Padres objetores a EpC solicitarán al Constitucional que retire temporalmente la asignatura

Los padres objetores a la adoctrinadora asignatura de Educación para la Ciudadanía continúan en la línea de fuego. El abogado sevillano Carlos Seco, que defiende los intereses de varios madres y padres de alumnos objetores, ha indicado que solicitará al Tribunal Constitucional que “suspenda cautelarmente” del currículo el estudio de la asignatura.

Padres objetores, cuestión de libertad Según ha explicado el propio Seco, este grupo de padres ha decidido recurrir al TC “dado que ni antes ni después de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía del pasado mes de febrero se ha logrado obtener un jurisprudencia uniforme sobre la legalidad de esta asignatura por parte de nuestros tribunales, ya que con posterioridad a aquella se han seguido produciendo sentencias favorables a la objeción“.
Nuestra legislación exige que el Tribunal Constitucional pondere de una parte la protección de los derechos fundamentales, en nuestro caso, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, y el derecho de las familias a elegir la educación moral y religiosa de los hijos, y la perturbación, que ha de ser grave, para los intereses generales que supondría la adopción de tal medida“, apunta.De este modo, indica que la “contradicción” existente entre los pronunciamientos de los distintos tribunales antes y después de las Sentencias del Tribunal Supremo, en donde “unas afirman la existencia de vulneración de esos derechos reconocidos en la Constitución y otras, que sin negarlo, remiten a la concreción que se haga de los contenidos a los manuales y actividades docentes, avalan y ponen claramente de manifiesto que existen suficientes elementos indiciarios para considerar que debe acordarse la medida cautelar de suspensión temporal de las asignaturas, hasta que el propio Tribunal Constitucional dicte sentencia“.El abogado apuesta por esta actuación “más aún teniendo en cuenta el tiempo que puede tardar en resolver el recurso de amparo, tiempo durante el cual se estarían vulnerando la libertad ideológica y religiosa y el derecho a elegir la educación de los hijos, de modo tal que en el caso de obtener una sentencia favorable, ésta habría perdido su eficacia y se habría estado vulnerando los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita al Tribunal Constitucional“.De otra parte, destaca que “en ningún procedimiento judicial, la Administración educativa ha logrado probar o demostrar que si se acuerda dicha medida de retirada temporal de EpC se cause una lesión grave para los intereses generales“.En su opinión, “se trata de una materia de nuevo cuño, que nunca antes había existido en el sistema educativo desde la promulgación de la Constitución y desde la vuelta a la democracia, que nunca antes se había percibido la necesidad de introducirla en el currículo, y por tanto, que es difícilmente comprensible y defendible que exista un perjuicio grave al interés general si se acuerda temporalmente su retirada hasta que se pronuncie sobre el tema el Tribunal Constitucional“.

Riesgos y oportunidades de la revolución biotecnológica

Presidente del IOR: los economistas cristianos “deberían objetar” a ciertas prácticas

Con un editorial publicado en L’Osservatore Romano en la edición del 28 de octubre, el presidente del IOR (Istituto per le opere di religione), Ettore Gotti Tedeschi explicó los riesgos y las oportunidades de las biotecnologías en el contexto mundial.
De cara al futuro de la civilización, el conocido economista indicó que existen tres desafíos: resolver cuanto antes la crisis económica; aprovechar la oportunidad pero también el riesgo de las revolución tecnológica, y la competición d e los países por apropiarse del liderazgo tecnológico en el sector de las biotecnologías.

Tras reafirmar que los verdaderos orígenes de la crisis económica están en “el derrumbamiento de la natalidad y el desarrollo insostenible”, Gotti Tedeschi explicó que las biotecnologías pueden ser “un elemento realmente revolucionario en las relaciones económicas y morales”.
La biotecnologia de hecho puede ser “el motor para salir de la crisis económica, pero con el riesgo de relativizar la dimensión ética”.

El presidente del IOR distingue entre a las biotecnologías vegetales, animales y médicas, como motor del desarrollo, y las biotecnologías que quieren clonar y manipular el embrión humano, como amenaza a la dimensión ética.
Para Gotti Tedeschi es “evidente la oportunidad de desarrollar actividades productivas, basadas en la biotecnología, con perspectivas de crecimiento enormes en varios sectores económicos ligados a la satisfacción de necesidades básicas: alimento, energía, salud”.

De esta forma, “una revolución biotecnológica que puede desarrollar una Silicon Valley hecha de centros tecnológicos de ciencia para la vida – útiles al hombre, al medio ambiente, y en consecuencia también al producto interior bruto – acelerando así la solución de la crisis económica. Y esto podría ser un bien”.
“Pero la revolución biotecnológica, – observa el economista – además de producir elementos y recursos de otra forma escasos en la naturaleza – por ejemplo el petróleo – ha demostrado ser capaz de modificar la materia y la estructura genética y de poder producir sintéticamente organismos biológicos. Con la ilusión de comprender el secreto de la vida, de poderla programas e incluso construir”.

Y aquí el presidente del IOR mira con evidente preocupación la posibilidad “de selección y modificación de organismos vivientes para uso humano”.
“La capacidad de transferir genes de un organismo a otro – escribe – y de producir cada cosa por síntesis podría anular la percepción de la diferencia entre la intervención a favor de la salud del hombre y la dirigida a la creación de vida artificial. Y esto seguramente no sería un bien”.

En este contexto el presidente del IOR observa que “se está poniendo en marcha la competición por el liderazgo mundial en el nuevo escenario geopolítico generado por la crisis”, y revela que “se trata de una competición que probablemente se desarrollará precisamente en la búsqueda de la afirmación en el sector biotecnológico”.
Si fuese así, “se relativizarían aún más los criterios morales de valoración sobre lo que es justo y útil para el hombre y, en algunos países, podría incluso nacer la tentación de corregir la Biblia para justificar estas decisiones”.

En conclusión, Gotti Tedeschi afirma que “está claro que de esta crisis saldremos también a través de la revolución biotecnológica” y que “el peligro es que no se limite a la satisfacción prudente de las exigencias del hombre, sino que, por sed de poder, se nos empuje hasta confundir las verdades sobre la propia vida humana. Y frente a este riesgo, también el economista tiene derecho a la objeción de conciencia”.

 

Padres valencianos recurrirán las denegaciones de sus objeciones a EpC.

 La Consejería de Educación, que niega la exención de cursarla en 2.º y 4.º de ESO, omite toda referencia a Primaria y Bachillerato. 

