Jiménez trata de justificar la estrategia del gobierno para fomentar el “sexo placentero”

La estrategia que quiere impulsar el gobierno para fomentar el “sexo placentero” en España sigue generando polémica. Así, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha intentado justificar hoy esa idea en una entrevista en Telecinco.

  Trinidad Jiménez, “menos sexo y mas trabajar”.

El Ministerio, con propuestas como el cibersexo, no invade la vida privada de nadie, afirma Trinidad Jiménez. El documento se limita a informar -asegura- que es lo que demandan todos los españoles en las encuestas. El sexo en la red es una de ellas. Según la ministra solo ofrecen reflexión: “Se han recogido encuestas que se hacen a los ciudadanos para conocer su opinión, por ejemplo la famosa opinión del cibersexo, no es una opinión del Ministerio de Sanidad, logicamente.  Recogemos encuestas que reflejan opiniones de la ciudadanía”, asegura. Jiménez afirma que con propuestas como el cibersexo el Ministerio no invade la vida privada.Jiménez asegura además que el hecho de que el ministerio de Sanidad hable de sexualidad placentera “no creo que le deba extrañar a nadie” ya que “desde 1975 la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la sexualidad con el objetivo de tener placer. “Eso a nadie le puede extrañar“, insiste.Para el PP, el documento de la ministra mezcla ideología y salud. Y, segun Ana Pastor, la salud de la mujer no es el objetivo de la Estrategia ministerial. Para la responsable de Politica Social del PP, Sanidad deberia reducir la espera de una mamografía o extender la vacuna del cancer de cervixEl Ministerio de Sanidad presentara esta Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva la proxima semana a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial. En otro orden de cosas, Trinidad Jiménez rechaza las acusaciones de presión de los laboratorios en la compra masiva de vacunas contra la Gripe A. Cifra en 90 millones de euros el gasto en vacunas: 37 millones de dosis, de las que se han empleado menos de tres millones.No ha citado los antivirales, que algunas fuentes sitúan en el doble.

Esta píldora, con receta

Un total de 2.835 farmacéuticos, junto a 2.000 profesionales de otros sectores, han suscrito un manifiesto en el que reclaman al gobierno español que la píldora del día siguiente (PDS) vuelva a venderse con receta médica. Las asociaciones promotoras presentarán el texto al Ministerio de Sanidad una vez haya concluido la recogida de firmas, en enero de 2010.

Casi 3.000 farmacéuticos españoles se han sumado al manifiesto

Desde el 28 de septiembre, la PDS se puede comprar en las farmacias españolas sin necesidad de prescripción médica, en virtud de una decisión del Ministerio de Sanidad. Pero como no hay datos que demuestren que sea segura, la Plataforma Profesional Farmacéutica –que reúne a 21 asociaciones– ha promovido un manifiesto contra la liberalización de la PDS.El documento comienza denunciando que la Agencia Española del Medicamento ha permitido cambiar la ficha técnica y los prospectos de los dos productos autorizados en España (Norlevo y Postinor), sin las suficientes pruebas médicas que justifiquen la reevaluación del fármaco.Como consecuencia de esa modificación, ahora la PDS se puede vender también a menores de 16 años sin el consentimiento de los padres. Lo grave del asunto es que, según la ficha técnica de Postinor, “no hay estudios representativos en los que se demuestre que la utilización de la PDS en menores de 16 años sea segura”.También es “extremadamente desconcertante que en la ficha del Postinor se haga alusión a este importante dato y, en cambio, en la de Norlevo no”.Un folleto ideológicoPese a esta incertidumbre, el Ministerio de Sanidad ha publicado un folleto informativo para las usuarias en el que asegura que “esta píldora es un medicamento seguro para la salud”.El folleto del Ministerio dice también que la PDS “no es abortiva ni produce ningún problema o lesión en el embrión en el caso de que hubiera ya un embarazo”, ya que “es un medicamento hormonal que impide o retrasa la ovulación y en la mayoría de los casos evita el embarazo, pero nunca lo interrumpe”.Es cierto que la PDS tiene varios mecanismos de acción. Pero, como explica su ficha técnica, uno de ellos es que puede impedir la implantación del embrión en el útero, que es el efecto abortivo. Por eso, el manifiesto considera que “la información suministrada adolece de falta de claridad y puede confundir a la usuaria, creando la falsa expectativa de que la PDS no interfiere con el embrión”.Y añade: “En definitiva, es un hecho que la información que se proporciona es incompleta y está claramente sesgada. Lejos de atender a razones científicas, dicho folleto tiene una profunda carga ideológica y, lo que es peor, pretende imponerla, sin discusión, a todo un colectivo profesional”.El manifiesto critica también que el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos haya ratificado el folleto,lo cual contradice su función profesional y deontológica de velar por la mejora de la salud de la población”.Los firmantes solicitan al gobierno la retirada del folleto que el Ministerio de Sanidad ha distribuido a las farmacias, el retorno de la PDS a la categoría de “medicamento sujeto a prescripción médica” y el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos que no quieren dispensarla.Además, exige al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos la retirada del apoyo al folleto, y “el amparo y cobertura a los farmacéuticos que por motivos de conciencia no están dispuestos a dispensar la PDS

