un importe de 1860 millones de euros. Esto indica que la gratuidad de los recursos y la eficiencia de su uso, supone que cada euro que se invierte en la Iglesia rinde como más de dos veces y media (2,73%) en su servicio equivalente en el mercado.

La inmensa actividad caritativa y asistencial de las instituciones de la Iglesia es consecuencia directa del anuncio y la vivencia de la fe, por lo que no puede disociarse de la actividad pastoral. Los 4.459 centros asistenciales de la Iglesia, con un total de 2.764.719 personas asistidas, son la expresión más visible de la Cáritas cristiana, como reflejo del amor de Dios al hombre. Según señalan organizaciones como Manos Unidas y Cáritas, a pesar de la crisis, la colaboración generosa de la sociedad sigue aumentando. En Caritas, por ejemplo, en 2009 se produjo un aumento de socios y donantes de un 12,69% con respecto al año anterior.

En el ámbito educativo, 1.370.151 alumnos están escolarizados en centros de titularidad católica. Los centros católicos concertados, además de transmitir a los jóvenes los valores que se derivan del Evangelio, ahorraron en 2008, 4.148 millones de euros a las administraciones públicas. Tal ahorro resulta de la diferencia entre el coste de una plaza en un centro público y el importe asignado al concierto por plaza.

Se ofrecen también algunos datos significativos sobre la actividad de formación teológica y pastoral. En España hay actualmente 1.387 seminaristas y casi 20.000 alumnos se están formando en Universidades y Facultades Eclesiásticas, así como en otros centros superiores de formación.

Con respecto a la actividad evangelizadora en el extranjero, 17.000 misioneros españoles anuncian el Evangelio por todo el mundo y entregan su vida, de forma generosa, a los que más lo necesitan. El mayor porcentaje, un 73%, está en América Latina.

Por último, se aborda también la actividad cultural, en la que se destaca la gran labor que la Iglesia realiza en el mantenimiento del 33% de los monumentos existentes en nuestro país. Un patrimonio que la Iglesia debe mantener con gran esfuerzo para que toda la sociedad se beneficie de ello. Pensemos, por ejemplo, en todos los recursos indirectos, relacionados en su mayoría con el turismo, que genera el patrimonio de la Iglesia. Se cita, en este Año Santo Compostelano, la relevancia que tiene el Camino de Santiago, a donde, sólo en 2008, llegaron 125.141 peregrinos, de los cuales más del 80 % lo hicieron por motivaciones religiosas.

La Memoria concluye con datos económicos de las diócesis y parroquias. Estos datos revelan que las aportaciones directas de los fieles son su fuente principal de sostenimiento.

XTANTOS que necesitan tanto

Desde 2008, el sostenimiento de la Iglesia depende exclusivamente de los católicos y de todas aquellas personas que reconocen la labor que la Iglesia realiza. Quienes libremente quieran hacerlo, pueden marcar la casilla de la Iglesia católica en su Declaración de la Renta. Un 0,7 por ciento de sus impuestos se dedicarán así, sin coste adicional para el contribuyente, a la labor de desempeña la Iglesia. Es un sencillo gesto que no cuesta nada y que, sin embargo, como podemos observar en la Memoria que se presenta, rinde mucho. No supone pagar más impuestos, ni que Hacienda le devuelva menos al contribuyente. Además, es compatible con marcar también la casilla de “Otros fines sociales”.

Con el objetivo de animar a marcar la X en la casilla de la Iglesia católica, el Secretariado para el Sostenimiento Económico de la Iglesia ha puesto marcha la Campaña de la Renta 2010. Como en años anteriores, se utiliza la marca XTANTOS en diversos formatos publicitarios para explicar de forma gráfica la labor de la Iglesia y la necesidad de que cada vez más personas se comprometan con ella para que pueda seguir ayudando a tantos que todavía necesitan tanto.