D.E.P. Dña Ramona Estévez. Díselo a Zapatero.

 

 

 

Zapatero se va.

Y se marcha tras provocar una última víctima, Doña Ramona Estévez, a la que se ha aplicado la ley de muerte “digna” aprobada por su partido.

Mándale tu último mensaje a Zapatero y dile adiós recordándole que pasará a la historia de España como el Presidente Muerte:

Adiós, Señor Zapatero: pasará usted a la Historia de España como el Presidente Muerte

Gracias al PSOE de Zapatero y Rubalcaba, a cualquier enfermo que entre inconsciente en la urgencia de un hospital puede sucederle que un tercero decida si seguirá viviendo o ha de morir. Esto acaba de pasar en España por primera vez. Ya tienen el precedente. Y no dudes de que lo van a utilizar más veces.

Doña Ramona Estévez ha fallecido. Descanse en paz. Ha muerto tras 14 días de agonía durante los cuales, con la excusa de evitarle dolores, la han dejado de alimentar.

Esta señora ha muerto de hambre y de sed. Y a esta forma de tortura destinada a los enfermos terminales (o no: según la ley aprobada por el PSOE, también se puede aplicar a otros), le llaman “muerte digna”.

“Muerte digna” ha sido dejarla sin alimentación. Parece que también sin hidratación. Durante 14 días. Hasta que han logrado que muriera.

Por favor, imagínate el cuadro: un enfermo en situación terminal ingresa en un hospital. No se sabe cuánto tiempo de vida le queda. Pueden ser semanas, tal vez meses. Lo normal es que la familia pida que se le alivie el dolor. Pero puede suceder, como en el caso de Doña Ramona, que alguien diga: “Es que este enfermo dijo una vez que si se encontraba en esta situación, prefería que le mataran”. ¿Imaginas esa situación? ¿A que no te resulta del todo extraña?

Imagina que un hijo del enfermo dice que quiere que dejen de alimentar a su padre porque, total, tarde o temprano morirá. Y añade el siniestro, hipócrita, cínico argumento con el que se quiere justificar la atrocidad: “No quiero que sufra”.

Y para que no sufra exige a los médicos que dejen de alimentar a su padre. Quiere que le corten el agua y los nutrientes. Le condena a una larga agonía de hambre y de sed. ¡Para que no sufra!

Los médicos, que son los que conocen de estas cosas y los que deben decidir qué medidas aplicar, se niegan a esta petición porque saben que eso es un asesinato. La ciencia permite que el enfermo no sufra y la misión de los médicos no es matarlo sino proporcionarle los cuidados necesarios para que viva sus últimos días de la mejor manera posible.

Pero el Gobierno ha aprobado una ley que permite que la voluntad antinatura del familiar se imponga a la ciencia.

Con ese engendro jurídico en la mano, un instrumento de muerte más propio de sociedades primitivas que de una nación civilizada, las autoridades locales (en este caso la Junta de Andalucía) se apresuran a dictar una orden más allá de la razón y la ciencia: “¡Que se le retire la alimentación al enfermo!” Y el hospital cumple la orden.

Es difícil asumir que una atrocidad de este tipo haya podido suceder en nuestro país. Pero eso exactamente es lo que unos y otros han hecho con Doña Ramona.

Y sentado este precedente, a partir de ahora la vida de cualquier enfermo que entre inconsciente en la urgencia de un hospital puede quedar a merced de que un tercero decida si merece la pena ser vivida. Y el poder aparece como garante del crimen y se encargará de aplicar esta suerte de moderna pena de muerte. La pena de muerte que ha instaurado el PSOE de Zapatero y Rubalcaba.

Los socialistas aprobaron la ley de “muerte digna” en Andalucía, y ya se ha cobrado las primeras víctimas. En el resto de España quieren hacer lo mismo. En estos momentos hay un proyecto de ley de “muerte digna” presentado el Gobierno en el Congreso. Pérez Rubalcaba ha declarado que su primera prioridad si gana las elecciones será convertir esa ley en norma obligada para todo el país. Y Zapatero se despide cobrándose una nueva víctima.

