Los colegios CEU en defensa de la vida

Ante la aprobación en el Congreso de los Diputados de la ley Salud Sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo los colegios CEU han hecho público un manifiesto que, a continuación, reproducimos íntegramente.

Los colegios CEU defienden el derecho a la vida

“1.- Que la aprobación de esta ley supone un atentado contra el derecho a la vida, en concreto contra el derecho a la vida del ser más inocente y débil que existe, el ser humano no nacido, que pasa a ser despreciado (no digno de defensa) en nuestro ordenamiento jurídico.2.- Que la aprobación de esta ley supone un atentado contra la dignidad de la mujer al ser abandonada por parte de los poderes públicos ante cualquier dificultad que pueda surgir en su embarazo. Asimismo, esta ley deja a la mujer indefensa ante las múltiples presiones existentes en nuestra sociedad hacia la mujer embarazada.3.- Que la aprobación de esta ley, al despreciar el derecho más fundamental que es el derecho a la vida, quiebra con el principio de igualdad y libertad que es básico y fundamental en la educación de las nuevas generaciones y que procuramos transmitir en nuestra labor educativa.4.- Que los artículos 5 y 9 de la ley atentan contra el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos. Esta ley impide que los padres decidan la orientación de “la formación en salud sexual y reproductiva como parte del desarrollo integral de la personalidad y de la formación en valores”.
 
5.- Que los artículos 5 y 9 atentan contra la libertad de educación propia de una sociedad democrática y en la que pretendemos desarrollar nuestra vocación específica al servicio de las familias y de la sociedad. Por ello la imposición de las medidas educativas que señala la ley, así como el observar el aborto como una solución más ante un embarazo imprevisto, cuestión en que la ley insiste especialmente, no son acordes con nuestro proyecto educativo, ni con las expectativas que los padres tienen con el mismo.6.- Que las enseñanzas que trata de imponer la ley, en cuanto a la información de las técnicas abortivas y de la educación sexual, son contrarias a la verdad de la naturaleza humana e incoherentes con la responsabilidad exigible al ser humano como sujeto moral dueño de sus actos.7.- En este sentido denunciamos la desprotección en la que quedan nuestros alumnos y especialmente nuestras alumnas ante políticas educativas que enseñan un cuestionable uso de la sexualidad.Por todo lo anterior como miembros de la comunidad educativa queremos: – expresar nuestro más firme rechazo a la ley aprobada por el Congreso de los Diputados, al tratarse de una ley en clara contradicción con los principios que deben fundamentar toda sociedad democrática y que forman parte de nuestro proyecto educativo.- reafirmar nuestro compromiso con la sociedad española, y en especial con las familias que han confiado en nosotros, en la educación de nuestros niños y jóvenes en la Verdad y responsabilidad desde la libertad; a partir los principios que profesamos.- reafirmar el compromiso con  nuestro ideario educativo y el compromiso en su defensa y mantenimiento frente a los ataques que sufre desde el texto legal aprobado.- exigir la retirada de la ley aprobada y el desarrollo de una reforma legislativa que realmente proteja el derecho a la vida de todo ser humano, la dignidad de la mujer y la libertad de enseñanza.- manifestar nuestro compromiso con las movilizaciones sociales que promueven la defensa de la vida, la dignidad de la mujer y la libertad de educación.- solicitar una renovación de las políticas sociales, clara y decidida,  de apoyo a la mujer y especialmente a la mujer embarazada, que le permitan afrontar con libertad su situación personal y la de su hijo. 

Más de cien asociaciones denuncian que el Gobierno quiere imponer «su moral sexual»

Un total de 143 asociaciones denuncian que el Gobierno pretende, según recoge el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), enseñar en las escuelas “su moral sexual” y el aborto, lo que supone en su opinión “una intromisión clara del Estado”.

 

Durante la presentación del manifiesto, que se titula «El derecho de los padres a decidir la educación sexual de sus hijos», la presidenta de España Educa en Libertad, Marisa Pérez Toribio, señaló que con las medidas que propone el Ejecutivo “se deja al margen a los padres y se pretende imponer la moral sexual y la ideología del Gobierno”. “No nos oponemos a la educación sexual, pero no estamos dispuestos a dejar en manos del Estado este tipo de formación que, además, afecta a las condiciones morales”, añadió Pérez Toribio.

Por su parte, el presidente de la Fundación Educatio Servanda, Juan Carlos Corvera, apuntó que la intención de los poderes públicos “choca con la neutralidad de los colegios públicos y con el ideario de los privados y concertados”. También el secretario general de Profesionales por la Etica, Fabián Fernández Alarcón, criticó la medida y añadió que “no corresponde al Estado determinar conforme a qué criterio ha de educar a los niños”. “Se quiere enseñar a los niños qué es un aborto y que es un derecho suyo”, denunció.

