Urgencia de #Podemos por abrazar la cultura de la muerte

Iniciativa 1 de 1

BOCV 35/IX de fecha 20.11.2015

Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre el
reconocimiento de la muerte digna y el derecho a recibir cuidados paliativos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-Podem (RE número 5.053)

A LA MESA DE LES CORTS

Fabiola Meco Tébar, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos-Podem,

según los artículos 160 y siguientes del Reglamento de Les Corts, presenta la siguiente proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre el reconocimiento de la muerte digna y del derecho a recibir cuidados paliativos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 149.1.16.ª de la Constitución española atribuye al Estado

la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general

de la sanidad.

La Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, reguladora del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana establece en su artículo 54 que son de competencia exclusiva de la comunidad, sin perjuicio de las facultades reservadas al Estado, «la organización, administración y gestión de todas las instituciones sanitarias públicas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana».

Asimismo, el Estatuto establece en su artículo 54.6 que «la Generalitat
garantizará los derechos de los ciudadanos a conocer los tratamientos
médicos a los que serán sometidos, sus posibles consecuencias y riesgos, y a dar su aprobación a aquellos de manera previa a su aplicación».
En la Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de derechos e información al paciente de la Comunidad Valenciana, en su artículo 3.10 se recoge como principio el derecho del paciente «a no ser sometido a procedimientos diagnósticos o terapéuticos de eficacia no comprobada, salvo si, previamente advertido de sus riesgos y ventajas, da su consentimiento por escrito y siempre de acuerdo con lo legislado para ensayos clínicos. Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento del procedimiento, debiendo quedar constancia en su historia clínica».

Asimismo, el artículo 17 de la citada norma regula el documento de voluntades anticipadas como aquel en el que una persona puede manifestar las instrucciones previas que sobre las actuaciones médicas se deben tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias no le permitan expresar libremente su voluntad, así como el deber de respeto de dicho documento por los servicios sanitarios y por cuantas personas tengan relación con el autor del mismo, incluyendo al o los representantes que pudiera designar una persona para dichos supuestos.

Por su parte, la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat,
de salud de la Comunitat Valenciana, establece en su artículo 3 que
uno de los principios rectores del sistema valenciano de salud es la
humanización de la asistencia sanitaria y de la atención sociosanitaria,
así como el respeto a la dignidad de la persona, a su intimidad y a
la autonomía de su voluntad en el ámbito de las actuaciones previstas
en la misma ley. Y el artículo 45 de esta norma categoriza como un derecho del paciente el de la elaboración de un documento de voluntades previas.

A nivel comunitario e internacional, se extiende de manera progresiva
el reconocimiento de la muerte digna y del derecho a recibir cuidados
paliativos como un elemento inherente a la dignidad humana en tanto
derecho fundamental reconocido en la Carta europea de los derechos humanos.

El primero de los derechos fundamentales recogidos en este texto es
la dignidad, por delante incluido del derecho a la vida. En su artículo
1, la carta establece que «la dignidad humana es inviolable y será respetada y protegida». El artículo 3 de la carta reconoce el derecho a la integridad física y psíquica.

La Recomendación 1.418/1999, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre «Protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos», ya hace referencia al reconocimiento de esa muerte digna y esos cuidados paliativos. La Recomendación 24/2003, del Consejo de Europa, sobre «la organización de los cuidados paliativos», recomienda que se adopten medidas legislativas para establecer un marco coherente sobre cuidados paliativos.
El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de
la biología y la medicina (Convenio sobre los derechos humanos y la
biomedicina), establece en su artículo 5 que una intervención en el
ámbito de la Declaración universal sobre bioética y derechos humanos, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005, determina en su artículo 5 que se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones.

II

El derecho a una vida digna incluye también el derecho a una buena muerte.
Cuando la enfermedad no tiene solución médica demostrada o es gravemente incapacitante y la muerte es inevitable o el sufrimiento es muy gravoso, los servicios sanitarios públicos deberían garantizar unos últimos momentos de vida y una muerte digna y sin sufrimientos, utilizando todos los recursos de la ciencia, incluida la sedación terminal, y el acompañamiento.

Por ello se han desarrollado los cuidados paliativos en el Estado y
en nuestra comunidad.

Pero el derecho a la disponibilidad de la propia vida en situación degrave enfermedad, discapacidad o sufrimiento intratable, sigue en entredicho. Así, el Código penal, en su artículo 143, considera punibles los actos de ayuda a la muerte sin cuya concurrencia ésta no sería posible, desprotegiendo a las personas que están en peor situación vital y que necesitan esa colaboración para morir. Es decir, prohíbe la eutanasia, que es el acto que de una forma directa y necesaria produce la muerte a una persona que lo ha solicitado libre y reiteradamente a causa de un padecimiento incurable que considera insoportable.