 Como Alejandro Font de Mora, consejero de Educación de la C. Valenciana, aseguró ayer en rueda de prensa, su departamento ha comenzado a comunicar a los padres objetores de la región la denegación administrativa del reconocimiento de su derecho a objetar en conciencia para que sus hijos queden eximidos de cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) y de ser evaluados en ellas.

La resolución adoptada por el propio Font de Mora el pasado 24 de junio, que está siendo notificada a los interesados por las direcciones territoriales, se fundamenta en que, en sus sentencias de fecha 11 de febrero, el Tribunal Supremo “establece que el deber de cursar la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es un deber jurídico válido y niega el reconocimiento del derecho de objeción de conciencia ante dicho deber, en los casos planteados”.

Por ello, el consejero acuerda “no reconocer el derecho de los solicitantes” para “ejercer la objeción de conciencia frente a las materias ‘Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos’ y ‘Educación Ético-Cívica’ declarando su deber de cursarla y ser evaluado de la misma”.

Por otra parte, Font de Mora señaló que la Consejería no dispone de datos precisos sobre cuántos han sido los niños que, por negarse a cursarlas esta año, han suspendido Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 2.º de ESO, Educación Ético-Cívica de 4.º de ESO o Filosofía y Ciudadanía de 1.º de Bachillerato.

AEL, CEL y VAEL anuncian recursos

Alicante Educa en Libertad (AEL), Castellón Educa en Libertad (CEL) y Valencia Educa en Libertad (VAEL) han emitido hoy un comunicado en el que, además de confirmar que algunas familias han recibido la resolución administrativa en la que se les deniega el reconocimiento de sus objeciones de conciencia, denuncian que ello se esté haciendo en pleno período vacacional, lo que representa una dificultad notable para que quienes lo deseen puedan plantear en tiempo y forma los recursos de reposición o los contenciosos que estimen pertinentes.

Las tres asociaciones que vertebran el movimiento objetor en las tres provincias de la Comunidad aseguran que, tras recibir la denegación administrativa del reconocimiento de su derecho a que, por razones de conciencia, sus hijos sean eximidos de cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), numerosos padres optarán por plantear recursos de reposición ante la propia Consejería de Educación o por interponer contenciosos ante los tribunales de Justicia.

Por otra parte, las AEL, CEL y VAEL manifiestan su perplejidad por el hecho de que la Administración autonómica, en su resolución, tan sólo deniegue el derecho a objetar a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 2.º de la ESO y a Educación Ético-Cívica de 4.º de la ESO. Con ello, la máxima autoridad educativa de la Comunidad hace caso omiso del rechazo a cursar Filosofía y Ciudadanía de 1.º de Bachillerato (materia que ya se implantó en el curso recién terminado) e ignora que del plan de estudios de 5.º de Primaria también formará parte desde el ya cercano mes de septiembre otra asignatura de las que conforman el grupo de EpC: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

La omisión es llamativa puesto que, en sus respectivas declaraciones de objeción tramitadas ante la Administración, los padres expresan su rechazo a que sus hijos cursen estudios de todas las asignaturas de EpC y, para que no quepa ambigüedad alguna, detallan las cuatro a las que afecta su decisión.

  • Se adjunta una de las denegaciones remitidas por la Consejería de Educación.

Para más información:

 

ael@alicanteeducaenlibertad.es

castelloneducaenlibertad@gmail.com

valenciaeducaenlibertad@gmail.com

Demandan a hospital de NY por obligar a enfermera católica a participar en aborto

La organización Alliance Defense Fund (ADF) presentó una demanda contra el hospital Mount Sinai de Nueva York por obligar con amenazas legales a una enfermera católica a participar en un aborto, contra sus propias convicciones morales.

La enfermera Catherina Cenzon-DeCarlo recibió la orden de asistir el aborto de una mujer de 22 semanas de embarazo. El hospital sabía que la enfermera no participaba en aborto por objeción de conciencia desde que la contrató en el año 2004.

Cenzon-DeCarlo recordó a sus supervisores que no podía participar del procedimiento, pero le dijeron que si no lo hacía sería acusada de insubordinación y abandono del paciente” que podría resultar en una acción disciplinaria y la posible pérdida de su trabajo y su licencia de enfermera.

La ADF ha demandado a Mount Sinai por violar el derecho a la objeción de conciencia de la enfemera.

Solo están obligados a cursar EpC aquellos afectados por alguna resolución judicial

Solo están obligados a cursar EpC aquellos afectados por alguna resolución judicial
 Leonor Tamayo, portavoz de educación de Profesionales por la Ética (PPE), destacó que al finalizar el presente curso, “al menos 739 alumnos no han entrado en clase de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC)” y señaló que solo están obligados a ingresar a las aulas los estudiantes “que habían sido afectados por alguna resolución judicial”.

“Hemos recabado datos y, al finalizar el presente curso escolar, constatamos que al menos 739 alumnos no han entrado en clase de las asignaturas de EpC en todo el curso. Los casos más llamativos son los de Andalucía, dónde no han entrado en clase 200 alumnos; en Madrid, 189 y en la Comunidad Valenciana, 143”, informó.

Recordó que el fallo del Tribunal Supremo solo afecta a cuatro casos de las 52 mil objeciones presentadas, algunas con carácter preventivo. Sin embargo, expresó PPE, “el Gobierno y sus terminales mediáticas quisieron pasar página asegurando que el tema EpC estaba cerrado y que todos los objetores debían volver a clase”.

Tamayo explicó que en el caso de los alumnos de 4º de ESO que no ingresaron a clases de EpC, solo se sabrá si se titulan o no en septiembre. “Nuestro sistema escolar es muy flexible y permisivo, se toleran prácticamente todas las situaciones: no hay razón para que no se encuentren vías de amparo a los objetores a EpC en cada caso y en cada centro”, indicó.

La portavoz de educación indicó que desde PPE “vamos a seguir informando y asesorando a los padres; si desean objetar, les informaremos de las consecuencias en cada caso, pero la decisión será de ellos. Aunque desde luego confirmamos que el año que viene objetarán miles de padres”.

EPC. Movilizate.

   El fallo del Supremo no zanja la cuestión, seguimos adelante, con más fuerza.

El frente judicial sigue abierto. La batalla continúa. Y merece la pena.

Pero esta batalla no se libra sólo en los tribunales; el entusiasmo, el arrojo y la fuerza de los padres objetores, su tenacidad y su audacia son el arma más fuerte que tenemos y que ha cogido por sorpresa a propios y extraños.

Por todo ello, te invito a participar en el II Encuentro Nacional de Objetores de Conciencia a Educación para la Ciudadanía.

