Psicólogos, aborto en Chile

SANTIAGO DE CHILE

ACI

A un mes de que el Colegio de Psicólogos de Chile emitiera un controvertido comunicado donde afirma que no existe el Síndrome Post Aborto (SPA), casi 200 especialistas de la salud mental rechazaron esta postura y explicaron que con ella se pretende ideologizar la discusión.

La objeción fue hecha en un documento de siete páginas titulado “Aborto y salud mental de la mujer. Respuesta al Colegio de Psicólogos de Chile”, donde 189 psicólogos y 19 psiquiatras rebaten las ideas de la citada institución. Según estos especialistas, el Colegio intenta “instrumentalizar el sufrimiento de la mujer para lograr en realidad el aborto libre”.

“El análisis realizado es ideologizado y arbitrario, y conduce a pensar que el aborto sería una opción válida por el solo hecho de que el embarazo no deseado dañaría la salud mental de la mujer y de su hijo”, exponen en la declaración.

Con un gran respaldo académico, el grupo no colegiado afirma que “existe suficiente evidencia que demuestra que el aborto provoca daño a la salud mental de la mujer y su familia, aparte de la muerte del ser humano que está por nacer” y con esto hacen un llamado a realizar un estudio más profundo y confiable.

El Dr. Matías Correa, uno de los psiquiatras que firmó el documento, dijo en el sitio web chileb.cl que el Colegio “pierde seriedad, credibilidad y valor” al realizar un trabajo de este tipo y “comete un grave error” al no cumplir con los estándares mínimos de investigación.

Para los profesionales el hecho es muy grave y demuestra que las metodologías de estudio y de trabajo que se están realizando no están a la altura de una institución oficial. “Sería mejor que no se use información tendenciosa y de supuesta validez médica”, dicen.

Cristián Araya, psicólogo clínico y acreditado de la Universidad Católica de Chile, dijo a ACI Prensa que “desgraciadamente la forma en que se ha abordado la situación del aborto tanto por el Colegio de Psicólogos como por el Colegio Médico se ha visto fuertemente influenciada por posiciones ideológicas, olvidando el rigor científico y profesional que exige nuestra disciplina”.

Por su parte, Elizabeth Bunster, directora del Proyecto Esperanza, también manifestó a ACI Prensa que le sorprende que un estudio esté tan ideologizado.

“Debemos ser profesionales objetivos y tener claro, sobretodo en este Año de la Misericordia, que no existen mujeres que quieran abortar. En esta situación existe claramente una manipulación por parte del Colegio de Psicólogos”, afirmó.

Amnistía Internacional promueve el aborto

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FIRMA

Ha abandonado la defensa de los derechos humanos y se ha convertido en la ONG abortista

Amnistía Internacional se fundó para defender los derechos y la libertad de los presos de conciencia. Así lo señalan en su web

“A través de una investigación minuciosa y de nuestras campañas, ayudamos a combatir los abusos de derechos humanos en todo el mundo. Llevamos a los torturadores ante la justicia, cambiamos leyes opresisoras y liberamos a presos cuyo único delito es expresar una opinión”

Sin embargo, desgraciadamente, esto no es todo lo que hacen.

En los últimos tiempos, Amnistía Internacional se ha convertido en el gran lobby internacional en defensa del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo

Apoyar a Amnistía Internacional con tiempo o con dinero supone apoyar la defensa del “derecho” al aborto y la destrucción de la familia.

La pérdida de credibilidad de Amnistía en los últimos años ha sido brutal. La promoción del aborto y de la ideología de género ha causado una profunda división entre sus miembros y directivos. Muchos se preguntan –nos preguntamos- qué tiene que ver la defensa de los derechos humanos con la promoción del aborto que es la desprotección del principal de los derechos, el derecho a la vida.

Desgraciadamente son muchos los ejemplos de cómo Amnistía Internacional está presionando a los gobiernos para que legalicen el aborto:

  • Hace un mes, Amnistía Internacional protagonizó una intensa campaña para legalizar el aborto en Paraguay a cuenta de una niña de 11 años que había sido violada por su padrastro. Afortunadamente, el gobierno paraguayo resistió las presiones.
  • En El Salvador han realizado una intensa campaña para liberar a 17 mujeres que supuestamente estaban encarceladas por delito de aborto. La realidad forense es que estaban en prisión por cometer infanticido: mataron a sus bebés después de nacer: ahogado en el WC, cortado con una tijera o abandonado en el campo…
  • En Chile están presionando fuertemente ahora que el gobierno Bachelet ha abierto la puerta a la legalización del aborto
  • En Argentina han apoyado el polémico protocolo de aborto no punible que establece ‘de facto’ el aborto libre contra lo dispuesto en el Código Civil, la Constitución y los tratados internacionales.
  • En México han recomendado al gobierno que legalice el aborto en toda la república.

No sólo en nuestro países. También fuera de América Latina Amnistia Internacional está desplegando una intensa actividad en promover el aborto bajo el slogan “Mi cuerpo, mis derechos”.

  • Recientemente han presentado un documento ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Ginebra en el que reclama el “derecho” al aborto. Argumentan que el derecho a la vida “no se aplica antes de nacer”. Sólo Amnistía Internacional y Center for Reproductive Rights han reclamado eso de las 55 ONGs participantes.
  • En Irlanda han promovido una campaña por el aborto libre o a petición bajo el argumento del “derecho a la salud”.
  • En la UE han promovido la V Directiva de No Discriminación que bajo la excusa de no discriminar, discriminará a quienes defienden el matrimonio entre hombre y mujer.

En resumen: Amnistía Internacional ha abandonado su defensa de los derechos humanos y se ha convertido en una ONG abortista. Nadie que realmente defienda los derechos humanos puede apoyar a Amnistía. Desgraciadamente, hoy donar a Amnistía es promover el aborto.

Escribe a los responsables de Amnistía Internacional y diles que hasta que no abandonen sus postulados pro aborto, no podrás colaborar con ellos

Para más información:

Amnistía Internacional URGE a despenalizar el aborto en América Latina

Amnistía Internacional promueve el aborto en Paraguay (inglés)

Consulta la campaña que lanzamos contra la injerencia ideológica ilegítima

Amnistía Internacional promueve el aborto en El Salvador (inglés)

Consulta la campaña que lanzamos contra las presiones de AI en El Salvador

Amnistía Internacional promueve el aborto en México (inglés)

Consulta la campaña que lanzamos contra las presiones de AI en México

Amnistía Internacional defiende el protocolo de aborto no punible en Argentina

Amnistía Internacional presiona por la legalización del aborto en Chile (inglés)

Amnistía Internacional presiona a Irlanda para que legalice el aborto (inglés)

Presiones de Amnistía Internacional para promover la V Directiva Europea de No Discriminación que discrimina a los defensores del matrimonio (inglés)

Campaña de Amnistía Internacional “Mi cuerpo, mis derechos” (inglés)

Consulta el documento que CitizenGO ha presentado ante Naciones Unidas reclamando el derecho a la vida desde la concepción

Si siguen promoviendo el aborto, no cuenten conmigo

A la att. de la dirección de Amnistía Internacional

Les sigo desde hace años porque comparto con Uds. la preocupación por los graves abusos contra los derechos humanos y el respeto a la libertad de conciencia y de expresión. Desgraciadamente todavía debemos seguir trabajando en apoyo a los presos de conciencia, los refugiados y las dictaduras que violan los derechos humanos.

Amnistía siempre fue la primera en levantar estas banderas. Ha hecho mucho y bien en defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, observo un cambio en su orientación. Parecen haber abandonado su defensa de los presos de conciencia para convertirse en una ONG abortista.

Han promovido el “derecho” al aborto en Paraguay, El Salvador, Chile, Argentina, México y ahora en Irlanda y ¡nada menos que ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU!

Quiero que sepa que mientras siga defendiendo el aborto no podrá contar conmigo. Ni con mi apoyo moral, ni mi tiempo ni mi donativo.

Me parece obvio que la defensa de los derechos humanos pasa por la defensa del primero de los derechos, el derecho a la vida. También de los no nacidos. ¿Qué les hace pensar que los no nacidos deben de quedar excluidos de los derechos humanos?, ¿acaso no son humanos?, ¿no fueron Uds. no nacidos en algún momento?

Esperando que corrijan el rumbo emprendido en los últimos años.

To the managers and staff of Amnesty International,

I sign this petition as someone deeply concerned about grave human rights abuses, the fight against injustice, and for the promotion of freedom of conscience and expression. We must continue to stand with prisoners of conscience, refugees and migrants, and other oppressed people.