Los farmaceúticos escandalizados porque se haya cuadruplicado la venta de la píldora del día después

El presidente de la Confederación Farmaceútica, Carlos González Bosch, ha calificado de “escandaloso” el hecho de que se haya cuadruplicado la venta de la denominada píldora del día después, desde que hace un mes el ministerio de Sanidad permitiera su comercialización sin receta médica.

Las ventas de la píldora del día después se han “cuadruplicado” desde que Sanidad permitiera su comercialización sin receta

La ventas de la píldora del día después se han “cuadruplicado” desde que hace un mes el ministerio de Sanidad permitiera su comercialización sin receta médica, un incremento que ha calificado de “escandaloso” el presidente de la Confederación Farmacéutica Española (Cofares), Carlos González Bosch.Colectivos médicos, de padres y políticos, como el PP y Convergencia mostraron su rechazo a la decisión de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. También manifestaron su temor porque la venta libre de esta píldora incrementara las enfermedades de transmisión sexual al limitar el uso de otros anticonceptivos.El responsable de este grupo, que aglutina a más de 9.200 titulares de oficinas de farmacia de toda España, ha confesado, que no quería expresar su opinión al respecto de esta situación pero ha invitado a los responsables sanitarios a analizar este fenómeno, así como al conjunto de la sociedad.Concretamente, ha animado a las autoridades sanitarias a preguntarse si “esto era lo que querían” cuando decidieron poner a la venta, si prescripción médica, la píldora poscoital.Trinidad Jiménez, justificó esta medida en la necesidad de “facilitar la accesibilidad” al medicamento y contribuir a la reducción de embarazos no deseados en jóvenes y adolescentes, insistiendo siempre en que se trata de un método anticonceptivo de “emergencia”.

 

“La educación, el alimento y la sanidad son menos accesibles que las armas”

Denunció monseñor Migliore, observador vaticano ante la ONU

 Los pueblos de todo el mundo “quieren ver un mundo en el que la educación, el alimento, la asistencia sanitaria y el agua limpia sean más accesibles que las armas ilícitas”.
Este fuerte llamamiento fue lanzado por el arzobispo Celestino Migliore, observador permanente de la Santa Sede ante Naciones Unidas, interviniendo este jueves en Nueva York, en la 64 sesión de la Asamblea General con motivo del debate sobre desarme y seguridad internacional.

