Real Decreto por el que se establecen los aspectos básicos a los que deben someterse los centros educativos.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala en su artículo 116 que

los centros privados que ofrezcan enseñanzas gratuitas, programas de cualificación

inicial o enseñanzas postobligatorias, siempre que satisfagan necesidades de

escolarización en el marco de lo dispuesto en el artículo 108 y 109 de la Ley, podrán

acogerse al régimen de conciertos. En este sentido, el artículo 108.4 de Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que la prestación del servicio público y

social de la educación se realizará por centros públicos y privados concertados, sin

que ello suponga la asimilación del centro docente privado concertado a

Administración pública. Además, el artículo 109 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación, indica que las Administraciones educativas programarán la oferta

educativa de las enseñanzas que dicha Ley declara gratuitas teniendo en cuenta la

oferta existente de centros públicos y privados concertados y armonizando las

exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el

derecho de todos a la educación y los derechos individuales de alumnos, padres y

tutores.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación hace, pues, del concierto

educativo el modelo de financiación elegido para los centros docentes que cumplan

con los requisitos establecidos. El Título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,

reguladora del Derecho a la Educación y los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, definen las grandes líneas del régimen de

conciertos. Procede ahora, en cumplimiento de la habilitación realizada por el artículo

116.3 de la citada Ley, establecer los aspectos básicos a los que deben someterse los

conciertos, completando, para ello, las previsiones legales en los aspectos técnicojurídicos

necesarios sin perjuicio del desarrollo posterior que hagan las comunidades

autónomas.

En consecuencia, el presente real decreto regula el objeto y los sujetos del

concierto, las obligaciones de la Administración educativa y del titular del centro

docente privado concertado, la tramitación de la solicitud distinguiendo, para ello, entre

centros autorizados y centros de nueva creación, las condiciones de renovación y

modificación del concierto, así como las causas de extinción del mismo.

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las

comunidades autónomas y el Consejo Escolar del Estado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, de acuerdo con el Consejo

de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día…

DISPONGO:

 

 

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.

Objeto y ámbito de aplicación1. El presente real decreto tiene por objeto establecer los aspectos básicos a los que

deben someterse los conciertos educativos, con el fin de hacer efectivo el derecho a la

educación gratuita, cuya garantía corresponde a las Administraciones educativas

mediante la programación general de la enseñanza, de acuerdo con lo previsto en la

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y en la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. Lo dispuesto en este real decreto será de aplicación en todo el territorio español.

Artículo 2.

Conciertos de enseñanzas gratuitasEste real decreto es de aplicación a los conciertos educativos en el ámbito del

segundo ciclo de la educación infantil y la educación básica suscritos por las

Administraciones educativas con los centros privados que lo soliciten y que reúnan los

requisitos a que se refiere la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del

Derecho a la Educación, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y este

real decreto. Para ello, tendrán en cuenta la programación de la red de centros a la

que se refiere el artículo 109 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

y la disposición adicional sexta de este real decreto.

Artículo 3.

Conciertos de carácter singular1. El concierto tendrá carácter singular en los casos de las enseñanzas

postobligatorias reguladas en el artículo 116.7 de la Ley Orgánica de Educación y se

ajustará a lo establecido en la citada Ley Orgánica de Educación, en la Ley Orgánica

8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación y en este real decreto.

En estos supuestos, las Administraciones educativas fijarán, en función de la cuantía

que se establezca para el régimen de conciertos en la Ley de Presupuestos del

Estado, las cantidades máximas que el titular del centro podrá percibir de las familias

en concepto de financiación complementaria. En ningún caso, dichas aportaciones

podrán ser superiores al 10 por ciento del monto del módulo establecido por cada

Comunidad autónoma.

2. Las Administraciones educativas podrán concertar, con carácter preferente, los

programas de cualificación profesional inicial que, conforme a lo previsto en la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los centros privados concertados de

educación secundaria obligatoria impartan a su alumnado. Estos conciertos tendrán

carácter singular y asegurarán que las familias no realicen aportaciones económicas.

TÍTULO II

Objeto, sujetos y contenido del concierto

Artículo 4.

Objeto del concierto.El concierto educativo tiene por objeto garantizar la gratuidad de las enseñanzas a las

que se refiere el artículo 2 del presente real decreto, impartidas en centros privados,

en orden a la prestación del servicio público de la educación. En el caso de los

conciertos a los que se refiere el artículo 3.1 de este real decreto, el concierto

educativo tiene como objeto la reducción de los costes del servicio educativo para las

familias.

Artículo 5.

Sujetos del concierto.1. Corresponde al órgano competente del Ministerio de Educación y de las

Comunidades Autónomas, cuyos actos pongan fin a la vía administrativa en sus

respectivos ámbitos de gestión, la aprobación o denegación de los conciertos

educativos.

2. Corresponde al órgano competente del Ministerio de Educación y de las

Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de gestión, la formalización de

los conciertos educativos.

3. Por parte de los centros privados, están facultados para formalizar conciertos

educativos con la Administración los titulares de dichos centros de acuerdo con lo

establecido en el artículo 108.3 de la Ley Orgánica de Educación.

TÍTULO III

Obligaciones de la Administración educativa y del titular del centro privado

concertado

CAPÍTULO I

Obligaciones de la Administración educativa

Artículo 6.

