Alerta de Profesionales por la Ética. Firma.

 

Escribe
a Mariano Rajoy para que incluya en el programa electoral del PP la eliminación
de Educación para la Ciudadanía

Hoy tenemos la oportunidad de acabar con Educación para la Ciudadanía y tú
puedes jugar un papel importante. Rellena el formulario que
encontrarás al final de este texto para enviar el correo electrónico a Mariano
Rajoy en el que le pedimos que incluya de manera explícita la retirada
de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía en el programa electoral del
Partido Popular
, tal como ha asegurado que haría en diversas ocasiones.

Como sabes, Educación para la Ciudadanía es un conjunto de asignaturas
obligatorias que suponen un ataque directo a la libertad de educación y los
derechos fundamentales de los padres reconocidos tanto en la legislación
española como en los tratados y acuerdos internacionales suscritos por España.
Por eso, la supresión total y definitiva de esas asignaturas se convierte en una
obligación para cualquier partido político que quiera defender la libertad y los
derechos fundamentales.

No sirven la medias tintas ni los maquillajes, sólo la
eliminación total garantiza la salvaguarda del derecho de los padres a elegir
formación moral que quieren para sus hijos de manera permanente.

En los próximos días el Partido Popular cerrará su programa electoral. Por
eso es importante que actuemos ahora FIRMA. Si el Partido Popular
gana las elecciones con un programa electoral que incluía la supresión de EpC,
habremos ganado una de las batallas más importantes de la libertad de educación
en España.

Y tú puedes ayudarnos a ganar esa batalla sumándote a esta iniciativa
y haciéndosela llegar a todas aquellas personas que quieran sumarse
.

No tienes que escribir nada, basta con que rellenes con tus datos básicos el
formulario para enviar a Mariano Rajoy el siguiente correo:

Firma aqui: http://www.profesionalesetica.org/alerta.php

El Papa: “Exhorto a todos los Gobiernos a promover sistemas educativos que respeten el derecho primordial de las familias a decidir la educación de sus hijos, inspirándose en el prin cipio de subsidiariedad, esencial para organizar una sociedad justa”

El Papa calificó como “preocupante” que el servicio que las comunidades religiosas ofrecen a la sociedad a través de iniciativas en el ámbito de la educación de las jóvenes generaciones “sea puesto en peligro u obstaculizado por proyectos de ley que amenazan con crear una especie de monopolio estatal en materia escolástica”.
E indicó que esto “se puede constatar por ejemplo en algunos países de América Latina”, donde muchos países están celebrando “el segundo centenario de su independencia, ocasión propicia para recordar la contribución de la Iglesia católica en la formación de la identidad nacional”.

En referencia al ámbito educativo y las amenazas a la libertad de las familias, el Papa lamentó que en algunos países europeos “se ha impuesto la participación a cursos de educación sexual o cívica que transmiten una concepción de la persona y de la vida pretendidamente neutra, pero que en realidad reflejan una antropología contraria a la fe y a la justa razón”.

Marginación de la religión
El Pontífice también se refirió a otras amenazas que el pleno ejercicio de la libertad religiosa sufre en Occidente.
Habló a los diplomáticos presentes de “los países que conceden una gran importancia al pluralismo y la tolerancia, pero donde la religión sufre una marginación creciente”.
“Se tiende a considerar la religión, toda religión, como un factor sin importancia, extraño a la sociedad moderna o incluso desestabilizador, y se busca por diversos medios impedir su influencia en la vida social, advirtió.
“Se llega así a exigir que los cristianos ejerzan su profesión sin referencia a sus convicciones religiosas o morales, e incluso en contradicción con ellas”, añadió.
En este sentido, puso el ejemplo de las “leyes que limitan el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios o de algunos profesionales del derecho”.

Y a la vez, apuntó como “un motivo de alegría que el Consejo de Europa, en el mes de octubre pasado, haya adoptado una Resolución que protege el derecho del personal médico a la objeción de conciencia frente a ciertos actos que, como el aborto, lesionan gravemente el derecho a la vida”.

También destacó que “otra manifestación de marginación de la religión y, en particular, del cristianismo, consiste en desterrar de la vida pública fiestas y símbolos religiosos, por respeto a los que pertenecen a otras religiones o no creen”.
“De esta manera -indicó-, no sólo se limita el derecho de los creyentes a la expresión pública de su fe, sino que se cortan las raíces culturales que alimentan la identidad profunda y la cohesión social de muchas naciones”.

