Así nos robaron Gibraltar

En 1704 los ingleses obtuvieron el control de Gibraltar

Gran Bretaña robó literalmente el Peñón. ¿Cómo fue? ¿Cómo aquella tierra española pasó a ser ilegalmente inglesa? ¿Cómo nos robaron la Roca?

La reivindicación de Gibraltar ha sido una constante de la política española desde su pérdida en 1704 hasta nuestros días. La propaganda de una clase política bastante inculta ha tratado de imponer la idea de que reivindicar Gibraltar es algo “franquista”. Falso de toda falsedad: durante tres siglos, todos los gobiernos españoles, de derechas o de izquierdas, monárquicos o republicanos, han defendido la soberanía española. He aquí algunos testimonios:

 Francisco Pi y Margall, presidente federalista de la I República: “La patria está encogida porque está cercenada con la exclusión de Gibraltar”. Emilio Castelar, presidente conservador de la I República: “Yo admiro mucho a la nación inglesa. Mas declaro que no puede ser nuestra aliada mientras posea Gibraltar”. Manuel Azaña, presidente del Gobierno de la II República: “Toqué la cuestión del Estrecho haciendo ver la importancia de asegurar su dominio, en caso de guerra. Examiné la cuestión de Gibraltar y dije al Consejo mi propósito de preparar desde el Ministerio de la Guerra los planes necesarios para tener aquel dominio”.

 La traición de Rooke

 Gibraltar es suelo español desde tiempos de los romanos. La captura británica de la roca fue un simple acto de piratería. Pero, ¿cómo sucedió?

 Estamos en 1704. España sufre la Guerra de Sucesión. Carlos II, el último Austria, ha muerto sin descendencia. Los grandes poderes mundiales mueven ficha para que la Corona española quede bajo su área de influencia, porque España ya no es el imperio que fue, pero sigue siendo una potencia descomunal. Por un lado está Francia, que tiene a su favor el testamento real, porque Felipe de Anjou, nieto del rey francés Luis XIV, ha sido designado heredero por Carlos II, de quien era sobrino; Francia sueña con una alianza francoespañola que multiplique el poder de los Borbones y frene en seco a Inglaterra. Por otro lado está la coalición del imperio austriaco y de Inglaterra, el primero porque el Archiduque Carlos, igualmente sobrino de Carlos II, había sido designado sucesor con anterioridad, y los ingleses porque, evidentemente, temían la constitución de un bloque francoespañol. Podemos ahorrarnos el cruce de intrigas palaciegas y diplomáticas. El hecho es que en 1702 comienza la guerra; primero una guerra europea, después una guerra española.

 En ese contexto de la Guerra de Sucesión, el 3 de agosto de 1704 se presenta ante Gibraltar una flota anglo-holandesa al mando del almirante Rooke. No viene en nombre de Inglaterra, sino del Archiduque Carlos; es decir, no es que los ingleses estén invadiendo España, sino que esa fuerza forma parte de los ejércitos de uno de los aspirantes al trono. La fuerza naval es importante: unos 900 cañones amenazan desde el mar. Las defensas de Gibraltar son exiguas: 80 soldados, un centenar de milicianos sin instrucción y 120 cañones de los que un tercio eran inservibles, al mando del sargento mayor Diego de Salinas. Los ingleses instan a la rendición en nombre del Archiduque. No obstante, como la mayor parte de España, incluido Gibraltar, ya habían prestado obediencia a Felipe V de Borbón, la fortaleza decide resistir. La flota anglo-holandesa bombardea a conciencia el peñón: cinco horas de cañoneo, unos 3.600 disparos. Finalmente la plaza se rinde. Es el 4 de agosto de 1704. Salinas no se rinde a los ingleses, sino a Carlos III de Austria, rey de España.

 Pero es entonces cuando los ingleses hacen algo que, en rigor, sólo se puede considerar como un acto de piratería. El almirante Rooke, desobedeciendo las órdenes de su jefe, que es el Príncipe de Hesse Darmstadt, y aparentemente sin instrucciones directas de Londres, decide cambiar las tornas y tomar el peñón para la reina Ana de Inglaterra. Las tropas que habían tomado Gibraltar se entregan al asesinato, la violación y el saqueo. El Santuario de Nuestra Señora de Europa fue ultrajado; las imágenes sagradas, decapitadas. Los civiles, antes que someterse a los ingleses, prefirieron abandonar la ciudad; se refugiaron en la ermita de San Roque, y así nació la ciudad que ahora lleva su nombre. Allí se conservan las llaves de la vieja fortaleza gibraltareña.

 Contra toda legalidad

 Los españoles intentaron recuperar Gibraltar sucesivas veces desde aquel mismo año de 1704. Nunca fue posible. Inglaterra decidió aceptar el regalo del pirata Rooke. Después de todo, los ingleses ambicionaban Gibraltar al menos desde medio siglo antes, cuando Cromwell concibió el plan de tomar el Peñón y convertirlo en base para hacer guerra de corsario contra España. Cromwell no lo logró. Tampoco quienes, antes, habían lanzado sus barcos contra aquella roca española, como el pirata Barbarroja en 1540 o el almirante holandés Heemskerk en 1607. Gibraltar no cayó en una derrota militar, sino en una innoble trampa de trilero.

