Alemania: el diagnóstico genético preimplantacional se convierte en ley

La Iglesia: práctica contraria a la vida que esconde una ideología eugenésica

Después de un intenso debate, la Cámara Baja del Parlamento Federal de Alemania -el Bundestag-, ha decidido y ha dado vía libre a la controvertida técnica de diagnosis preimplantacional, conocida también como PID (“Preimplantation Diagnosis”) o PDG (“Preimplantation Genetic Diagnosis”). Con una amplia mayoría, los diputados de Berlín aprobaron el 7 de julio, con 326 votos a favor (de 594), una propuesta de ley [1] presentada por Peter Hintze (CDU), subsecretario de Economía, y Ulrike Flach, vice-director de la FDP (liberales) en el Bundestag.

El texto (Bundestagsdrucksache 17/5451) permite someter a embrionesconcebidos in vitro a una investigación genética o “screening” cuando existe un alto riesgo de transmisión, por parte de los padres a la prole, de graves enfermedades o malformaciones hereditarias comprobadas, la posibilidad de un aborto espontáneo o de que el niño nazca muerto. Los elementos decisivos para permitir la PID son la gravedad de la patología o defecto genético y el criterio de la probabilidad. Para no incurrir en abusos, el proyecto de ley, apenas aprobado, prevé una consulta obligatoria especialista, el OK por parte de una comisión interdisciplinar y el consenso escrito de la mujer. El examen se realizará sólo en los centros autorizados. En el caso de un resultado “positivo”, el embrión “defectuoso” no se trasladará al útero de la futura madre sino que será destruido.

Al análisis de los diputados se sometieron también dos textos alternativos, pero que fueron descartados. El primero de estos dos diseños de ley (BT-Drucksache 17/5450), que recibió 260 votos favorables, fue el elaborado por Johannes Singhammer (CSU) y Birgit Bender (Bündnis 90/Die Grünen). La propuesta en cuestión, que fue apoyada por varios exponentes democristianos, entre los que destacar la canciller Angela Merkel, y el líder de la Unión de CDU/CSU en el Bundestag, Volker Kauder, y también ex ministro social-demócrata de Sanidad, Ulla Schmidt, excluía todos los recursos a la técnica. “Se trata de la ética de la vida”, recordó Kauder durante el debate (Welt Online, 7 de julio). “El derecho a la vida no puede ser puesto a disposición”, añadió otro partidario del “no”, el diputado y “Patientenbeauftragter”, es decir el mediador del Gobie rnofederal para los derechos del paciente), Wolfang Zöller (CSU).

La segunda propuesta suspendida por los diputados (BT-Drucksache 17/5452) era un texto de compromiso, un clásico “no, pero”. Rechazado enseguida (sólo 58 votos a favor), el proyecto en cuestión llevaba la firma del diputado socialdemocrático René Röspel y del presidente del Bundestag, el profesor Norbert Lammert (CDU). Como el texto precedente, mantenía la prohibición de la PID pero permitía algunas excepciones en circunstancias muy limitadas, es decir cuando la supervivencia del feto no estaba garantizada o cuando el nacido no habría superado el primer año de vida. Decisiva para consentir la PID era, en este caso, la previsión de supervivencia.

La aprobación de la propuesta de ley Hintze- Flach ha sido acogida con amargura por parte de la Iglesia católica, que en los meses y semanas precedentes al voto no había dejado de afirmar su oposición clara a la técnica. “Deploramos profundamente la decisión de hoy”, se lee en un comunicado publicado en la web de la Conferencia Episcopal Alemana (DBK), después de la votación (7 de julio). “Nosotros los obispos alemanes nos hemos comprometido intensamente con una clara prohibición de la PID”, recuerda el texto.

En el comunicado, firmado por Robert Zollitsch, obispo de Friburgo de Brisgovia (Baden-Württemberg) y presidente del organismo, los obispos alemanes afirman que la “selección de embriones humanos viola el precepto de la dignidad humana, que que respeta a todos los seres humanos desde el principio”. Para la DBK, “todo ser humano es único como persona y portador de una dignidad que no está disponible, prescindiendo de su nivel de desarrollo, de sus capacidades actuales, de sus talentos, de sus puntos fuertes o débiles o de su posición social, y esto en todas las fases de su existencia”.