Se celebrará el próximo 28 de febrero en la Universidad Francisco de Vitoria en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Toda la información la tienes en http://www.encuentrodeobjetores.org

Te sugiero (y me permito pedir a quien le parezca oportuno) dos cosas: la primera, que lo divulgues en tus ámbitos, objetores o no; la segunda, que lo antes posible te apuntes, a través de la  web.

“LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”

“LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”

Reflexiones para la valoración jurídica y ética de una nueva asignatura en el sistema escolar español

Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid D. Antonio Mª Rouco Varela

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Madrid, 29 de mayo de 2007

I. El estado de la cuestión

“Educación para la ciudadanía” es el nombre que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación (LOE)

 

 

[1]

da a una nueva materia de enseñanza obligatoria, introducida en los currículos

de la Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. El Preámbulo considera como “una de las

novedades de la Ley”, en lo que se refiere al currículo, el “situar la preocupación por la educación

para la ciudadanía en un lugar muy destacado del conjunto de las actividades educativas y en la

introducción de nuevos contenidos referidos a esta educación que, con diferentes denominaciones,

de acuerdo con la naturaleza de los contenidos y las edades de los alumnos, se impartirá en algunos

cursos de la educación primaria, secundaria obligatoria y en bachillerato. Su finalidad consiste en

ofrecer a todos los ciudadanos un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las

características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y

derechos establecidos en la Constitución española y en los Tratados y en las declaraciones

universales de los derechos humanos, así como de los valores comunes que constituyen el sustrato de

la ciudadanía democrática en un contexto global”. Los principios, objetivos y contenidos de “la

Educación para la Ciudadanía”, así como la contribución de esta nueva materia escolar a lo que el

lenguaje normativo llama “la adquisición de competencias básicas” y los criterios de su evaluación

son minuciosamente desarrollados y regulados por los Reales Decretos del 8/XII/06 para la

Educación Primaria y de 5/I/07 para la Secundaria. No se ha publicado todavía el relativo a la

materia en el Bachillerato, que en la Ley recibe una denominación ligeramente variada: “Filosofía y

Ciudadanía”

 

 

[2]

.

El anuncio de la nueva asignatura y el conocimiento más detallado de sus presupuestos doctrinales y

de sus características pedagógicas y didácticas, después de la publicación de los Reales Decretos de

aplicación, han suscitado un vivo debate en la opinión pública, trascendiendo los límites de la

discusión académica y del análisis científico. El interés por la nueva asignatura y la preocupación

despertada en amplios y significativos sectores de la sociedad española por su introducción en el

sistema educativo con carácter obligatorio van en aumento.

La Conferencia Episcopal Española se hacía eco de esta inquietud, perceptible sobre todo en los

ambientes de las organizaciones católicas de padres de familia y de padres de alumnos, en su

Instrucción Pastoral “Orientaciones Morales ante la situación actual de España” del 23 de noviembre

de 2006 dentro del contexto de la constatación de que algunos sectores de la sociedad pretenden…

“acelerar la implantación del laicismo y del relativismo moral como única mentalidad compatible con

la democracia”. En este sentido apunta, según el documento de la CEE, “el anunciado programa de

la nueva asignatura, con carácter obligatorio, denominada ‘Educación para la Ciudadanía’, con el

riesgo de una inaceptable intromisión del Estado en la educación moral de los alumnos, cuya

responsabilidad primera corresponde a la familia y a la escuela”

 

 

[3]

. Pocos meses más tarde, el 28

de febrero de 2007, la Comisión Permanente, conocidos ya los Decretos de desarrollo de la

asignatura, insistía en la valoración negativa de la Asamblea Plenaria al calificarla de “una formación

 

 

 

estatal y obligatoria de la conciencia”, en la que se “impone el relativismo moral y la ideología de

género”, argumentando sus objeciones y extrayendo la siguiente conclusión: “esta ‘Educación para la

Ciudadanía’ de la LOE es inaceptable en la forma y en el fondo: en la forma, porque impone

legalmente a todos una antropología que sólo algunos comparten y, en el fondo, porque sus

contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la persona”

 

 

[4]

.

Crítica fuerte, la de la CEE, que también va a ser discutida, por su parte, fogosamente en los medios

de comunicación social y contestada en el debate cultural y político.

Se impone, pues, en primer lugar, un análisis jurídico-positivo de lo que se dispone en la ley y en su

desarrollo normativo, una valoración crítica desde la perspectiva jurídica del marco constitucional y,

finalmente, una valoración ética o moral de la misma a la luz de la reflexión filosófico-teológica. Sin

embargo, antes de entrar en el estudio de la cuestión, conviene advertir que las recomendaciones y

resoluciones de los organismo europeos –Consejo de Europa y la Comunidad Europea, sobre todo–,

relativas a la implantación de “la Educación de la Ciudadanía” en el mapa escolar europeo, no nos

eximen del estudio crítico de la legislación española, puesto que el pluralismo de fórmulas adoptadas

por los distintos países de la Unión Europea para la concepción pedagógica de esta materia es

amplio y complejo. En el informe de Eurydice –La Red europea de información en educación– sobre

“la educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo”, editado por el Ministerio de

Educación y Ciencia de España en 2006, se reconocía que, “en general, todos los países europeos

están de acuerdo en la necesidad de incluir, de un modo u otro, la educación para la ciudadanía en

el currículo escolar oficial. No obstante, su definición y organización varía considerablemente de un

país a otro y parece ser que aún no existe un enfoque general que predomine sobre los demás y que

haya sido adoptado por la mayoría de los países… Puede ofertarse como materia independiente

(con frecuencia obligatoria), integrada en materias tradicionales (como historia, estudios sociales,

geografía o filosofía) o concebida como un tema transversal”

 

 

[5]

.

II. Los rasgos normativos de la nueva asignatura “Educación para la Ciudadanía” en el actual sistema

escolar español.

Destaca, en primer lugar, su carácter de una asignatura obligatoria.