Sobre la cuestión de la exposición pública de símbolos religiosos, recordó que “el año pasado, algunos países europeos se unieron al recurso del Gobierno italiano en la famosa causa de la exposición del crucifijo en los lugares públicos”.
Y expresó su “gratitud a las autoridades de esas naciones, así como a todos los que se han empeñado en este sentido, episcopados, organizaciones y asociaciones civiles o religiosas, en particular al Patriarcado de Moscú y a los demás representantes de la jerarquía ortodoxa, y a todas las personas, creyentes y también no creyentes, que han querido manifestar su aprecio por este símbolo portador de valores universales”.

Finalmente, subrayó que “reconocer la libertad religiosa significa, además, garantizar que las comunidades religiosas puedan trabajar libremente en la sociedad, con iniciativas en el ámbito social, caritativo o educativo” y destacó que “se puede constatar por todo el mundo la fecunda labor de la Iglesia católica en estos ámbitos”.

Educación para la Ciudadanía (EpC), llega a la ONU

Los derechos de los padres españoles y el conflicto ocasionado por las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) protagonizaron la 15 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, celebrada este martes.

Grégor Puppinck, director de la organización no gubernamental European Center for Law and Justice, que tiene carácter consultivo en varias instituciones de la ONU, puso de manifiesto que el conflicto español de EpC vulnera los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

En su intervención, Puppinck recordó que más de 50.000 padres han objetado con tra EpC, una asignatura obligatoria que estos padres consideran que “afecta a los valores y a la intimidad de los alumnos y sus familias”, según un comunicado de Profesionales para la Ética.

El director del ECLJ indicó, dice el comunicado, “que estas materias escolares entran en conflicto con las convicciones y la religión de numerosos padres, lo que ha dado lugar a 2.300 denuncias judiciales reclamando el derecho a objetar a EpC, obteniendo sentencias favorables en la mayoría de los casos”.
Sin embargo, el Tribunal Supremo español negó a los padres ese derecho en febrero de 2009.

Puppinck concluyó su exposición calificando este hecho de “grave problema de libertad de conciencia”, y pidió al Consejo de Derechos Humanos que inste al Gobierno español “a rectificar su posición” en el conflicto frente a estos padres objetores, dado sigue vigente en el curso escolar que acaba de comenzar.

El ECLJ, con sede en Estrasburgo, es una de las entidades que representa a más de 300 españoles en su demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el conflicto de Educación para la Ciudadanía.

Para Leonor Tamayo, portavoz de Profesionales por la Ética, “es la primera vez que se presenta el conflicto español de EpC en una institución de la ONU, lo cual tiene una resonancia internacional sin precedentes”.

Tamayo recordó que Profesionales por la Ética apoya a los padres objetores que han llevado su caso a Estrasburgo y en breve presentará esta situación en otros organismos europeos relacionados con los derechos fundamentales.

Los padres objetores a EpC presentan otras 54 demandas ante el Tribunal de Estrasburgo

Un grupo de padres españoles ha presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 54 nuevas demandas contra el Estado español, con motivo de la imposibilidad de ejercer su derecho a la objeción de conciencia contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Son ya 321 las demandas presentadas ante dicho Tribunal por esta causa.

(PpE/InfoCatólica) Los nuevos padres demandantes ante el Tribunal Europeo proceden de nueve comunidades autónomas: Extremadura, Galicia y La Rioja, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra.

Los padres españoles alegan que en el conflicto planteado por su oposición a que sus hijos reciban Educación para la Ciudadanía se ha producido violación del derecho a la vida privada de los menores, de la libertad de pensamiento, conciencia y religión de los menores y sus padres y del derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones.

Que toda Europa sepa lo que pasa en España

Lourdes, una de las madres que ha presentado recurso en Estrasburgo, tiene dos hijos (de 3º y 5º de la ESO) que han acabado el curso sin entrar a clase de EpC, afirma:

“Queremos que aprendan que no todo vale y que los ciudadanos no tenemos porque permanecer sumisos y obedientes ante esta dictadura ideológica que nos está gobernando. Hemos llegado hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque no debíamos renunciar a nuestros derechos como padres. Libertad de educación para los padres españoles, decía nuestra pancarta cuando acudimos al Tribunal a entregar la demanda… Queremos que toda Europa se entere de lo que está ocurriendo con la educación en España…”

Ampliación de la documentación presentada

Además, y en relación al primer grupo de demandas, el Tribunal de Estrasburgo requirió recientemente a los abogados de los padres que ampliasen la documentación inicialmente presentada, a efectos de poder valorar de manera pormenorizada los agravios alegados. Dicha documentación acaba de ser presentada también en la sede del Tribunal en Estrasburgo.

Gabilondo sigue faltando a su palabra

Angel_Gabilondo_ministro_Educacion.jpg

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, sigue negándose a recibir a las plataformas de padres objetores, faltando así a su palabra de que recibiría a los afectados por el conflicto generado por la Educación para la Ciudadanía. ¡Exige al ministro Gabilondo que reciba a los representantes de los padres objetores!