Sólo pocos días antes del voto, monseñor Zollitsch había repetido, en una entrevista concedida a la agencia de prensa KNA y retomada por la Domradio de Colonia(3 de julio), que para la Iglesia católica el diagnóstico genético es “inaceptable porque seres humanos deciden que es digno de ser vivido y que no lo es”. “La vida humana inicia con la unión de un óvulo y un espermatozoide”, recordó además el presidente de la DBK, que junto al titular de la diócesis de Rottenburg-Stuttgart y presidente de la subcomisión de Bioética, monseñor Gebhard Fürst, envió a mitad de junio una carta a los diputados de Baden Württemberg.

En su carta conjunta, los dos obispos del “Land” o región sur-occidental de Alemania, afirmaron tener plena comprensión de los temores y preocupaciones de los padres que son portadores de enfermedades hereditarias graves, pero recordaron también que la selección de un embrión “sano” comporta siempre y consigo el rechazo de los embriones humanos “no sanos” (Domradio, 17 de junio). Para Zöllitsch y Fürst, este descarte de embriones tiene una marca clara eugenética y abre además la puerta a otra cosa: la selección embrional en base al sexo o al género.

En su batalla contra la PID -el titular de la diócesis de Múnster (Renania Septentrional-Westfalia), monseñor Félix Genn, no ha dudado en recordar la heroica oposición del cardenal Clemens August Graf von Galen a la ideología nacional socialista (Domradio, 5 de mayo)-, los obispos alemanes recibieron el apoyo de movimientos como la Senioren-Union de la CDU. “Si la PID -por muy limitada que esté- tiene que ser aprobada en Alemania, nuestra sociedad se encuentra verdaderamente ante un cambio de paradigma. Por primera vez no serían niños no queridos por sí mismos, sino a condición de que les falten características que hagan preocupar a sus padres”, se lee en el manifiesto “Kultur des Lebens” (Cultura de la vida), aprobado y publicado el pasado martes por la organización [2].

Estos llamamientos e intervenciones no han frenado, por tanto, a los promotores de la PID. EN los meses pasados, varias academias científicas- entre las que está la Academia Nacional de Ciencias Leopoldina, la Academia Alemana de las Ciencias Técnicas y la Academia de las Ciencias de Berlín-Brandemburgo- se habían pronunciado a favor de una autorización (al menos parcial) del diagnóstico genético preimplantación. En febrero pasado, también una Comisión de la Orden de los Médicos Alemanes (BÄK) había deseado un cambio de la ley a favor de la PID.

Lo que ha reabierto el debate sobre esta técnica en Alemania, prohibida por la Ley sobre la protección de los embriones del 13 de diciembre, ha sido una sentencia emitida hace exactamente un año -el 6 de julio de 2010- por el Tribunal Federal de Casación (BGH) de Lipsia, que había absuelto a un ginecólogo que en su estudio de Berlín había sometido a la PID a los embriones en probeta de tres parejas con una predisposición comprobada a enfermedades genéticas y transferido en el útero sólo embriones “sanos”.

[1] El texto está disponible en la web: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/054/1705451.pdf

[2

] http://www.seniorenunion.de/images/stories/docs/110707-manifest-kultur-des-lebens.pdf

Por Paul De Maeyer

Zenit

Lo que no le han contado sobre la nueva Ley del Aborto

El Foro Español de la Familia denuncia que con la nueva Ley los no nacidos pierden derechos en España, las mujeres pierden libertad y protección frente al aborto, los escolares se ven abocados a sufrir una estrategia de reingeniería social en materia de sexualidad, la libertad de educación se somete a nuevas restricciones y sólo ganan los negociantes del aborto y los grupos defensores de la ideología de género que están haciendo de España a través de las leyes promovidas por este Gobierno coto privado.

