El Gobierno de Morales pretende que la Iglesia pague impuestos

Una nueva crisis ha estallado en Bolivia a raíz del anuncio de altos representantes del poder Ejecutivo y Legislativo del Estado boliviano, presidido por Evo Morales, de que harán pagar impuestos a la Iglesia católica bajo la amenaza de expropiación de sus bienes inmuebles.

Es el segundo punto álgido, en el mes de noviembre pasado, de unas relaciones que nunca han sido fluidas entre la Iglesia católica y el Gobierno del indigenista y cocalero Morales.

El anuncio de “reversión” de los bienes de la Iglesia fue hecho por autoridades del más alto nivel, mientras colean los efectos de las amenazas de los cocaleros al obispo Solaris de Cochabamba por advertir pastoralmente a sus fieles del microtráfico de cocaína, especialmente usando a menores. Los productores de coca exigen la expulsión del obispo fuera del país.

Este lunes, el ex canciller y ex embajador de Bolivia en el Vaticano, Armando Loaiza,   recordó que obligar a pagar impuestos a la Iglesia católica va contra los convenios  internacionales, firmados en el siglo XIX entre Bolivia y la Santa Sede.

La Iglesia católica paga impuestos fijados por ley, mientras que hay otros, de los que está exenta, por convenios con el Estado, señaló por su parte el obispo Jesús Juárez de El Alto, una de las diócesis más desfavorecidas del país.

Estas afirmaciones ya fueron corroboradas en diciembre de 2008 por la entonces presidenta del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) Marlene Ardaya, quien dijo que la Iglesia católica “está pagando sus impuestos de otro tipo de actividades que tienen características comerciales, por ejemplo las universidades: está la Universidad Católica, la Salesiana, o en su caso los colegios católicos”.

Ardaya aclaró que las instituciones religiosas no pagan tributos por actividades explícitamente referidas a la fe. “Nadie paga impuestos de eso, ninguna Iglesia, ni la cristiana, católica ni nadie, porque es un tema de orden de fe, es muy subjetivo el tema, es decir, qué pasaría con aquellos que creemos en los ritos aymaras, las ‘mesas’, las ‘milluchadas’, tendríamos que pagar impuestos”.

Por otra parte, el diario La Estrella de Iquique, de Chile, informaba que el 31 de julio del presente año el cuerpo de Carabineros de Chile detuvo en la frontera a un niño boliviano de catorce años transportando 160 kilos de droga.
El obispo Tito Solari, en cuya diócesis se incluye el Chapare –región cocalera desde la que Evo Morales se lanzó a la vida política–, advirtió: “Hay jóvenes de colegios de secundaria que, en la noche, salen para trabajar en el tráfico de cocaína”.
Los seis sindicatos de cultivadores de coca del Chapare, cuyo líder es el presidente de Bolivia, dieron el sábado pasado un nuevo plazo de 48 horas para que Solari se retracte  de sus afirmaciones.

Un seguimiento de Naciones Unidas revela que Bolivia, con más de 30.000 hectáreas plantadas, es el tercer productor de coca del mundo, con un 18% del total, detrás de Perú y Colombia. Las autoridades bolivianas estiman que, de ese volumen de coca, entre un 35 y un 40% se desvía al narcotráfico.

El subjefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la Cámara de Senadores de la República de Bolivia, Eugenio Rojas anunció que el Gobierno de Evo Morales “revertirá” las propiedades de la Iglesia católica si no paga impuestos, por considerar que es una institución privada. [En realidad es una expropiación por que “revertir” al Estado, inmuebles que nunca fueron del Estado, parece un término impropio].

Rojas dijo también que “los diezmos son aportes voluntarios de cada miembro [de la Iglesia], eso no se puede aplicar como impuesto, pero sí se puede y se deben aplicar impuestos a las propiedades inmuebles porque no prestan servicio efectivo a la población”.