Amnesty International used to be one of the world’s leading human rights NGOs. Although it did not deal with every human rights issue, the organization did a lot to help political prisoners and prisoners of conscience all over the world.

However, Amnesty’s policy shift towards promoting abortion now means that when someone supports your organization, they are campaigning against the most fundamental human right, the right to life – quite probably, without even realizing it.

And, Amnesty’s push for so-called “anti-discrimination” legislation violates freedom of religion and conscience, as well as private autonomy and economic freedom.

Amnesty International, nowadays, is an organization that no-one, who wishes to defend human rights, can, in good conscience, support as an active member or as a donor.

By signing this petition, I solemnly declare, that, as long as these policies are in place, I will no longer support Amnesty International in any way.

Atentamente,
[Tu nombre]

 

Obama exige ofrecer el aborto a Niñas refugiadas.

CFAM NUEVA YORK, 20 de febrero (C-Fam) El gobierno de Obama se prepara para publicar nuevas normas que exigen a instituciones benéficas ofrecer el aborto a niñas refugiadas que ingresan a los Estados Unidos sin sus padres. Las agrupaciones confesionales dicen que esto constituye una transgresión de los derechos de los padres y una violación del derecho a la objeción de conciencia de las agrupaciones confesionales que ayudan a reubicar a los niños. El público tiene hasta el lunes para efectuar comentarios sobre las nuevas disposiciones tratadas con urgencia, que fueron emitidas en Nochebuena. El gobierno dice que sería «contrario al interés público» esperar «hasta que se complete el anuncio público y proceso de debate». El gobierno asimismo asegura que no se requiere una revisión del Congreso y que no hay problema con el federalismo ni con impacto alguno sobre las familias en la nueva directriz. Las normas exigen a los proveedores confesionales derivar a especialistas para anticoncepción de emergencia, asociarse a agrupaciones que proveen el aborto o notificar al gobierno federal que tomaría las medidas necesarias para el aborto. Si las agrupaciones no hacen esto, no son aptas para recibir ayuda federal. Personal relacionado con entidades católicas dijo a Friday Fax que ha transmitido al gobierno de Obama su objeción a las nuevas reglas. Se les exige cumplimiento antes del 24 de junio de 2015. Las reglas asimismo exigen a los centros de atención que capaciten a su personal en «LGBTQI» y que identifiquen a los niños «transgénero e intersexo» que no tienen compañía. Las normas afirman que «el “género” se refiere a las actitudes, los sentimientos y comportamientos que una cultura dada asocia con el sexo biológico de una persona», y que «Este término no debe confundirse con el de “sexo”, [que] se refiere a la condición biológica de una persona y normalmente se clasifica como masculino, femenino o intersexo». Con el objeto de ayudar a los trabajadores sociales a identificar el sexo de un niño, las normas recomiendan: «Existe una serie de indicadores del sexo biológico, que incluyen los cromosomas sexuales, las gónadas, los órganos reproductores internos y los genitales externos». «La “identidad de género” se refiere a la percepción de uno mismo como varón, mujer o transgénero», afirman.  Varios instrumentos de derechos humanos exigen a las naciones que protejan a los niños de la depredación de los adultos. En los casos en los que los padres todavía viven, esto incluye el derecho a educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias religiosas. Aún así, en 2013 Unicef publicó informe que asegura que los niños de tan solo diez años de edad tienen «derecho» a los servicios de salud sexual y reproductiva sin el consentimiento de los padres. Para justificar esta afirmación, Unicef hizo referencia a los comentarios del comité que supervisa la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ese mismo comité dijo a la Santa Sede el año pasado que su oposición al sexo entre adolescentes y al aborto constituía una violación del tratado. Expertos religiosos dijeron a Friday Fax que su comentario sobre de la norma propuesta es que el requisito de practicar abortos, asociarse o derivar a alguien para abortar o para aplicar métodos anticonceptivos constituye una violación del derecho a la objeción de conciencia.  Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

Carta Pastoral de Monseñor Reig Pla

Mons. Juan Antonio Reig Pla: «Por un plato de lentejas. La peor de las corrupciones»

 

POR UN PLATO DE LENTEJAS

La peor de las corrupciones

Carta Pastoral de Mons. Juan Antonio Reig Pla Obispo de Alcalá de Henares

Hace unos días la Iglesia celebraba la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, Patrona de España. El próximo domingo, en plena Navidad, viviremos la fiesta de la Sagrada Familia y también recordaremos a los Santos Inocentes. Con ocasión de todo ello, han ido viniendo a mi memoria las hermosas palabras que el Papa San Juan XXIII dirigió a nuestra Patria en 1960, y que luego transcribiré. Aquel mensaje del Papa “bueno” me ha hecho pensar en la enorme multitud de españoles, y de otros hijos de naciones hermanas que, el día 22 del pasado mes de noviembre, alzaron su voz para pedir el fin de la gran matanza de inocentes no-nacidos que se está produciendo, desde hace décadas, en España y en el mundo. Con respeto a todas las personas y por amor a ellas, creo necesario, no solo describir la realidad, sino también analizar las causas de lo que acontece; solo así será posible proponer soluciones reales, más allá de poner parches para controlar los síntomas del pensamiento débil, que es como una enfermedad, y que rebaja el nivel ético general, de modo que en nombre de un falso concepto de tolerancia se termina persiguiendo a los que defienden la verdad sobre el hombre y sus consecuencias éticas (Cf. Papa Francisco, 20-6-2014).

La historia que narra la Biblia

Cuenta el libro del Génesis (Cf. 25, 19-34) que Esaú vendió su primogenitura, por un plato de lentejas, a su hermano gemelo Jacob. La primogenitura implicaba ciertos derechos, y sobre todo la transmisión por parte del padre de una especial bendición y de las promesas (Cf. Gn 28, 13ss). Analógicamente, esta historia se ha repetido infinidad de veces a lo largo de los siglos, tanto en lo que se refiere a personas, como a instituciones y naciones.

Un hecho reciente

Recientemente el Presidente del Gobierno de España y del Partido Popular anunció la retirada de la reforma de la ley del aborto que pretendía “limitar” cuantitativamente la sangría horrenda de los «los niños asesinados antes de nacer» (Papa Francisco, 25-11-2014), ciertamente un crimen abominable (Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 51), un continuo holocausto de vidas humanas inocentes (San Juan Pablo II, 29-12-1997). Sobre todo ello ya me pronuncié en una nota el pasado 24 de septiembre: «Llamar a las cosas por su nombre. Un verdadero reto para los católicos». Pero ¿cuáles son los verdaderos motivos de esta retirada?

El plato de lentejas: ahora un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero también el acceso a otras cuotas de poder y a la financiación

Para entender bien la decisión del Presidente del Gobierno no es suficiente recurrir a análisis electoralistas. Con todo respeto a su persona, hay que decir que una decisión tan grave responde a otras exigencias como nos muestra el documento «Prioridades de España en Naciones Unidas. 69º Periodo de Sesiones de la Asamblea Plenaria»; documento que se puede encontrar en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores. Dichas “prioridades” forman parte de lo que el Gobierno de España estaba dispuesto a hacer (ya lo venía haciendo en perfecta continuidad con las legislaturas que le precedieron) para conseguir un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El puesto ha sido conseguido, ahora ya sabemos por qué han hecho lo que han venido haciendo y qué van a seguir haciendo con toda diligencia, tanto a nivel nacional como autonómico. Entre otras prioridades dignas de mención, quiero destacar dos de las indicadas en dicho documento:

  1. a) «Continuaremos impulsando el pleno disfrute y ejercicio de derechos por parte de niñas y mujeres en condiciones de igualdad y no discriminación por razón de género, incluidos los derechos de salud sexual y reproductiva (…)».
  2. b) «Continuaremos promoviendo el pleno disfrute y ejercicio de derechos por parte de personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) y la eliminación de todas las formas de discriminación (…)».

Desenmascarando eufemismos

Poniendo siempre por delante el amor, el respeto y el aprecio a todas las personas, sea cual sea su condición, es necesario desenmascarar las ideologías que engañan manipulando el lenguaje.