Asignación de fondos públicos y beneficios.1. Con la aprobación del concierto la Administración correspondiente se obliga a

asignar fondos públicos al centro privado objeto del concierto. En el caso de los

conciertos a los que se refiere el artículo 2 de este real decreto, las Administraciones

educativas dotarán a los centros de los recursos para hacer posible la gratuidad de las

enseñanzas de carácter gratuito.

2. Los centros privados concertados disfrutarán de los beneficios a que se refiere el

artículo 50 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la

Educación.

Artículo 7.

Cuantía global de los fondos públicos.1. La cuantía global de los fondos públicos destinados a los centros privados

concertados, se establecerá en los presupuestos de las Administraciones

correspondientes.

2. A efectos de distribución de la cuantía global a que hace referencia el apartado

anterior, y de acuerdo con el artículo 117.2 de la Ley Orgánica de Educación, el

importe del módulo económico por unidad escolar se fijará anualmente en los

 

 

Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en los de las Comunidades

autónomas, no pudiendo en éstos ser inferior al que se establezca en los primeros en

ninguna de las cantidades en que se diferencia el citado módulo, de acuerdo con lo

que se establece en el artículo 8 de este real decreto.

Artículo 8.

Módulos del concierto1. En los módulos económicos por unidad escolar, cuya cuantía asegurará que la

enseñanza se imparte en condiciones de gratuidad, se diferenciarán de acuerdo con lo

establecido en el artículo 117.3 de la Ley Orgánica de Educación, los siguientes:

a. Las cantidades correspondientes a salarios del personal docente, incluidas las

cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social correspondientes a los

titulares de los centros.

b. Las cantidades asignadas para otros gastos, que comprenderán las de personal de

administración y servicios, las ordinarias de mantenimiento, conservación y

funcionamiento, así como las cantidades correspondientes a la reposición de

inversiones reales. Asimismo, podrán considerarse las derivadas del ejercicio de la

función directiva no docente. En ningún caso, se computarán intereses del capital

propio. Dichas cantidades se fijarán con criterios análogos a los aplicados a los

centros públicos.

c. Las cantidades pertinentes para atender al pago de los conceptos de antigüedad

del personal docente de los centros privados concertados y consiguiente

repercusión en las cuotas de la Seguridad Social; el pago de las sustituciones del

profesorado y los derivados del ejercicio de la función directiva docente, y el pago

de las obligaciones derivadas del ejercicio de las garantías reconocidas a los

representantes legales de los trabajadores según lo establecido en el artículo 68

del Estatuto de los Trabajadores. Tales cantidades se recogerán en un fondo

general que se distribuirá de forma individualizada entre el personal docente de los

centros privados concertados, de acuerdo con las circunstancias que concurran en

cada profesor y aplicando criterios análogos a los fijados para el profesorado de

los centros públicos.

2. Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente, a las que se

refieren la letra a) del punto 1 de este artículo posibilitarán la equiparación gradual de

su remuneración con la del profesorado público de las respectivas enseñanzas objeto

del concierto.

3. La Administración no podrá asumir alteraciones en los gastos de personal y costes

laborales del profesorado, derivadas de convenios colectivos que superen el

porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a salarios a que

hace referencia el artículo 117.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación.

4. La imputación de la reposición de inversiones reales a la partida de otros gastos

podrá realizarse de acuerdo al sistema de amortización utilizado en la contabilidad del

centro, siempre que éste se derive de la aplicación de las tablas vigentes de

coeficientes de amortización oficialmente aprobadas en relación al Impuesto sobre

Sociedades. La reposición de inversiones reales podrá imputarse al ejercicio en que

fueron realizadas o fraccionarse en varios ejercicios.

 

 

Artículo 9.

Ejecución de los conciertos.1. Los salarios del personal docente serán abonados por la Administración al

profesorado como pago delegado y en nombre de la entidad titular del centro.

2. Las cantidades correspondientes a los restantes gastos de funcionamiento de los

centros se abonarán mensualmente por la Administración educativa a los titulares de

los mismos.

3. Ambos conceptos de gastos tendrán jurídicamente la conceptuación de

contraprestación por el servicio educativo ofertado por lo centros concertados.

Artículo 10.

Abono de los salarios.1. La Administración educativa competente, al abonar los salarios al profesorado de

los centros privados concertados, efectuará e ingresará en el Tesoro las retenciones

correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que hayan

comunicado los titulares de los centros, en particular para cada uno de sus

trabajadores en pago delegado en nombre de la entidad titular del centro.

2. Asimismo, dicha Administración, al abonar los salarios al profesorado de los

centros privados concertados, efectuará los ingresos de los boletines de cotización

presentados por los centros dentro de los plazos legales que establece la normativa de

cotizaciones a la Seguridad Social, siendo responsabilidad de la Administración

educativa el abono de los intereses, recargos y sanciones correspondientes en caso

de no efectuar dicho abono en plazo.

Artículo 11.

educativo

Centros que escolarizan alumnos con necesidad específica de apoyo1. Las Administraciones educativas podrán incrementar los módulos para los centros

privados concertados que escolaricen alumnos con necesidad específica de apoyo

educativo en proporción mayor a la establecida con carácter general o para la zona en

la que se ubiquen, de acuerdo con la fórmula que cada una de ellas determine para el

ámbito de su competencia.