Ley del Aborto

La amplia mayoría social que rechaza el aborto y se preocupa de verdad por la mujer embarazada seguirá trabajando por la derogación de esta Ley y por la construcción de una sociedad con medidas sexualmente responsables y solidarias con la maternidad.El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, declara que “la nueva Ley del Aborto, contra el sentir mayoritario de la sociedad española que pide una lucha contra el aborto basada en la protección que ayuda a la mujer, se pone al lado de los intereses de las clínicas abortistas y para facilitar su negocio establece el aborto libre en la práctica hasta la semana 22 del embarazo y da cobertura legal al aborto por razones eugenésicas y eutanásicas sin límite de plazo alguno. Esta nueva Ley aprobada por el Senado pretende subordinar el sistema educativo y sanitario españoles a los intereses de una minoría que defiende una sexualidad sin responsabilidad y desvinculada de la posibilidad de la maternidad convirtiendo el derecho a eliminar al no nacido en parte del derecho a la salud de la mujer”.Con la imposición en las escuelas de la visión de la sexualidad que inspira los 11 primeros artículos de la nueva Ley se producirá un aumento de la sexualidad irresponsable de los adolescentes y en consecuencia de los embarazos imprevistos y de los abortos. Asimismo el incremento de las conductas de riesgo facilitará el aumento de las ETS.La subordinación del Gobierno de Zapatero a los planteamientos radicales y sectarios en materia de sexualidad del feminismo de género y del lobby gay está entregando las políticas de sanidad pública españolas y la escuela a unas estrategias fracasadas en todos los países de nuestro entorno a costa de la salud de los jóvenes españoles. En Francia, el aborto no ha disminuido desde que se reformó y amplió la ley en 2001. Ahora, un informe de la Inspección General de Asuntos Sociales (IGAS) propone una revisión de la reforma de la ley, ya que la reforma proponía la anticoncepción para prevenir embarazos inesperados, y en el informe se puede leer que “el nivel de fracasos de la contracepción es preocupante: el 72% de las IVG [interrupciones voluntarias del embarazo] se realizan con mujeres que recurrían a prácticas anticonceptivas, y en el 42% de los casos esta contracepción se basaba en un método médico, teóricamente muy eficaz (píldora o DIU)”.Benigno Blanco señala que “con la nueva ‘Ley del Aborto’ aprobada en el Senado, los no nacidos pierden derechos en España, las mujeres pierden libertad y protección frente al aborto, los escolares se ven abocados a sufrir una estrategia de reingeniería social en materia de sexualidad, la libertad de educación se somete a nuevas restricciones y sólo ganan los negociantes del aborto y los grupos defensores de la ideología de género que están haciendo de España a través de las leyes promovidas por este Gobierno coto privado”.La amplia mayoría social que rechaza el aborto y se preocupa de verdad por la mujer embarazada y que se manifestó en las calles de Madrid el pasado 17 de octubre, seguirá trabajando por la derogación de esta Ley y por la construcción de una sociedad en la que desde el Estado no se imponga un modelo de sexualidad a todos los ciudadanos, se respeten los derechos del no nacido y se ampare solidariamente a la mujer embarazada para que pueda afrontar cualquier dificultad derivada del embarazo o la maternidad.

Bono se esconde para no recibir más de un millón de firmas contra el aborto

Hoy a las 12, la portavoz de Derecho a Vivir (DAV), Gádor Joya, y el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, presentarán en el registro del Congreso de los Diputados las cientos de cajas que contienen las más de un millón de firmas recogidas en contra del proyecto de ley del aborto, la famosa reforma Aído que pretende implantar el aborto libre en España, incluso para las menores.