En el manifiesto, las entidades señalan que el capítulo educativo de la nueva legislación sobre aborto “es un paso más en el proyecto ideológico y cultural de transformación de la sociedad y que, como ya sucede con Educación para la Ciudadanía (EpC), vulnera de lleno el derecho de los padres”. Asimismo, el documento se dirige a las administraciones educativas, a los padres, a los centros educativos con ideario propio y a los de la red pública para pedirles que “rechacen de plano la intromisión estatal en el ámbito de las libertades individuales”.

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Más de 200 millones de cristianos sufren discriminaciones

Denuncia del representante vaticano en la ONU

 Aunque “no hay ninguna religión en el mundo que esté exenta de discriminación”, la cristiana es la más perseguida.
Lo denunció el pasado 21 de octubre en Nueva York el arzobispo Celestino Migliore, nuncio apostólico y observador permanente de la

Santa Sede ante las Naciones Unidas.
“Está bien documentado que los cristianos son el grupo religioso más discriminado”, afirmó el prelado durante su intervención en la 64ª sesión de la Asamblea General del organismo sobre la promoción y defensa de los derechos humanos.
“Más de 200 millones de ellos, de varias confesiones, se encuentran en situaciones de dificultad debido a estructuras legales y culturales que conducen a su discriminación”, especificó.
“A pesar de ser repetidamente proclamado por la comunidad internacional y especificado en los instrumentos internacionales y en las Constituciones de la mayor parte de los Estados”, el derecho a la libertad religiosa “continúa siendo hoy violado de una manera amplia”, constató.
“Actos de intolerancia y violaciones de la libertad religiosa continúan perpetrándose de muchas formas”, por lo que “cada vez se llevan más casos a los tribunales o a los organismos internacionales para los derechos humanos”.

La amenaza de las leyes sobre la blasfemia
En los últimos meses, recordó el observador permanente, algunos países de Asia y de Oriente Medio han visto a las comunidades cristianas “atacadas, con muchos heridos y muertos”, e “iglesias y casas presas de las llamas”.
Estas acciones, señaló, “han sido cometidas por extremistas en respuesta a las acusaciones realizadas contra algunas personas en base a las leyes antiblasfemia”.

En este contexto, monseñor Migliore declaró que su delegación “valora y apoya” la promesa del Gobierno de Pakistán de “revisar y enmendar esas leyes”.
Las disposiciones legislativas sobre la blasfemia, prosiguió, “se han convertido demasiado fácilmente en una oportunidad, para los extremistas, de perseguir a los que escogen libremente seguir una tradición de fe distinta”.
Y han sido utilizadas para “fomentar la injusticia, la violencia sectaria y la violencia entre religiones”, añadió.
Ante a esta situación, los Gobiernos deben “afrontar las causas profundas de la intolerancia religiosa y abolir estas leyes que sirven como instrumentos de abuso”.

Voluntad de cambio
Si en la legislación que restringe la libertad de expresión “no se puede cambiar la actitud”, declaró el arzobispo Migliore, “lo que aquí en cambio se necesita es voluntad de cambio”.

Ésta se puede lograr “concienciando más a las personas, conduciéndolas a una mayor comprensión de la necesidad de respetar a todas las personas, independientemente de su fe o de sus antecedentes culturales”.
Los Estados, por su parte, “deben evitar adoptar restricciones a la libertad de expresión, que a menudo han conducido a abusos por parte de las autoridades, y evitar también silenciar las voces disidentes, sobre todo las de las personas que pertenecen a minorías étnicas y religiosas”.

La auténtica libertad de expresión puede contribuir a un mayor respeto por todos y proporcionar la oportunidad de hablar contra violaciones como la intolerancia religiosa y el racismo, y promover la igual dignidad de todos”, indicó.
Visto que el odio y la violencia hacia determinadas religiones que persisten en varios lugares apuntan a una situación caracterizada por la intolerancia, “es imperativo que las poblaciones de las diversas tradiciones de fe colaboren para crecer en la comprensión recíproca”, destacó.
Y añadió: “Es necesario un auténtico cambio de mentalidad y de corazón”.
Este objetivo -aseguró-, se logra sobre todo a través de “la educación a la importancia de la tolerancia y del respeto por la diversidad cultural y religiosa”.
“La cooperación entre las religiones -concluyó el arzobispo- es un requisito para la transformación de la sociedad”, porque “realmente es posible construir una cultura de la tolerancia y de la coexistencia pacífica entre los pueblos”.