  1. a) Naturalmente, condenamos, con toda firmeza, cualquier tipo de violencia contra niñas y mujeres y toda discriminación injusta, pero ¿qué significa en realidad “pleno disfrute y ejercicio de derechos por parte de niñas y mujeres” y en particular “los derechos de salud sexual y reproductiva”? La respuesta es: promoción de la anticoncepción desde niñas; esterilización; aborto libre, químico y quirúrgico, (en España ya son millones los niños abortados); manipulación de embriones y reproducción asistida (verdadero «pecado contra el Creador», Papa Francisco, 15-11-2014); promoción de la masturbación, con programas ya desde 0 a 4 años; esterilización, con autorización judicial, de personas con discapacidad psíquica; sustraer a los padres de las menores la patria potestad en todo lo que se refiere a la sexualidad de sus hijas; educación sexual obligatoria (teoría y práctica) de menores, por parte del Estado y según la perspectiva de la ideología de género, incluso contra la voluntad expresa de los padres; disminuir la edad legal de consentimiento para tener relaciones sexuales (en España la edad legal de consentimiento está ya en los 13 años); apertura a la sexualidad “intergeneracional”; etc. Buena parte de todo esto puede encontrarse en los <span “times=”” new=”” roman”;=”” ar-sa;’=”” es;=”” 0);=”” 51,=”” rgb(153,=””>«Estándares de Educación Sexual para Europa» preparados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el asesoramiento de International Planned Parenthood Federation –IPPF‒ (Federación Internacional de Planificación Familiar) y de World Association for Sexual Health ‒WAS‒ (Asociación Mundial para la Salud Sexual), así como en publicaciones vinculadas a los lobbys

A todas estas imposiciones del imperialismo transnacional del dinero – bajo apariencia de organismos internacionales (públicos y privados) ‒ hay que añadir ahora, al menos, dos más: 1) El Gobierno de España ha anunciado que va a reconocer el derecho de inscripción en el Registro Civil de los hijos de españoles nacidos mediante gestación subrogada (vientres de alquiler) en el extranjero. Esto no es más que dar amparo legal a la “trata” de mujeres extranjeras empobrecidas, con las que se comercia como si fueran “ganado”, incluso “estabulándolas”, durante el embarazo, en “granjas” al efecto. Seamos claros, esta abominable práctica no es más que una nueva forma de esclavitud. 2) Parece que el Gobierno de España quiere cambiar la ley para exigir el consentimiento paterno a las menores que deseen abortar. Que el Estado respete la patria potestad de los padres respecto de sus hijos siempre es un bien; dicho lo cual, con consentimiento paterno o sin él, el aborto es siempre un crimen abominable, que además destroza a la madre y a todos los que participan. Ahora bien, el imperio no cede jamás: siguiendo los criterios de los <span “times=”” new=”” roman”;=”” ar-sa;’=”” es;=”” 12pt;=””>«Estándares de Educación Sexual para Europa», “expertas” de Naciones Unidas “contra la discriminación de la mujer” se han desplazado a España durante diez días para “recomendar expresamente” al Gobierno español que las menores de 16 y 17 años puedan seguir abortando sin consentimiento de los padres: más presiones, no van a permitir ni un minúsculo paso atrás. España, como buena parte del mundo, ya no es más que una colonia, al servicio del Nuevo Orden Mundial, donde se esclaviza a jóvenes y mujeres, mientras permanecemos aflojados y drogados con mucho “circo” y cada vez menos pan.

  1. b) También aquí, condenamos, con toda contundencia, cualquier tipo de violencia contra las personas y toda discriminación injusta; con toda la Iglesia queremos continuar prestando ayuda a todos, con verdaderas entrañas de misericordia, sin juzgar a las personas ( Papa Francisco, 28-7-2013). Pero ¿qué significa en realidad “pleno disfrute y ejercicio de derechos por parte de personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) y la eliminación de todas las formas de discriminación”? La respuesta es: promoción universal de la llamada “ideología de género” y de las teorías queer, así como de su particular interpretación del concepto de “empoderamiento LGBTIQ”; derechos sexuales de los menores, así llamados, LGBTIQ, tal y como se definen por la IPPF y por la WAS; derecho desde los 0 años a “explorar” la identidad sexual; derecho a partir de los 4 años a recibir información sobre las “relaciones del mismo sexo”; derechos de los menores a su propia “orientación de género” (LGBTIQ); en el caso de los menores de edad con “deseo de cambiar de sexo” (DCS), “derecho” a que se les administren, cuanto antes, hormonas del sexo contrario y, en su caso, derecho ‒ incluso siendo menores de edad ‒ a la cirugía de reasignación aparente de sexo; matrimonio entre personas del mismo sexo; derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar niños; “despatologización – vía legislativa ‒ de la así llamada transexualidad”, con promoción de nuevas leyes llamadas de “no discriminación” y de “reconocimiento de derechos a las personas con deseo de cambiar de sexo”; derecho a la “no discriminación e igualdad de trato” que implica situar fuera de la ley a quienes, como la Iglesia, afirmen que la particular inclinación de la persona con atracción sexual hacia el mismo sexo, «debe ser considerada como objetivamente desordenada» (Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, n. 3) o que «los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2357); impedir, y penalizar legalmente, que profesionales de la psiquiatría o la psicología puedan ayudar a personas con <span “times=”” new=”” roman”;=”” ar-sa;’=”” es;=”” 0);=”” 51,=”” rgb(153,=”” 12pt;=””>atracción sexual hacia el mismo sexo (AMS) o con deseo de cambiar de sexo (DCS), que libremente lo soliciten; sustraer a los padres de los menores la patria potestad en todo lo que se refiere a la sexualidad de sus hijos con AMS o DCS; educación sexual obligatoria (teoría y práctica) a menores, según los criterios LGBTIQ, incluso contra la voluntad expresa de los padres; disminuir la edad legal de consentimiento para tener relaciones “sexuales” entre personas del mismo sexo (en España, también aquí, la edad legal de consentimiento está ya en los 13 años); imponer, por ley, a las empresas e instituciones, la contratación de un porcentaje de trabajadores llamados LGBTIQ; inversión de la carga de la prueba cuando se producen denuncias por presuntas discriminaciones a personas llamadas LGBTIQ; promoción de la sexualidad “intergeneracional” LGBTIQ; etc. Buena parte de todo esto también puede encontrarse en los «Estándares de Educación Sexual para Europa», ya citados, y en publicaciones vinculadas al lobby implicado. En todo caso, hay que advertir que una vez ganada la batalla del mal llamado matrimonio civil entre personas del mismo sexo y la posibilidad de adopción, la gran ofensiva en estos momentos ‒ como puede comprobarse en los medios de comunicación ‒ es entorno al deseo de cambiar de sexo (DCS) ‒ la mal llamada “disforia de género”/“transexualidad” ‒, particularmente en la infancia; lo que sigue es la penalización de los padres, de las confesiones religiosas y de cuantos se opongan a la agenda prevista para promover estos llamados “derechos sexuales LGBTIQ”.

Describir lo que esconden las palabras a través, como hemos dicho, de la manipulación del lenguaje no es ninguna condena a las personas, sino exponer con claridad lo que atenta contra la antropología cristiana a la que el Papa San Juan Pablo II llamaba “antropología adecuada”. En definitiva, lo que se pretende con estas disposiciones es una mutación antropológica, o lo que es lo mismo, la construcción, cuyas raíces están en la ideología de género y sus derivadas, de un nuevo ser humano inspirado en el transhumanismo y el posthumanismo.

La “primogenitura” vendida

Con el documento «Prioridades de España en Naciones Unidas. 69º Periodo de Sesiones de la Asamblea Plenaria» que estamos comentando, se confirma, una vez más, lo que todos sabíamos: nos hemos convertido en siervos de las instituciones internacionales para la promoción de la llamada “gobernanza global” (Nuevo Orden Mundial) al servicio del imperialismo transnacional del dinero, que ha presionado fuerte para que España no sea ejemplo para Iberoamérica y para Europa de lo que ellos consideran un “retroceso” inadmisible en materia abortista y en los llamados derechos LGBTIQ.

Estamos vendiendo, por un “plato de lentejas”, el proyecto de Dios sobre sus hijos: a) el amor y respeto a toda vida humana; b) la belleza de la igual dignidad, pero también de la diferencia entre el varón y la mujer; y c) la hermosura de la familia de fundación matrimonial entre un solo hombre y una sola mujer. Esto no solo está aconteciendo en España, se trata de un humillante vasallaje global ante el poder del dinero, y por ello recientemente (25-11-2014) el Papa Francisco advertía: «Mantener viva la realidad de las democracias es un reto de este momento histórico, evitando que su fuerza real – fuerza política expresiva de los pueblos – sea desplazada ante las presiones de intereses multinacionales no universales, que las hacen más débiles y las trasforman en sistemas uniformadores de poder financiero al servicio de imperios desconocidos. Este es un reto que hoy la historia nos ofrece».