Las declaraciones de Rojas siguieron al conflicto suscitado por algunos integrantes del Gobierno boliviano contra la Iglesia, a raíz de la advertencia pastoral a sus fieles del arzobispo de Cochabamba, Tito Solari sobre el uso de menores para la venta de coca.

Tras sus amenazas, el senador del MAS anunció sin embargo que mejorarán los convenios educativos entre Iglesia y Estado. Su amenaza responde a “denuncias” –dijo sin identificar a tales denunciantes–, y anunció “una investigación” porque, añadió, la Iglesia católica “no sólo tiene propiedades como capillas, unidades educativas o centros de salud, sino que hay otras que son de otra índole”.
El también senador del MAS David Sánchez afirmó que, con la nueva disposición, ya no hay privilegios para nadie. “Nosotros hemos entendido que ya no hay fuero especial para nadie con la Constitución y con el nuevo Estado, ya no hay privilegios ni para unos ni para otros, como la [Iglesia] Evangélica y las demás”, dijo Sánchez.

El cardenal Julio Terrazas, recientemente reelegido presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, en su 88 Asamblea celebrada en noviembre último precisamente en Cochabamba, en la homilía dominical en su Archidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, llamó a todos a no perder el ánimo ante los constantes ataques del Gobierno.
“No debe desalentarnos este problema que se ha suscitado allá con nuestro hermano el arzobispo de Cochabamba [Tito Solari], no es un motivo para desalentarnos, sino un motivo para darle gracias a Dios, que quiere que nos mantengamos despiertos, vigilantes y listos a tomar las acciones debidas para impedir que la muerte se vaya apoderando de personas, de grupos o de espacios físicos”, dijo el cardenal Terrazas durante la eucaristía celebrada en la catedral.

El cardenal boliviano también condenó el robo sufrido en el Museo de la catedral , asegurando que les pueden robar todo lo material pero la fe jamás: “Es doloroso lo que ha sucedido, es repudiable”, señaló. El 11 de noviembre pasado robaron reliquias valiosas del Museo que hasta ahora no han sido encontradas.
El cardenal llamó a todos los fieles hijos de Dios a decir la verdad, donde haya víctimas de la injusticia del narcotráfico. Los ataques a la Iglesia proceden del Gobierno y también de los cocaleros del Chapare que este sábado dieron un ultimátum de 48 horas para la expulsión de monseñor Tito Solari de Cochabamba.

En Bolivia, hay 1.469 establecimientos educativos católicos y 1.600 parroquias, santuarios o conventos, y 250 hogares y otros centros, aunque como se sabe, la mayoría de las propiedades de la Iglesia católica proceden de donaciones de sus fieles, o de otras instituciones a lo largo de la historia.
Todas las instituciones que administra la Conferencia Episcopal Boliviana gozan de una exención del pago de impuestos a la propiedad. El considerar entidad benéfica libre de impuestos a la Iglesia católica es consecuencia de los concordatos entre el Vaticano y Bolivia de 3 de agosto de 1993, ratificados en 1995 por el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

La actual Constitución boliviana establece la independencia del Estado en materia religiosa. La anterior, de 1967, en su artículo 3, decía que “el Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana”. Ahí es donde los obispos propusieron un cambio para que otras confesiones pudieran gozar de la misma situación,
Carlos Velásquez –secretario ejecutivo de la Comisión de la Conferencia Episcopal Caritas Bolivia- afirmó este sábado que la Iglesia católica solicitó mes es antes de la apertura de la Asamblea Constituyente, el 6 de agosto, separarse del Estado para promover la apertura a otras confesiones religiosas.
El 3 de mayo de 2006, antes de instalarse la Asamblea Constituyente, la Conferencia Episcopal de Bolivia solicitó públicamente la revisión del artículo 3 de la Constitución Política del Estado (CPE) “que tantas malas interpretaciones generó para ponernos a tono con las actuales circunstancias”, explicó Velásquez, en una entrevista concedida a la Red Erbol.