Un cuarto de hora más tarde los vicepresidentes de la Cámara Baja, Ana Pastor y Jorge Fernández Díaz, ambos del Grupo Popular, mantendrán una entrevista privada con los promotores de la iniciativa durante la que estos les entregarán el registro de entrada y un modelo del formulario al que se han adherido el millón largo de firmantes. Tanto Arsuaga como Joya, convocantes junto a otras 80 asociaciones de la Marcha por la Vida que se celebrará el próximo 7 de marzo, pretendían realizar la entrega simbólica de las firmas al presidente del Congreso. Con esa intención cursaron hace casi un mes una petición a José Bono para que éste les recibiera en su doble condición de presidente del Parlamento y de católico practicante.
Sin embargo, Bono se ha mantenido escondido. Cursó respuesta telefónica a los peticionarios por medio de su jefe de gabinete alegando que no pensaba recibirles para evitar que se politizara un acto que sólo pretendía desgastar al Gobierno. Sin embargo, este funcionario ofreció a Gádor y Arsuaga la posibilidad de solicitar una reunión con Bono para cualquier otra cuestión que no fuera la de las firmas.
Aprovechando esa invitación, HazteOir y DAV pidieron de inmediato y por carta una cita con el presidente del Congreso. En esta segunda oportunidad para presentarle el Manifiesto por la Vida que se leerá durante las distintas marchas y concentraciones que se celebrarán el 7-M en Madrid y otras muchas ciudades españolas, europeas, iberoamericanas y estadounidense. Por el momento el silencio es la única respuesta que han obtenido.
Al tiempo, se cursó petición para realizar la entrega de firmas a los cuatro vicepresidentes de la Cámara, los populares Ana Pastor y Jorge Fernández Díaz, el diputado de CiU Jordi Jané y la representante del PSOE, Teresa Cunillera. Pastor y Fernández se entrevistarán mañana con los promotores del 7-M, Jané lo hará el próximo 3 de marzo y Cunillera, en la línea de su compañero de partido y presidente, aún no contestado.

La Generalitat obliga a distribuir las películas en catalán

El Gobierno catalán ha aprobado este martes la Ley del Cine Catalán, que prevé que las películas distribuidas con más de 15 copias tengan la mitad de ellas en catalán. Aunque están exentas de esta medida las cintas europeas que tengan menos de 15 copias, no así las americanas, que deberán distribuir la mitad de sus copias en catalán. La medida consiste en incluir la opción catalán en el menú de idiomas de los DVD.

Polémica ley

El consejero de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat catalana, Joan Manuel Tresserras, ha informado este martes en rueda de prensa que la Ley del Cine Catalán que ha aprobado el Gobierno catalán exige que los DVD incluyan la versión catalana en el menú de idiomas.Además, las películas europeas con 15 o menos copias serán las únicas exentas de incluir el catalán en el doblaje o la subtitulación. Las americanas, por ejemplo, con menos de 15 copias sí deberán distribuir la mitad de las copias en catalán. “La norma ya no es general“, ha indicado Tresserras.Según ha explicado tras el Consejo Ejecutivo, esta ley completa los objetivos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y está hecha “para cambiar el estado de las cosas” en un sector que no ha hecho “avances substanciales en democracia“.

Gádor Joya: “A Zapatero le dignificaría corregirse y retirar su Ley del Aborto”

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no lo va a tener nada fácil para imponer su reforma de la Ley del Aborto a los españoles. La muerte de inocentes se encuentra y se va a encontrar con la incesante lucha de plataformas como la de Derecho a Vivir, cuya portavoz, Gádor Joya, para advertirle a Zapatero de que “no pararán de luchar por la vida”.