 Como es sabido, el estatuto de Gibraltar se formalizó en 1713 el Tratado de Utrecht, que ponía fin a aquella gran guerra europea en cuyo interior se había librado la Guerra de Sucesión española. Aquel Tratado, en lo concerniente al Peñón, decía así:

 “El Rey Católico cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, (…) dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Pero, para evitar cualesquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el Rey Católico que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. (…) Y  si se aprehendieran algunas mercaderías introducidas por Gibraltar, ya para permuta de víveres o ya para otro fin, se adjudicarán al fisco y serán castigados severamente los culpados. (…) Si en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar, se dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla.”

 Aquello era, ciertamente, una borbónica bajada de pantalones, pero sólo hasta cierto punto. Primero, España no aceptaba la legitimidad de la captura inglesa de Gibraltar. Además, la cesión quedaba sometida a numerosas condiciones: la supresión del comercio entre la plaza y el territorio vecino, y el respeto por parte de Inglaterra del culto católico en la plaza. Desde entonces, y va ya para tres siglos, los ingleses han incumplido reiteradamente ya no sólo la legalidad, sino sus propios compromisos.

 Tan evidente es que los ingleses no tienen razón, que en la propia Gran Bretaña han abundado los testimonios de gentes muy relevantes a favor de que Gibraltar vuelva a España. El general Sir Robert Gardiner, gobernador de Gibraltar, decía en 1856: “¿Cuáles deben ser los sentimientos de todos los españoles con esta noble Roca a la vista siempre, ocupada por extranjeros?”. John Bright, político liberal británico, denunciaba en 1862: “El Peñón de Gibraltar fue tomado y retenido por Inglaterra cuando no estábamos en guerra con España y su apropiación fue contraria a todas las leyes de la moral y del honor”. William C. Atkinson, hispanista escocés, reconocía en 1954: “La toma de Gibraltar en 1704 fue un acto de piratería”. Arnold J. Toynbee, historiador británico, se preguntaba en 1966: “¿Le agradaría al pueblo británico ver una fortaleza rusa o china en Land’s End o en las islas del Canal?”.

 La ONU definió en 1964 el estatuto de Gibraltar como colonia, lo cual debería haber implicado ya su devolución a España. Hoy se dice que en un entorno político como el de la Unión Europea, la reclamación española sobre Gibraltar ya no tiene sentido. En realidad, lo que no tiene sentido es la pervivencia de una colonia inglesa en suelo español. Porque el Peñón es suelo español… robado por un almirante inglés que traicionó la confianza de un pretendiente del trono de España. Gibraltar no puede ser moneda de cambio con ningún otro territorio. Gibraltar es, sencillamente, España.

Otro ataque a la libertad religiosa

NOTICIAS GLOBALES, Año XIV. Número 1022, 54/11. Gacetilla n° 1137. Buenos Aires, 29 diciembre 20111137)

 OEA: OTRO ATAQUE A LA LIBERTAD RELIGIOSA.

 Fuentes: Propias; CIDH, Acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos, (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 61, 22-11-11); Comunicado de prensa 131/11, 21-12-11. Por Juan C. Sanahuja

Con fondos de Finlandia y España la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) profundiza la tiránica reingeniería social anticristiana. Si las recomendaciones se hacen efectivas las instituciones católicas de salud estarían en la disyuntiva de hacer abortos y distribuir abortivos o desaparecer .

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó el 21 de diciembre, el informe Acceso a la Información en Materia Reproductiva desde una Perspectiva de Derechos Humanos, recomendando a los estados americanos mejorar y profundizar la divulgación entre las mujeres de información sobre los servicios de salud sexual y reproductiva: métodos de planificación familiar, anticoncepción oral de emergencia, esterilización y aborto legal.

El informe fue publicado gracias al apoyo financiero de España y Finlandia, según consta en la carátula del mismo.El informe se basa en documentos de la misma CIDH y de los organismos de derechos humanos de la ONU, por ejemplo: del Comité de los Derechos del Niño, Observación General 3, El VIH/SIDA y los derechos del niño, 17-03-2003; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General n° 24, La Mujer y la Salud; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, Observación General n° 14, 11-08-2000; Informe del Relator Especial Paul Hunt, El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, 16-02-2004; etc.

Toda esta bibliografía forma parte de la reinterpretación de los derechos humanos, instrumento para la imposición de la reingeniería social anticristiana.La objeción de concienciaEl informe reafirma la “autonomía reproductiva” de las mujeres, las jóvenes y las niñas, con absoluta independencia de los cónyuges, en el caso de las mujeres casadas, y de los padres, en el caso de las jóvenes y las niñas.

En este contexto el aborto es considerado un derecho, aún a costa de los dictados de la conciencia del personal de los servicios de salud y de los funcionarios del área de la salud pública. Citando el informe del ex-Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Paul Hunt, dice: “algunas opiniones tradicionales en materia de sexualidad obstaculizan a la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, como el suministro de información fiable, y tienen un efecto especialmente nocivo para los adolescentes”.