Podría habérsela concebido muy bien como optativa, en relación, por ejemplo, con la clase de

Religión y Moral Católica (y de las otras confesiones religiosas reconocidas por el Estado Español),

que se define en la Ley Orgánica de Educación y en su desarrollo normativo como optativa. La

consideración, de la que la hace objeto la Disposición Adicional Secundaria 1 como “área o

materia” “de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos”, queda

reducida, sin embargo, en los Reales Decretos de Primaria y Secundaria a la obligación de los

centros docentes públicos –y privados sin “ideario” propio– de disponer “las medidas organizativas

para que los alumnos y las alumnas cuyos padres o tutores no hayan optado por que cursen

enseñanzas de religión reciban la debida atención educativa”

 

 

[6]

. Se prefiere, por lo tanto, establecer

“la Educación para la Ciudadanía” como asignatura obligatoria en la Primaria, “en uno de los cursos

del tercer ciclo de la etapa” (LOE, Art. 18.3), mientras que para la Educación Secundaria se

prescribe que “en uno de los tres primeros cursos todos los alumnos cursarán la materia de educación

para la ciudadanía y los derechos humanos en la que se prestará especial atención a la igualdad

entre hombres y mujeres”, y que, bajo la denominación de “Educación ético-cívica”, se incluya entre

 

 

 

las materias obligatorias del cuarto curso (LOE, 24.3 y 25.1)

 

 

[7]

. El legislador pretende disipar las

posibles objeciones en torno a la posible contradicción pedagógica y didáctica entre la nueva

asignatura y la existencia del área de Religión y Moral con la siguiente advertencia que figura en el

Preámbulo de la LOE: “Esta educación (para la Ciudadanía) cuyos contenidos no pueden

considerarse en ningún caso alternativo o sustitutorio de la enseñanza religiosa, no entrará en

contradicción con la práctica democrática…”. Del examen del perfil global de la ley se deducirá

claramente otra conclusión jurídica, como veremos más adelante.

Es evidente, por otra parte, –a la vista de la legislación europea comparada–, que el objetivo

educativo pretendido y buscado por “la Educación para la Ciudadanía” podría haberse alcanzado

como una materia integrada en otras de contenido similares o como un tema de educación

transversal proyectado de tal modo que sus principios influyesen en la concepción de todo el currículo

y en la pedagogía general de los centros. También en este punto el Preámbulo de la LOE se muestra

precavido ante la previsible argumentación favorable a una concepción de la materia que fuese en

esta línea: “Esta educación… no entra en contradicción con la práctica democrática que debe

inspirar el conjunto de la vida escolar y que ha de desarrollarse como parte de la educación en

valores con carácter transversal a todas las actividades escolares”

 

 

[8]

.

La Educación para la Ciudadanía representa, además, una novedad en la historia de la legislación

escolar española. El legislador lo reconoce y declara con no disimulada satisfacción política: “En lo

que se refiere al currículo, una de las novedades de la Ley consiste en situar la preocupación por la

educación para la ciudadanía en un lugar muy destacado del conjunto de las actividades educativas

y en la introducción de unos nuevos contenidos referidos a esta educación”

 

 

[9]

. Todo lo que pudiera

señalarse como posible antecedente en el pasado educativo español de los dos últimos siglos –

educación para la urbanidad y buena conducta, formación del espíritu nacional… etc.– está muy

lejos de representar un modelo pedagógico similar o una figura jurídica equiparable.

La configuración de la nueva materia “Educación para la Ciudadanía”, en definitiva, se presenta en

la ley y en la ordenación normativa que la desarrolla y aplica no sólo ni principalmente como un

instrumento pedagógico al servicio de una cultura o educación política y cívica, sino, sobre todo,

como una asignatura independiente y obligatoria dirigida a inculcar una educación en actitudes y

valores éticos tanto en el plano de las relaciones sociales como en el del propio comportamiento

personal, basada en una explícita antropología. Es decir, se concibe y programa como una teoría o

doctrina sobre el ser y el deber ser del hombre en su doble dimensión personal y social. En los

presupuestos teóricos que la sustentan, los conceptos de ciudadano responsable y de ciudadanía

democrática prevalecen sobre los de persona y de su responsabilidad moral intransferible, cuando no

los absorben axiológicamente en su valor y como valor último.

No tendría por qué haber sido así según la lógica jurídica de lo dispuesto en la LOE. El cuadro de

principios y fines de la educación relacionados con los aspectos centrales de la personalidad

humana y moral del alumno, en la forma que se explican en su Preámbulo y se explicitan en su

articulado, bien pudieran no haber sido enfocados y encauzados obligatoriamente a través de una

asignatura independiente, como es “la Educación para la Ciudadanía”. Puesto que el principio de

“la transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la

ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que

constituyen la base de la vida en común” y el fin del “pleno desarrollo de la personalidad y de las

capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos fundamentales y de

la igualdad afectiva entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así

como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas…”

 

 

 

se explican en el Preámbulo y se fijan en los artículos correspondientes a la regulación de las

enseñanzas primarias, secundarias y bachillerato en el cuerpo de la ley como apartados separados

de la definición y ordenación de los principios generales y de los objetivos de la educación para la

ciudadanía, en los que se propone “el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los

principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los

mismos y se insiste en la preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la

participación en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable”

 

 

[10]

. Sin

embargo, no se ha procedido así en los Reales Decretos que explicitan normativa y vincularmente el

sistema escolar. Al contrario, desarrollan, de hecho, académica, pedagógica y didácticamente

ambos principios y objetivos a través de una fórmula curricular de la asignatura “Educación para la

Ciudadanía” que los ensambla teóricamente y los tematiza conjunta y orgánicamente.

a) Se puede comprobar lo dicho, primeramente, a través del análisis de la regulación detallada de la

Educación para la Ciudadanía en el Área de Educación Primaria.

En la exposición resumida de sus objetivos y contenidos se reconoce sin ambages que se parte “de lo

personal y del entorno más próximo: la identidad, las emociones, el bienestar y la autonomía

personales, los derechos y responsabilidades individuales, la igualdad de derechos y las diferencias.

De la identidad y las relaciones personales se pasa a la convivencia, la participación, la vida en

común en los grupos próximos. Finalmente, se abordan la convivencia social que establece la

Constitución y los derechos y las responsabilidades colectivas. Por tanto, el recorrido va de lo

individual a lo social”. En estricta consecuencia con esta definición programática de objetivos y

contenidos se concretan éstos en tres Bloques –1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales; 2.

La vida en comunidad; 3. Vivir en sociedad–, mientras que los objetivos se expresan en una serie de

propósitos o fines, ocho, que van desde “desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía

personal en sus relaciones con los demás…” –1–, “desarrollar habilidades emocionales,

comunicativas y sociales para actuar con autonomía en la vida cotidiana y participar activamente en

las relaciones de grupo, mostrando actitudes generosas y constructivas”–2–, hasta “conocer, asumir y

valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración de los Derechos

Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Constitución española” –5–, y

“conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades democráticas y valorar

el papel de la administración…” –6–, sin olvidar el objetivo de “identificar y rechazar situaciones de

injusticia y de discriminación, mostrar sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos más

desfavorecidos y desarrollar comportamientos solidarios y contrarios a la violencia” –7– y “el de

tomar conciencia de la situación del medio ambiente” –8–.