Gádor Joya, portavoz de DAV, no dará tregua al Gobierno defendiendo la vida

Cuanto más radical sea Zapatero con su imposición de la Ley del Aborto, más lucha y oposición se va a encontrar por parte de los que sí respetan la vida, especialmente la de los más inocentes y desprotegidos. Una de esas luchas la va a encontrar en la plataforma Derecho a Vivir. Gádor Joya, portavoz de DAV, ha asegurado que “esta ley aún no está aprobada” y por eso “nosotros queremos que siga siendo patente el rechazo masivo de la sociedad a esta ley. Seguimos creando conciencia social, en 2009 se han recogido muchos frutos y queremos intensificar ese esfuerzo en estos 6 meses de presidencia española. Nosotros, aunque estamos convencidos de que el derecho a la vida nunca puede ser discutido en un referendo, le retamos a que lo haga para que vea los resultados“.Gádor Joya ha resaltado el cambio de la opinión pública resultado de la intolerancia y el desprecio del Gobierno socialista al derecho a la vida: “Las encuestas en un año se han dado la vuelta. Ha habido dos grandes manifestaciones a favor de que se legisle a favor de la vida y de la mujer. Creo que al gobierno no le queda otra y le dignificaría rectificar. Si no es así, estamos seguros de que le va a costar mucho electoralmente. Los españoles acabarán con esa ley, se derogará y nosotros no podemos parar en esta carrera de fondo“. Por ello, ha afirmado que “se pueden seguir haciendo muchas cosas por la vida y la maternidad. Entre todos, políticos y sociedad, podemos luchar por la vida de esos inocentes“.

El Instituto de Política Familiar insta al Gobierno a realizar un referendo sobre el aborto

El Instituto de Política Familiar (IPF) se suma a la iniciativa de otros agentes sociales como Concapa y la plataforma Derecho a Vivir. Además, insta al Gobierno a cumplir el artículo 92 de la Constitución Española y realizar un referéndum sobre el aborto ya que, afirma, “el Gobierno no debe tener miedo a aplicar la Constitución Española”.

El IPF tampoco se rinde ante la imposición del Gobierno sobre el aborto

El IPF solicita al Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero que realice un referendo sobre el aborto ya que, como afirman, el artículo 92 de la Constitución Española establece que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.La IPF también afirma que “el Gobierno esta imponiendo una ley regresiva a espaldas de su electorado y con una oposición social sin precedentes“, además de recordar que “no estaba en su programa electoral“El presidente del IPF, Eduardo Hertfelder, afirma que la nueva ley del aborto que pretende imponer el Gobierno de manera unilateral “ha sido rechazada frontalmente desde la calle por la sociedad en general en las manifestaciones de marzo y de junio de 2009 y por los intelectuales (manifiesto de más de 3.000 firmas) además de los médicos“.En contra de lo que afirma el Gobierno, Hertfelder acude a la razón y vaticina que es “una ley regresiva que va a aumentar aún más el número de abortos y de gran trascendencia social ya que afecta directamente a la sociedad en general, a la madre que se ve abocada al drama del aborto, a los hijos que dejan de nacer y a los padres que se les elimina la patria potestad sobre sus hijas menores de edad, por lo que deben ser éstos los que decidan su idoneidad o no.” 

Los médicos también critican la nueva ley del aborto

La reforma de la ley del aborto sigue sumando voces críticas a tan sólo unas pocas horas de que el Pleno del Congreso traslade el proyecto al Senado. La Organización Médica Colegial (OMC) dice que la nueva norma carece de las suficientes garantías.

La Organización Médica Colegial recuerda que la profesión médica está al servicio de la vida humana