2. A tales efectos, las Administraciones garantizarán los recursos personales y

económicos necesarios, de manera que podrán dotar de recursos humanos y

materiales complementarios a los centros privados concertados que reúnan, entre

otros, alguno de los siguientes requisitos: la escolarización de alumnos con necesidad

específica de apoyo educativo en proporción mayor a la general o específica de la

zona, su ubicación en zonas desfavorecidas con alto porcentaje de abandono escolar

temprano o con necesidad de actuaciones de compensación educativa, la

escolarización de alumnos que se incorporan tardíamente al sistema educativo y

desarrollo de programas lingüísticos destinados a su integración, la escolarización de

alumnos que tengan especiales dificultades para alcanzar los objetivos de la

educación obligatoria debido a sus condiciones sociales, la necesidad de mayores

dotaciones para determinados proyectos presentados por los centros educativos, o

cualquier otro que la Administración educativa correspondiente determine para el

ámbito de su competencia.

CAPÍTULO II

 

 

Obligaciones del titular del centro privado concertado

Artículo 12.

Obligaciones del titular del centro privado concertadoSin perjuicio del carácter privado de los centros concertados, por el concierto

educativo el titular del centro se obliga a cumplir y a hacer cumplir las normas

establecidas en el título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del

Derecho a la Educación, las establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación, y en este real decreto.

Artículo 13.

Obligación de gratuidad.1. El concierto educativo obliga al titular del centro privado a impartir gratuitamente

las enseñanzas objeto del concierto de acuerdo con los correspondientes programas y

planes de estudio.

2. En ningún caso los centros privados concertados podrán percibir cantidades de las

familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la

obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios

obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por

parte de las familias de los alumnos.

3. Quedan excluidas de esta categoría las actividades escolares complementarias,

las extraescolares, y los servicios escolares, que, en todo caso, serán voluntarios, no

tendrán carácter discriminatorio para los alumnos y carecerán de carácter lucrativo.

Las actividades extraescolares no podrán formar parte del horario escolar.

4. La percepción de cantidades determinadas en concepto de actividades escolares

complementarias deberá ser autorizada por la Administración educativa

correspondiente previa propuesta del consejo escolar del centro. Las cuotas en

concepto de actividades extraescolares deberán ser aprobadas por el consejo escolar

del centro y comunicadas a la Administración educativa correspondiente. Las

Administraciones educativas establecerán el procedimiento de aprobación de los

servicios escolares que presten los centros y de sus correspondientes cuotas.

5. El cobro de actividades extraescolares y de los servicios escolares podrán

contribuir al mantenimiento y mejora de las instalaciones de los centros.

Artículo 14.

Obligación sobre las unidades escolares concertadas.1. El titular del centro privado concertado está obligado a tener en funcionamiento

todas unidades escolares concertadas previstas en el documento de formalización del

concierto correspondientes a las enseñanzas objeto del concierto durante la duración

del mismo.

2. Asimismo, se obliga tener una relación media alumnos/profesor por unidad escolar

no inferior a la que determine la Administración educativa, teniendo en cuenta la

existente para los centros públicos de la comarca, municipio, o, en su caso, distrito en

el que esté situado el centro.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y atendiendo a razones

suficientemente justificadas, podrá exceptuarse del cumplimiento de esta obligación a

los siguientes centros:

 

 

a) Aquellos en los que se encuentre prevista la entrada progresiva en funcionamiento

del número completo de unidades en un plazo no superior a la duración del concierto.

b) Aquellos otros en los que de la celebración del concierto pueda preverse que, en un

plazo no superior a la mitad de la duración del mismo, alcancen la relación media

alumnos por unidad escolar requerida.

c) Aquellos que atiendan de forma significativa a una población escolar con

necesidades educativas especiales.

Asimismo, el titular del centro privado concertado está obligado a solicitar el concierto

para todos los ciclos o cursos de una misma enseñanza, sin perjuicio de lo establecido

en la disposición adicional primera de este real decreto.

Artículo 15.

Obligación de hacer constar la condición de centro concertado.1. Los titulares de los centros privados acogidos al régimen de conciertos deberán

hacer constar en su denominación, en su documentación y en su publicidad la

condición de centro privado concertado así como las enseñanzas concertadas.

2. Asimismo el titular, en tanto centro privado y de acuerdo con lo establecido en el

artículo 115 de la Ley Orgánica de Educación deberá poner en conocimiento de los

miembros de la comunidad educativa, así como a cuantos pudieran estar interesados

en acceder al mismo, el carácter propio del centro, en el supuesto de que lo hubiere,

que deberá incorporarse al proyecto educativo del mismo y hacerse público.

Artículo 16.

Actividades del profesorado.Todas las actividades del profesorado de los centros privados concertados, tanto

lectivas como no lectivas, retribuidas por la Administración educativa se prestarán en

las enseñanzas objeto del concierto.

Artículo 17.

Obligaciones relacionadas con el abono de los salarios.A efectos del abono de las cantidades correspondientes a salarios, los titulares de los

centros privados concertados, en su condición de empleador en la relación laboral,

facilitarán a la Administración educativa competente, de acuerdo con las normas

dictadas por la misma, las nóminas de su profesorado correspondientes a las unidades

concertadas, al inicio del curso escolar y cuando se produzcan variaciones. Los

titulares de los centros docentes concertados deberán incluir las circunstancias que

concurren en cada profesor a efectos de determinar el sueldo, la antigüedad, la

cotización a la Seguridad Social y otras posibles variantes y el resto de documentos

determinados por la normativa correspondiente en relación con el cumplimiento de las

obligaciones de carácter fiscal y con la Seguridad Social que deriven de las relaciones

contractuales con el profesorado de pago delegado.

Artículo 18.