Nos dijeron que su ley de “muerte digna” serviría para cuidar a los enfermos. Y a la primera oportunidad, ha matado de hambre a uno de ellos.

Zapatero pasará a la historia como el Presidente Muerte. Sus leyes, las leyes aprobadas por su partido, acaban con la vida de seres humanos. Hemos sumado las cifras oficiales que el Gobierno del PSOE ha proporcionado sobre el número de abortos. En este cálculo concedemos al Gobierno una atrevida suposición: que en 2010 y 2011, años para los que todavía no hay cifras oficiales, habrá el mismo número de abortos que en 2009. Aun haciendo semejante concesión optimista, la cifra resultante de seres humanos exterminados por la gestión de Zapatero asciende a 840.652.

A estos miles de seres humanos muertos con su ley del aborto, Zapatero, Rubalcaba y su partido han sumado ahora una nueva forma de exterminio: las muertes de los enfermos y los ancianos.

Despide a Zapatero recordándole el siniestro record que le convierte en el Presidente Muerte:

http://www.hazteoir.org/firma/41120-dile-zapatero-que-pasara-usted-historia-espana-como-presidente-muerte

Solo con el aborto, 840.652 seres humanos exterminados. Y ahora empiezan con los ancianos y los enfermos.

 

 

Rubalcaba “va de lado” si pretende ocultar el chivatazo a ETA

Basagoiti ha advertido a Rubalcaba que “va de lado” si pretende tapar con su anuncio de un “espectacular” atentado el escándalo del chivatazo a ETA. En una entrevista en esRadio, pide que se depuren las responsabilidades políticas y se compromete a tratar con Patxi López el asunto.

El presidente del PP vasco, Antonio Bagoiti, ha agradecido el aviso de Alfredo Pérez Rubalcaba alertando de la posibilidad “un atentado espectacular” en las próximas fechas “si sirve para que haya mayores medidas de prevención y se hagan detenciones terroristas”.

Ahora bien, si la intención del ministro del Interior “tiene que ver con que no hablemos del chivatazo a ETA”, el líder de los populares vascos ya le ha advertido que “va de lado” porque, según avanzó, “no lo va a conseguir”.

En una entrevista en Es la Mañana de Federico de esRadio, Basagoiti se ha referido en términos muy duros sobre este asunto y ha recalcado que el escándalo del bar Faisán “no lo va a tapar ni un ministro, ni un periódico, ni ningún medio de comunicación”.

Preguntado sobre si ha tratado el asunto con Patxi López o el líder del PSE y negociador con ETA, Jesús Eguiguren, el dirigente del PP ha confesado que no pero se ha comprometido a hacerlo de forma inmediata ante la gravedad de los acontecimientos.

“Lo que queda por hacer es depurar responsabilidades, que alguien asuma su responsabilidad y se vaya a su casa”, ha exclamado, para después exigir saber “quién dio la orden, quién avaló la decisión y quién se benefició caiga quien caiga“.

En su opinión, si tales extremos no se conocen “España quedará tocada”, por lo que también reclamó a José Manuel Gómez Benítez, mediador del Gobierno con los asesinos que utilizó el chivatazo en plena negociación, a que diga toda la verdad.

“Hay cosas que son imparables por mucho de que haya quienes lo quieren para u ocultar, nos acabaremos enterando de todos”, sentenció Antonio Basagoiti, para quien el chivatazo a ETA es “una cosa extremadamente grave”.

Cómo funciona “SITEL”, el sistema de espionaje de las comunicaciones

Un tema más que se ha puesto de moda: el sistema de escuchas telefónicas “SITEL”, supuestamente en funcionamiento con el Gobierno de Aznar, y en la práctica sólo con el de Zapatero. Escuchas telefónicas, seguimiento de posición y grabaciones teóricamente reguladas. Lea aquí cómo funciona.