Velásquez mencionó que con esta acción, los obispos sugerían que la Constitución podría decir: “El Estado reconoce y sostiene a la religión católica, apostólica y romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediant e concordatos y acuerdos entre el Estado boliviano y la Santa Sede”.

La decisión de renunciar a su privilegio era una respuesta coherente a las orientaciones del Concilio Vaticano II.
Velásquez concluyó que era  “una muestra del respeto a las autonomías” y de la esperanza en una sana cooperación porque “el Estado y la Iglesia tienen enfrente al ser humano, cuya dignidad y el bien común debe ser respetados”.

El “porro” como problema: más pruebas de trastornos médicos y fracaso escolar

La guía Cannabis II es la segunda edición (la primera fue en 2006) de un documento que recopila nuevas pruebas científicas, toxicológicas y clínicas, acerca de los efectos negativos del consumo de esta droga.

El consumo habitual de esta droga, en particular si comienza antes de los 16 años, provoca daños graves en el tejido cerebral

Carmela Moya, delegada del Plan Nacional sobre Drogas, responsable de la redacción del informe, remarcó en la presentación del texto que “el consumo de cannabis produce alteraciones del sistema nervioso central, déficit en la memoria, la atención, la capacidad psicomotora y está directamente relacionado con el fracaso escolar. También puede producir otros trastornos mentales, como la psicosis”.La parte más elocuente del informe se concentra en los dos capítulos centrales, “Manifestaciones clínicas asociadas al consumo de cannabis” (cap. IV) y “Cannabis y trastornos mentales” (cap. V). De su lectura se deduce una visión nada complaciente con el porro, frente a la que podría transmitir cierta aceptación ingenua, extendida entre la población más joven.Como se dijo en la presentación de la guía, “el cannabis es una droga y como tal se comporta”. De ahí que el Ministerio de Sanidad, en sintonía con las recomendaciones de la ONU (Aceprensa, 24-09-2008), asuma la lucha contra la que es la droga psicoactiva ilegal más consumida de todo el mundo.Perjudica la memoria y la concentraciónDe entre los daños provocados por el consumo de esta droga, la guía destaca aquellos que afectan al sistema nervioso central: numerosos estudios muestran que el consumo habitual de esta droga, en particular si comienza antes de los 16 años, provoca daños graves en el tejido cerebral y en su funcionamiento, así como trastornos de ansiedad, depresivos y psicóticos. En efecto, son significativos los efectos perjudiciales del cannabis en la función motora, en la conducta alimentaria, en la capacidad de acción y reacción y en la conducción de vehículos, entre otras funciones asociadas a la actividad neurológica.Por otra parte, las últimas investigaciones revelan que los hijos de mujeres que consumieron cannabis durante la lactancia presentan limitaciones significativas en capacidades como la memoria o la organización de tareas, además de riesgo de bajo peso al nacer. Revelan igualmente lo equivocado de una ingenua estrategia de recurso terapéutico al cannabis durante periodos de desintoxicación de otras drogas más fuertes: la droga llama a la droga. Su consumo va asociado a un fenómeno de “puerta de entrada” a otras drogas más agresivas y adictivas, aunque ello no significa que todos los que las consumen acaben utilizando otras drogas.Consumo asociado al fracaso escolarPese a todo, uno de cada cinco jóvenes de entre 14 y 18 años ha consumido la droga en el último mes, según datos que recoge la guía. En concreto, la edad media de inicio en el consumo en los estudiantes de secundaria se sitúa en 14,6 años. El informe detecta que son ya 40.000 los jóvenes consumidores habituales de esta droga que presentan un “consumo problemático”, es decir, con trastornos de dependencia.Tampoco deja de ser problemático el consumo ocasional, si se tienen en cuenta otros datos de la guía; por ejemplo, la evidencia del daño provocado por el fenómeno del policonsumo (la combinación del cannabis con otras drogas: anfetaminas y cocaína, pero también alcohol y tabaco), de cuya incidencia negativa también hay ya certeza experimental. En este sentido, otro dato resulta poco tranquilizador: entre un 7 y un 10 % de las personas que han probado alguna vez cannabis tienen riesgo de desarrollar un trastorno de dependencia.Es cierto, por otra parte, que ha descendido 5 puntos el consumo medio de cannabis entre los jóvenes desde 2004, pero la proporción (20,1% ) sigue siendo elevada. Con todo, esa mejora de los resultados obedece a una mayor percepción del riesgo.Por último, el informe aporta pruebas de un aspecto polémico, pero que resulta bastante intuitivo: la relación entre consumo de cannabis y fracaso escolar. En concreto, tan sólo un 2% de los consumidores tempranos alcanza un título universitario. Si nos limitamos a la etapa escolar previa, no faltan tampoco datos elocuentes: dentro de aquellos consumidores que han fumado cannabis en el último mes, el 36,6% han repetido más de un curso, el 33,5% ha repetido un curso y el 20,2% no ha repetido.La delegada del Plan Nacional sobre Drogas extrajo las consecuencias de este consumo en relación con el rendimiento escolar: “el incremento del consumo de cannabis en el periodo académico se asocia a la obtención de peores calificaciones académicas, menor satisfacción, actitudes negativas hacia la escuela, un pobre rendimiento escolar, un aumento del absentismo y una mayor prevalencia de abandono de los estudios”.