NóminasEn las nóminas se relacionarán los profesores correspondientes a las unidades

concertadas sin que, en ningún caso, el total por cada unidad pueda exceder la

 

 

cuantía prevista para los módulos de concierto aprobados, excluida la antigüedad.

Asimismo, el listado de las nóminas incluirá las circunstancias que concurren en cada

profesor a efectos de determinar el sueldo, la antigüedad, la cotización a la Seguridad

Social y otras posibles variantes.

Artículo 19.

Altas y bajas en el régimen de la Seguridad Social1. Las altas y bajas del profesorado en el régimen de la Seguridad Social se

gestionarán por el titular del centro en su condición de empleador en la relación

laboral. Las citadas circunstancias deberán ser acreditadas por el mismo ante la

Administración educativa competente.

2. Las responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento de las

obligaciones relativas a la tramitación de altas, bajas y liquidación de cotizaciones,

serán por cuenta del titular del centro.

Artículo 20.

Justificación de otros gastos.El consejo escolar del centro aprobará de forma conjunta por todas las enseñanzas

concertadas del centro, a la finalización del curso escolar o del ejercicio económico,

las cuentas justificativas de los otros gastos. Las Administraciones educativas

establecerán el trámite y el plazo para la aportación por el titular del centro docente

concertado de la certificación del acuerdo del consejo escolar.

Artículo 21.

Control financiero.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los centros privados concertados

quedarán sujetos al control de carácter financiero que las disposiciones vigentes

atribuyen a la Intervención General de la Administración del Estado o al órgano

correspondiente de las Comunidades autónomas.

TÍTULO IV

Tramitación de la solicitud

CAPÍTULO I

Centros con autorización

Artículo 22.

Requisitos para la tramitación de la solicitud.Para poder acogerse al régimen de conciertos los centros privados deberán estar

autorizados para impartir las enseñanzas que constituyen el objeto del concierto y

satisfacer necesidades de escolarización en el marco de lo dispuesto en los artículos

108 y 109 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 23.

SolicitudLos titulares de los centros privados que, cumpliendo los requisitos del artículo 22 de

este real decreto, deseen acogerse al régimen de conciertos a partir de un

determinado curso académico, lo solicitarán a la Administración educativa competente.

 

 

Artículo 24.

Aprobación y denegación.1. El órgano competente del Ministerio de Educación, y el correspondiente de las

Comunidades Autónomas, cuyos actos pongan fin a la vía administrativa en sus

respectivos ámbitos de gestión, aprobarán o denegarán los conciertos educativos

ajustándose, en todo caso, a la programación de la red de centros en los términos que

establece el artículo 109 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la

disposición adicional sexta de este real decreto.

2. La resolución expresa se notificará en el plazo establecido por las

Administraciones educativas y, en todo caso, antes de que finalice el plazo de

admisión de alumnos. Si la resolución fuera denegatoria, ésta deberá ser motivada con

base al incumplimiento de alguno de los requisitos derivados de la Ley Orgánica

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, de la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y de este real decreto.

Artículo 25.

Formalización del concierto en documento administrativo.Los conciertos educativos se formalizarán en documento administrativo en el que se

harán constar los derechos y obligaciones de ambas partes, las obligaciones

recíprocas en cuanto al régimen económico, la duración, la renovación y la extinción

del concierto, el número de unidades escolares concertadas y otras condiciones que

las partes estimaran oportunas de mutuo acuerdo con sujeción a lo establecido en la

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y de la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en este real decreto.

Artículo 26.

Inscripción del concierto.Una vez formalizados los conciertos educativos, se inscribirán de oficio en el registro

de centros de la Administración educativa competente. Las Administraciones

educativas deberán dar traslado de los correspondientes asientos al Ministerio de

Educación en el plazo máximo de un mes, en los términos establecidos en Real

Decreto 276/2003, de 7 de marzo, por el que se regula el registro estatal de centros

docentes no universitarios.

Artículo 27.

Satisfacción de las necesidades de escolarización.De acuerdo con lo establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación, las Administraciones educativas deberán realizar la

programación de la red de centros, a la que deberán referirse para determinar las

necesidades de escolarización y la participación de los centros concertados en la

satisfacción de las mismas.

Artículo 28.

Criterios de preferencia.1. Tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos los centros que

cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 22 de este real decreto atiendan a

poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables o los que realicen

experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo.

2. En todo caso, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia aquellos centros

que, cumpliendo los requisitos señalados, estén constituidos y funcionen en régimen

de cooperativa. No obstante, y a efectos de la celebración de conciertos, seránecesario que los estatutos de las cooperativas no contengan cláusulas que impidan el

cumplimiento de las obligaciones que para los centros privados concertados se

derivan de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la

Educación, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y de este real

decreto.

Artículo 29.

Duración máxima del concierto.Las Administraciones educativas establecerán la duración de los conciertos que, en

ningún caso, será superior a seis años. El concierto se renovará en los términos

previstos en este real decreto.

Artículo 30.

Constitución del consejo escolar del centro.1. Formalizado el concierto, el titular deberá adoptar las medidas precisas para la

constitución del consejo escolar del centro y consiguiente designación del director.

2. El consejo escolar del centro se constituirá de acuerdo con un procedimiento que

garantice la publicidad y objetividad del proceso electoral, así como el carácter

personal, directo, igual y secreto del voto de los miembros de la comunidad escolar.