¿Son seguras nuestras comunicaciones? Si hablamos de espías telefónicas podría pensarse que nos referimos a las películas de James Bond o Jason Bourne. Lo cierto es que estas obras del celuloide tienen una base en la realidad, y no es menos cierto que en la realidad existe un sistema para poder controlar las llamadas telefónicas que hacemos los españoles. Este sistema se llama SITEL, y está en la palestra política por una exigencia del PP. Rubalcaba se escuda en que ya estaba en funcionamiento con Aznar, y el PP lo niega: ellos lo compraron, pero nunca lo usuaron. Afirman que ha sido Zapatero el primero en ponerlo en marcha, y para colmo y para variar, a espaldas de los jueces y, por supuesto, de los ciudadanos. 

No analizaremos aquí la situación actual, sino el funcionamiento de SITEL. 

Como en casi todos los campos de nuestra vida, los ordenadores han hecho su aparición en la telefonía, y por tanto las posibilidades que ofrece la tecnología son casi infinitas. De cara a los usuarios, podemos disfrutar de funciones de comunicación avanzadas, como las de llamadas en espera, las de conferencias a tres bandas, las de videoconferencia, las de envío de mensajes SMS y un largo etcétera. De cara a las autoridades, SITEL puede

Dar información sobre la llamada: podremos conocer todas las llamadas efectuadas y recibidas por una persona. Por supuesto, también la hora y la duración, así como el teléfono del interlocutor, lo cual permite saber con quién nos comunicamos. 
Dar información de posicionamiento: similar a un navegador GPS para carretera, con un móvil podemos saber en cualquier momento desde qué zona se ha hecho cada llamada. Es más, podemos dónde está alguien aunque no haga llamadas, basta con el el móvil esté encendido. 
– Dar información de otro tipo: datos sobre el terminal, el usuario (recordemos que ahora los clientes de prepago tienen que identificarse), grabación de las conversaciones, registro de mensajes, correos electrónicos, etc. 

Para poder hacer todo esto, SITEL consta de un ordenador central comunicado con los ordenadores de las redes telefónicas para que estos le suministren todos los datos citados antes sobre un terminal y una copia de todas las conversaciones mantenidas por un usuario. Por supuesto, todo esto ha de estar supervisado y aceptado por un juez.
 
SITEL está pensado para poder tener un control judicial efectivo de esas actividades de intercepción y escucha. El encargado de ver qué datos se piden a las redes telefónicas y qué conversaciones se graban es un puesto de control, que sólo debería emitir órdenes validadas judicialmente. Idealmente, ese puesto de control debería ser supervisado u operado por el juez. 

Una vez que se ha emitido una orden judicial para “espiar” a un cierto teléfono, las actividades cotidianas de consulta de las llamadas realizadas, de consulta del posicionamiento del usuario, etc… son realizadas por una serie de puestos de observación que, normalmente, estarán manejados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de los Servicios de Información. El contenido de las conversaciones telefónicas nunca pasa por esos puestos de observación manejados por la Policía, sino que va directamente al puesto de control que, como ya hemos dicho, debería estar sometido a control judicial. 

El funcionamiento real, es el siguiente: 

1. La Policía está obligada a dar al agente que lleve la investigación toda la información sobre la identificación de la persona, su domicilio, el número de titularidad del servicio, el número de cuenta asignada al proveedor de Internet, la dirección de correo electrónico, la situación geográfica de la terminal, etc. Una información que se facilita antes de que se pida la orden judicial.
2. Con esta información en la mano, la Policía pide permiso a un juez para pinchar la línea telefónica del sospechoso de un delito.
3. Cuando el magistrado concede el permiso, comienza la vigilancia de las comunicaciones.
4. La Grabación se realiza a través del software de Sitel, que además aporta datos como la identidad, la localización o la operadora con la que tiene contratado el servicio. Datos que se pueden recopilar antes de iniciar la escucha.
5. El agente realiza las escuchas a partir del material almacenado en Sitel.
6. La Policía muestra al juez la grabación y éste decide qué parte le sirve y qué parte se destruye. Siempre se rompe el CD, pero el archivo original continúa en Sitel. 