 

 

Si fuera un cura …….

El mundo del cine ha cerrado filas tras Roman Polanski, reclamando su libertad. En la petición firmada por 138 cineastas –Woody Allen, Pedro Almodóvar, Martin Scorsese, David Lynch y otras muchas celebridades– da la impresión de que Polanski, de 76 años, ha sido detenido por su ideas más que por sus actos. Nada se recuerda del origen de su arresto, la violación en 1977 de un chica de 13 años, tras haberla drogado, culpabilidad que reconoció en su momento ante el juez de Los Ángeles, aunque luego huyera sin dar ocasión a que se pronunciara la sentencia.

Roman Polanski

 Es verdad que el castigo de un delito pierde bastante su efectividad y su sentido cuando han transcurrido 32 años. No en vano la prescripción siempre ha tenido su papel en el Derecho. El tiempo tiene una influencia decisiva en la vida del hombre, también en la esfera de la extinción de derechos y de responsabilidades. La gente cambia. El castigo tiene un valor ejemplar en el momento, pero no del mismo modo tres décadas después. Si, además, como en el caso de Polanski, la víctima ha perdonado o ha llegado a un acuerdo con el agresor, y no quiere volver a verse en un juicio, hay buenos motivos para dar por cerrado el caso.

 Pero estos buenos motivos no tienen nada que ver con los invocados en la declaración de los cineastas de apoyo a Polanski. Los firmantes de la petición manifiestan su “estupor” y su “consternación” ante el arresto, y consideran una “trampa policial” que el cineasta haya sido detenido cuando iba al Festival de Cine de Zurich a recibir un homenaje, como si la ejecución de una orden de busca y captura emitida por el juez americano fuera un atropello de la policía.

 Da la impresión de que lo que estuviera en juego fuera la libertad de expresión, pues argumentan que “los festivales de cine del mundo entero han permitido siempre mostrar las obras y la libre circulación de los cineastas”, “incluso cuando ciertos Estados querían oponerse”. Pero Polanski no ha sido detenido por nada que tenga que ver con el Séptimo Arte, sino con unos hechos arteros que son perseguidos en cualquier Estado. Y ni EE.UU. ni Suiza están en manos de regímenes dictatoriales.

 Como supremo argumento, los colegas afirman que Polanski es “un artista de renombre internacional”, que hoy día se ve amenazado de extradición y de privación de libertad. Todo esto desprende un tufillo de elitismo irresponsable, en virtud del cual a un artista no se le pueden aplicar los mismos criterios jurídicos que al común de los mortales.