Por eso, lo que destaca de este informe como recomendaciones más inicuas son, en primer lugar, la recomendación de obligar al personal médico o farmacéutico objetor de conciencia a derivar (referir) a otros que los provean a las mujeres que demanden servicios de salud reproductiva que ellos no estén dispuestos a dar.

 Dice el informe: “si una mujer requiere información y servicios de planificación familiar y/o sobre otros servicios de salud reproductiva legales, y el profesional de la salud tiene sus propias convicciones respecto de la utilización de dichos servicios, está en la obligación de referir a la paciente a otro proveedor de salud que pueda proveer dicha información y servicios”, es decir, el objetor se convierte en cómplice del aborto, de la esterilización, o de la distribución de abortivos.En segundo lugar, destaca la recomendación que dice: “la objeción de conciencia no es un derecho del cual son titulares las personas jurídicas o el Estado, sólo es posible reconocerlo a personas naturales”, es decir, se niega el derecho a no brindar “servicios” inmorales a hospitales, clínicas, compañías de seguros médicos. Si esta recomendación se hace efectiva las instituciones católicas de salud estarían en la disyuntiva de hacer abortos y distribuir abortivos o desaparecer. La imposición de Obama a los servicios de salud católicos de USA de proveer medios de salud reproductiva (aborto) a partir de 2012, y el cierre de las agencias católicas de adopción en ese país y en el Reino Unido por negarse a entregar niños en adopción a parejas homosexuales, son antecedentes a tener en cuenta.El informe de la CIDH, es una manifestación más del avasallamiento a la libertad religiosa, que desde hace tiempo es objetivo del nuevo orden mundial.

 NOTICIAS GLOBALES es un boletín de noticias sobre temas que se relacionan con la PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA VIDA HUMANA Y LA FAMILIA. Editor: Pbro. Dr. Juan Claudio Sanahuja

 

ONU: La Santa Sede afirma el derecho de los padres a enseñar sexualidad

Las políticas de la ONU sobre la juventud deberían respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos, incluido el tema de la sexualidad humana y de la “salud reproductiva”, dijo el representante de la Santa Sede.

Monseñor Francis Chullikatt, observador permanente de la Santa Sede en Naciones Unidas, afirmó esto en su discurso en el encuentro de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la juventud.

“Cada uno de los jóvenes debería poder ser educado en el entorno en el que es capaz de crecer y aprender, esto es, en una comunidad y sociedad caracterizadas por la paz y la armonía, libres de toda violencia y discordia. Cada uno de los niños, con el fin de poder disfrutar de un desarrollo completo y armonioso de su personalidad, debería crecer en el entorno de una familia, en una atmósfera de felicidad, amor y comprensión”, afirmó el arzobispo.

El representante de la Santa Sede dijo que este tipo de entorno “promoverá el bien y la responsabilidad del ciudadano que es esencial para el bien común de la humanidad”.

La responsabilidad y el respeto a los demás se aprende en una familia, continuó monseñor Chullikatt. “La familia tiene un importante papel que desempeñar en la educación de los niños para desarrollar sus facultades y en la formación y adquisición de los valores éticos y espirituales para que estén arraigados profundamente en la paz, la libertad y la dignidad e igualdad de todos los hombres y mujeres”, afirmó. “La familia, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, es el grupo de unión fundamental de la sociedad y el estado y la sociedad deben garantizar su protección”.

Educación

El prelado, de 58 años de edad, recordó a las Naciones Unidas que “los padres, padre y madre unidos, tienen la responsabilidad primaria de educar y ayudar a crecer a sus hijos para ayudarles a convertirse en buenos ciudadanos y líderes”.

“Los padres no pueden eludir esta responsabilidad”, dijo.

Y los estados, añadió el prelado, “están llamados, de acuerdo a los instrumentos internacionales, a respetar estas responsabilidades, derechos y deberes de los padres a este respecto”.

“Las políticas de juventud, programas, planes de acción y compromisos aprobados por los estados miembros debería respetar totalmente el papel de los padres en el bienestar de sus hijos y su educación”, dijo el representante de la Santa Sede, “incluyendo el tema de la sexualidad humana y la llamada ‘salud sexual y reproductiva’,(que) no debería incluir el aborto”.

Zenit

La Santa Sede sobre el derecho a la educación

 Santa Sede en las Naciones Unidas

Señor presidente,
1. El tema de esta Revisión Ministerial Anual, “Aplicación de los compromisos y objetivos internacionalmente acordados en materia de educación”, es de urgente importancia para la realización global del desarrollo integral humano para el futuro de la familia humana. La educación es, antes que nada, un derecho fundamental de la persona humana y la validez de todas las políticas de desarrollo se miden por su respeto al derecho humano de la educación.

De hecho, la educación juega un papel fundamental en la realización de un crecimiento económico sostenible y equitativo, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y la reducción de la inequidad y la desigualdad. Es indispensable proteger y afirmar la dignidad trascendente de todos los hombres y mujeres.