«La muerte de Dios en el corazón y en la vida de los hombres es la muerte del hombre» (San Juan Pablo II, 11-5-1980): la peor de las corrupciones

Si matar a un inocente no-nacido se reconoce por la “leyes” como un derecho, toda corrupción o iniquidad es posible, tanto en el ámbito público como en el privado. Pero atención, para poder matar a un hermano antes hay que matar a Dios (al Padre), o venderlo: ambas cosas hemos hecho. ¡Tanto podríamos decir sobre esto! Que a nadie le extrañe, pues, la situación en la que se encuentra postrada España y buena parte del mundo. Ni los actuales partidos mayoritarios, ni los nuevos de corte marxista que, parece que emergen con gran ímpetu, respetan integralmente la dignidad de la vida humana, del matrimonio y de la familia. La verdadera respuesta a esta situación pasa por la regeneración moral de nuestro pueblo fruto de una nueva evangelización: proponer con amor y verdad a Cristo, pues «el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado» (Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 22). Es urgente promover la gestación de auténticos cristianos y de familias católicas (la Iniciación Cristiana de Adultos según el modelo del Catecumenado Bautismal) capaces de impulsar una cultura respetuosa con la vida, el matrimonio y la familia. También es necesario impulsar una auténtica educación afectivo-sexual de los niños, adolescentes y jóvenes como vocación al amor y al don de sí. En la «Teología del cuerpo» del Papa San Juan Pablo II encontramos las claves para aprender a amar y desarrollar una auténtica ecología humana. Como repetía el Papa Benedicto XVI, la permanencia de la civilización cristiana pasa por la promoción de «minorías creativas» capaces de regenerar la sociedad. El instrumento es la Doctrina Social de la Iglesia que debe inspirar la presencia de católicos en las distintas instituciones sociales y en el ámbito de la política. Como decía el beato Pablo VI, la política es una forma alta de caridad; de ahí la pertinencia de recordar el antiguo adagio: Corruptio optimi, pessima (la corrupción de los mejores es la peor); y es que «la miseria más peligrosa, causa de todas las demás: (es) la lejanía de Dios, la presunción de poder prescindir de Él» (Papa Francisco, 20-12-2014).

Nadie debe dudar que estamos ante una situación de emergencia política. Esta situación está reclamando del laicado católico que sepa organizarse para ofrecer una lúcida respuesta en el campo cultural, en los medios de comunicación y en la política. No hacerlo en estos momentos supone un verdadero pecado de omisión.

Hay esperanza

No solo las personas, también las naciones son llamadas por Dios al cumplimiento de una misión, misión a la que se puede responder o no. España también ha tenido y tiene su misión, ¡no renunciemos a ella y a la bendición de Dios, nuestro Padre, por un plato de lentejas! Atendamos a las hermosas palabras con las que nos exhortaba el querido Papa San Juan XXIII y, con la gracia de Dios, hagámoslas efectivas: «Nos alegramos de que la España que llevó la fe a tantas naciones quiera hoy seguir trabajando para que el Evangelio ilumine los derroteros que marcan el rumbo actual de la vida, y para que el solar hispánico, que se ufana justamente de ser cuna de civilización cristiana y faro de expansión misionera, continúe y aun supere tales glorias, siendo fiel a las exigencias de la hora presente en la difusión y realización del mensaje social del cristianismo, sin cuyos principios y doctrina fácilmente se resquebraja el edificio de la convivencia humana. Que tengan levantada siempre su mirada Nuestros Hijos amadísimos de España hacia las altas metas, con el espíritu grande que los caracteriza, seguros de que la obediencia a la Ley de Dios atraerá la protección de la Providencia, que en el tejido de todo quehacer histórico guía a los individuos y a los pueblos, dóciles a la voz del Rey de cielos y tierra, in viam prosperitatis et pacis [en el camino de la prosperidad y la paz]» (San Juan XXIII, Mensaje dirigido al Cardenal Gaetano Cicognani, 5-6-1960).

Solo el nacimiento de Jesús, que estamos celebrando, le devuelve a cada persona su dignidad intransferible y la respalda con su alianza de amor para que no se pierda ninguno, especialmente los más pequeños, empobrecidos y sufrientes. En cambio, todas las ideologías ponen las personas al servicio de sus ambiciones, siempre vinculadas al poder y al dinero; lo hacen, según los casos, en nombre del “pueblo”, del “proletariado”, de la llamada “sociedad del bienestar”, o del llamado “interés general”. Han olvidado miserablemente que el fin de la sociedad es el “bien común”, que pasa necesariamente por la atención y cuidado de cada persona, y por el desarrollo y educación de la misma, para hacerla capaz de su verdadero destino, de nuestro verdadero destino: Dios revelado como Amor.

Una gran batalla

En todo caso, hay que insistir en que quienes rinden culto a moloc y a mammona – la cultura de la muerte y la idolatría del dinero ‒ siempre van de la mano y sirven al Amo de este mundo.

Por eso, nuestra batalla, como nos recuerda el Apóstol Pablo, «no es contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso…» (Ef 6, 12). De ahí que es necesario, como nos exhortaba el mismo Apóstol, revestirnos con las armas de Dios: «estad, pues alerta, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies, prontos para el evangelio de la paz, embrazando en todo momento el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los encendidos dardos del Maligno» (Ef 6, 14-16). Los católicos en este momento estamos ante una verdadera encrucijada y es necesario preguntarnos a quienes estamos dispuestos a servir: o a los dioses, y sus mensajeros, de esta nueva religión secular, o al verdadero Dios. Como en tiempos de Josué nuestra respuesta no puede ser otra: «Yo y mi casa serviremos al Señor» (Jos 24, 15).

Alcalá de Henares, 26 de diciembre de 2014 San Esteban, protomártir www.obispadoalcala.org

Mons. Reig sobre el aborto

LLAMAR A LAS COSAS POR SU NOMBRE Un verdadero reto para los católicos
Mons. Juan Antonio Reig Pla Obispo de Alcalá de Henares

  1. El Presidente del Gobierno de España y del Partido Popular ha confirmado la retirada de la reforma de la ley del aborto que pretendía “limitar” cuantitativamente el “holocausto silencioso” que se está produciendo. Mantener el derecho al aborto quiebra y deslegitima el supuesto estado de derecho convirtiéndolo, en nombre de la democracia, en una dictadura que aplasta a los más débiles. Ninguna ley del aborto es buena. La muerte de un solo inocente es un horror, pero “parecía” que “algo” estaba cambiando en las conciencias de algunos políticos relevantes respecto del crimen abominable del aborto (Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 51).

Dicho esto conviene denunciar, con todo respeto a su persona, que el Presidente del Gobierno ha actuado con deslealtad respecto a su electorado al no cumplir su palabra en esta materia, explicitada en su programa electoral; también ha actuado con insensatez pues ha afirmado que lo sensato es mantener el “derecho al aborto”, es decir, el derecho a matar a un inocente no-nacido, el crimen más execrable. Además ha faltado a la verdad, pues su partido tiene mayoría absoluta en el Parlamento y, sin embargo, afirma que no hay consenso, algo que no ha aplicado a otras leyes o reformas infinitamente menos importantes.

Ha llegado el momento de decir, con voz sosegada pero clara, que el Partido Popular es liberal, informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de género, e “infectado” como el resto de los partidos políticos y sindicatos mayoritarios, por el lobby LGBTQ; siervos todos, a su vez, de instituciones internacionales (públicas y privadas) para la promoción de la llamada “gobernanza global” al servicio del imperialismo transnacional neocapitalista, que ha presionado fuerte para que España no sea ejemplo para Iberoamérica y para Europa de lo que ellos consideran un “retroceso” inadmisible en materia abortista.