El criterio pedagógico seguido de integración sistemática de aspectos ético-personales y éticosociales

con elementos de educación político-jurídica y propiamente cívica se puede verificar también,

sin forzar en lo más mínimo la literalidad de los textos, cuando se precisa la contribución del área al

desarrollo de las llamadas “competencias básicas”, se explicitan los tres bloques de temas que

comprende la asignatura y los criterios de su evaluación. Llama la atención, por ejemplo, que en la

determinación del criterio de evaluación 5 se incluya expresamente una alusión a la llamada “teoría

del género”. Dice así: “reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia e

identificar los factores sociales, económicos, de origen de género o de cualquier otro tipo que las

provocan”

 

 

[11].

b) En el Real Decreto de Educación Secundaria se acentúa aún más la perspectiva de la concepción

sistemática de la Educación para la Ciudadanía como una materia de integración de elementos

teóricos y prácticos de antropología, ética general, individual y social, con una parte conclusiva de

carácter positivo sobre el ordenamiento jurídico y las reglas de convivencia cívica y política que de él

se derivan.

Se presenta “la Educación para la Ciudadanía” en el Real Decreto de Secundaria, apoyándose en

interpretaciones discutibles del Art. 27.2 de la Constitución Española y de conocidas

recomendaciones europeas e internacionales, con un objetivo central que vale tanto para su variante

de primero a tercer curso como para la de cuarto curso y que es formulado del modo siguiente:

“favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la

dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterios

propios, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y

desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable”.

Para conseguir este objetivo de compleja y variada composición humana, ética y jurídica, se ha de

profundizar, según el Real Decreto, “en los principios de ética personal y social”, y se habrán de

incluir “entre otros contenidos, los relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivoemocional,

los derechos y deberes y libertades que garantizan los regímenes democráticos, las

teorías éticas y los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana, los

relativos a la superación de conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres, las características de las

sociedades actuales, la tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas diversas”. Estos

principios, y los contenidos que los pormenorizan, se habrán de ofrecer en la asignatura “Educación

para la Ciudadanía” de manera abierta con el fin de que se posibilite a los alumnos y alumnas que

“construyan un pensamiento y proyecto de vida propios”, tratando de ayudarles a “construirse una

conciencia moral y cívica, acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas y

cambiantes en las que vivimos”.

Obedeciendo a estos principios y finalidades pedagógicas, se dispone que la nueva asignatura se

divida en la etapa de la Enseñanza Secundaria en dos materias: “la Educación para la ciudadanía y

los derechos humanos que se imparte en uno de los tres primeros cursos y la Educación ético-cívica

de cuarto curso. Ambas se estructurarán en varios bloques que van desde lo más personal y lo más

próximo a lo global y más general”, con un conjunto de contenidos comunes “que llevan a la

adquisición de procedimientos, habilidades sociales y actitudes básicas para el desarrollo de una

buena convivencia y de la ciudadanía democrática”, profundizando y consolidando la formación

recibida en la etapa de Primaria. También será común a ambas materias de secundaria “partir de la

reflexión sobre la persona y las relaciones interpersonales”, así como procurar “el conocimiento y la

reflexión sobre los derechos humanos”, aunque –añade el texto legal– “desde la perspectiva de su

carácter histórico, favoreciendo que el alumnado valore que no están garantizados por la existencia

de una Declaración, sino que es posible su ampliación o su retroceso según el contexto”. También

coincidirán las dos partes de la nueva disciplina en estudiar “las características y los problemas

fundamentales de las sociedades y del mundo global del siglo XXI”. La Educación para la

Ciudadanía abordará entre el primer y tercer curso, “el conocimiento de la realidad desde el

aprendizaje de lo social, centrándose la Educación ético-cívica en la reflexión ética que comienza en

las relaciones afectivas con el entorno más próximo para contribuir, a través de los dilemas morales,

a la construcción de una conciencia moral cívica”. Desde esa perspectiva metodológica se plantea,

a continuación, en el Real Decreto el desarrollo temático de los llamados “bloques de contenidos” de

ambas materias con sus correspondientes objetivos pedagógicos, explicando, además, su

contribución a “la adquisición de las competencias básicas”. Todo ello a través de una exposición

larga, farragosa y reiterativa, que incide e insiste una y otra vez en los mismos elementos

antropológicos y éticos que configuran la asignatura como un instrumento pedagógico de más amplio

alcance que lo que significa y contiene una formación específicamente cívica y político-jurídica.

 

 

 

La fijación de los objetivos –¡trece en total!–, que se presentan como comunes a las dos partes de la

materia, delata esta característica de una asignatura organizada como una doctrina sobre el hombre

y los principios y valores éticos que han de presidir su conducta en todos los ámbitos de la vida,

limitándose a añadir a modo de una información conclusiva para el alumno un capítulo sobre el

orden político-jurídico de España, visto en el contexto de los organismos internacionales. Con esta

nueva asignatura obligatoria en la etapa de la Educación Secundaria se confiesa expresamente la

pretensión de conseguir de los alumnos, desde el “reconocer la condición humana en su dimensión

individual y social, aceptando la propia identidad” y “desarrollar y expresar los sentimientos y las

emociones, así como las habilidades comunicativas y sociales”, hasta “conocer y apreciar los

principios que fundamentan los sistemas democráticos y el funcionamiento del Estado Español y de la

Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad social y cultural”;

pasando por “reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de

derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que impongan discriminación entre

hombres y mujeres”, y, luego, por “identificar la pluralidad de las sociedades actuales… rechazando

las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias,

diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la

dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia”. Se ha de tratar, finalmente, de

“identificar y analizar las principales teorías éticas, reconocer los principales conflictos sociales y

morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica entre los modelos que se trasmiten a través

de los medios de comunicación”

 

 

[12]

.