La comunidad internacional ha hecho grandes progresos en la reducción del número de niños que no tienen acceso a la educación primaria. Sin embargo, en 2008, unos 67’5 millones de niños se quedaron fuera de las escuelas, y de acuerdo al Informe de Monitorización Global, si la actual trayectoria se mantiene, la comunidad internacional no será capaz de alcanzar la meta de la educación primaria universal para 2015. Entre los países menos desarrollados, tres países han informado de que tienen una tasa de escolarización inferior al 50% y sólo 17 países tienen una tasa superior al 80%.

Este año se cumple el 25 aniversario de la Declaración del Derecho al Desarrollo. En esta ocasión, deberíamos recordar que un contexto social más justo, incluyendo un profundo compromiso de esfuerzo para erradicar la pobreza, influiría positivamente en el acceso a la educación, especialmente para los niños que viven en condiciones de bajos ingresos, o en áreas rurales o en situaciones de marginación.

Sin embargo, la calidad de la vida no sólo depende de superar la pobreza económica, sino del nivel cultural, la calidad de las relaciones humanas, y la calidad de las relaciones interpersonales entre las gentes, objetivos que podrían ser alcanzados a través de la educación.

También debemos destacar que unos 28 millones de niños que no van a la escuela viven en países afectados por el conflicto. Además, mucha gente vive en un entorno de violencia política, crimen organizado, tasas excepcionalmente altas de asesinatos o conflictos de menor intensidad. Este tipo de formas de la llamada “violencia menor” pueden causar tanta, sino más, destrucción que algunas guerras formales y conflictos civiles. La gente en tales situaciones, son doblemente propensas, en comparación con las que viven en sociedades desarrolladas, a estar desnutridas, tres veces más a estar privadas de educación, y dos veces más a morir en la infancia. Por esto, un profundo compromiso de la comunidad internacional con la paz, la reconciliación y la solidaridad puede ejercer una influencia positiva para llegar al disfrute del derecho de la educación universal.

Los derechos humanos fundamentales están interrelacionados y exigen el respeto del uno por el otro. En particular, el derecho a la educación no puede ser aislado de la promoción e implementación de una mayor justicia y equidad entre nuestras sociedades. Como afirmó el Comité ECOSOC, el derecho a la educación es “el epítome de la indisolubilidad e interdependencia de todos los demás derechos humanos” [1]. De acuerdo con el Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la educación primaria debería ser obligatoria y de acceso gratuito para todos (art. 13, 2-4).

2. Los Estados tienen la esencial responsabilidad de asegurar la provisión de los servicios educacionales. Al mismo tiempo, el derecho a educar es una responsabilidad fundamental de los padres, iglesias y comunidades locales.

Por esto, las instituciones públicas, especialmente a nivel local, organizaciones de la sociedad civil y también del sector privado, podrían ofrecer sus contribuciones únicas y respectivas para la consecución del acceso universal a la educación. En este contexto, la sociedad civil debería, también, proveer de servicios alternativos, implementar acciones innovadoras, y también ejercitar una función crítica que pueda movilizar las fuerzas sociales para asistir a los Estados en el desempeño de sus responsabilidades educativas respetando el principio de subsidiariedad.

Por otra parte, el papel fundamental desempeñado por los programas educacionales de la sociedad civil debería ser reconocido y alentado. De hecho, el sistema educacional funciona correctamente cuando incluye la participación, en la planificación y en la implementación de políticas educacionales, de padres, familias y organizaciones religiosas, además de otras organizaciones de la sociedad civil y también del sector privado.

Durante siglos, los grupos religiosos han apoyado la educación básica y, de hecho, fueron las primeras instituciones que proveyeron de educación básica a las poblaciones más pobres. Deberíamos fijarnos, por ejemplo, en la experiencia y contribución directa de la Iglesia Católica en el área de educación. Hay unas 200.000 escuelas católicas de primaria y de secundaria localizadas en todos los continentes del mundo con unos 58 millones de estudiantes y 3’5 millones de profesores. Se caracterizan por un enfoque abierto y global, sin distinciones de raza, sexo o condiciones sociales. La persona humana siempre permanece en el centro de la tarea educativa, ya que la educación es genuina cuando humaniza y personaliza, de manera que, a cambio, la persona pueda humanizar al mundo, configurar la cultura, transformar la sociedad y construir la historia.

En contacto cercano con las familias de estudiantes, cuya libertad para d ecidir la educación de sus hijos es un derecho natural, la escuelas católicas acompañan a los estudiantes hacia la madurez y la capacidad de tomar decisiones libremente, razonables, y basadas en los valores. Mientras custodien su identidad, estas escuelas dan la bienvenida a los estudiantes de todas las etnias y contextos religiosos y clases socio-económicas.

3.En nuestro mundo global, el papel clave de la educación se vuelve aún más esencial para permitir la coexistencia pacífica y el mutuo reconocimiento de todos los sectores de la sociedad. La simple transmisión de la información técnica es insuficiente. El objetivo de la educación ha de incluir en la formación de la persona, la transmisión de valores, como un sentido de la responsabilidad y social, un trabajo ético, un sentido de solidaridad con la toda familia humana.