“La sociedad civil, las organizaciones humanitarias internacionales, los individuos y sobre todo q uienes sufren los conflictos armados y la violencia esperan de nosotros resultados tangibles y convincentes en la esperanza de ver un mundo libre de las armas nucleares, con severos controles sobre el comercio de armas, que hoy está estrechamente ligado a los mercados ilícitos y provoca serios daños a la humanidad”, dijo a los presentes.
Los datos, subrayó, no son todavía tranquilizadores. En 2008, el año en el que se produjo la gravísima crisis financiera que ha golpeado a todo el mundo, los gastos militares en lugar de disminuir aumentaron un 4%, haciendo todavía más difícil el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que entre otras cosas se proponían disminuir a la mitad la pobreza para 2015.

“¿Puede la gente esperar cambios más concretos y valientes por parte de sus líderes?”, preguntó el prelado.
“La respuesta est& aacute; en nuestras manos y mostrará la determinación de la comunidad internacional en perseguir la paz y la seguridad mundiales, basadas en la promoción del desarrollo humano integral”, afirmó.
Monseñor Migliore recordó que el artículo 26 de la Carta de Naciones Unidas declara que el gasto excesivo en armamento desvía los recursos humanos y económicos de objetivos fundamentales.
El papel principal de las iniciativas de desarme, afirmó, es el de “reducir los gastos militares a través del control de las armas y el desarme, de manera que la comunidad internacional pueda progresivamente desarmar la seguridad”.

Preguntándose por las “alternativas a estos gastos militares excesivos que al mismo tiempo no diminuyan la seguridad”, el observador vaticano respondió que una de ellas es “el refuerzo del multilateralismo”.
En est e sentido, reconoció que asistimos a “un nuevo clima político por parte de los protagonistas principales del desarme” que se suma al logro de objetivos como la adopción de una nueva Convención sobre las bombas de racimo, y renovados empeños por un mundo libre de minas.
En este perspectiva, la delegación vaticana subrayó el empeño de la Santa Sede en llevar adelante los trabajos sobre un Tratado para el Comercio de Armas que sea un instrumento vinculante para la importación, exportación y transferencia de armas.

“Las armas no pueden ser consideradas como cualquier bien intercambiado en el mercado global, regional o nacional, y su excesivo almacenamiento o su comercio indiscriminado –sobre todo en zonas afectadas por conflictos- no puede ser moralmente justificado de ninguna manera”, declaró.

Si por un lado la Santa Sede subraya la necesidad de “políticas nacionales y acuerdos milaterales para reducir los arsenales nucleares”, por otro exhorta a no olvidar “muchas cuestiones todavía no resueltas”, refiriéndose en concreto al hecho de que, tras trece años, el Tratado para la prohibición de pruebas nucleares no haya entrado todavía en vigor, faltando nuevas ratificaciones, y a los “obstáculos persistentes” que dificultan las negociaciones sobre un Tratado para la abolición del material fisible.
“Muchas cuestiones sobre el desarme esperan todavía una solución definitiva –concluyó monseñor Migliore–. Unamos los esfuerzos y la buena voluntad para que se aseguren la seguridad internacional y organismos multilaterales eficaces”.

Un estudio europeo coloca la sanidad española al nivel de los países del Este

La sanidad española “se deteriora año tras año” y obtiene una puntuación similar a la de “muchos países del Este de Europa”, según el último Índice de Consumidores de la Sanidad Europea elaborado por el centro de análisis Health Consumer Powerhouse con el apoyo de la Comisión Europea (CE).

 El informe analiza el grado de comodidad que para el paciente ofrecen los sistemas sanitarios de los países de la Unión Europea (UE), además de Islandia, Suiza, Noruega, Croacia, Albania y Macedonia.

 Con 630 puntos de los 1.000 posibles, España se sitúa en el puesto 21, por detrás de Hungría, y muy lejos de Estados como Holanda -primero en la clasificación con 875 puntos-, Dinamarca (819), Islandia (811) o Austria (795).

 “El sistema de salud público en España parece incapaz de desarrollar una estrategia para mejorar el acceso y la calidad de sus servicios, lo que explica el gran desarrollo del sector privado en los últimos años“, ha explicado en un comunicado el director del estudio, Arne Björnberg.