  1. Respecto al Jefe de la Oposición en el Parlamento, también con todo respeto a su persona, hay que afirmar que se ha mostrado falto de rigor intelectual y con un déficit de sensibilidad ante la dignidad de la vida humana. Es asombroso comprobar cómo telefonea a un programa de televisión para denunciar la violencia contra los animales, y, sin embargo, olvida la violencia criminal contra dos millones de niños abortados: decapitados, troceados, envenenados, quemados… Desde la lógica del horror el Secretario General del PSOE ensalzó en la Estación de Atocha de Madrid el mal llamado “tren de la libertad” en el que algunas mujeres reclamaban “el derecho a decidir matar inocentes”; este tren, como los trenes de Auschwitz que conducían a un campo de muerte, debería llamarse, no el “tren de la libertad” sino, el “tren de la muerte”, del “holocausto” más infame: la muerte directa y deliberada de niños inocentes no-nacidos.
  2. Como es verificable, el Partido Popular con esta decisión, se suma al resto de los partidos políticos que, además de promover el aborto, lo consideran un derecho de la mujer: una diabólica síntesis de individualismo liberal y marxismo. Dicho de otra manera, a fecha de hoy ‒ y sin juzgar a las personas ‒, los partidos políticos mayoritarios se han constituido en verdaderas “estructuras de pecado” (Cf. San Juan Pablo II, Encíclicas Sollicitudo rei socialis, 36-40 y Evangelium vitae, 24).
  3. En el orden cultural, y bajo la presión del feminismo radical, se ha trasladado el punto de mira del aborto; se ha deslizado desde el tratamiento como un crimen (No matarás) a la consideración de la mujer como víctima. Es verdad que la mujer es también víctima, abandonada en muchas ocasiones ‒ cuando no presionada para que aborte ‒, por el padre de su hijo, por su entorno personal y laboral y por la sociedad; también es cierto que sufre con frecuencia el síndrome post-aborto, etc.; pero, si bien algunas circunstancias puede disminuir la imputabilidad de tan gravísimo acto, no justifican jamás moralmente la decisión de matar al hijo por nacer. Esto hay que denunciarlo al tiempo que hay que acompañar con misericordia y «adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias» (Papa Francisco, Evangelii gaudium, 214).

Pero, como digo, lo específico del aborto es que se trata de un crimen abominable: «el que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo (Cf. Gn 4, 10)» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2268). No se puede justificar, apelando a la libertad, lo que de sí es una acción criminal que mata a un inocente, corrompe a la mujer, a quienes practican el aborto, a quienes inducen al mismo y a quienes, pudiendo con medios legítimos, no hacen nada para evitarlo. La Iglesia Católica, Madre y Maestra, en orden a proteger al inocente no-nacido e iluminar las conciencias oscurecidas «sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. “Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae” (CIC can. 1398), es decir, “de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito” (CIC can. 1314), en las condiciones previstas por el Derecho (Cf. CIC can. 1323-1324). Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia; lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2272). Es necesario evidenciar que nos encontramos ante una verdadera crisis de civilización.

  1. Por otra parte, diré más: se debe aclarar que no es justificable moralmente la postura de los católicos que han colaborado con el Partido Popular en la promoción de la reforma de la ley del aborto a la que ahora se renuncia. La Encíclica Evangelium vitae del Papa San Juan Pablo II no prevé la posibilidad de colaboración formal con el mal (ni mayor ni menor); no hay que confundir colaborar formalmente con el mal (ni siquiera el menor) con permitir ‒ si se dan las condiciones morales precisas ‒ el mal menor. Dicha Encíclica (n. 73) lo que afirma es: «un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación. […] En el caso expuesto, cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta; antes bien se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos».
  2. Con afecto hacia las personas y con dolor, también debo decir que, en ocasiones, algunas instancias de la Iglesia Católica que camina en España no han propiciado, más bien han obstaculizado, la posibilidad de que aparezcan nuevos partidos o plataformas que defiendan sin fisuras el derecho a la vida, el matrimonio indisoluble entre un solo hombre y una sola mujer, la libertad religiosa y de educación, la justicia social y la atención a los empobrecidos y a los que más sufren: en definitiva la Doctrina Social de la Iglesia. Gracias a Dios el Papa Francisco ha sido muy claro respecto del aborto en su Exhortación Apostólica Evangelii gaudium (nn. 213 y 214).
  3. Como en tantas otras ocasiones de nuestra historia, es momento de apelar a la conciencia de los católicos españoles. Ante nosotros, tal vez, se abre la posibilidad de “un nuevo inicio” y en todo caso un amplio abanico de acciones simultáneas, entre las que quiero destacar:
  4. a) Hay que mantener firme el propósito de la evangelización, de la gestación de nuevos cristianos y de la atención en nuestros “hospitales de campaña” (Cáritas, Centros de Orientación Familiar, etc.) de tantas personas heridas (física, psíquica y espiritualmente) que esperan nuestro amor, nuestra misericordia y nuestra ayuda, siempre desde la verdad.
  5. b) Insistir en la educación sexual y en la responsabilidad de las relaciones sexuales, es decir, educar para el amor.
  6. c) Insistir en la abolición total de toda ley que permita el aborto provocado directo y promover la aprobación de leyes que protejan al no-nacido, la maternidad y las familias.
  7. d) Suscitar una respuesta civil organizada y capaz de movilizar las conciencias.
  8. e) Hacer una llamada a promover iniciativas políticas que hagan suya, integralmente, la Doctrina Social de la Iglesia.
  9. f) Estudiar por enésima vez la posibilidad de regenerar los partidos políticos mayoritarios, aunque hasta ahora estos intentos han sido siempre improductivos.
  10. El camino va a ser largo y difícil, ya sucedió con la abolición de la esclavitud. La maduración de las conciencias no es empresa fácil, pero nuestro horizonte, por la gracia de Dios, es el de la victoria del bien. Este es tiempo de conversión. Así pues, todos (mujeres y varones, profesionales de la sanidad y de los medios de comunicación, gobernantes, legisladores, jueces, fuerzas y cuerpos de seguridad, pastores y fieles, etc.) estamos obligados en conciencia a trabajar y defender con todos los medios legítimos “toda la vida” de “toda vida humana”, desde la concepción y hasta la muerte natural, empezando por los no-nacidos y sus madres; si no lo hacemos, la historia nos lo recriminará, las generaciones venideras nos lo reprocharán y, lo que es definitivo, Dios, el día del Juicio, nos lo reclamará: era pequeño, estaba desnudo e indefenso y no me acogisteis (Cf. Mt 25, 41-46).

En Alcalá de Henares, a 24 de septiembre del Año del Señor de 2014

Ntra. Sra. de la Merced

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DEL CONCEBIDO Y DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA

 

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA   PROTECCIÓN DE LA VIDA DEL CONCEBIDO Y DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo primero. Modificaciones de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

 

Uno. Se modifica el artículo 144, que queda redactado de la siguiente manera:

 

«1. El que produzca el aborto de una mujer, sin su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de tres a diez años.

 

2. Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto habiendo obtenido la anuencia de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño.»

 

Dos. Se modifica el artículo 145, que queda redactado de la siguiente manera:

 

«1. El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos previstos en el artículo 145 bis, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de uno a seis años. El juez impondrá la pena en su mitad superior cuando los actos descritos en este apartado se realicen fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado.

 

2. El que indujere a una mujer a producirse su aborto o a consentir que otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la Ley, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de uno a seis años.

 

3. En ningún caso será punible la conducta de la mujer embarazada.»

 

Tres. Se modifica el artículo 145 bis, que pasa a tener la siguiente redacción:

 

«1. No constituirá delito el aborto practicado por un médico o bajo su dirección, en centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y con el consentimiento expreso de la mujer embarazada, previamente informada y asesorada, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

 

a) Que sea necesario, por no poder solucionarse el conflicto, desde el ámbito médico, de ninguna otra forma, para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, siempre que se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación. A estos efectos, se entenderá que existe grave peligro para la vida o la salud de la mujer cuando el embarazo produzca un menoscabo importante a su salud, con permanencia o duración en el tiempo, según los conocimientos de la ciencia médica en ese momento, y así se constate en un informe motivado y emitido con anterioridad por dos médicos de la especialidad correspondiente a la patología que genera el grave peligro para la mujer, distintos de aquél que practique el aborto o bajo cuya dirección éste tenga lugar y que no desarrollen su actividad profesional en el centro o establecimiento en el que se lleve a cabo.

 

En el caso de que el grave peligro para la salud psíquica de la mujer tenga su origen en la existencia en el feto de alguna anomalía incompatible con la vida, el informe exigido en el párrafo anterior será emitido por un solo médico, debiendo acreditarse, además, tal anomalía mediante otro informe motivado y emitido con anterioridad por un médico especialista en la materia, en quien concurran los mismos requisitos. A estos efectos, se entenderá por anomalía fetal incompatible con la vida aquélla que previsible y habitualmente, en el momento del diagnóstico, se asocie con la muerte del feto o del recién nacido durante el período neonatal, aunque en condiciones excepcionales la supervivencia pueda ser mayor.