La regulación detallada del contenido temático de ambas materias y de sus criterios de evaluación,

que sigue a la exposición de los criterios y objetivos generales que las configuran, confirma la

conclusión anterior. Así, en los temas del Bloque 2 de “la Educación para la Ciudadanía y los

derechos humanos”, dedicado a las “relaciones interpersonales y participación”, se incluye, entre

otros temas a primera vista doctrinalmente menos problemáticos, el de los “afectos y emociones” y el

de “la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas,

xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos”; y, entre “los criterios de evaluación”, se propone

como primero: “identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las

situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión,

orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de

criterio”. En la regulación temática de los contenidos y de los Criterios de evaluación de “la

Educación ético-cívica” ocurre comprensiblemente lo mismo. En el Bloque 3 de los contenidos se

plantea en directo la cuestión de las teorías éticas y los derechos humanos, mientras que el segundo

Criterio de evaluación de la asignatura se define por la capacidad de “diferenciar los rasgos básicos

que caracterizan la dimensión moral de las personas (las normas, la jerarquía de valores, las

costumbres, etc.) y los principales problemas morales”, a la vez que el quinto trata de verificar la

capacidad de “comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia como

forma de convivencia social y política”, admitiendo que “mediante este criterio se trata de comprobar

si se comprende el pluralismo político y moral…”

 

 

[13]

.

c) Conclusión:

¿Qué resulta jurídicamente, en orden a la caracterización legal de la nueva materia “la Educación

para la Ciudadanía”, del análisis sistemático de la Ley (LOE), que la impone como obligatoria en el

sistema escolar español y de los Reales Decretos que la desarrollan normativamente? La respuesta nos

parece evidente: el carácter de una materia escolar concebida en su orientación, estructura y

desarrollo académico y pedagógico como una teoría general sobre el hombre y los principios éticos

 

 

 

que han de modelar su existencia y regir su conducta individual y social; ciertamente, no de forma

exhaustiva en la doctrina que ha de ser aprendida intelectualmente, asimilada y practicada en la

vida; ni tampoco exhaustiva en su temática; pero sí, de forma condicionante substancial de la

educación integral de los alumnos. Teoría que se presenta en el fondo, inequívocamente, como una

doctrina en la que se excluye sistemáticamente toda referencia a la dimensión trascendente del

hombre y de la sociedad y a la correspondiente perspectiva explícita filosófico-teológica para su

completa comprensión y explicación. No puede llamar la atención, que al tratarse de una materia

obligatoria, surja inmediata y explicablemente la sospecha de su posible manipulación teórica y

práctica como “ideología” y, por consiguiente, la pregunta por su valor o legitimidad jurídica y ética.

III. Valoración jurídica de “la Educación para la Ciudadanía”

La nueva asignatura “Educación para la Ciudadanía”, obligatoria para todos los alumnos de las

etapas de Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en la forma en que es regulada por la Ley

Orgánica de Educación y, sobre todo, por los Reales Decretos que la desarrollan

 

 

[14]

, se enfrenta

con obstáculos constitucionales a nuestro juicio insalvables: el del derecho a la libertad de enseñanza

y el de la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y comunidades, tal como se

recogen y consagran en la Constitución y como fueron interpretados por la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional.

El Art. 27 de la Constitución establece con meridiana claridad a quién pertenece el derecho

fundamental de la formación religiosa y moral de los menores de edad. Recordemos el tenor literal de

su parágrafo 3: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus

hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones”. Parece obvia

una primera conclusión interpretativa del mismo respecto al problema que nos ocupa: el Estado no

puede introducir como obligatoria en la Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato una

asignatura cuyos principios inspiradores, objetivos pedagógicos y contenidos, junto con los criterios

correspondientes de evaluación, vayan dirigidos teórica y prácticamente a la formación moral de los

alumnos; acentúese o no la moral social sobre la individual y otórguesele o no mayor o menor

espacio lectivo y didáctico a la primera que a la segunda; y menos aún puede permitirse el Estado

sub-introducir a través de los presupuestos antropológicos explícitos e implícitos de dicha asignatura

una concepción del hombre, de la vida y del mundo que equivalga a una doctrina o ideología

obligatoria que venga de hecho a competir con la formación religiosa elegida libremente o a

suplantarla subrepticiamente. La conclusión es válida naturalmente tanto para la escuela pública como

para la privada o de iniciativa social, “concierte” ésta con la Administración del Estado las

condiciones organizativas, pedagógicas y financieras de su funcionamiento o no lo haga. La

sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de junio de 1985 llegaba incluso a definir el carácter

propio de los centros docentes públicos como neutral ideológicamente en todos los aspectos de su

actividad docente, pues “deben ser ideológicamente neutros… y esta neutralidad ideológica es una

característica necesaria de cada uno de los puestos docentes (profesores) integrados en el Centro”, lo

“que no impide la organización en los centros públicos de enseñanzas de seguimiento libre para

hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral de

acuerdo con sus convicciones”. Y, por supuesto, todavía resultaría más impensable

constitucionalmente querer imponer a los padres veladamente, de cualquier modo y por cualquier vía

del derecho o la práxis administrativa, una dirección determinada en la elección de la formación

moral –bien sea la moral personal, bien sea la moral social– y/o religiosa (o ideológica) de sus hijos.

 

 

La lectura más simple y más literal del Art. 16 lo prohibiría tajantemente.

El derecho de los padres garantizado por el Art. 27.3 de la Constitución quedaría restringido,

además, si se impone una materia escolar de esas características, por razones jurídicas específicas

propias en el caso de las Escuelas no estatales, sin excluir a las concertadas, puesto que el derecho

al “ideario” o “carácter propio” de esos centros es explicitado y fundamentado por el Tribunal

Constitucional sobre la base de la interdependencia intrínseca del mismo y de la oferta por parte de

sus titulares de una determinada concepción y visión del hombre y de la vida que posibilite a los

padres de los alumnos ejercer libremente el derecho a determinar la formación religiosa y moral de

sus hijos no sólo a través de la clase de religión y moral elegida, sino también a través y en el marco

general de todas las actividades educativas del Centro. Tanto la sentencia de 13 de febrero de

1981 como la de 27 de junio de 1985 dejan claro que el carácter propio del centro “forma parte

de la libertad de creación de centros docentes que equivale a la posibilidad de dotar a éstos (los

centros privados) de un carácter y orientación propios”, sin que pueda ser sometido a ninguna

autorización previa por parte de la Administración, puesto que procediendo de otro modo vulneraría

“el derecho a la libertad y a la creación de centros docentes, en cuanto de dichos preceptos nace el

derecho del titular a establecer el carácter propio, sin que pueda admitirse la injerencia de una

autoridadadministrativa”

 

 

[15]

.