En este proceso educacional, los Estados deberían respetar las elecciones que los padres hacen para sus hijos y evitar los intentos de adoctrinamiento ideológico. El Convenio sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que “Los Estados partes se comprometen con el presente Convenio a respetar la libertad de los padres… de escoger las escuelas para sus hijos, que sean distintas a las establecidas por las autoridades públicas… y asegurar la educación religiosa y moral en conformidad con sus propias convicciones”. [2] Y esto incluye el derecho a hacer juicios morales en temas morales. Las organizaciones religiosas están en una posición única para promover resultados equitativos para los niños y familias más vulnerables. Aún más, las instituciones educacionales a menudo llegan a estas comunidades, por ejemplo, en áreas remotas y rurales, que permanecen sin cobertura de las políticas gubernamentales.

 El continuo compromiso de las organizaciones religiosas en la promoción y aplicación del derecho de todas las personas a la educación básica y de buena calidad mejora la consecución de los objetivos de auténtica educación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para mejorara los resultados educacionales, la cooperación cercana entre padres y escuelas debe ser fomentada.

Señor Presidente,

4. Como se propone en el Documento Resultante , mi Delegación cree que el esfuerzo educacional global debería ser contextualizado socialmente dentro de un espíritu de justicia y a través de medidas prácticas que hacen que la educación se adapte al siglo XXI. Para lograr esto, por ejemplo, el estado y la sociedad civil deben asegurar una formación de alta calidad de los profesores para que consideren su papel como una misión especial y que su servicio sea reconocido de acuerdo a esto.

 Para alcanzar la meta deseada de acceso universal, todos los elementos de la sociedad deben participar. La sociedad civil, especialmente las organizaciones religiosas y las asociación de padres, están preparados para realizar su contribución, pero los recursos financieros públicos deben estar disponibles para asegurar la imparcialidad de su fuerte compromiso en el proceso educacional de acuerdo a las elecciones de los padres. Con resp ecto a los niños y jóvenes que ya han sido excluidos del sistema educacional, la sociedad les puede proveer de una “segunda oportunidad”; de nuevo son las organizaciones religiosas las más aptas para ese menester. Este esfuerzo extra dará beneficios futuros a la sociedad en término de prevención de crímenes, comportamientos desordenados y tasas altas de de desempleo. La información y la tecnología de la comunicación, mantenida a bajo coste, puede abrir un nuevo capítulo en la preparación de nuevas posibilidades, la educación móvil, así como la gestión de la misma.

5. Los políticos tienden a considerar la educación como una clave para la supervivencia económica. Habilidades tales como la alfabetización y la aritmética combinados con hábitos de la mente como la creatividad convierte la educación en algo funcional para la economía. Pero el horizonte necesita ampliarse. Como el Papa Benedicto XVI observa: “…la persona crece en la medida en la que experimenta lo que es bueno y aprende a distinguirlo del mal, más allá del cálculo que considera sólo las consecuencias de una acción sencilla o que utiliza como criterio de juicio la posibilidad de hacerlo”.

La responsabilidad educativa de todos los que tienen en el corazón la ciudad del hombre y el bienestar que las generaciones futuras requiere un compromiso continuo de una educación primaria accesible también por su calidad.

La educación secundaria y superior debería ser también disp onible y accesible. La educación, de hecho, no está sólo “dirigida hacia el total desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad”, pero esto es también un medio para la participación del individuo en una sociedad libre y un instrumento que promueve la comprensión mutua y “la amistad entre todas las naciones y todas las razas, etnias o grupos religiosos” [3]. Un objetivo no menos fundamental de la educación es la transmisión y el desarrollo de los valores morales y culturales comunes en cuya referencia el individuo y la sociedad encuentra su identidad y su valor.

Señor Presidente,

Llegar al objetivo de educación internacional de manera que los chicos y las chicas de todo el mundo puedan recibir una educación primaria total es un requisito ineludible. La imposición de condicionamientos económicos que afectan a este objetivo pudo ser la solidaridad mal calculada. La apertura a las asociaciones de la sociedad civil y del sector privado pueden contribuir eficientemente al objetivo común, cuando la equidad en el reparto de recurso se tiene en cuenta. En conclusión, esta es la misma preocupación que mueve a todos los interesados a actuar en nuestro mundo cambiante e interconectado, para hacer que los niños y los jóvenes tengan una mayor esperanza para el futuro.

[1] Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1999, par. 2.
[2] Convenio Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado el 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 3 de enero de 1976, art. 13, 3.
[3] Ibid., art 3, 1

Comunicado de la Santa Sede ante la Declaración de la ONU sobre el Sida

 “Comunicado de Interpretación” hecho público el pasado Viernes por la Misión de la Santa Sede en las Naciones Unidas sobre la Declaración Política sobre el HIV y el Sida, que se ha pedido que se incluya en el informe de la plenaria de alto nivel de la Asamblea General.

Señor presidente

Respecto a la adopción de la declaración, la Santa Sede ofrece el siguiente comunicado de interpretación. Pido que el texto de este comunicado, que explica la posición oficial de la Santa Sede, sea incluido en el informe de esta plenaria de alto nivel de la Asamblea General.