 

Asesinato de un misionero en Brasil

Fuentes eclesiales consideran que su muerte se debe a la denuncia de droga y prostitución.
 Benedicto XVI ha expresado profundo pesar por la trágica muerte del padre Ruggero Ruvoletto, misionero italiano fidei donum de la diócesis de Padua, asesinado el sábado en Amazonia.
El dolor del Papa es manifestado en un telegrama, firmado por el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado, dirigido al arzobispo de Manaus, monseñor Luiz Soares Vieira.
En el mensaje, el Papa condena firmemente también este “acto vil y cruel contra un pacífico servidor del Evangelio” y transmite la cercanía espiritual en la oración.
El padre Ruvoletto fue asesinado este sábado en su parroquia de Santa Evelina, a las afueras de Manaos, en el nordeste de Brasil.
El servicio de información religiosa SIR, de la Conferencia Episcopal Italiana, constataba este martes que “se está abriendo camino la hipótesis, denunciada por un misionero italiano en Brasil, de que la muerte del padre Ruvoletto ha sido una ejecución como parte de una serie de actos de intimidación contra la Iglesia en la región de Manaus, porque desde hace tiempo denuncia las actividades criminales, el tráfico de droga, y la trata de seres humanos”.
Desde el año 2006 hay documentos y entrevistas (una de ellas la publica este martes la diócesis italiana de Padua (www.diocesipadova.it), que muestran cómo el sacerdote denunciaba “la droga y la prostitución como plagas sociales”.

Demandan a hospital de NY por obligar a enfermera católica a participar en aborto

La organización Alliance Defense Fund (ADF) presentó una demanda contra el hospital Mount Sinai de Nueva York por obligar con amenazas legales a una enfermera católica a participar en un aborto, contra sus propias convicciones morales.

La enfermera Catherina Cenzon-DeCarlo recibió la orden de asistir el aborto de una mujer de 22 semanas de embarazo. El hospital sabía que la enfermera no participaba en aborto por objeción de conciencia desde que la contrató en el año 2004.

Cenzon-DeCarlo recordó a sus supervisores que no podía participar del procedimiento, pero le dijeron que si no lo hacía sería acusada de insubordinación y abandono del paciente” que podría resultar en una acción disciplinaria y la posible pérdida de su trabajo y su licencia de enfermera.

La ADF ha demandado a Mount Sinai por violar el derecho a la objeción de conciencia de la enfemera.

El PP pide que declare el secretario de Estado de Interior por las filtraciones del caso Gürtel

El PP quiere que se investiguen las filtraciones en el caso Gürtel

El Partido Popular ya ha presentado en un juzgado de instrucción de Plaza Castilla de Madrid una denuncia por las filtraciones del Caso Gürtel en diversos medios de comunicación del Grupo PRISA.Los populares piden en la denuncia que declaren el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, y su subordinado, el comisario que dirige la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Olivera.

El PP ha presentado en la mañana de este viernes la denuncia y el texto va acompañado por recortes de las informaciones en medios de comunicación que, a juicio del PP, confirman las filtraciones y su procedencia policial. El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, ha recordado que su partido ha venido denunciado “la campaña de acoso” contra los dirigentes del PP y sus siglas. A su entender, se está tratando de desarrollar “un juicio paralelo” con penas de banquillo anticipadas.

 La denuncia en sus aspectos fundamentales pide que se investiguen tanto las intervenciones telefónicas como las violaciones del secreto sumarial en el caso Gürtel. Además hace especial hincapié en distintos episodios como la reciente difusión de las conversaciones de un miembro de la trama, en la cual decía que iba a comprar un bolso para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

.Anticorrupción denunciará ante el juez las últimas filtraciones de la trama Gürtel

Rita Barberá se ha defendido de las acusaciones

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido presentar una denuncia por las últimas filtraciones sobre la trama de corrupción del “caso Gürtel”, que, según una información del diario “El País”, habría regalado bolsos de lujo a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

 La denuncia se incorporará a las que ya investiga un juzgado de Madrid por varias filtraciones a los medios de comunicación sobre las investigaciones del “caso Gürtel . Rita Barberá ya se defendió ayer de las informaciones que la relacionaban con la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa y advirtió de que empleará los recursos judiciales necesarios para “denunciar las actitudes totalitarias” del PSOE.

 Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció la presentación de una denuncia contra esa “campaña planificada y clarificada” de filtraciones que “no son parte de una causa” y que por tanto “no están judicializadas“, pero que, en su opinión, afectan a las investigaciones.