A finales de septiembre, HO activó una alerta cívica en la que, invocando “el bien de nuestro sistema educativo”, se le exigía textualmente “que reciba a los representantes de las plataformas que agrupan a los padres objetores con el fin de buscar una solución dialogada al conflicto” causado por el actual diseño curricular de esas asignaturas.

Desde aquellas fechas, Gabilondo ha manifestado con insistente reiteración que recibiría y escucharía a los representantes de las familias objetoras, respecto de las cuales reconocía que actúan legítimamente:

– “Los que objetan creen que han de hacerlo así y luchan desde la legalidad vigente, tienen todo el derecho a hacerlo” (Diario digital Qué, 27 de septiembre).

– “Si hay un debate, escucharé las razones de quienes creen desde su conciencia que deben objetar, pero EpC es una asignatura más que se impartirá con normalidad y que seguirá los mismos indicadores, procedimientos y valoraciones que las demás asignaturas” (Noticias HO, 1 de octubre).

– “Estoy decidido a encontrar una solución para las familias que han invocado la objeción de conciencia” (ABC, 5 de octubre).

– “Vamos a ver si podemos encontrar alguna solución en el currículum, siempre sobre la base del carácter obligatorio” (Norte de Castilla, 21 de octubre).

Sin embargo, algo o alguien parece haberle hecho cambiar de opinión al Ministro, puesto que, en los párrafos finales de las cartas que está remitiendo a quienes suscribieron la alerta de HO, evita responder a la petición que miles de ciudadanos le habían hecho llegar, con el pretexto de que Eva Almunia ha recibido a CONCAPA, al Foro Español de la Familia (FEF) y a la CECE.

Por otra parte -y también ha informado de ello Noticias HO-, el Ministerio ha intentado ‘hacer el paripé, ofreciendo a España Educa en Libertad una entrevista de cara a la galería. La presidenta de la Federación de plataformas, Marisa Pérez Toribio, recibió la pasada semana una llamada del Ministerio de Educación por la que se la invitaba a una entrevista con la Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial, Rosa Peñalver. Ahora bien, se le aclaró que la que sería su interlocutora no tiene capacidad de decisión en esta materia y que se limitaría a trasladar a la Secretaria de Estado de Educación las propuestas que pudieran formularle los padres objetores. Consiguientemente, éstos rehusaron la oferta y han insistido en transmitir sus propuestas directamente a quien sí tiene autoridad suficiente como para decidir: el propio Ministro, a quien han dirigido una nueva carta.

Recuerda a Gabilondo que, como él mismo reconoce en su inaceptable respuesta a quienes suscribieron la alerta de HO, ha comprometido su palabra en recibir y escuchar a los representantes de las familias objetoras y aclárale que -como han reiterado hasta la saciedad- nadie sino ellos mismos, agrupados en las más de 70 plataformas cívicas que recientemente han constituido la Federación España Educa en Libertad, puede hablar en su nombre ni alcanzar acuerdos que los vinculen.

Padres objetores a EpC solicitarán al Constitucional que retire temporalmente la asignatura

Los padres objetores a la adoctrinadora asignatura de Educación para la Ciudadanía continúan en la línea de fuego. El abogado sevillano Carlos Seco, que defiende los intereses de varios madres y padres de alumnos objetores, ha indicado que solicitará al Tribunal Constitucional que “suspenda cautelarmente” del currículo el estudio de la asignatura.