El comunicado de la Organización Médica Colegial (OMC) recuerda que “la profesión médica está al servicio de la vida humana”, y exige unas mínimas garantías a la reforma propuesta.La crítica más contundente se dirige contra uno de los argumentos estrella del gobierno: “Los médicos rechazamos que se utilice el argumento de que la nueva ley les dotará de una mayor seguridad jurídica a la hora de realizar una interrupción voluntaria del embarazo, ya que no se ajusta a la verdad. Ni los médicos y menos aún el nasciturus, estarán mejor protegidos que con la ley anterior”.A continuación, el texto se refiere al plazo de 14 semanas durante las cuales el aborto es libre: “Este límite es difícil de precisar con el rigor que las leyes exigen a pesar de los medios técnicos actualmente disponibles, por lo que se introduce un aspecto subjetivo, que aconseja establecer cautelas”.Entre las mínimas garantías que la OMC echa en falta en el proyecto está el establecimiento de “un sistema que impida irregularidades en los informes médicos”, destinados a avalar que el embarazo supone un peligro para la salud psíquica o física de la embarazada, que ya con la ley actual se ha convertido en un pretexto para justificar cualquier aborto.También exige que se elabore “un protocolo de consentimiento informado que ofrezca las debidas garantías de validez y respeto a la opinión y autonomía de la mujer, con información de la naturaleza de la intervención y sus riesgos”.Frente a los escasos tres días que el proyecto deja a la mujer para que se reafirme en su intención de abortar, la OMC pide más tiempo. Además, dice que se debería dar más información sobre las medidas sociales para ayudar a las mujeres con dificultades que quieren tener el hijo.En la misma línea garantista, la declaración pide que se establezcan comisiones técnico-éticas en todos los centros donde se realizan abortos para determinar si son legales o no. Y añade: “Una decisión tan importante y de consecuencias irreversibles, cual es un aborto, no puede ser adoptada por un solo facultativo”. Hay que tener en cuenta que si en el proyecto original se requería el dictamen de dos especialistas para realizar un aborto por encima de las 14 semanas y hasta la 22 por razones de salud de la madre o de malformaciones fetales, en el trámite parlamentario se ha reducido a uno.Recortes en la objeción de concienciaLa declaración también hace referencia a la objeción de conciencia. Por un lado, “ve con satisfacción que se reafirme el derecho constitucional a la objeción de conciencia para todos aquellos profesionales que deban intervenir como cooperadores necesarios en la práctica de un aborto”.Pero, por otro, deja entrever una crítica sutil al gobierno: “Los médicos colegiados aceptarán, como no puede ser de otra forma, las leyes emanadas del Parlamento, pero sometiéndolas siempre al valor superior de la libertad de conciencia de cada uno. La objeción de conciencia es un derecho fundamental e irrenunciable”.Para entender este velado reproche se ha de tener en cuenta la última modificación que ha sufrido el proyecto de ley. Hasta la semana pasada, el texto no decía nada sobre la objeción.Aunque este punto era motivo de polémica, lo cierto es que la objeción de conciencia de los médicos y del personal sanitario a la práctica de abortos fue expresamente reconocida por el Tribunal Constitucional en su sentencia 53/1985. Pero ahora el nuevo proyecto de ley dice que sólo se podrán declarar objetores los profesionales directamente implicados en el aborto, excluyendo así al resto del personal sanitario. Además, el proyecto establece que los objetores deberán ejercer su derecho de forma individual y por escrito.La Universidad de Navarra solo enseñará a curarLa Universidad de Navarra también ha querido terciar en el debate sobre la reforma de la ley del aborto con una declaración firmada por los decanos de las Facultades de Medicina, Enfermería, Ciencias y Farmacia, y el director general de la Clínica Universidad de Navarra, que se cuentan entre los centros de más prestigiosos del país en la enseñanza y la práctica sanitaria.A diferencia del comunicado de la OMC, dirigido a criticar puntos concretos de la ley, el de la Universidad de Navarra opta por un enfoque más amplio. Conscientes de que el debate sobre el aborto “trasciende los límites de nuestro país y el presente que nos toca vivir”, los firmantes se centran en una argumentación de fondo.La primera idea es que el aborto nunca es una solución a un embarazo imprevisto, sino una “tragedia superior” que añade nuevos sufrimientos. Por eso, aboga por desarrollar una asistencia social con corazón al servicio de las mujeres embarazadas y de los bebés, que se encuentran “en una posición de mayor debilidad todavía”.Como consecuencia de lo anterior, la Universidad se niega “a incorporar las técnicas