Las consecuencias imprevistas de las uniones de lesbianas

En Estados Unidos, la disputa entre dos lesbianas en torno a la hija de una de ellas ha revelado una consecuencia inesperada de las uniones civiles: la posibilidad de que, tras la ruptura, la madre biológica pierda a sus hijos.

No debe establecerse una unión civil con alguien al que no quiera darse los derechos legales sobre los hijos

Lisa Miller y Janet Jenkins se conocieron en 1997. Poco tiempo después, Miller dejó su casa de Virginia y se fue a vivir con Jenkins. A finales de 2000 viajaron a Vermont, donde se acababan de legalizar las uniones civiles entre personas del mismo sexo, para establecer la suya. Compraron una casa y se instalaron en ese estado.

En 2002 Miller concibió por inseminación artificial y dio a luz a una niña, Isabella, que ahora tiene 7 años. Un año y medio después, Miller se separó de Jenkins, abandonó la práctica homosexual y entró a formar parte de un grupo evangélico.

Como en Virginia no eran legales las uniones civiles entre homosexuales, Miller consiguió sin problemas la custodia exclusiva de su hija. Pero entonces Jenkins recurrió a un tribunal de Vermont, amparándose en la ley de uniones civiles de ese estado.

El juez concedió generosos derechos de visita a Jenkins. A partir de ese momento, comenzó una batalla legal que ha involucrado ya a varios tribunales de ambos estados, a los medios de comunicación y a diversos grupos de presión.

Miller comenzó a poner trabas a las visitas de Jenkins, pues estaba convencida de que a su hija Isabella no le hacían ningún bien. De hecho, en 2007 denunció a su ex pareja por abusar de la niña. Pero los servicios de protección de menores de Virginia consideraron infundadas las acusaciones.

Durante los últimos meses, la tensión ha ido en aumento. El pasado 20 de noviembre, un tribunal de Vermont decidió dar la custodia exclusiva a Jenkins. La niña debía ser entregada el 1 de enero, pero Miller no apareció. Ahora está con su hija en paradero desconocido.

Piénsatelo dos veces

A estas alturas, el caso tiene difícil solución. Una cosa está clara: a la pequeña Isabella le ha tocado pagar los platos rotos. Los tribunales implicados dicen que quieren guiarse por el interés de la menor, pero lo cierto es que este criterio puede servir para defender tanto una cosa como la contraria.

Para Maggie Gallagher, presidenta de la National Organization for Marriage, este drama debería servir al menos para aprender una lección: “No establezcas una unión civil con alguien al que no quieras dar los derechos legales sobre tus hijos”, dice en declaraciones a Catholic News Agency

“Y no confíes demasiado en el criterio del ‘mejor interés del menor’. Porque si ese interés entra en conflicto con las normas de última moda, ten por seguro que a los tribunales no les importará qué es lo mejor para tu hijo”.

De hecho, en Estados Unidos fue muy polémica la sentencia que dictó el pasado 6 de octubre el Tribunal Supremo de Montana, en la que reconocía derechos parentales a una lesbiana sobre los hijos adoptados por su ex pareja.

Barbara Maniaci adoptó a un niño y a una niña mientras convivía con Michelle Kulstad. Las dos cuidaron de ellos hasta que se separaron en 2006. Tras la ruptura, Kulstad exigió seguir viendo a los niños, cosa a la que no estaba dispuesta Maniaci.

Kulstad pidió entonces ayuda a la American Civil Liberties Union (ACLU), la misma organización cuyos servicios jurídicos defienden también ahora a Janet Jenkins. Su principal argumento fue que se debían tener en cuenta los derechos de los niños y no sólo los de su ex pareja.

En 2008, un tribunal de Montana reconoció el derecho de visita a Kulstad. Pero Maniaci, que se casó con un hombre tras dejar la práctica homosexual, recurrió al Tribunal Supremo de ese estado alegando que quería educar a sus hijos en la forma en que ella y su marido veían correcta.

El Tribunal Supremo de Montana rechazó el recurso de Maniaci y ratificó el argumento del juez inferior, quien consideraba que Kulstad tenía derechos parentales sobre los niños por haber establecido con ellos una relación materno-filial. 

Cáritas con Haití

 

La red Cáritas en Haití ha puesto en marcha una respuesta de emergencia tras el terremoto ocurrido en Haití el 12 de enero. El seísmo de 7´3 grados en la escalas Richter sacudió la capital haitiana con 3 réplicas destruyendo cientos de edificios. La respuesta de la red Cáritas está siendo para dar apoyo a las víctimas de la catástrofe. Entre las acciones de emergencia se incluyen albergues temporales, distribución de alimentos y kits de higiene y apoyo espiritual. En una segunda fase se contempla la reconstrucción de infraestructuras.
 
 
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Y EN LAS CUENTAS DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS

 

 

Uruguay hacia la adopción de niños por parejas homosexuales

Uruguay será el primer país de América Latina donde parejas homosexuales podrán adoptar un niño. La aprobación de la Ley de Adopciones ha suscitado las críticas de la Iglesia a través de monseñor Nicolás Cotugno, arzobispo de Montevideo y presidente de la Comisión Episcopal para la Familia.