 Desde luego, si se le hubieran aplicado, Polanski habría sido detenido muchos años atrás, pues la orden de busca y captura es de 1978. Por eso, en vez de preguntarse por qué ha sido detenido ahora, habría que plantearse por qué el gobierno de Francia –donde reside– nunca hizo nada para llevarlo ante la Justicia, cuando el delito se acababa de cometer. ¿Ser un renombrado director de cine justifica un indulto sin consecuencias?

 Si fuera un cura

 Lo menos que puede decirse es que Polanski tiene suerte de ser un cineasta afamado. Imaginemos que hubiera sido un cura –o más bien un arzobispo, para mantenernos al nivel– , acusado de abusos sexuales sobre un menor en Estados Unidos. Cuando en 2002 estalló el escándalo de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, la mayoría de los casos que entonces salieron a la luz pública habían sido perpetrados en los años 70, en la misma época del delito de Polanski, con adolescentes de edad similar a la de la víctima del cineasta. Pero entonces nadie les quitó importancia diciendo que eran “una historia antigua que ya no tiene sentido”, como ha afirmado ahora el ministro de cultura francés, Frédéric Mitterrand. Al contrario, hubo satisfacción por el hecho de que por fin los culpables pagaran por su atropello. “Tolerancia cero” era y es la consigna.

 Si Polanski fuera un cura, nadie le habría exculpado con argumentos como haber tenido una infancia trágica o por haber obtenido el perdón de la víctima, como se ha dicho a propósito del director polaco. Ni se habría minusvalorado la importancia del hecho calificándolo como “error de juventud” (¡un joven de 44 años!).

 Si se tratara de un cura, el hecho de que la Iglesia no hubiera reaccionado, se habría interpretado sin duda como un signo de querer echar tierra sobre el escándalo en vez de preocuparse por la víctima. Pero si es el Estado francés quien cierra los ojos durante 32 años, es solo un signo de que Francia es tradicional tierra de acogida.

 En fin, echándole más imaginación, pensemos qué se habría dicho si 138 obispos firmaran una carta de apoyo al compañero acusado de un delito de violación de menor, aduciendo que es inconcebible que se pretenda juzgar a “un clérigo de renombre mundial”. El escándalo sería tal que estimularía el ingenio de algún cineasta para hacer una película sobre el caso.

Asesinato de un misionero en Brasil

Fuentes eclesiales consideran que su muerte se debe a la denuncia de droga y prostitución.
 Benedicto XVI ha expresado profundo pesar por la trágica muerte del padre Ruggero Ruvoletto, misionero italiano fidei donum de la diócesis de Padua, asesinado el sábado en Amazonia.
El dolor del Papa es manifestado en un telegrama, firmado por el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado, dirigido al arzobispo de Manaus, monseñor Luiz Soares Vieira.
En el mensaje, el Papa condena firmemente también este “acto vil y cruel contra un pacífico servidor del Evangelio” y transmite la cercanía espiritual en la oración.
El padre Ruvoletto fue asesinado este sábado en su parroquia de Santa Evelina, a las afueras de Manaos, en el nordeste de Brasil.
El servicio de información religiosa SIR, de la Conferencia Episcopal Italiana, constataba este martes que “se está abriendo camino la hipótesis, denunciada por un misionero italiano en Brasil, de que la muerte del padre Ruvoletto ha sido una ejecución como parte de una serie de actos de intimidación contra la Iglesia en la región de Manaus, porque desde hace tiempo denuncia las actividades criminales, el tráfico de droga, y la trata de seres humanos”.
Desde el año 2006 hay documentos y entrevistas (una de ellas la publica este martes la diócesis italiana de Padua (www.diocesipadova.it), que muestran cómo el sacerdote denunciaba “la droga y la prostitución como plagas sociales”.