Al proporcionar más de una cuarta parte de toda la atención hacia quienes padecen VIH y el SIDA,las instituciones sanitarias católicas conocen bien la importancia del acceso a los tratamientos, atención y apoyo para los millones de personas que viven con el HIV y el Sida y están afectados por él.

La posición de la Santa Sede acerca de las expresiones “salud sexual y reproductiva” y “servicios”, la Recomendación ILO nº200, y la estrategia global de la Secretaría General sobre la salud de las mujeres y de las niñas debe ser interpretadaen términos de su reserva en el Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (ICPD) de 1994. La posición de la Santa Sede sobre el término “género” y sus varios usos debe interpretarse en términos de sus reservas en el Informe de la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer.

La Santa Sede entiende que, al referirse a los “jóvenes”, la definición no disfruta del consenso internacional, los estados deben respetar siempre las responsabilidades, derechos, y deberes de los padres de proveer de una dirección y guía adecuadas a sus hijos, que incluyen la responsabilidad primaria de criar, desarrollar y educar a sus hijos (cf. Convención sobre los Derechos de los Niños, art. 5, 18 y 27,2). Los estados deben admitir que la familia, basada en la relación de igualdad entre un hombre y una mujer, y elemento fundamental y natural de la sociedad, es indispensable en la lucha contra el VIH y SIDA, la familia es donde los niños aprenden los valores morales que les ayudarán a vivir de manera responsable y donde se provee gran parte del cuidado y del apoyo (cf. Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 16,3).

La Santa Sede rechaza referencias a términos como “poblaciones de alto riesgo” debido a que trata a las personas como objetos y puede dar la falsa impresión de que ciertos tipos de comportamientos irresponsables son, de alguna manera, moralmente aceptables. La Santa Sede no apoya el uso de preservativos u otro tipo de productos como parte integrante de los programas de prevención o clases/programas de educación en el sexo/sexualidad. Los programas de prevención o clases/programas de educación en sexualidad humana no debería centrarse en tratar de convencer al mundo de que un comportamiento de riesgo o peligros forma parte de un estilo de vida aceptable, sino que debe centrarse en evitar el riesgo, lo que es ética y empíricamente sólido. El único método seguro y fiable de prevenir la transmisión sexual del VIH es la abstinencia antes del matrimonio y el respeto y mutua fidelidad dentro del matrimon io, quees y debe ser siempre la base de toda discusión sobre la prevención y el apoyo.

La Santa Sede no acepta la llamada “reducción del daño” en los esfuerzos relacionados con el uso de las drogas. Este tipo de esfuerzos no respetan la dignidad de aquellos que sufren de adicción a las drogas ya que no tratan o curan a la persona enferma, sino sugerir falsamente que no pueden liberarse del ciclo de adicción. Estas personas deben recibir el apoyo espiritual, psicológico y familiar necesario para liberarse de la conducta adictiva y restaurar su dignidad y alentar su inclusión social.

La Santa Sede rechaza la caracterización de las personas que se dedican a la prostitución como “trabajadoras del sexo”, ya que dan la falsa impresión de que la prostitución puede ser una forma legítima de trabajo. La prostitución no se puede separar de la cuestión de la dignidad de las personas; los gobiernos y las sociedades no pueden aceptar tal deshumanización y cosificación de las personas.

Lo que se necesita es un enfoque basado en los valores para hacer frente a la enfermedad del VIH y SIDA, un enfoque que proporciona los cuidados necesarios y el apoyo moral a aquellos infectados y que promueve una vida conforme a las normas del orden moral natural, un enfoque que respete totalmente la dignidad inherente de la persona humana.

Gracias, señor Presidente.

XVI Sesión del Consejo de los Derechos Humanos sobre Libertad Religiosa

Monseñor Tomasi ante la ONU

Señor presidente:

1. En el centro de los derechos humanos fundamentales está la libertad de religión, conciencia y creencias: afecta a la identidad personal y a las decisiones básicas, y hace posible el goce de otros derechos humanos. Tal y como reconoce la Declaración de la ON U sobre la eliminación de la Discriminación Religiosa, la dimensión espiritual de la vida es una parte vital de la existencia humana [1].

Pero una creciente proliferación de episodios de discriminación y de actos de violencia contra personas y comunidades de fe y lugares de culto en muchas regiones geográficas diferentes del mundo deniega en la práctica el principio proclamado en la ley. La lucha religiosa es un peligro para el desarrollo social, político y económico. El conflicto religioso polariza a la sociedad, rompiendo los vínculos necesarios para que florezcan la vida social y el comercio. Y siembra semillas de desconfianza y amargura que podrán superarse sólo en generaciones. A menudo la impunidad y la negligencia de los medios de comunicación siguen a estas tragedias. Un reciente informe muestra que por cada 100 personas asesinadas a causa del odio relig ioso, 75 son cristianas [2]. Tal concentración de discriminación religiosa debería preocuparnos a todos noostros. Pero el propósito de la Santa Sede en esta intervención es el de reafirmar la importancia del derecho a la libertad de religión para todas las personas, para todas las comunidades de creyentes, y para toda sociedad, en todo lugar del mundo.