3. Las vacantes que se produzcan se cubrirán de acuerdo con el procedimiento

previsto en el artículo 60 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del

Derecho a la Educación. No obstante, se exceptuarán de este procedimiento aquellas

vacantes que se cubran por quienes, encontrándose en algunas de las situaciones

previstas en la legislación, tengan derecho a reincorporarse al puesto de trabajo.

CAPÍTULO II

Centros de nueva creación

Artículo 31.

SolicitudLos centros privados de nueva creación que vayan a impartir enseñanzas declaradas

gratuitas y deseen acogerse al régimen de conciertos lo solicitarán al iniciarse el

procedimiento de autorización administrativa. De no solicitarlo en tal momento, no

podrán acogerse a dicho régimen hasta que hayan transcurrido cinco años desde la

fecha de su autorización, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional

quinta de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la

Educación.

Artículo 32.

Suscripción del concierto.La suscripción del concierto se someterá a lo previsto para los centros ya autorizados.

Artículo 33.

ConvenioLos centros privados de nueva creación, además de reunir los requisitos propios del

régimen de conciertos, deberán proponer a la Administración educativa un convenio

en el que, dentro del marco previsto por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,

reguladora del Derecho a la Educación y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación, se especifique el procedimiento para la designación provisional del

 

 

director, el sistema de provisión del profesorado, así como las condiciones y la fecha

para la constitución del consejo escolar del centro. El convenio incluirá las previsiones

sobre la puesta en funcionamiento del centro, la progresiva aplicación del concierto y

las causas, imputables exclusivamente al incumplimiento de las obligaciones del titular

del centro que impedirían la formalización del concierto educativo. De existir acuerdo

se procederá a la suscripción del convenio.

Artículo 34.

Designación definitiva del director.La designación definitiva del director tendrá lugar una vez constituido el consejo

escolar del centro y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

TÍTULO V

Renovación y modificación del concierto educativo

Artículo 35.

Solicitud de renovación de los conciertos.Los centros privados que deseen renovar un concierto educativo lo solicitarán a la

Administración educativa competente.

Artículo 36.

Condiciones para la renovación.1. La renovación de los conciertos está condicionada a que el centro siga cumpliendo

los requisitos que determinaron su aprobación, ajustándose en todo caso, a la

programación de la red de centros en los términos que establece el artículo 109 de la

Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la disposición adicional sexta de este real

decreto.

2. Para la renovación de los conciertos, cuando no existan consignaciones

presupuestarias suficientes, se aplicarán los criterios de preferencia establecidos en el

artículo 28 de este real decreto.

Artículo 37.

Renovación y desestimación de la solicitud.1. La Administración educativa, de estimar la renovación del concierto, lo hará por un

periodo igual o superior al otorgado, estableciendo, en su caso, modificaciones

respecto al número de unidades y otras circunstancias individualizadas.

2. En el supuesto de desestimación de la renovación, que deberá ser motivada, la

Administración educativa podrá acordar con el titular del centro la prórroga del

concierto por un año.

Artículo 38.

Aprobación y formalización de la renovación.1. La aprobación y formalización de la renovación de los conciertos educativos, así

como su no renovación, se regirán, en lo no previsto en este título, por las normas

contenidas en el título cuarto, capítulo primero, de este real decreto.

2. Las Administraciones educativas simplificarán el procedimiento de renovación de

los conciertos en la medida en que la documentación solicitada obre en poder de las

mismas

 

 

Artículo 39.

Modificación del concierto.1. Las variaciones que puedan producirse en los centros por alteración del número de

unidades o por otras circunstancias individualizadas, darán lugar a la modificación del

concierto educativo, siempre que tales variaciones no afecten a los requisitos que

originaron su aprobación. Dicho procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia

del titular del centro, siendo preceptiva en el primer caso la audiencia del interesado.

2. El cambio de titular se entenderá como una de las causas de modificación del

concierto, siempre que el nuevo titular se subrogue en los derechos y obligaciones

derivados del concierto.

TÍTULO VI

Causas de extinción

Artículo 40.

Causas de extinción.Son causas de extinción del concierto educativo:

a. El vencimiento de plazo de duración del concierto.

b. El mutuo acuerdo de las partes.

c. La reiteración de incumplimientos graves de las obligaciones derivadas del

concierto por parte del titular del centro.

d. El incumplimiento de las obligaciones del concierto por parte de la Administración

educativa.

e. El fallecimiento de la persona física titular del centro o la extinción de la persona

jurídica a la que corresponde la titularidad.

f. La declaración de quiebra o de suspensión de pagos el titular del centro.

g. La revocación de la autorización administrativa del centro.

h. El cese voluntario, debidamente autorizado, de la actividad del centro.

Artículo 41.

Vencimiento de plazo.El vencimiento del plazo de extinción del concierto será causa de extinción del mismo,

salvo que se produzca la renovación de acuerdo con las normas de este real decreto.

Artículo 42.

Mutuo acuerdo.La extinción del concierto educativo por mutuo acuerdo de las partes no procederá

cuando existan razones de interés público que lo impidan. En todo caso, el consejo

escolar del centro deberá ser oído antes de que se dicte la resolución administrativa.

Artículo 43.

por parte del titular del centro.

Reiteración de incumplimientos graves de las obligaciones del concierto1. La extinción del concierto educativo tendrá lugar cuando se produzca la reiteración

de incumplimientos graves tipificados en el artículo 62.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de

3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y de acuerdo con lo establecido en

el artículo 62.3 de la misma ley en relación a los criterios de constatación de la

reiteración de incumplimientos.