La cuestión fundamental que la sociedad se plantea es si debe permitirse o no asumir el propio control del proceso de morir; si una sociedad respetuosa con los derechos humanos, debe respetar también esa última parcela de la libertad individual.

En nuestra comunidad no existe a día de hoy una ley de muerte digna,solamente una regulación de voluntades previas y el registro correspondiente.

En base a todo ello, presentamos la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Les Corts instan al Consell a:

1. Intensificar la difusión del derecho al ejercicio de un testamento

vital, que continúa siendo en gran medida desconocido.

2. Potenciar los cuidados paliativos en nuestra comunidad para garantizar todos los días del año, y en toda nuestra geografía, una atención de calidad científica, técnica y humana, respetuosa con la biografía y la voluntad de cada persona, aumentando el número de unidades de hospitalización domiciliaria (UHD) encargadas también de los cuidados paliativos que actualmente son insuficientes.

3. Poner en marcha un programa de cuidados paliativos en la infancia

y adolescencia.

4. Garantizar el pleno cumplimiento de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente, para que nadie sea sometido a tratamientos médicos innecesarios contra su voluntad, respetando siempre la voluntad de las personas en su derecho a morir dignamente.

5. Programar una formación continuada específica sobre «la muerte digna y la enfermedad terminal» orientada a los profesionales sanitarios y no sanitarios del ámbito de la atención especializada, atención primaria, equipos de cuidados paliativos y de los comités de ética del servicio valenciano de salud de la Generalitat valenciana.

6. Elaborar un proyecto de ley de muerte digna de la Generalitat valenciana.

7. Proponer al gobierno del Estado la reforma del artículo 143.4 del Código penal de forma que quede exento de pena quien, mediante actos necesarios o de cooperación activa, facilite la muerte digna y sin dolor a una persona que lo solicita de forma expresa, libre e inequívoca, en caso de enfermedad grave o padecimientos permanentes e insoportables.

8. Instar, a su vez, al gobierno del Estado a que elabore una ley que regule la eutanasia y el suicidio asistido, para reconocer el derecho a la libre disposición de la propia vida y de la dignidad en el proceso de morir y para hacer legal lo que ya es real en nuestra sociedad.

Corts Valencianes, 12 de noviembre de 2015

Fabiola Meco Tébar posición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre el reconocimiento de la muerte digna y el derecho a recibir cuidados paliativos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-Podem (RE número 5.053)

A LA MESA DE LES CORTS

Fabiola Meco Tébar, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos-Podem, según los artículos 160 y siguientes del Reglamento de Les Corts, presenta la siguiente proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre el reconocimiento de la muerte digna y del derecho a recibir cuidados paliativos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 149.1.16.ª de la Constitución española atribuye al Estado
la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general
de la sanidad.
La Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, reguladora del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana establece en su artículo 54 que son de competencia exclusiva de la comunidad, sin perjuicio de las facultades reservadas al Estado, «la organización, administración y gestión de todas las instituciones sanitarias públicas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana».
Asimismo, el Estatuto establece en su artículo 54.6 que «la Generalitat
garantizará los derechos de los ciudadanos a conocer los tratamientos
médicos a los que serán sometidos, sus posibles consecuencias y riesgos, y a dar su aprobación a aquellos de manera previa a su aplicación».

En la Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de derechos e información al paciente de la Comunidad Valenciana, en su artículo 3.10 se recoge como principio el derecho del paciente «a no ser sometido a procedimientos diagnósticos o terapéuticos de eficacia no comprobada, salvo si, previamente advertido de sus riesgos y ventajas, da su consentimiento por escrito y siempre de acuerdo con lo legislado para ensayos clínicos. Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento del procedimiento, debiendo quedar constancia en su historia clínica».

Asimismo, el artículo 17 de la citada norma regula el documento de voluntades anticipadas como aquel en el que una persona puede manifestar las instrucciones previas que sobre las actuaciones médicas se deben tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias no le permitan expresar libremente su voluntad, así como el deber de respeto de dicho documento por los servicios sanitarios y por cuantas personas tengan relación con el autor del mismo, incluyendo al o los representantes que pudiera designar una persona para dichos supuestos.

Por su parte, la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat,
de salud de la Comunitat Valenciana, establece en su artículo 3 que
uno de los principios rectores del sistema valenciano de salud es la
humanización de la asistencia sanitaria y de la atención sociosanitaria,
así como el respeto a la dignidad de la persona, a su intimidad y a
la autonomía de su voluntad en el ámbito de las actuaciones previstas
en la misma ley. Y el artículo 45 de esta norma categoriza como un derecho del paciente el de la elaboración de un documento de voluntades previas.