 

No será punible el aborto, aunque se superen las veintidós semanas de gestación, siempre que no se hubiese detectado o podido detectar anteriormente, con un diagnóstico certero, la anomalía incompatible con la vida del feto y así conste en el informe emitido con anterioridad, conforme a lo exigido en este apartado, o cuando exista riesgo vital para la mujer que no sea posible evitar, dentro de lo clínicamente exigible, mediante la protección de la vida del concebido a través de la inducción del parto.

 

b) Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito contra la libertad o indemnidad sexual, siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y el mencionado hecho hubiese sido denunciado con anterioridad.

 

2. En el caso del aborto de la mujer menor entre 16 y 18 años, no emancipada, o de la mayor de edad sujeta a curatela, será preciso el consentimiento expreso de ella y el asentimiento de los titulares de la patria potestad, tutor o curador. Si la embarazada fuera menor de 16 años o mayor de edad sujeta a tutela, además de su manifestación de voluntad, se precisará el consentimiento expreso de sus padres, si ejercieren la patria potestad, o de su tutor.

 

No obstante ello, cuando concurran serios motivos que impidan o desaconsejen que se consulte a los representantes legales o curador de la mujer, o cuando interpelados nieguen su consentimiento o asentimiento, según proceda, o expresen opiniones distintas a ella, el Juez resolverá sobre la suficiencia y validez del consentimiento prestado por la mujer conforme al procedimiento legalmente establecido.

 

3. En caso de urgencia por peligro vital para la gestante, podrá prescindirse del informe, asesoramiento, información y consentimiento expreso de la embarazada si no estuviera en condiciones de prestarlo, pudiendo el médico consultar, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a ella. Si fuera menor de edad o con la capacidad judicialmente complementada, también se podrá prescindir del consentimiento expreso o asentimiento de aquéllos que tengan que prestarlo, si no pudieran efectuarlo.»

 

Cuatro. Se modifica el artículo 146, que pasa a tener la siguiente redacción:

 

«1. El que por imprudencia grave produzca el aborto de una mujer, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez  meses.

 

Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá, asimismo, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de uno a tres años.

 

2. La embarazada que se causare a sí misma el aborto por imprudencia no será penada.»

 

 

Artículo segundo. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

 

Uno. Se modifica el artículo 748, que queda redactado de la siguiente manera:

 

«Artículo 748. Ámbito de aplicación del presente título.

 

Las disposiciones del presente título serán aplicables a los siguientes procesos:

 

1º Los que versen sobre la capacidad de las personas y los de declaración de prodigalidad.

 

2º Los de filiación, paternidad y maternidad.

 

3º Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio y los de modificación de medidas adoptadas en ellos.

 

4º Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

 

5º Los de reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial.

 

6º Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.

 

7º Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.

 

8º Los que versen sobre el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer menor de edad o con la capacidad judicialmente complementada.»

 

Dos. Se modifica el apartado primero del artículo 749, que queda redactado de la siguiente manera:

 

«1. En los procesos sobre la capacidad de las personas, en los de nulidad matrimonial, en los de determinación e impugnación de la filiación y en los que versen sobre el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer menor de edad o con la capacidad judicialmente complementada, será siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya sido promotor de los mismos ni deba, conforme a la Ley, asumir la defensa de alguna de las partes, que velará durante todo el proceso por la salvaguarda del interés superior de la persona afectada.»

 

Tres. Se añade el CAPITULO III bis en el TITULO I del LIBRO IV integrado por el nuevo artículo 768 bis, con el siguiente título:

 

«CAPÍTULO III BIS

 

Del proceso sobre el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer menor de edad o con la capacidad judicialmente complementada

 

Artículo 768 bis. Del consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer menor de edad o con capacidad judicialmente complementada.

 

1. Se procederá, conforme a lo previsto en este artículo, en los supuestos en los que el Juez deba pronunciarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 145 bis del Código Penal, sobre la validez y suficiencia del consentimiento prestado por la mujer embarazada menor entre 16 y 18 años, no emancipada, o de la mayor de edad sujeta a curatela para la interrupción voluntaria de su embarazo, o del consentimiento prestado por sus padres o tutores cuando la mujer fuera menor de 16 años o mayor de edad sujeta a tutela, por concurrir serios motivos que impidan o desaconsejen que se consulte a los representantes legales o curador de la mujer o, cuando interpelados, nieguen su consentimiento o asentimiento, según proceda, o expresen opiniones distintas.

 

Esta prevención no se aplicará si hubiera que poner fin al embarazo para evitar un peligro vital para la mujer embarazada.

 

2. El procedimiento será de tramitación urgente y preferente.

 

Los actos y comparecencias serán a puerta cerrada y las actuaciones serán reservadas.

 

3. La mujer deberá ser representada por aquel de sus representantes legales que coincida con ella en cuanto al consentimiento, si lo hubiera, sin que precise habilitación para ello y, en su defecto, por el Ministerio Fiscal, incluso cuando haya sido éste el promotor del procedimiento.

 

Será siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya sido promotor ni deba, conforme a la Ley, asumir la defensa de la mujer.

 

Los interesados podrán actuar en el procedimiento por si mismos, sin necesidad de la intervención de Abogado y Procurador.

 

4. El procedimiento se iniciará mediante solicitud presentada por la mujer, por el representante legal que esté conforme con ella, si lo hubiera, o por el Ministerio Fiscal, ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la mujer embarazada.

 

Igualmente, los médicos que fueran a emitir los informes preceptivos o que vayan a practicar la interrupción voluntaria del embarazo y conocieran la existencia de alguno de estos supuestos, deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, en su caso, solicite la declaración judicial que proceda.

 

La solicitud deberá ser presentada, al menos, quince días antes de concluir los plazos para la interrupción voluntaria del embarazo establecidos en el artículo 145 bis del Código Penal, salvo en el supuesto de despenalización del aborto tras haber transcurrido las veintidós primeras semanas de gestación, en cuyo caso la solicitud deberá ser presentada dentro de los tres días siguientes a la fecha de la emisión del informe médico en el que se constate dicha circunstancia, emitido de conformidad con el referido artículo.

 

No obstante, la presentación de la solicitud no producirá ningún efecto en cuanto al cómputo de los plazos establecidos en el artículo 145 bis del Código Penal para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.

 

5. En la solicitud se expresarán las circunstancias personales de la mujer y de los que deban ser consultados, la identidad del médico que vaya a realizar la intervención y de las personas que puedan estar interesadas en el procedimiento, así como el domicilio o domicilios en que puedan ser citados o cualquier otro dato que permita la identificación de los mismos.

 

A la solicitud se acompañarán:

 

1) Los informes de los médicos exigidos para proceder a la interrupción voluntaria del embarazo y emitidos de conformidad con lo dispuesto en la normativa correspondiente.

 

2) Los documentos en los que consten el consentimiento expreso o la manifestación de voluntad de la mujer y los consentimientos o asentimientos de los que deban intervenir en la adopción de la decisión de aquélla, conforme a lo establecido en el artículo 145 bis del Código Penal.

 

3) Las certificaciones de la información clínica y asesoramiento asistencial, recibidos previa y obligatoriamente por la mujer, sin que se precise que haya transcurrido el plazo de 7 días en los supuestos de despenalización de la práctica del aborto tras las veintidós primeras semanas de gestación.

 

4) Y aquellos informes y dictámenes que el solicitante considere de interés para el procedimiento.

 

6. El Secretario judicial resolverá sobre la admisión de la solicitud en el mismo día y citará a la mujer, a la persona o personas a quienes corresponda prestar el consentimiento o asentimiento, a quienes consten en la solicitud como interesados y al Ministerio Fiscal, a una comparecencia en la fecha que se determine, que no podrá exceder de los tres días siguientes.

 

El Juez podrá, con carácter previo y dentro del citado plazo, de oficio o a petición de parte o del Ministerio Fiscal, acordar que se cite a aquéllos que estuvieran interesados, recabar los informes del Médico Forense y complementarios que precise, y ordenar las comprobaciones, diligencias y pruebas que estime necesarias para resolver.

 

7. En la comparecencia, el Juez examinará y oirá a la mujer atendiendo a su edad, grado de madurez y circunstancias, quien deberá ratificar su consentimiento o manifestación de voluntad, a sus representantes legales, curador, así como a los demás interesados y asistentes al acto y al Ministerio Fiscal. Les requerirá las explicaciones que estime oportunas sobre las circunstancias concurrentes en la mujer al prestar su consentimiento o manifestar su voluntad para la interrupción voluntaria de su embarazo, y sobre aquéllas que permitan evaluar y determinar  el interés de la misma, en su caso.