2. La instrucción del expediente administrativo se realizará de acuerdo con las

normas contenidas en título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

 

3. La extinción del concierto por reiteración de incumplimientos graves se efectuará al

siguiente curso académico y se adoptarán las medidas necesarias de escolarización a

las que se refiere el artículo 63.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora

del Derecho a la Educación.

Artículo 44.

Administración educativa.

Incumplimiento de las obligaciones del concierto por parte de laEl titular del centro concertado podrá solicitar la extinción del concierto si estimara que

la Administración educativa ha incumplido las obligaciones descritas en el concierto.

En el supuesto de que la Administración educativa denegara la resolución del

concierto, el titular del centro podrá interponer contra dicho acto los recursos

administrativos y contencioso-administrativos que sean procedentes según la

legislación vigente.

Artículo 45.

jurídica.

Fallecimiento del titular del centro concertado o extinción de la persona1. En caso de fallecimiento del titular del centro concertado, sus herederos tendrán

derecho a formalizar un nuevo concierto, siempre que concurran los requisitos

previstos en este real decreto, presumiéndose a todos los efectos su continuidad.

2. Si los herederos optasen por no continuar en el régimen de conciertos o la nueva

persona no asumiera las obligaciones del concierto, los efectos de la extinción del

mismo se producirán a partir de la finalización del correspondiente curso académico.

3. La extinción de la persona jurídica titular del centro concertado producirá la

extinción del concierto, salvo que su organización y patrimonio pasen a ser de la

titularidad de otra persona que, reuniendo los requisitos establecidos en este real

decreto, asuma las obligaciones correspondientes a un nuevo concierto.

Artículo 46.

Medidas cautelares.Extinguido el concierto educativo por alguna de las causas establecidas en el artículo

41 de este real decreto, la Administración educativa adoptará, en su caso, las medidas

cautelares precisas para garantizar el derecho a la educación en régimen de gratuidad

de los alumnos afectados hasta la finalización del curso escolar.

Disposición adicional primera

incompleto en el mundo rural.

Conciertos con centros con número de unidadesDe acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación, para la igualdad de oportunidades en el mundo rural, la

Administración educativa podrá celebrar, excepcionalmente, conciertos con centros

que, aun no teniendo el número de unidades correspondientes a una línea en el

segundo ciclo de la educación infantil y a la educación básica, atiendan a poblaciones

rurales cuya demanda de escolarización no pueda ser atendida de otro modo.

Disposición adicional segunda.

Profesores sin relación contractual de carácter laboral.1. En el caso de profesores sin relación contractual de carácter laboral con el titular

del centro privado concertado, incluyendo los supuestos de convenios institucional

 

 

entre el titular y la institución religiosa, y previa declaración por el titular y conformidad

expresa del profesor acerca de la inexistencia de relación laboral, la Administración

abonará al titular del centro un monto equivalente al que satisface por el concepto de

salarios de personal docente, cargas sociales y gastos variables. A tales efectos, el

titular remitirá a la Administración educativa la relación individualizada de dicho

profesorado.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 60.6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de

julio, reguladora del Derecho a la Educación la terminación de la actividad docente del

profesorado a que se refiere la presente disposición no tendrá el carácter de despido.

A las vacantes producidas por el cese de profesores afectados por esta disposición, no

les será de aplicación lo previsto en los apartados 1 a 5 del artículo 60 de la citada Ley

Orgánica, en el supuesto de que la misma se cubra por el titular del centro con otro

profesor también afectado por esta disposición.

3. Al personal a que hace referencia esta disposición le será de aplicación de forma

analógica, los supuestos de suspensión del contrato de trabajo previstos en la

normativa laboral aplicable al profesorado de los centros concertados.

4. Lo establecido en esta disposición se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la

legislación vigente respecto al profesorado cuya relación con la titularidad del centro

no tenga el carácter de contrato laboral.

Disposición adicional tercera.

Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación del régimen de conciertos, sin

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,

reguladora del Derecho a la Educación serán resueltas por el órgano competente para

la aprobación de los conciertos educativos, cuyos actos pondrán fin a la vía

administrativa.

Disposición adicional cuarta.

Resolución de conflictos.Cooperativas.Sin perjuicio del régimen general de conciertos, las Administraciones educativas, en

aplicación de consignaciones presupuestarias específicas, podrán contribuir a la

financiación de los gastos de inversión y amortización escolares, siempre que se trate

de centros que reuniendo los requisitos que se establezcan en las correspondientes

convocatorias, presten un servicio educativo de reconocida calidad y equidad y

respondan a iniciativas de carácter cooperativo o de similar titularidad social.

Disposición adicional quinta.

Ayuntamiento como miembro del Consejo Escolar del centro privado concertado.

Designación del concejal o representante delEn la designación del concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término

municipal se halle radicado el centro escolar que formará parte del Consejo Escolar de

los centros privados concertados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, se tendrá

en cuenta la propuesta que realice el titular del centro privado concertado. Dicha

designación recaerá en un concejal o cargo electo.

Disposición adicional sexta.

Programación de la red de centros.En la programación de la red de centros que prestan el servicio público de la

educación, las Administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de

 

 

la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la

educación y los derechos individuales de alumnos, padres y tutores. En dicha

programación se establecerán las necesidades de escolarización, para lo que las

Administraciones educativas contarán, al menos, con la participación de todos los

sectores afectados, incluidos los titulares de los centros privados concertados.

En la programación de la red de centros, las Administraciones educativas deberán

tener en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de

economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Disposición adicional séptima.