Padres objetores, cuestión de libertad Según ha explicado el propio Seco, este grupo de padres ha decidido recurrir al TC “dado que ni antes ni después de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía del pasado mes de febrero se ha logrado obtener un jurisprudencia uniforme sobre la legalidad de esta asignatura por parte de nuestros tribunales, ya que con posterioridad a aquella se han seguido produciendo sentencias favorables a la objeción“.
Nuestra legislación exige que el Tribunal Constitucional pondere de una parte la protección de los derechos fundamentales, en nuestro caso, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, y el derecho de las familias a elegir la educación moral y religiosa de los hijos, y la perturbación, que ha de ser grave, para los intereses generales que supondría la adopción de tal medida“, apunta.De este modo, indica que la “contradicción” existente entre los pronunciamientos de los distintos tribunales antes y después de las Sentencias del Tribunal Supremo, en donde “unas afirman la existencia de vulneración de esos derechos reconocidos en la Constitución y otras, que sin negarlo, remiten a la concreción que se haga de los contenidos a los manuales y actividades docentes, avalan y ponen claramente de manifiesto que existen suficientes elementos indiciarios para considerar que debe acordarse la medida cautelar de suspensión temporal de las asignaturas, hasta que el propio Tribunal Constitucional dicte sentencia“.El abogado apuesta por esta actuación “más aún teniendo en cuenta el tiempo que puede tardar en resolver el recurso de amparo, tiempo durante el cual se estarían vulnerando la libertad ideológica y religiosa y el derecho a elegir la educación de los hijos, de modo tal que en el caso de obtener una sentencia favorable, ésta habría perdido su eficacia y se habría estado vulnerando los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita al Tribunal Constitucional“.De otra parte, destaca que “en ningún procedimiento judicial, la Administración educativa ha logrado probar o demostrar que si se acuerda dicha medida de retirada temporal de EpC se cause una lesión grave para los intereses generales“.En su opinión, “se trata de una materia de nuevo cuño, que nunca antes había existido en el sistema educativo desde la promulgación de la Constitución y desde la vuelta a la democracia, que nunca antes se había percibido la necesidad de introducirla en el currículo, y por tanto, que es difícilmente comprensible y defendible que exista un perjuicio grave al interés general si se acuerda temporalmente su retirada hasta que se pronuncie sobre el tema el Tribunal Constitucional“.

Nace España Educa en Libertad

Los objetores a Educación para Ciudadanía aúnan esfuerzos. Las distintas plataformas que hasta ahora han servido de portavoces a los objetores de EpC han fundado la Federación de Padres por la Libertad de Educación ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD, De esta forma, recogen el guante del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que ha mostrado dispuesto a dialogar con los que se oponen a la asignatura.

Presentación de España Educa en Libertad

España Educa en Libertad se presentó este jueves en Madrid. Inmaculada López, de la plataforma segoviana Educación en Libertad y ahora secretaria de la Federación, fue la encargada de desglosar los objetivos de esta nueva institución que velará por los intereses de los objetores a EpC.

La Federación nace por la voluntad de más de 70 plataformas que representan a más de 50.000 objetores. La nueva entidad está presente en todo el territorio nacional y es fruto, en palabras de Inmaculada López, de “una movilización social sin precedentes causada por la imposición de un conjunto de asignaturas que implican una vulneración de la libertad religiosa e ideológica y de los derechos fundamentales de los padres a educar a sus hijos”.Más allá de EpC, la voluntad de esta Federación es la de permanencia. “Queremos que esta movilización cívica sirva para que los padres se impliquen más activamente en las políticas educativas que afectan a sus hijos. Después de la polémica de EpC, el debate educativo no puede seguir siendo monopolizado por los partidos políticos y las administraciones educativas, a menudo indiferentes a los derechos de los padres en materia de educación y libertades fundamentales”.El primer objetivo de España Educa en Libertad, según Inmaculada González, es el de reunirse con Ángel Gabilondo. “Hoy reiteramos, ya como Federación Nacional, la necesidad de sentarnos con carácter urgente con D. Ángel Gabilondo en calidad de interlocutores con representación en todas las comunidades autónomas. Somos nosotros los que ostentamos la representación real de la mayor parte de padres objetores, son nuestros hijos los que cada día están expuestos a esta materia”, expone González.Aunque para ese diálogo, le Federación tiene dos premisas muy claras:1. La primacía del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, tal y como reconoce el artículo 27.3 de la Constitución Española. Se trata de que la escuela ayude a los padres en esta tarea pero no pretenda suplantarlos.2. Aunque creemos que la mejor solución sería retirar las actuales asignaturas de EpC y abrir un debate real sobre cómo abordar la educación cívica y en valores, no nos oponemos a que exista unas asignaturas obligatorias de formación cívica siempre y cuando respeten los derechos de los padres y no pretendan adoctrinar imponiendo de manera obligatoria una determinada visión de la vida y la persona.Los representantes de ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD han confirmado que seguirán promoviendo la objeción de conciencia a EpC entre los padres porque es el único instrumento constitucional que les permite defenderse de una norma que vulnera sus derechos.
 
La presidenta de la Federación de Padres por la Libertad de Educación ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD es Marisa Toribio (Soria Educa en Libertad).MÁS DE 53.000 OBJECIONESHasta el momento se han producido 53. 406 objeciones a la asignatura; además, después de las sentencias del Tribunal Supremo sobre objeción a EpC los padres han presentado 215 recursos judiciales reclamando su derecho a objetar.Tras las citadas resoluciones del Supremo se han dictado 48 sentencias favorables a los objetores: 2 de ellas en un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza y 46 en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Estas últimas sentencias eximen a 88 alumnos de cursar EpC.
 
Además, se han presentado 7 denuncias de libros de texto de EpC y 1 recurso judicial por adoctrinamiento en la escuela.