Este jueves, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó modificaciones a la Ley de Adopciones, permitiendo que parejas del mismo sexo con cuatro años de matrimonio o concubinato puedan adoptar.
La medida fue aprobada con 40 votos a favor y 13 en contra, tras una larga sesión parlamentaria.
Como el proyecto sufrió algunas modificaciones respecto al que había sido aprobado por el Senado el 15 de julio, deberá regresar allí para que “acepte o rechace” esas modificaciones, aunque se prevé que sea aceptado.
El año pasado ya se había aprobado en Uruguay la unión civil de homosexuales, que ofrece reconocimientos similares a los del matrimonio.

Monseñor Nicolás Cotugno sdb, en su nota titulada “Es grave aceptar la adopción de niños por parejas homosexuales”, ha recordado que este asunto “no es un tema de religión, de filosofía o de sociología. Es algo que refiere esencialmente al respeto de la misma naturaleza humana”.
“Aceptar la adopción de niños por parejas homosexuales es ir contra la misma naturaleza humana, y consiguientemente es ir contra los derechos fundamentales del ser humano en cuanto persona”.

El gobierno catalán contra la adopción

Las medidas decretadas por la Generalitat denotan el temor de los abortistas a perder cuota de mercado

El gobierno catalán contra la adopción

La Generalitat de Cataluña blinda el negocio del aborto ante la demanda social por la adopción

En el día en que se han hecho públicos los datos de aborto en 2007 con la consiguiente alarma social, el gobierno nacionalsocialista de Cataluña ha decidido penalizar la adopción en su Comunidad. “Es evidente que consideran la adopción como una amenaza para el negocio del aborto, y por ello se apresuran a blindarlo con medidas disuasorias de la adopción”, afirma la presidenta de Unidos por la Vida, Pilar Gutiérrez.

Esta Asociación lleva dos años promoviendo la adopción prenatal como solución al aborto a través de su Proyecto Adopción, que ya se ha puesto en marcha en la Comunidad Valenciana. “Las medidas absurdas y extemporáneas decretadas por la Generalitat, tales como responsabilizar a la madre biológica del futuro de su hijo adoptado, denotan el temor de los abortistas a perder cuota de mercado y nos confirman lo acertado de nuestra apuesta por la adopción como solución al aborto,” continúa Pilar Gutiérrez. “Si un gobierno como el catalán, que incluye en su nuevo Estatuto el derecho al aborto y pretende legalizar el uso de trituradoras prenatales por decreto, repudia la adopción, se confirma que ésta es la mejor arma para ganar la guerra del aborto”. Por ello piden a la Oposición que cumpla con su obligación de representar a la gran mayoría de españoles que piden la implantación de la adopción prenatal en todas las CCAA, junto con el estricto cumplimiento de los tres supuestos del aborto.

Los padres adoptivos catalanes deberán revelar a sus hijos su origen al cumplir los 12 años

El 22% de los encuestados considera “muy difícil” la conciliación

según el nuevo Código Civil Catalán

Los padres adoptivos catalanes deberán revelar a sus hijos su origen al cumplir los 12 años

El gobierno catalán ha aprobado hoy el libro segundo del Código Civil catalán. Un polémico proyecto que incorpora nuevos modelos de familia, y que sustituye el concepto de padres por el de progenitores. Además, los padres catalanes que tengan algún hijo adoptivo, se verán obligados a revelarles su origen al cumplir los 12 años.

El Gobierno catalán ha aprobado el Libro Segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la familia y en el que se recogen todo tipo de obligaciones que van desde la alimentación hasta la educación y en caso de que sea ejercida sólo por uno de los progenitores, deberá contar con el consentimiento del otro.

Además, los padres catalanes tendrán la “obligación” de que los hijos adoptados conozcan su origen y puedan ejercer su derecho a saber quién es su
familia biológica, aunque, según ha puntualizado “no queda especificada la obligatoriedad” en el caso de hijos fruto de inseminación artificial.

El proyecto se divide en cuatro capítulos que regulan la persona física (título 1), las Instituciones de protección de la persona (título segundo), la familia (tercero) y el resto de relaciones de convivencia (cuarto). Según ha explicado Tura, el objetivo no es entrometerse en la vida íntima de los catalanes pero se ha considerado necesario actualizar el sistema normativo para evitar los conflictos que en muchas ocasiones no se resuelven de mutuo acuerdo y acaba en los tribunales.

Así, el Código reconoce todas las tipologias de familia, incluidas, por primera vez, las familias reconstituidas, que se regulan para evitar posibles problemas.

El proyecto apuesta por el acuerdo mutuo entre progenitores a la hora de resolver posibles conflictos y por la previsión de cómo solucionar esos problemas mediante los planes de parentalidad, que sirven para ordenar las cuestiones relacionadas con los hijos, y los pactos en previsión el cese de la convivencia. Es la primera vez que se regulan los acuerdos amistosos de separación y se fija su régimen de validez.