A nivel comunitario e internacional, se extiende de manera progresiva
el reconocimiento de la muerte digna y del derecho a recibir cuidados
paliativos como un elemento inherente a la dignidad humana en tanto
derecho fundamental reconocido en la Carta europea de los derechos humanos.

El primero de los derechos fundamentales recogidos en este texto es
la dignidad, por delante incluido del derecho a la vida. En su artículo
1, la carta establece que «la dignidad humana es inviolable y será respetada y protegida». El artículo 3 de la carta reconoce el derecho a la integridad física y psíquica.

La Recomendación 1.418/1999, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre «Protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos», ya hace referencia al reconocimiento de esa muerte digna y esos cuidados paliativos. La Recomendación 24/2003, del Consejo de Europa, sobre «la organización de los cuidados paliativos», recomienda que se adopten medidas legislativas para establecer un marco coherente sobre cuidados paliativos.

El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de
la biología y la medicina (Convenio sobre los derechos humanos y la
biomedicina), establece en su artículo 5 que una intervención en el
ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona
afectada haya dado su libre e informado consentimiento. De igual manera, la Declaración universal sobre bioética y derechos humanos, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005, determina en su artículo 5 que se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones.

II

El derecho a una vida digna incluye también el derecho a una buena muerte.
Cuando la enfermedad no tiene solución médica demostrada o es gravemente incapacitante y la muerte es inevitable o el sufrimiento es muy gravoso, los servicios sanitarios públicos deberían garantizar unos últimos momentos de vida y una muerte digna y sin sufrimientos, utilizando todos los recursos de la ciencia, incluida la sedación terminal, y el acompañamiento.

Por ello se han desarrollado los cuidados paliativos en el Estado y
en nuestra comunidad.

Pero el derecho a la disponibilidad de la propia vida en situación de
grave enfermedad, discapacidad o sufrimiento intratable, sigue en entredicho.
Así, el Código penal, en su artículo 143, considera punibles los actos
de ayuda a la muerte sin cuya concurrencia ésta no sería posible,
desprotegiendo a las personas que están en peor situación vital y que necesitan esa colaboración para morir. Es decir, prohíbe la eutanasia, que es el acto que de una forma directa y necesaria produce la muerte a una persona que lo ha solicitado libre y reiteradamente a causa de un padecimiento incurable que considera insoportable.

La cuestión fundamental que la sociedad se plantea es si debe permitirse o no asumir el propio control del proceso de morir; si una sociedad respetuosa con los derechos humanos, debe respetar también esa última parcela de la libertad individual.

En nuestra comunidad no existe a día de hoy una ley de muerte digna,
solamente una regulación de voluntades previas y el registro correspondiente.

En base a todo ello, presentamos la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Les Corts instan al Consell a:

1. Intensificar la difusión del derecho al ejercicio de un testamento
vital, que continúa siendo en gran medida desconocido.

2. Potenciar los cuidados paliativos en nuestra comunidad para garantizar todos los días del año, y en toda nuestra geografía, una atención de calidad científica, técnica y humana, respetuosa con la biografía y la voluntad de cada persona, aumentando el número de unidades de hospitalización domiciliaria (UHD) encargadas también de los cuidados paliativos que actualmente son insuficientes.

3. Poner en marcha un programa de cuidados paliativos en la infancia
y adolescencia.

4. Garantizar el pleno cumplimiento de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente, para que nadie sea sometido a tratamientos médicos innecesarios contra su voluntad, respetando siempre la voluntad de las personas en su derecho a morir dignamente.

5. Programar una formación continuada específica sobre «la muerte digna y la enfermedad terminal» orientada a los profesionales sanitarios y no sanitarios del ámbito de la atención especializada, atención primaria, equipos de cuidados paliativos y de los comités de ética del servicio valenciano de salud de la Generalitat valenciana.

6. Elaborar un proyecto de ley de muerte digna de la Generalitat valenciana.

7. Proponer al gobierno del Estado la reforma del artículo 143.4 del
Código penal de forma que quede exento de pena quien, mediante actos necesarios o de cooperación activa, facilite la muerte digna y sin dolor a una persona que lo solicita de forma expresa, libre e inequívoca, en caso de enfermedad grave o padecimientos permanentes e insoportables.

8. Instar, a su vez, al gobierno del Estado a que elabore una ley que
regule la eutanasia y el suicidio asistido, para reconocer el derecho
a la libre disposición de la propia vida y de la dignidad en el proceso
de morir y para hacer legal lo que ya es real en nuestra sociedad.
Corts Valencianes, 12 de noviembre de 2015

Fabiola Meco Tébar

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