La Iglesia hondureña, en defensa de la legalidad y de la democracia

Cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga

En el mensaje pronunciado ante la radio y la televisión el sábado, el cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, una de las voces más autorizadas de la Iglesia latinoamericana, ha pedido a la comunidad internacional tomar en cuenta todo el proceso de las instituciones hondureñas antes de juzgar los hechos del 28 de junio.

El documento reflexiona sobre el significado auténtico de las instituciones y de los valores democráticos, y advierte que “si el sistema interamericano se limita a proteger la democracia en las urnas, pero no le da seguimiento a un buen gobierno, a la prevención de las crisis políticas, económicas y sociales, de nada servirá el reaccionar tardíamente frente a ellas”.

 De acuerdo a la ley

 El marco de la ley, precisamente, es lo que fundamenta la exposición de los obispos, que citan el artículo 239 de la Constitución hondureña en donde se prohíbe la reelección al cargo de Presidente de la República, y donde se establece que “quien proponga la reforma” de esta disposición “cesa de inmediato en el desempeño de su cargo y queda inhabilitado por diez años para el ejercicio de toda función pública”. Siendo un efecto de pleno derecho y que obedece a una norma taxativa, dictada para conjurar las ambiciones caudillistas en un país cuya historia es tristemente rica en regímenes dictatoriales, el cardenal aclara que Manuel Zelaya, en el momento de ser capturado, “ya no se desempeñaba como Presidente de la República”.

 Los obispos hacen una exposición sucinta para poner en antecedentes a todos los que juzgan la situación de Honduras sin detenerse en consideraciones previas. Así, por ejemplo, y contra la afirmación de que Zelaya fue derrocado por una junta militar, como han repetido muchos medios de comunicación, el documento da fe de que “con fecha 26 de junio de 2009, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, nombró un Juez Natural que giró la orden de captura contra el ciudadano Presidente de la República de Honduras, a quien se le supone responsable de delitos contra la forma de gobierno, de traición a la Patria, de abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la Administración Pública y del Estado de Honduras”. Una decisión que tomó el Poder Judicial como respuesta al “Requerimiento Fiscal presentado en esa Corte por parte del Ministerio Público”.

 En vista de estos hechos y ateniéndose a “todos y cada uno de los documentos que han llegado a nuestras manos”, advierten que “las instituciones del Estado democrático hondureño están en vigencia, y que sus ejecutorias en materia jurídico-legal han sido apegadas a derecho”. Más escueto: “Los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están en vigor legal y democrático de acuerdo a la Constitución de la República de Honduras”.

 Petición a la OEA

 Aunque en su comunicado la Iglesia hondureña ha llamado a tomar en cuenta todos los antecedentes de lo que ocurrió el 28 de junio, también afirma que “todos nos merecemos una explicación” sobre la forma sorprendente e irregular en que fue expulsado Zelaya, pues el artículo 102 de la Carta Magna estipula que “ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero”.

 Los obispos piden a la Organización de Estados Americanos (OEA) que “preste atención a todo lo que venía ocurriendo fuera de la legalidad en Honduras, y no solamente a lo sucedido a partir del 28 de junio”. También le hace saber que “el pueblo hondureño se pregunta por qué no han condenado las amenazas bélicas contra nuestro país”; y, a la vez que ha agradecido los gestos de solidaridad por parte de muchos ciudadanos extranjeros, ha comparado esta disposición con las “actitudes amenazantes de algunos gobiernos”.

 Dirigiéndose a la comunidad internacional manifiestan el derecho de Honduras a “definir nuestro propio destino sin presiones de cualquier tipo, buscando soluciones que promuevan el bien de todos”. Por esto, rechazan “amenazas de fuerza o bloqueos de cualquier tipo que solamente hacen sufrir a los más pobres”.

 Asimismo, la Iglesia hondureña ha hecho un llamamiento al gobierno interino y a las demás fuerzas del Estado para “no dejarse llevar por los egoísmos, la venganza, la persecución, la violencia y la corrupción”, entendiendo que “siempre se pueden buscar caminos de entendimiento y reconciliación, más allá de los intereses partidistas o de grupo”. Finalmente, el cardenal ha recordado a las autoridades a cargo del país su deber de garantizar el proceso electoral del próximo mes de noviembre.

 Tras la lectura del comunicado, el arzobispo de Tegucigalpa, cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, se remitió al Compendio de Doctrina Social de la Iglesia para recordar que la Iglesia “aprecia el sistema de la democracia, en la medida que asegura la participación de los ciudadanos en las acciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica”.

 En la misma línea, el prelado pidió al “amigo” Zelaya que no regrese en este momento al país para evitar violencias, haciéndole ver que como consecuencia de su destitución no había muerto hasta entonces (4 de junio) “ni un solo hondureño”, y pidiéndole meditase su decisión porque “después sería demasiado tarde”. La admonición del cardenal parecía tener en cuenta las palabras de Hugo Chávez, que durante la reunión extraordinaria del Grupo de Río en Managua se había comprometido a hacer “todo lo posible y todo lo que pueda hacer para derrocar a este gobierno”. “No bastan las declaraciones, hay que apoyar la rebelión en Honduras”, afirmó el presidente venezolano. Como se sabe, Zelaya emprendió luego viaje a Tegucigalpa, en un avión de la compañía Petróleos de Venezuela al que no se le permitió aterrizar, y durante el enfrentamiento de partidarios del presidente con el ejército en el aeropuerto de Tocontín murieron dos personas.

 Respaldo de la Iglesia latinoamericana

 En representación de la Iglesia de El Salvador, el obispo de San Salvador, Luis Escobar Alas, declaró respetar la opinión expresada por la Conferencia Episcopal hondureña, cuyos once obispos firmaron el comunicado leído por el cardenal Rodríguez Maradiaga.

 Asimismo el arzobispo de Maracaibo, Mons. Ubaldo Santana, ha expresado su “acompañamiento al cardenal Rodríguez Maradiaga, con quien estoy muy hermanado”. El prelado ha afirmado además que el clero de Venezuela ora “por la recuperación de la situación en este hermano país; sobre todo porque se respete el Estado de derecho, se busque la consolidación de la democracia, se respeten los espacios civiles, y para que los militares ocupen los lugares que les corresponden y se atengan a las funciones que la Constitución les otorga”.