 

Tras la finalización de la comparecencia, el Juez resolverá mediante auto, dentro de las 24 horas siguientes.

 

8. Si la mujer embarazada fuera menor entre 16 a 18 años, no emancipada, o mayor de edad sujeta a curatela, el Juez decidirá acerca de si el consentimiento de la mujer para la interrupción voluntaria de su embarazo ha sido prestado libre, expresa y válidamente, en la forma y con las formalidades legalmente previstas, sin que haya sido revocado con posterioridad. El Juez considerará suficiente y valido el consentimiento otorgado por la misma salvo que constate su falta de madurez para prestarlo, en cuyo caso resolverá lo que proceda atendiendo al interés de la misma.

 

Cuando la mujer fuera menor de 16 años o mayor de edad sujeta a tutela, el Juez decidirá atendiendo principalmente al consentimiento manifestado por sus padres o tutor salvo que ello fuera contrario a la protección del interés de la mujer, resolviendo, en tal caso o en ausencia de ese consentimiento, lo que proceda en atención a su interés.

 

La evaluación y determinación del interés de la mujer afectada se realizará, de forma individual, en función de sus circunstancias específicas, voluntad, situación y necesidades personales.

 

9. Contra el auto que se dicte podrá interponerse recurso de apelación, dentro de los dos días siguientes al de su notificación, teniendo efectos suspensivos si la resolución fuera estimatoria. Interpuesto el recurso, deberá ser remitido el mismo día o al día siguiente al órgano competente para resolverlo, lo que hará dentro de las 48 horas siguientes.»

 

 

Artículo tercero. Modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

 

Único. Se modifica el apartado 7 y se añaden los 7 bis, 7 ter y 7 quater al artículo 18, teniendo la siguiente redacción:

 

«Las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los Órganos competentes en cada caso, desarrollarán las siguientes actuaciones:

 

7.  Los programas  de educación para la salud que promuevan la formación, información y prevención de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual así como la educación afectivo-sexual en todos los ámbitos y, principalmente de los jóvenes, adolescentes y colectivos con especiales necesidades.

 

7. bis. Los programas de orientación en los ámbitos de la planificación familiar y de asesoramiento y apoyo a la mujer embarazada.

 

7º ter. La prestación a las mujeres embarazadas que lo requieran, de los servicios de información y asesoramiento necesarios para resolver posibles conflictos de salud, familiares o de carácter socioeconómico originados o agravados por el embarazo. Con tal finalidad, los servicios sanitarios se coordinarán con los servicios sociales.

 

Dicha prestación incluirá, entre otros, los siguientes extremos:

 

1) Información sobre los derechos sanitarios, laborales, sociales y asistenciales reconocidos por la legislación estatal, autonómica y local, y sobre el modo y procedimiento por el que  puede obtenerse su reconocimiento.

 

2) Apoyo y ayudas para el acceso a una vivienda y a las prestaciones familiares.

 

3) Información, en caso de que las pruebas prenatales realizadas a la embarazada, mostraran posibles problemas de salud del feto y hubiera razones para creer que la salud del niño, tras nacer, estará afectada, de las ayudas existentes antes y después del nacimiento, así como de la asistencia económica y psicosocial reconocida.

 

La información ofrecida se referirá, tanto a ayudas públicas como privadas, y de entidades especializadas.

 

Podrán participar en el asesoramiento otras personas, especialmente el otro progenitor o parientes próximos de la mujer, en la medida en que ésta lo acepte, de manera expresa o tácita.

 

7º quater. La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos despenalizados y con los requisitos establecidos en el Código Penal.»

 

 

Artículo cuarto. Modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica, reguladora de la Autonomía del Paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

 

Uno. Se añade el artículo 4 bis, con la siguiente redacción:

 

«Artículo 4 bis. Asesoramiento asistencial e información clínica a la mujer en los casos de interrupción voluntaria del embarazo.

 

1. A toda mujer que se encuentre en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 145 bis del Código Penal, se le deberá proporcionar, con anterioridad a la interrupción voluntaria del embarazo y con carácter preceptivo, asesoramiento orientado a resolver los conflictos originados por el embarazo e información clínica sobre los posibles riesgos y secuelas de la intervención.

 

2. El asesoramiento asistencial y la información clínica tendrán carácter personal e individualizado. Deberán realizarse verbalmente o en la forma que sea accesible para la mujer atendiendo a su edad, madurez y circunstancias.

 

En caso de urgencia por peligro vital para la mujer embarazada, podrá prescindirse del asesoramiento asistencial y de la información clínica.

 

3. El asesoramiento asistencial completo y preceptivo a la mujer se realizará por los servicios a los que se refiere el artículo 18 de la Ley General de Sanidad, que no intervengan en la práctica del aborto, y por profesionales que no desarrollen su actividad en el centro o establecimiento en el que éste se practique.

 

Su objeto será la protección de la vida, tanto de la mujer como del no nacido, así como el buen desarrollo del embarazo y la resolución de los conflictos. Este asesoramiento, además de la información general para toda mujer embarazada establecida en el apartado 7 ter del artículo 18 de la Ley General de Sanidad, incluirá, entre otros, los siguientes extremos:

 

a) Información de que la vida del no nacido constituye un bien jurídico protegido por la Constitución y que, por ello, el aborto solamente resulta conforme al ordenamiento jurídico en situaciones de excepción reguladas en la legislación.

 

b) Estudio, a partir de la información facilitada por la mujer, de las circunstancias por las que valora la posibilidad de interrumpir su embarazo, y orientación sobre el modo de resolver los problemas y conflictos presentados.

 

c) Información sobre las alternativas existentes en nuestro sistema a la interrupción voluntaria del embarazo ya sea acogiéndose a las ayudas y servicios existentes, ya sea acudiendo a la guarda administrativa, acogimiento o adopción del nacido en caso de no poder afrontar su cuidado temporal o permanentemente.

 

d) Estudio de la posibilidad de actuar directamente, proponiendo a los órganos competentes de la administración una intervención especializada, cuando el embarazo o la maternidad comporten para la mujer problemas o dificultades para cuya resolución no sean idóneas o suficientes las prestaciones ordinarias a que se refiere el anterior punto.

 

El personal que realice el asesoramiento expedirá un certificado indicando la fecha y las condiciones en las que se ha facilitado.

 

4. La información clínica deberá ser prestada por los médicos que emitan los informes exigidos conforme al punto a) del apartado 1 del artículo 145 bis del Código Penal, u otro médico cuando concurra el supuesto del punto b) del mismo apartado, distinto de aquél que practique el aborto o bajo cuya dirección tenga lugar y que no desarrolle su actividad profesional en el centro o establecimiento en el que se lleva a cabo. Esa información versará sobre:

 

a) Los riesgos que la interrupción voluntaria del embarazo puede conllevar para la salud de la mujer y para su maternidad futura.

 

b) Los aspectos médicos y psicosociales derivados del diagnóstico realizado sobre la salud de la  mujer y  del feto, en su caso, así como de las expectativas del desarrollo de la vida del niño. En la medida que fuera necesario podrán intervenir otros profesionales o especialistas.

 

El médico hará una certificación por escrito sobre la fecha, indicación y condiciones en las que se ha prestado la información clínica a la embarazada.

 

5. En la medida en que resulte necesario, podrán participar en este asesoramiento otras personas, especialmente el otro progenitor o parientes próximos de la mujer, si ésta lo acepta, de manera expresa o tácita.

 

6. Si, tras recibir el asesoramiento, la mujer mantiene la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo y concurren los requisitos establecidos en el Código Penal para que su práctica no resulte penalizada, deberá presentar las certificaciones emitidas en el centro o establecimiento en el que se llevará a cabo la práctica del aborto.

 

El consentimiento expreso o manifestación de su voluntad a la interrupción voluntaria de su embarazo, o los asentimientos o consentimientos de sus progenitores, tutor o curador, cuando fueran necesarios, no se podrá prestar hasta que hayan transcurrido, al menos, 7 días desde el asesoramiento asistencial e información clínica a la mujer. Esta prevención no se aplicará si hubiera que poner fin al embarazo para evitar un peligro vital para la mujer embarazada o, si transcurridas las veintidós primeras semanas de gestación, concurren los supuestos despenalizados del aborto y es precisa la resolución judicial sobre su procedencia.»

 

Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 9, que queda redactado como sigue:

 

«4. La interrupción voluntaria del embarazo y la práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación.»