2. El Estado tiene el deber de defender el derecho a la libertad religiosa y tiene la responsabilidad de crear un ambiente en el que este derecho pueda ser disfrutado. Como se afirma en la Declaración sobre la Discriminación Religiosa y en otros lugares, el Estado tiene que realizar muchos deberes en el funcionamiento diario de la sociedad. Por ejemplo, el Estado no debe practicar la discriminación religiosa – en sus leyes, en sus políticas, o permitiendo de facto la discriminación por parte de empleados públicos. Debe promover la tolerancia religiosa y la comprensión en la sociedad, un objetivo que puede lograrse si los sistemas educativos enseñan a respetar a todos y los sistemas judiciales son imparciales en la implementación de las leyes y rechazan la presión política dirigida a asegurar impunidad a quienes perpetran crimenes contra los derechos humanos contra los seguidores de una religión particular. El Estado debería apoyar todas las iniciativas dirgidas a promover el diálogo y el respeto mutuo entre las comunidades religiosas. Debería reforzar las leyes y luchar contra la discriminación religiosa – vigorosamente y sin selectividades. El Estado debe proporcionar seguridad psicológica a las comunidades religiosas que son atacadas. Debe animar a la mayoría de la población a permitir a las minorías religiosas practicar su fe individualmente y en comunidad sin ame nazas ni obstáculos. El Estado debe tener leyes que hagan a los empleadores hacer “ajustes razonables” ante la religión del empleado.

3. La libertad de religión es un valor para la sociedad en su conjunto. El Estado que proteje este derecho permite a la sociedad beneficiarse de las consecuencias sociales que vienen de ello: coexistencia pacífica, integración nacional en las situaciones pluralistas de hoy, mayor creatividad dado que los talentos de todos se ponen al servicio del bien común. Por otro lado, la negación de la libertad religiosa obstaculiza cualquier aspiración democrática, favorece la opresión, y ahoga a toda la sociedad, que de vez en cuando explota con trágicos resultados. Desde esta perspectiva también, está claro que la libertad de religión y de convicciones está unida intrínsecamente a la libertad de opinión, expresión y asamblea. Junto a ello, un clima de libertad religiosa real se convierte en la medicina para prevenir la manipulación de la religión con propósitos políticos de conquista del poder o de mantenimiento del mismo, así como la opresión de los disidentes y de las comunidades y minorías religiosas diferentes. De hecho, la discriminación y las luchas religiosas raramente, si las hay, son solamnete el productro de la diferencia de opiniones y prácticas religiosas. Bajo la superficie hay problemas sociales y políticos.

4. Para recoher los beneficios sociales de la libertad religiosa es necesario elaborar medidas específicas que permitan florecer el ejercicio prácico de este derecho. Señor presidente, quisiera resaltar algunas medidas a nivel de la ONU. El Relator Especial sobre libertad religiosa debería ser invitado con regularidad a incluir información sobre la persecuci&o acute;n de grupos religiosos. Sería de ayuda si el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Oficina de las Naciones Unidas siguiese los casos de restricciones gubernamentales o sociales contra la libertad religiosa y la trasladase anualmente al Consejo de los Derechos Humanos.

 El artículo 20 de la Declaración de Derechos Civiles y Políticos [3], referido a la apología del odio religioso que incite a la discriminación religiosa, plantea importantes cuestiones, tales como la relación entre los diversos derechos y sobre las mejores formas de lograr objetivos legítimos. Leyes como la de la blasfemia son un ejemplo de ello. Los grupos de trabajo encargados de estudiar el art. 20 y de proponer buenas prácticas, constituyen un paso en la dirección correcta.

5. Concluyo, señor presidente, llamando la atención sobre tres percepciones falsas que rodean a la libe rtad de religión y creencias. En primer lugar, el derecho a expresar y practicar la propia religión no se limita a los actos de culto.También incluye el derecho a expresar la fe a través de actos de servicio caritativo y social. Por ejemplo, prestar servicios sanitarios y educativos a través de las instituciones religiosas son importantes formas para las personas de vivir su fe. [4].

 Segundo, las comunidades de creyentes tienen sus propias normas para cualificar a alguien para un cargo religioso, y para servir en las instituciones religiosas, incluidos los servicios de caridad. Estas instituciones religiosas son parte de la sociedad civil, y no de los poderes del Estado. En consecuencia, los límites que la ley internacional plantea a los Estados con respecto a las cualificaciones para los funcionarios y los servicios públicos no se aplican automáticamente a los actores no estatales. Según se reconoce en la Declaración sobre la discriminación religiosa, la libertad religiosa implica el derecho de una comunidad religiosa de establecer sus propias normativas [5]. La tolerancia religiosa incluye el respecto a las diferencias de opinión en estos asuntos, y el respeto de la diferencia entre el Estado y la institución religiosa. Y finalmente, existe el temor de que respetar la libertad de elegir y practicar otra religión, diferente de la propia, se basa en la premisa de que toda verdad es relativa y que la propia relición no válida de modo absoluto. Esto es un malentendido. El derecho de adoptar, y de cambiar, una religión se basa en el respeto de la dignidad humana: el Estado debe permitir a toda persona buscar libremente la verdad.