No parece pues que quepa duda razonable: la imposición legal de una asignatura obligatoria de

formación antropológica y moral con carácter general para todos los alumnos, significaría el no

cumplimiento del Art. 27 de la Constitución Española en combinación con su Art. 16. Chocaría con

el derecho a la libertad de enseñanza de los padres y, subsidiariamente, de los titulares de los

centros docentes en puntos concretos regulados claramente por el texto constitucional y explicitados

nítidamente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

¿Con qué tipo de argumentaciones jurídicas podría pretenderse obviar estos obstáculos

constitucionales, resultantes de una interpretación inequívoca de nuestra Constitución? ¿Con el recurso

a la terminología legal? ¿No significan lo mismo los términos “ética” y “moral”? En cualquier

diccionario especializado en estas ciencias se encontraría la afirmación científica de que histórica y

semánticamente significan substancialmente lo mismo y, por consiguiente, también referidos a la

realidad objetiva del hombre y de la sociedad. Apenas se podría imaginar un intérprete

metodológicamente riguroso del derecho que quisiera recurrir a la argucia hermenéutica de negar a

los padres el derecho a “la formación ética” e “ideológica” de sus hijos, y atribuírselo al Estado,

utilizando el argumento de que lo que se les reconoce en la Constitución es un derecho con

contenido distinto, a saber, el de determinar la formación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo

con sus convicciones, no la formación ética, bien sea individual, bien sea social (Art. 27.3 de la

Constitución). ¿Es que se trataría de dos realidades objetivas y subjetivamente distintas: la ética y la

moral, la formación religiosa y una posible formación humana y civil, agnóstica, que abstrae, en la

mejor de las hipótesis, de una posible dimensión trascendente? Evidentemente, no.

¿O se podría, quizá, justificar jurídicamente “la Educación para la Ciudadanía”, tal como ha

quedado diseñada legalmente, con la apelación al parágrafo 2 del Art. 27 de la Constitución que

dice: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a

los principios democráticos de convivencia y a los derechos fundamentales”? ¿Sería pues

constitucionalmente viable una concepción de dicha asignatura en función del conocimiento y

asimilación práctica de lo que significa la personalidad humana y de lo que implica su pleno

desarrollo? Una respuesta jurídica positiva a esta pregunta ignoraría una tesis pre-política evidente

para cualquiera teoría del Estado mínimamente razonable: el Estado no es ni la fuente de donde

surge el ser del hombre ni la instancia última para definir su personalidad y, consiguientemente, para

 

 

 

determinar los elementos y aspectos que configuran su pleno desarrollo. Si se pretendiese erigir tal

postulado, como supuesto doctrinal intrínseco del ordenamiento jurídico, dejaría completamente vacío

de contenido el derecho a la libertad de enseñanza de los padres y de las instancias o instituciones

sociales llamadas a intervenir en el proceso educativo; y, se establecería, sobre todo, una

insuperable contradicción doctrinal y existencial con los derechos de libertad ideológica, religiosa y

de culto que garantiza el Art. 16 de la Constitución. Tampoco podría deducirse la competencia del

Estado para establecer una enseñanza obligatoria de una materia antropológica y ética en el sistema

educativo del Artículo 1.1 de la Constitución según el cual “España se constituye en un Estado social

y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la

libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, y/o del 10.1: “La dignidad de la persona,

los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la

ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”; a no ser a

costa de sus Artículos 16 y 27.1, 3.5, 6, 7 y 9, en virtud de las mismas razones de lógica jurídica

interna, que subyacen al orden constitucional establecido conforme a los propios principios del

Estado social y democrático de Derecho que lo legitiman, y que presupone como sus realidades

fundamentales y fundantes –previas a su ordenamiento constitucional positivo– la sociedad o

comunidad política sobre la que descansa y lo sustenta no sólo física sino también cultural y

moralmente. ¿A qué quedaría reducida, de otro modo, en la práctica la categoría del pueblo como

titular de la soberanía política? La distinción funcional entre sociedad y Estado resulta, además, vital

para la existencia y mantenimiento de una auténtica configuración democrática del Estado y de su

organización constitucional.

Nos encontramos una vez más en España, a propósito de la propuesta de una “Educación para la

Ciudadanía”, convertida en asignatura obligatoria para todos los escolares españoles de acuerdo

con la legislación recientemente aprobada, con la gran cuestión de la relación entre los principios y

fuentes éticas, prepolíticas, del Estado libre democrático y social de derecho, que le son previas, más

aún, condicionantes de su legitimidad, y la forma de concebir y realizar en su ordenamiento jurídico

positivo, su misión y función y, consiguientemente, su autoridad de cara a la comunidad política, la

sociedad y el bien común. Nadie dudaría de la legitimidad de su competencia y poder jurídico para

obligar a los ciudadanos, desde los primeros pasos de su itinerario formativo, a que conocieran,

aprendieran y supieran valorar la estructura jurídica-política de la sociedad y comunidad política

concreta a la que pertenecen –sean cual sean los lazos históricos que los unen a ella–, poniendo

incluso un énfasis formativo especial en el conocimiento y dominio del contenido de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos y, como sería en el caso de España, de los Tratados y acuerdos

internacionales sobre las mismas materias (Art. 10.7 de la Constitución). Pero de ahí, del plano de la

formación jurídico-cívica, basada en el conocimiento teórico y práctico del ordenamiento jurídico

positivo, pretender pasar a la dimensión de la formación doctrinal sobre el hombre y a los principios

y normas ético-morales que han de presidir y regir su conducta y “su sitio en la vida”, significaría

propugnar una concepción ideológica del Estado –en nuestro caso, laicista-radical–, que nos

retrotraería a períodos de la historia política de la Europa del siglo XX y que habríamos de suponer

definitivamente superados, y, lo que es más grave, abriría paso a una realización injusta del orden

político-constitucional.

IV. Valoración ética de “la Educación para la Ciudadanía”

Entre las críticas manifestadas en relación con la implantación de la nueva asignatura “Educación

para la Ciudadanía” por distintas organizaciones e instituciones sociales aparecen con frecuencia

alusiones a algunos contenidos concretos de su programa. Se apunta, por ejemplo, a que se

pretende imponer por esta nueva materia escolar la educación –teórica y práctica– en la llamada

 

 

 

“teoría de género” para explicar debidamente –según se dice, a la altura de los tiempos–, una

dimensión con un significado tan constituyente para el ser humano y para las realidades sociales

primarias como es la sexualidad. Se señala, también, la omisión de una expresa referencia al

matrimonio y a la familia como temas de la nueva asignatura. Para unos, se trata de una “buena

señal” pedagógica –se deja así abierto el programa para un tratamiento libre del tema– y, para otros,

de una mala –se impondría disimuladamente, dadas las referencias explícitas que aparecen en los

Reales Decretos que lo desarrollan, la implantación obligatoria en “la escuela” de “esa teoría” o

“ideología” “del género”.