 “Se necesitan, cada vez más urgentemente, cambios drásticos que provoquen una mayor eficiencia y calidad“, ha afirmado Björnberg en referencia a la puntuación española, que pierde tres posiciones con respecto a sus resultados el año anterior.

 Según los responsables del informe, parece que en España “todavía es necesario acudir a la sanidad privada si los pacientes buscan la excelencia“.

 A pesar de que reconoce que el acceso a las medicinas es “bastante bueno”, recalca que España “puntúa bajo incluso en categorías fáciles de mejorar”, como el respeto a los derechos del paciente o la calidad de los servicios sanitarios “on-line“.

 El Índice de Consumidores de la Sanidad Europea es una clasificación que se realiza todos los años y que evalúa los sistemas nacionales de Salud según los derechos del paciente, información, tiempos de espera para tratamientos comunes, resultados de la atención médica, generosidad del sistema, acceso a los medicamentos y la implantación de Internet en la sanidad.

 Publicado por vez primera en 2005, el índice lo elabora el centro de análisis Health Consumer Powerhouse a partir de estadísticas oficiales y estudios independientes.

 Según esta organización, el índice cuenta con el apoyo de la Dirección General para la Sociedad de la Información de la CE y la presidencia sueca de la UE.

El gobierno norteamericano quiere proteger a los objetores en las profesiones sanitarias

El gobierno estadounidense protege a los médicos frente a la discriminación por objetar.

Una orden en proyecto prohibiría la discriminación contra los que rehúsen intervenir en abortos o esterilizaciones por razones de conciencia

El gobierno norteamericano quiere proteger a los objetores en las profesiones sanitarias

El gobierno norteamericano se dispone a aprobar una orden para garantizar la objeción de conciencia en las profesiones sanitarias. Según el proyecto, las instituciones que reciben financiación federal no podrían discriminar contra médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud que se nieguen a participar en abortos o esterilizaciones por razón de sus “creencias religiosas o convicciones morales”.

Tampoco podrían obligar a un empleado objetor a intervenir en servicios o programas de investigación financiados por el Departamento de Sanidad si tiene reparos morales. Estas salvaguardas se aplicarían a hospitales, clínicas, consultas médicas y farmacias.

La proyectada norma ha recibido críticas por parte de tres miembros de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que la consideran innecesaria y probable fuente de confusiones. Alegan que la objeción de conciencia ya está amparada en la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación contra empleados por motivos religiosos o éticos. Según esto, el empleador está obligado a tomar medidas razonables para que sus asalariados puedan trabajar sin ofensa a sus deberes religiosos. Solo quedará exento si demuestra que no es posible encontrar un acomodo que no suponga un estorbo excesivo en el ejercicio del negocio.

En opinión de los críticos, esa protección es suficiente, mientras que la orden en preparación iría demasiado lejos. Por ejemplo, según una organización patronal de cadenas de farmacias, sus empleados tendrían derecho a no dispensar anticonceptivos a una persona cubierta por el seguro federal Medicaid, aunque presentara receta médica. Por su parte, los fiscales generales de 13 estados se oponen a la orden porque, dicen, interferiría con las leyes estatales que exigen a los seguros médicos incluir la contracepción en su cobertura, y a los hospitales a facilitar anticonceptivos de emergencia a las mujeres violadas.

También Barack Obama se ha manifestado en contra. Ha dicho que la orden dificultaría el acceso al aborto o a los anticonceptivos a las mujeres que desean recurrir a ellos. Según algunos asesores del presidente electo, si la norma se aprueba, él procurará anularla cuando se haya instalado en la Casa Blanca.

En cambio, el secretario de Sanidad, Michael Leavitt, principal promotor del proyecto, niega que la orden vaya a tener las consecuencias que le atribuyen los críticos en la dispensación de anticonceptivos. El efecto será, ha dicho, reforzar el cumplimiento de las leyes vigentes para proteger a los profesionales de la salud. Además, el objetivo no es la contracepción.