Percepción de cantidades.La percepción indebida de cantidades por parte del titular del centro, en los términos

de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, la

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y el artículo 13 de este real decreto

supondrá para el mismo la obligación de acreditar documentalmente ante la

Administración educativa la devolución de dichas cantidades a los afectados en el

plazo de un mes a contar desde la fecha de la notificación de la resolución definitiva

del oportuno expediente. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles,

penales o administrativas, en que se hubiera podido incurrir.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de

julio, reguladora del Derecho a la Educación, y el artículo 6 de este real decreto, a los

donativos, donaciones y aportaciones irrevocables, puros y simples, realizados en

favor de los centros concertados, se les aplicará las deducciones previstas en la Ley

49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos

y a los Incentivos Fiscales del Mecenazgo.

Disposición transitoria única.

Renovación y modificación de conciertos.Los procedimientos de renovación y modificación de conciertos que hubieran sido

iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto se regirán por lo

establecido en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, que aprueba el Real

Decreto de normas básicas sobre conciertos educativos. La renovación y modificación

de conciertos cuyo procedimiento se inicie a la entrada en vigor de este real decreto,

se regirán por lo dispuesto el Título V del presente real decreto.

Disposición derogatoria.

1. Queda derogado el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, que aprueba el

Real Decreto de normas básicas sobre conciertos educativos.

2. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se

opongan a lo establecido en el presente real decreto.

Disposición final primera.

El presente real decreto, que se dicta al amparo de lo establecido en el artículo

149.1.1º y 30º de la Constitución, tiene carácter de norma básica.

Disposición final segunda.

Derogación normativa.Título competencial.Desarrollo normativo.Corresponde al Ministro de Educación dictar, en el ámbito de sus competencias,

cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo establecido

en este real decreto.

 

 

Disposición final tercera.

Lo dispuesto en este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación

en el «Boletín Oficial del Estado».

Entrada en vigor.

.El Gobierno lanzará en primavera su cruzada anticrucifijos

La ofensiva laicista del Ejecutivo promete ser uno de los grandes debates políticos del año que comienza dentro de escasas semanas. Fuentes del PP consultadas por la Cadena COPE así lo creen.

Zapatero y De la Vega

A medio camino entre un guiño a la izquierda más radical y un movimiento de ajedrez en la partida que comienza el próximo año, el Gobierno, con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, a la cabeza, prepara entre bastidores el terreno para la reforma de la Ley de Libertad Religiosa que incluirá la retirada de los crucifijos de los centros escolares. Así lo ha llegado a reconocer la propia Fernández de la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y así lo denuncian fuentes del Grupo Popular consultadas por la Cadena COPE que ven en el acuerdo consensuado entre PSOE y ERC en el seno de la Comisión de Educación un tanteo a la reacción de la opinión pública y los medios de comunicación.Esas fuentes del PP se malician que, con el aborto libre ya en cartera, el Ejecutivo lanzará por tierra, mar y aire su ofensiva laicista en primavera para excluir los símbolos religiosos inicialmente de centros públicos, pero también de actos oficiales y de tomas de posesión. Algunos en el seno del Grupo Socialista nunca han ocultado sus ansías por hacer desaparecer incluso de las tomas de posesión del Gobierno ante el Rey la presencia de la Biblia y el crucifijo compartiendo escenario con un ejemplar de la Constitución.Por ahora, según ha podido constatar la Cadena COPE, los socialistas prefieren dejar las explicaciones a la vicepresidenta primera y guardar sus planes definitivos en la manga. Ojo pues a las chisteras.

Más presión de la Administración sobre los concertados

El Gobierno prepara un Real Decreto sobre conciertos con centros educativos que ha generado cuanto menos preocupación. Los centros esperan que, antes de aprobarlo, el Gobierno se reúna con ellos para cambiar ciertos puntos que podrían hacer peligrar muchos centros.

La Administración podrá decidir si traspasa un alumno de un centro concertado a un público.

Uno de los puntos más importantes es que no se atiende una cuestion fundamental que es la demanda de los padres y se va en la línea de que sea la Administracion la que determina si concede el concierto. Aunque ahora se amplía el plazo del concierto a 6 años no se impone un mínimo lo que puede ocasionar que tengas que renovar el concierto cada año.Además cada renovación se contempla como si fuera una nueva petición lo que obligara a más trámites y papeleos por parte de los centros.  No entienden por qué en este nuevo Real Decreto se contempla que las administraciones puedan contribuir a los gastos de inversión y amortizaciones de los centros pero sólo a las cooperativas y no a los demás. Esperan que este Real Decreto se conse

Monseñor Blázquez advierte: “si nos quitan unos símbolos vendrán otros”

El Obispo de Bilbao y vicepresidente de la Conferencia Episcopal ha dicho que le produce una gran tristeza que estemos luchando contra un signo, como lo es el crucifijo, que forma parte de nuestra propia historia y nuestra cultura, y que si lo eliminamos, será sustituido por otro.

Monseñor D. Ricardo Blázquez, que recibía ayer la medalla de oro de la Universidad Pontificia de Salamanca, ha agradecido ese reconocimiento a sus 14 años de docencia en las aulas salmantinas.

Monseñor Blázquez cree que “debemos estar atentos” a la polémica de los crucifijos en las aulas, pese a que Zapatero haya dicho que no está en la agenda su retirada, “porque no se termina de entender este nuevo ataque contra la Iglesia” que, en este caso, atenta contra nuestra propia historia, “contra un signo que es un signo religioso cristiano, pero que forma parte de nuestra historia”. Monseñor Blázquez ha manifestado que le produce una gran tristeza que estemos “luchando contra nuestra propia historia, haciéndola invisible o irrelevante”.