Es decir, que a la luz de las investigaciones que desvela el abogado Guillermo Díaz Bermejo en Noticias Jurídicas, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia puede obtener los datos de carácter personal de cualquier usuario de teléfonos móviles en cualquier momento y en cualquier punto de España sin necesidad de disponer, para ello, de un permiso judicial.

 

 

El policía que investigó el chivatazo a ETA se defiende y el SUP pide que intervenga la Guardia Civil

El ministro no tendrá nada que decir, pero el cruce de acusaciones entre policías por el asunto del chivatazo a ETA alcanza niveles desconocidos. Primero ha sido el propio Inspector Jefe que dirigió la investigación el que ha difundido una nota registrada ante notario y en la que afirma que dos policías de manera canallesca y servil colaboraron con los terroristas para reventar aquella operación contra el entramado financiero de ETA en 2006, en pleno proceso de paz.

Bar Faisán, en Irún

 Carlos, este inspector actualmente en la unidad de Asuntos Internos de la Policía, arremete contra el fiscal por haberle recriminado en su escrito que no investigase todo lo que debía de haber investigado para aclarar aquellos hechos. Dice además el inspector que el día del chivatazo él se encontraba reunido con el juez Marlaska, quien dirigía la operación contra ETA. Se defiende así de los que le señalan como uno de los responsables del chivatazo.

 Posteriormente ha salido a la palestra el Sindicato Unificado de la Policia, quien pidió hace dos semanas al juez que investigara al investigador, es decir, a este policía. El SUP propone que se encargue una nueva investigación a la Guardia Civil, no a la Policía, que se haga un careo entre todas las partes afectadas, también a los franceses,  y que se identifiquen los cientos de teléfonos que realzaron ese día llamadas en torno al bar Faisán, lugar del chivatazo. El sindicato asegura que no realiza sus afirmaciones por motivos corporativos, como les acusa el policía Carlos, que de eso y de linchamientos públicos, sabe más el inspector jefe.

 

Interior cambió al jefe del grupo que investigó el chivatazo a ETA

Según publica el diario EL MUNDO sobre el ‘Caso Faisán’, el Ministerio del Interior retiró del equipo que investigó la red de extorsión de ETA y el posterior chivatazo al comisario jefe encargado de coordinarla, y dejó a la cabeza a un funcionario policial de rango inferior contrario a la desarticular la trama en ese momento.

El ‘caso Faisán’ continúa generando noticias.

 Inicialmente, el equipo de investigación conjunta hispano-francés encargado de desentrañar la trama de extorsión que giraba alrededor del bar Faisán estaba encabezado por dos comisarios: uno francés y el otro español. Sin embargo, cuando las pesquisas comenzaron a coger velocidad de crucero, el Ministerio del Interior impuso el cambio de responsable.

 En la documentación oficial de la configuración del equipo policial ya no figuraba el comisario jefe José C.. El entonces responsable de la UCI (Unidad Central de Inteligencia) fue precisamente el primero que, en las diligencias previas abiertas, puso en el punto de mira sobre la responsabilidad del chivatazo al inspector jefe que le sustituyó en la investigación, Carlos G.. De hecho, en su informe indica que éste no estaba a favor de desarticular la red porque podían perjudicar el llamado proceso de paz entre ETA y el Gobierno.

 El hecho de que en el equipo español se incorporara el nombre del inspector jefe Carlos G. sorprendió mucho en la cúpula policial de la lucha antiterrorista. Sobre todo, porque se equiparaba en el equipo a un inspector jefe de la Policía española con un comisario de la Policía francesa, lo que, desde el punto de vista operativo, restaba peso policial a España en este equipo.