 

Tres. Se añade el artículo 15 bis con el siguiente contenido:

 

«15 bis. Tratamiento de datos en los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo.

 

1. En el momento del inicio del asesoramiento sobre la interrupción voluntaria del embarazo, el personal que lo realice, sin proceder al tratamiento de dato alguno, habrán de informar a la embarazada que los datos identificativos de las pacientes a las que efectivamente se les realice el aborto, serán objeto de codificación y separados de los datos de carácter clínico asistencial relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo por parte de los centros o establecimientos que lo practiquen. Éstos establecerán mecanismos apropiados de automatización y codificación de los datos de identificación de las pacientes atendidas, en los términos previstos en esta Ley y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se considerarán datos identificativos de la paciente su nombre, apellidos, domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico, documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente, así como cualquier dato que revele su identidad física o genética.

 

2. En el momento de la primera recogida de datos de la paciente, se le asignará un código que será utilizado para identificarla en todo el proceso.

 

Los centros sustituirán los datos identificativos de la paciente por el código asignado en cualquier información contenida en la historia clínica que guarde relación con la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, de forma que no pueda producirse, con carácter general, el acceso a dicha información.

 

3. Las informaciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo deberán ser conservadas en la historia clínica de tal forma que su mera visualización no sea posible salvo por el personal que participe en la práctica de la prestación, sin perjuicio de los accesos a los que se refieren los artículos siguientes.»

 

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 17, que pasa a tener el siguiente contenido:

 

«1. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.

 

No obstante, la documentación clínica en los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo deberá conservarse por más tiempo cuando existan razones epidemiológicas, de investigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, en cuyo caso se procederá a la cancelación de todos los datos identificativos de la paciente y del código que se le hubiera asignado como consecuencia de lo dispuesto en los artículos anteriores. Ello sin perjuicio del ejercicio por la paciente de su derecho de cancelación, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.»

 

 

Artículo quinto. Modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

 

Único. Se añade un apartado 3 al artículo 8 bis, con el siguiente contenido:

 

«Artículo 8 bis.  Cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud.

 

3.º La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos despenalizados y con los requisitos establecidos en el Código Penal estará incluida en la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud.»

 

 

Artículo sexto. Modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

 

Uno. Se añade el artículo 4 bis, con el siguiente contenido:

 

«Artículo 4 bis. Objeción de conciencia.

 

1. Los profesionales sanitarios, por cuenta propia o ajena, tienen el derecho a ejercer la objeción de conciencia para inhibirse de cualquier participación o colaboración en la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos despenalizados en el Código Penal.

 

2. El rechazo o la negativa a participar o colaborar en la interrupción voluntaria de un embarazo, es una decisión individual del profesional sanitario, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito.

 

Dentro de la semana siguiente a comenzar la prestación de su servicio en un centro o establecimiento, público o privado, acreditado para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, el profesional sanitario deberá comunicar, por escrito, al Director del centro, si ejerce su derecho de objeción de conciencia, quedando esa decisión incorporada, con carácter reservado, a su expediente personal. Dicha información constituye un dato personal que, en ningún caso, podrá ser objeto de tratamiento, registro o publicación y estará protegida con las garantías previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

 

3. Desde ese momento, podrá abstenerse de realizar cualquier participación o colaboración en la interrupción voluntaria del embarazo. No obstante, podrá modificar su decisión en cualquier momento, poniéndolo en conocimiento del Director del centro de forma inmediata o, en todo caso, antes de iniciarse la prestación.

 

4. En cualquier caso, sin perjuicio de lo anterior, los profesionales sanitarios que ejerzan ese derecho dispensarán tratamiento y atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una intervención de interrupción voluntaria del embarazo.»

 

Dos. Se incluye el apartado c bis) en el artículo 5, que queda redactado como sigue:

 

«Los profesionales sanitarios podrán ejercer el derecho a la objeción de conciencia en los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo en los términos establecidos en la Ley. El ejercicio de este derecho deberá realizarse con carácter general, sin que, en ningún caso, puedan admitirse modulaciones del mismo, cualesquiera que sean los centros o establecimientos sanitarios en los que esos profesionales presten sus servicios.»

 

 

Artículo séptimo: Modificación de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

 

Único. Se incluye un nuevo apartado 5 bis en el artículo 5, que queda redactado como sigue:

 

«5 bis. Se prohíbe la publicidad sobre la oferta de centros, establecimientos o servicios médicos o de medios, prestaciones, técnicas o procedimientos para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer.

 

No constituirá publicidad ilícita la prestación de información clínica y la orientación asistencial y social a la mujer embarazada, de acuerdo con lo establecido en la ley y en el ejercicio de la función  de asesoramiento, realizada de forma personalizada y confidencial.»

 

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

 

  1. Queda derogada la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

 

2. Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en esta ley.

 

 

Disposición final primera. Carácter orgánico y título competencial.

 

            1. La presente Ley Orgánica se dicta al amparo del artículo 81 de la Constitución.

 

Se exceptúan de lo anterior, teniendo rango de ley ordinaria, los preceptos contenidos en los artículos tercero, quinto, sexto y séptimo; en los apartados uno y dos del artículo segundo; en los apartados dos, tres y cuatro del artículo cuarto; y en las disposiciones finales segunda, tercera y cuarta.

 

2. El artículo primero se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación penal reconocida por el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española; el artículo segundo al amparo del artículo 149.1.6ª de la Constitución Española que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar la legislación procesal; los artículos tercero, cuarto, quinto y sexto al amparo del artículo 149.1.1.ª, 16.ª y 17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad y régimen económico de la Seguridad Social; y el artículo séptimo se dicta en virtud del artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia en materia mercantil.

 

El Estado y las Comunidades Autónomas adoptarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas necesarias para la efectividad de esta Ley.

 

 

 

Disposición final segunda. Modificaciones y desarrollos reglamentarios.

 

El Gobierno llevará a cabo las modificaciones y desarrollos reglamentarios que sean precisos para la aplicación de la presente Ley.

 

En tanto no entre en vigor el desarrollo reglamentario referido, mantienen su vigencia las disposiciones reglamentarias vigentes sobre la materia que no se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

 

 

Disposición final tercera. Ámbito territorial de aplicación de la Ley.

 

Sin perjuicio de las correspondientes competencias autonómicas, el marco de aplicación de la presente Ley lo será en todo el territorio del Estado.

 

 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

 

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

 

ELÉVESE AL CONSEJO DE MINISTROS

Madrid,          de                 de 2013

EL MINISTRO DE JUSTICIA

 

Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez

Se llama Carlos Morín y se ríe de la justicia.

Hazte Oir
Se llama Carlos Morín y se ríe de la justicia.
Ha practicado centenares de abortos a mujeres embarazadas de 7 y 8 meses. Al principio, mataba a los bebés con sus propias manos, pero luego, contrató a otros que le ayudaron a ganar más dinero y más deprisa.
Se ríe porque la Audiencia Provincial de Barcelona acaba de absolverlo del exterminio de vidas humanas y podrá seguir siendo inmensamente rico con su atroz negocio.
Se ríe porque, para las leyes y para la Justicia española, el derecho a la vida es un chiste.
No sé si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha visto la risa de Morín.
Tienes que ayudarme a que la vea y reflexione sobre su significado.
 
Firma hoy a petición de HazteOir.org y Derecho a Vivir al ministro Gallardón, para que acabe de una vez con la brutal realidad del aborto en España.
Haz clic para enviar tu petición:
http://hazteoir.org/alerta/50710-firma-nunca-m-s-mor-n-nunca-m-s-aborto

Nunca más esta risa. Nunca más Morín. Nunca más el negocio de eliminar vidas humanas.

¡Paremos esta masacre!
Detrás de la risa de Morín, resuena el llanto silencioso de sus víctimas: bebés indefensos masacrados sin piedad. Que su dolor sirva para algo. Que su muerte no sea en vano.
Que la risa desalmada de Morín no prevalezca. Si tú quieres, si actúas ahora, será un punto de inflexión para los derechos humanos en España.

Exige al ministro Gallardón que presente ya la reforma del aborto en España y ponga fin al exterminio silencioso de vidas humanas.

Haz clic para firmar ahora tu petición

Dile “basta ya” a la barbarie cotidiana del aborto. Ni un día más con la Ley Aído en vigor.
Exige una ley que proteja el derecho a la vida e impida el coladero abortista de la ley de 1985.

Actúa por el fin de la impunidad de la risa de Morín y de todos los empresarios del aborto en España.

 

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