6. Señor presidente, el Estado tiene la obligación legal y ética de apoyar y hacer aplicable el derecho a la libertad de religión o convicción porque es un derecho fundamental y porque es su deber defender los derechos de los ciudadanos y buscar el bienestar de la sociedad,. Como afirmó Su Santidad el Papa Benedicto XVI al dirigirse al Cuerpo Diplomático, la libertad religiosa “es el camino fundamental a la paz. La paz se construye y preserva sólo cuando los seres humanos pueden libremente buscar a Dios en sus corazones y en sus relaciones con los demás” [6].

1 Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y de Discriminación basadas en la Religión o en las Creencias, Resolución 36/55 de la Asamblea General (1981); e.g., cuarto párrafo del preámbulo.
2 Cfr., Ayuda a la Iglesia Necesitada, La Libertad religiosa en el Mundo – In forme 2010; Conferencia sobre la persecución de los cristianos organizada por el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, grupos de europarlamentarios del Partido Popular Europeo, del Partido Conservador y del Grupo Reformista el 10 de octubre de 2011
3 Artículo 20 : “1.Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. 2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia será prohibida por la ley”.
4 Ver, por ejemplo, el artículo 6(b), Declaración sobre la Eliminación de toda forma de Intolerancia y de Discriminación basada en la Religión o en las Creencias.
5 Artículo 6(g), Declaración sobre la Eliminación de toda forma de Intolerancia y de Discriminación basada en la Religión o en las Creencias.
6 Benedicto XVI. Discurso a los Miembros del Cuerpo Diplomático, 10 de enero de 2011.

Mons. Héctor Aguer, denunció que en la ONU imperan ideologías contrarias al ser humano

Mons. Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata
En su reflexión televisiva semanal, en el programa “Claves para un Mundo Mejor”, el Arzobispo de La Plata, Mons. Héctor Aguer denunció que en la ONU imperan ideologías contrarias al ser humano y su dignidad, que esta institución busca imponer a nivel mundial en una especie de conspiración. En nombre de los derechos humanos, alertó, no respetan los derechos fundamentales de las personas como la vida y la familia.

El Prelado se refirió a los “cambios culturales que se van produciendo en Argentina mediante “la intromisión de ideas totalmente ajenas a la tradición cultural de la Nación y, sobre todo, los proyectos de ley impulsados por una minoría que suele autodenominarse progresista”.

Tras preguntarse “¿de dónde vienen estas cosas; de dónde proceden estos propósitos, estas ideas, estos proyectos? ¿Son una originalidad criolla?”, afirmó que “hay que decir que no. Se trata en realidad de un proyecto global” que viene de las Naciones Unidas y de una serie de organizaciones satélites de las Naciones Unidas”.

Luego de explicar que “hay mucho dinero que corre detrás de este intento de cambiar los paradigmas de conducta y alterar lo que son los auténticos derechos humanos”, el Arzobispo dijo que “entonces, podemos pensar que hay aquí una conspiración en el peor sentido de la palabra”.

“Hay una conspiración tendiente a homogeneizar el pensamiento y la conducta en el mundo entero y esto procede de los centros de poder mundial. Especialmente de los centros de poder político, sostenidos por los centros de poder financiero. Si no se ve aquí un nuevo colonialismo, un nuevo imperialismo, no sé qué nombre darle”, advirtió.

Seguidamente cuestionó: “¿Cómo es posible que los legisladores argentinos asuman esas ideas y las conviertan en proyectos de leyes?’ La transversalidad que encontramos en nuestros cuerpos legislativos tiene una dimensión internacional que se presenta como progresista y que se funda en una concepción antihumana y anticristiana, la que caracteriza a la posmodernidad”.

Tras enumerar una serie de problemas que no son tratados por los legisladores argentinos como la pobreza o la inseguridad, Mons. Aguer dijo que el “nuevo colonialismo o imperialismo” mundial que busca imponer la ONU, “desprecia especialmente a los pobres“.

“Es notable –continuó– cómo en nombre de los derechos humanos las Naciones Unidas, que debieran ser su tutela, se convierten en violadoras del derecho natural. Y eso es porque ya desde hace varios años, podríamos decir 15 por lo menos, se han impuesto en estos centros mundiales del poder ideologías contrarias a la naturaleza de la persona humana y, por tanto, de su dignidad, de sus auténticos derechos y de los deberes correspondientes”.

Finalmente el Prelado recordó que “en la década del ’90 del siglo pasado, las reuniones mundiales de Pekín y de El Cairo, tratando los temas de la población mundial o de la mujer en la sociedad actual, han esbozado planes de cambio cultural y los han exportado a todos los países del mundo, especialmente a aquellos que están en vías de desarrollo. En Pekín y en El Cairo, y luego las reuniones sucesivas que han continuado a aquellas, se ha procurado difundir la anticoncepción, el aborto y, otros presuntos derechos de la mujer fundados en la ideología de género“.