Lo más importante, sin embargo, desde el punto de la valoración ética de “la Educación para la

Ciudadanía” en la versión legal que conocemos, no son esos aspectos concretos de la programación

que preocupan tanto a padres y a educadores, cuanto la existencia misma de la asignatura en la

forma legal en que se ha planteado, es decir, dado su carácter obligatorio para todos los alumnos y,

por consiguiente, para todos los centros. Porque, como hemos visto en los apartados anteriores de

nuestra reflexión, así planteada, se convierte en un problema fundamental de auto-concepción del

Estado; de cuya gravedad ética no se puede dudar ni por razones bien conocidas de filosofía del

Estado y del Derecho, admitidas universalmente después de la II Guerra Mundial en los contextos más

diversos y plurales de las corrientes filosóficas contemporáneas, ni, además, por las terribles

experiencias históricas vividas con los totalitarismos políticos de la época

 

 

[16]

.

La historia de las ideas políticas y la historia de los hechos políticos enseñan al unísono que, cuando

el Estado se propone y quiere actuar y actúa como educador de la sociedad y de la nación y no

digamos como educador del hombre, se coloca en la peligrosa pendiente jurídico-política de caer en

la tentación de un totalitarismo radical, más o menos encubierto.

La materia “Educación para la Ciudadanía” tiene ciertamente salidas jurídicas y éticas en el contexto

del ordenamiento constitucional español: la de su configuración pedagógica como una enseñanza y

formación cívico-jurídica en el sentido más específico y metodológicamente serio de la expresión, con

un contenido central, el del conocimiento del ordenamiento jurídico del Estado; o la de ser propuesta

como una asignatura opcional respecto a otras de contenidos e intenciones pedagógicas semejantes,

muy especialmente en relación con la enseñanza de la religión y de la moral que puedan elegir los

padres a tenor de las ofertas ofrecidas de acuerdo con la legislación vigente; por ejemplo, en

relación con la formación en la religión y moral católica, preferida por casi un 80% de las familias

españolas

 

 

[17]

.

Una cuestión de viva actualidad y de un interés doctrinal indudable, al menos para los católicos, es

el de los recursos jurídicos posibles, incluso desde el punto de vista de la legalidad positiva, a los que

pudiesen acudir legítimamente en primer lugar los padres de familias y padres de alumnos de cara a

un eventual cuestionamiento de la asignatura. Se apunta a la objeción de conciencia, recomendada

con cada vez mayor insistencia por expertos y profesionales de la educación bien conocidos

socialmente y por algunas organizaciones de esos mismos padres. No nos queda ni espacio ni

tiempo para abordar detenidamente este problema dentro del marco sistemático de estas primeras

reflexiones jurídico-éticas. Problemas especialmente graves para los centros no estatales con ideario

propio, sobre todo para las escuelas católicas. La incidencia del derecho canónico en la forma y

modo de resolver la cuestión dentro de las escuelas de la Iglesia, o con ideario católico reconocido

canónicamente, salta a la vista.

 

 

 

En cualquier caso, a tenor de la jurisprudencia constitucional y jurídico-internacional comparada, no

puede negarse a los padres de familia y a los alumnos mayores de edad el recurso legítimo a la

objeción de conciencia.

[1]

 

 

 

BOE nº 106 de 4 de mayo.

[2]

 

 

 

LOE. Art. 34.6.

[3]

 

 

 

LXXXVIII Asamblea Plenaria de la CEE, “

Orientaciones Morales ante la situación actual de

España

 

 

”. Instrucción Pastoral, Madrid, 23-XI-06, 18.

[4]

 

 

 

Conferencia Episcopal Española. CCIV Comisión Permanente, Madrid 28 de febrero de 2007

[5]

 

 

 

Eurydice, La Educación para la Ciudadanía en el contexto escolar europeo

, Ministerio de

Educación y Ciencia. Secretaría General de Educación. Madrid, 2006, 59.

 

[6]

 

 

 

Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas

de la Educación primaria, (BOE, nº 293) Disposición Adicional Primera, 3. En términos equivalentes,

abriéndose a la circunstancia de que puedan ser los mismos alumnos los que hagan la opción, se

expresa el Real Decreto de Secundaria, Disposición Adicional 3 (BOE, nº 5).

 

[7]

 

 

 

En Bachillerato, bajo la denominación de “Filosofía y ciudadanía” se establece también en el

currículo como obligatoria (BOE, Art. 34, 6). No se ha publicado hasta el momento del Real Decreto

que lo desarrolla.

 

[8]

 

 

 

Ley Orgánica de la Educación (LOE) 41. La Educación para la Ciudadanía…, Eurydice, 17.

[9]

 

 

 

LOE, Preámbulo, Edición Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General de Educación,

2006; pág. 40.

 

[10]

 

 

 

Cf. Ley Orgánica de Educación (LOE) pág. 37. Compárense, por ejemplo, al respecto, el Art. 1

c), k) e i), y el Art. 2.1, desde apartado a) hasta el e) con el apartado k). Vid. también Art. 17 de a)

a e), k) y m), junto con Art. 18.3; así como el Art. 23 a), c), d) y k), con el Art. 24.3; y Art. 32.1 y

Art. 33, b) y c) con Art. 33, a).

 

[11]

 

 

 

Real Decreto de Educación Primaria, BOE 8-12-06, Anexo 2, 43080-43082, especialmente 43082.

[12]

 

 

 

BOE 8.1.07. Real Decreto de Educación Secundaria, Anexo 2, 715-718.

[13]

 

 

 

BOE 8.1.07. Decreto de Educación Secundaria, Anexo 2, 718-720.

[14]

 

 

 

Falta todavía al día de la fecha, la aprobación y publicación del referido a Bachillerato.

[15]

 

 

 

Vid. Antonio M. Rouco Varela. El derecho a la Educación y sus titulares ¿De nuevo en la

incertidumbre histórica? Madrid 2007, 21-23 (Publicaciones de la Facultad de Teología “San

Dámaso”. Colección Subsidia 20).

 

 

 

[16]

 

 

 

Cf. Antonio M. Rouco Varela, Los Fundamentos de los Derechos Humanos. Una cuestión urgente.

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid 2001.

 

[17]

 

 

 

Porque es evidente que otro efecto negativo de la imposición de “la Educación para la

Ciudadanía”, como asignatura obligatoria, es el de competencia pedagógica y didáctica –

¿desleal?–, cuando no “doctrinal”, con la clase de religión y moral católica y, muy probablemente,

con la de las otras “confesiones” y “religiones” reconocidas por el Estado Español. La una,

“Educación para la Ciudadanía”, obligatoria; la otra, Religión y Moral, optativa y sin alternativas

académicamente dignas de tal nombre.