abortivas a los contenidos de la educación” (única alusión implícita a la reforma española de la ley del aborto, que pretende obligar a que las Facultades de Medicina enseñen a practicar abortos). En cambio, se compromete “a formar profesionales para curar, investigar y ayudar”.En segundo lugar, los firmantes aspiran a situar el debate sobre el aborto –cada vez más ideologizado– en el contexto más amplio de la historia humana. “Nuestra ilusión es que pronto se estudie como histórico el triunfo de una humanidad valiente que superó el aborto como superó la esclavitud. (…) Nuestra ilusión es que los hombres y las mujeres tomemos decisiones hoy que nuestros hijos aplaudan mañana”.En sintonía con este enfoque, la declaración confía en que los avances científicos acaben inclinando la balanza hacia el respeto a la vida, porque “una sociedad que protege al débil es fuerte”.“Nuestra ilusión es que la medicina, la enfermería, la biología, la farmacia y la universidad en general sean aliados por la vida. La historia juzgará nuestra pasividad cómplice o nuestro compromiso solidario con el débil. No hay mejora sin cambio. Hoy es el día de cambiar en España, en Europa y en el mundo”.Rechazos de la sociedad civilEstos últimos pronunciamientos críticos se suman a los que ha venido recibiendo el proyecto por parte de varios organismos consultivos y exponentes de la sociedad civil.El primero en abrir fuego fue el Consejo Fiscal, que emitió el pasado junio un dictamen contrario a la reforma del aborto. El documento cuestionó la constitucionalidad de varios artículos del anteproyecto y advirtió que la nueva ley del aborto dejaría “absolutamente desprotegido en determinados momentos” al nasciturus.Un mes después, el Consejo General del Poder Judicial fue incapaz de llegar a un acuerdo sobre el dictamen preceptivo que debía emitir sobre el proyecto. El resultado de la votación (10 votos a favor, 10 en contra y una abstención) puso de manifiesto la división que siembra este proyecto radical (cfr. Aceprensa, 24-07-2009).En septiembre llegó el polémico dictamen del Consejo de Estado. Los partidarios de la reforma celebraron a bombo y platillo el visto bueno a la constitucionalidad de una ley de plazos. Pero no repararon en el resto del dictamen: el Consejo recomendó 21 ajustes a los 23 artículos del proyecto y otros tres a sus seis disposiciones (cfr. Aceprensa, 29-09-2009).Después entró en escena la sociedad civil. La multitudinaria manifestación que se celebró en Madrid el 17 de octubre en defensa del respeto a la vida, la mujer y la maternidad fortaleció la convicción, en gran parte de la prensa, de que el gobierno no podía desoír el rechazo social a la ampliación del aborto (cfr. Aceprensa, 19-10-2009).Las encuestas han mostrado también que cuanto más avanzaba la tramitación del proyecto más rechazo social despertaba. El pasado octubre, un sondeo del Instituto Doxa para el diario La Vanguardia, el 46% se manifiesta en contra de la reforma de la ley frente a un 44% a favor.Errores jurídicos de bultoA la falta de respaldo popular hay que añadir las “graves carencias jurídicas” que, según el profesor Rafael Navarro-Valls, presenta el proyecto. En un informe que presentó el martes bajo el auspicio del Foro de la Sociedad Civil, este catedrático de la Universidad Complutense y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia denuncia que la nueva ley se aleja de la doctrina del Tribunal Constitucional.Navarro-Valls cree que el sistema de plazos, que consagra el aborto a petición, es incompatible con lo que dice el TC en su sentencia 53/1985. Pese a que el tribunal exige “la ponderación de todos los bienes e intereses en juego cuando se trate del sacrificio de derechos fundamentales”, el proyecto sólo tiene en cuenta la libertad de la madre pero no la protección de la vida del feto.Además de ser inadmisible desde el punto de vista constitucional, la decisión de priorizar sin condiciones los derechos de la mujer “supone el abandono por parte del Estado del deber básico de establecer un sistema legal que suponga una protección efectiva del concebido y no nacido”.La inconstitucionalidad del proyecto alcanza también a otro de los puntos más polémicos de la reforma: el reconocimiento del aborto como un derecho de la mujer. Según el informe, no hay fundamento jurídico alguno ni en la Constitución española ni en el Derecho internacional que justifique ese cambio.La conclusión de Navarro-Valls es que el proyecto utiliza “construcciones normativas de técnica deficiente, incompatibles con la seguridad y la certeza jurídicas”. Prueba de ello es el uso “indiscriminado” y “falto de precisión” que hace de algunas palabras: por ejemplo, presenta como “derechos fundamentales” los relativos a “la salud sexual y reproductiva”, pero no dice qué derechos son esos ni cuál es su contenido.