 

El Caso Faisán llega al Congreso

Jornada dura la que se espera este miércoles en el Congreso de los Diputados. Y es que pese a la ausencia de Zapatero – de gira por Oriente Próximo tras su visita a Obama – el PP lleva al Pleno dos asunto de tremendo calado. En primer lugar desde la bancada del PP interpelará al ministro del Interior sobre el caso Faisán. Además la situación de los atuneros españoles en el Índico también sobrevolará sobre el Congreso.

Se espera una sesión de control animada

El “caso Faisán” centrará buena parte de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que el PP pedirá explicaciones al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de solicitar el archivo provisional de las pesquisas sobre el presunto “chivatazo” a ETA.
    
Sin la presencia en el pleno del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero no habrá pregunta a cargo del líder del PP, Mariano Rajoy. La portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría, sí preguntará a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, para saber si entiende que “solucionar los problemas de los españoles forma parte del trabajo del Gobierno”, y ello cuando el atunero “Alakrana” permanece secuestrado en Somalia.

Con un muerto en la mesa, el Gobierno acerca a diez presos de ETA al País Vasco.

Rubalcaba apuesta por enviar señales positivas con el fin de convencer a los presos que están indecisos.

El Gobierno acerca a diez presos destacados de ETA al País Vasco

Según informa hoy el diario “El Mundo”, el debate interno entre los presos de ETA sobre la continuidad de la lucha armada sigue vivo, y el Ministerio del Interior está dispuesto a aprovechar la brecha abierta en el frente etarra a propósito de esta cuestión. Para ello, el Gobierno habría decidido recuperar la política de otorgar “premios” a los reclusos que se apartan de la línea dura de la banda terrorista y defienden, de ese modo, el abandono de las armas.

Y es que, tal y como afirma este medio, la mayoría de los beneficiarios de esta medida habrían mostrado su rechazo a la actual estrategia de violencia que lleva a cabo la banda terrorista ETA.

Según Lázaro, desde el pasado 15 de octubre hasta ahora, el Gobierno ha acercado a prisiones próximas al País Vasco a diez miembros destacados e históricos de ETA. La mayoría de los beneficiarios de esta medida ha mostrado su rechazo a la actual estrategia de violencia que lleva a cabo la banda terrorista y ha tomado posiciones en defensa del diálogo y la negociación para acabar con lo que ellos denominan el conflicto vasco.

Se trata, en casi todos los casos, de antiguos dirigentes y de ex activistas destacados que ya han sido expulsados de ETA por haberse pronunciado en contra de la “lucha armada”.

Aunque entre los trasladados hay también otros reclusos que no se han manifestado sobre el abandono de las armas, pero que cuentan con un historial suficientemente sangriento como para que tengan un papel relevante en el seno de la banda asesina.

Esta es la primera iniciativa de “premios y castigos” hacia presos con delitos de sangre condenados por sus acciones como etarras desde que Rubalcaba puso en marcha un equipo especial de seguimiento de los internos de ETA para intentar resquebrajar el autodenominado “frente de makos” (carcelario) de la banda.

La intención del Ministerio del Interior con esta medida es continuar con el traslado de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco.

Según fuentes penitenciarias consultadas por este periódico, para las próximas semanas, el número de internos de la organización terrorista que se verán beneficiados por esta política llegará a la veintena.

De lo que no cabe duda es de que con esta medida, los responsables del Departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba apuestan por enviar señales positivas, una especie de estímulos para convencer a los presos que están indecisos de que abandonen la vía de la violencia. Al parecer Rubalcaba habría mantenido al tanto de la “operación” a Federico Trillo.

El mensaje dirigido hacia quienes tienen dudas es claro: Si abandonas la senda de la violencia puedes lograr algunos beneficios penitenciarios, como es cumplir tu condena cerca del País Vasco. Pero aún hay más: Los “buenos” tendrán la posibilidad de cumplir el resto de sus penas todos juntos.

La lista de los “trasladados” incluye, entre otros, a “Pakito”, “Iñaki de Rentería” o Urrusolo Sistiaga.