De hecho, la Asociación Sanitaria Católica, que apoya la orden, sostiene que es necesaria, y no por razón de los anticonceptivos. Carol Keehan, presidenta de la Asociación, alega que en los últimos años “hemos visto diversos intentos de forzar a las centros de salud católicos y de otros tipos a realizar abortos o esterilizaciones, o a remitir a quienes los piden a lugares donde los hacen”.

En un artículo publicado en The New Atlantis (otoño 2008), James Capretta, del Ethics and Public Policy Center, sostiene, sin embargo que esta medida, aunque positiva, no sería suficiente para asegurar el respeto a las convicciones de los que rehúsan participar en abortos o esterilizaciones. Los hospitales, por ejemplo, dependen de financiación privada y de acuerdos suscritos con compañías de seguros. También en esos casos haría falta asegurar el respeto a la objeción de conciencia en caso de que una aseguradora cubra tales intervenciones.

Lo que no nos cuentan del bebé-medicamento

Es muy poca la información que ha trascendido sobre el caso.

Información confidencial e información selectiva.

El hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha dado como gran primicia informativa el nacimiento del primer “bebé-medicamento” cribado genéticamente en España. Se ha logrado que esté libre de una enfermedad genética hereditaria y que sea histocompatible con su hermano enfermo de una anemia congénita, al que se pretende curar con células madre extraídas de su cordón umbilical.

Como en las exclusivas de la prensa del corazón, el niño Javier Mariscal se ha hecho famoso antes de hacer nada, pues todavía no sabemos si realmente su cordón umbilical servirá para sanar a su hermano. Esperemos que sí.

Lo que tampoco se sabe es cuántos embriones hermanos ha sido necesario crear y desechar para obtener este tan seleccionado. A preguntas de la prensa, la portavoz del hospital ha respondido que este dato se reserva “como información confidencial para la familia”.

Pues parece ser la única cosa confidencial en este caso. Se nos ha contado los nombres de los padres y del niño, la enfermedad del hermano, que la madre se ha sometido al diagnóstico genético preimplantatorio, que el proceso de gestación ha durado 15 meses de investigación más los nueve de embarazo, que solo hay otro caso similar en la literatura médica, qué médicos han intervenido…

Se entiende que haya que preservar la confidencialidad del paciente. Pero si un hospital airea un caso para conseguir titulares en la prensa y alardear de su eficacia, lo que era confidencial pasa a ser del dominio público y no tiene sentido ocultar los datos que no interesa desvelar, como es el del número de embriones desechados. Si este caso llegara a publicarse en una revista médica, tendría que revelar este dato, pues es un elemento importante para valorar la eficacia del método.

En este caso no estamos ante una información confidencial, sino ante una información selectiva. Igual que con la criba genética se selecciona solo al embrión compatible con el hermano enfermo, en esta información selectiva solo se da lo que es compatible con el propósito de presentar como un gran avance científico lo que es un procedimiento de discutibles aspectos éticos. Cuántos embriones, con tanta posibilidad de vivir como Javier, se han quedado por el camino, no interesa decirlo.

Algunos prefieren dar por buena la técnica, sin plantearse los aspectos éticos. Así, Marcelo Palacios, presidente de la Sociedad Internacional de Bioética, mantiene que “lo ético, en este caso, es no darle consideración de problema ético”. Para Palacios, hay que reconocer “el derecho a la no injerencia en la organización de la familia”. Con ese criterio, estaría de más hasta la Sociedad Internacional de Bioética.

También cuando en 2006 se reformó la Ley de Reproducción Asistida la posibilidad del bebé medicamento fue la cortina de humo “terapéutica” con la que se tapó el resto de los cambios más sustanciales de la ley: generación de embriones con fines no reproductivos; vía libre para fecundar cuantos óvulos se quisiera, con el resultado de la acumulación de embriones sobrantes; la posibilidad de investigar con los embriones…

Los resultados de esta instrumentalización de los embriones humanos siguen siendo… confidenciales.