El Obispo de Bilbao ha explicado que la libertad religiosa lleva consigo la exterioridad y también la manifestación en el espacio social. “No se termina de ver porque se pretende recortar la libertad de expresión religiosa al ámbito privado“, ha dicho. Eso va a significar un empobrecimiento para la sociedad, ha concluido.

Si se quitan unos símbolos vendrán otros“,  ha advertido Monseñor Blázquez, por que “el hombre es un ser simbólico” y el símbolo es una parte del lenguaje del hombre. “¿A qué vamos a abrir el espacio público?” se ha preguntado Mons. Ricardo Blázquez, puesto que “el hombre no puede dejar de expresarse simbólicamente”.

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal ha querido enviar una mensaje de esperanza a los creyentes con unas palabras de Santa Teresa: “la fe padece, y la verdad padece pero no perece“. “Adelante“, ha dicho Monseñor Blázquez a los fieles. “No podemos sentirnos amilanados“, ha añadido, porque la libertad es cosa de todos y debemos seguir defendiéndola con valor.

Y ahora la Tierra no se calienta

La Tierra no colabora con la Cumbre de Copenhague. Precisamente cuando miles de políticos, científicos, economistas y activistas se disponen a discutir las medidas contra el calentamiento global, la temperatura de la Tierra ha dejado de subir y permanece estable desde comienzos de este siglo. El asunto ha creado debate en la comunidad científica.

Para sorpresa de todos, en los últimos diez años la temperatura media mundial ha subido de manera casi imperceptible

Al público le llegan ante todo mensajes de alarma sobre lo que se calentará la Tierra si no se toman medidas drásticas. Sin duda, los trabajos de científicos razonables han avalado el convencimiento de que la actividad humana está contribuyendo al calentamiento del planeta. Pero la investigación también confirma que las predicciones más catastróficas, que son las que copan los titulares, no gozan del mismo consenso y en muchos casos resultan bastante improbables.

Durante 30 años, desde los años 70 hasta finales de los 90, la temperatura de la Tierra creció una media de 0,7 grados centígrados. Durante la década de los 90 hubo unas temperaturas inusualmente cálidas, con un máximo en 1998, lo que desató todas las alarmas. Pero desde 1999, la temperatura media mundial ha subido un casi imperceptible 0,006 grados en toda la década.Por otra parte, hay diferencias considerables entre las distintas zonas del mundo. Es indudable que la elevación de las temperaturas en el Ártico en casi tres grados ha provocado una importante reducción del mar de hielo. Pero, al mismo tiempo, las temperaturas han bajado en grandes extensiones de Norteamérica, en el Pacífico occidental y en la Península Arábiga. Mientras, en Europa la temperatura ha aumentado ligeramente.La temperatura ya no subeComo lo que se esperaba era un crecimiento sostenido, la estabilización de la temperatura mundial ha despertado dudas sobre el valor predictivo de los modelos climáticos.En un artículo publicado en The Wall Street Journal, Jeffrey Ball, director de la sección de medio ambiente, recuerda que los modelos actuales hacen previsiones de temperatura a partir de “docenas de ecuaciones que reflejan cómo se mueven los gases y los líquidos sobre el planeta”, a las que se les añade la influencia de más factores, como las corrientes oceánicas, la salinidad, la luz solar, las nubes y la lluvia. Pero, aunque sean una maravilla tecnológica, la calidad de los modelos depende totalmente de los datos que se les aportan y éstos están todavía llenos de “incertidumbres”, en el caso de la temperatura de los océanos por una simple cuestión: la extensión de agua es inabarcable.Como advierte un reportaje de Der Spiegel (19-11-2009), la red que mide la temperatura mundial consiste en 517 estaciones de medición. El dato aportado por cada pequeño punto de medición se extrapola a una amplia región, a través de los modelos climáticos gestionados por superordenadores. Y sigue habiendo bastantes puntos ciegos. Por ejemplo, en el Ártico solo hay veinte estaciones para cubrir una vasta área. Así que hay amplio espacio para la discusión científica sobre por qué la temperatura de la Tierra ha dejado de subir.No todo es la la acción humanaAlgunos científicos piensan que la Tierra sigue enferma, aunque no haya aumentado su temperatura en la última década. Atribuyen esta estabilidad a las variaciones cíclicas de las condiciones de los océanos –los fenómenos de El Niño y La Niña–, y aseguran que eso no desmiente el calentamiento a largo plazo producido por las emisiones de gases de efecto invernadero.Los climatólogos predecían que la temperatura de la Tierra crecería entre 2,5 y 3 grados centígrados a lo largo del siglo, si no se reducían drásticamente las emisiones de efectos invernadero. Sin embargo, nadie sabe las oscilaciones que puede haber en las temperaturas en ese periodo, porque, junto a la actividad humana, en el clima influyen factores naturales cuyo control se nos escapa.Para explicar el estancamiento actual de la temperatura de la Tierra, que nadie había previsto, algunos aducen una menor actividad solar. Otros, a las variaciones cíclicas de las condiciones de los océanos, especialmente las aguas profundas del Pacífico.“No se puede negar que esta es una de las cuestiones más controvertidas en la comunidad científica. Realmente no sabemos por qué está ocurriendo ahora”, reconoce en la misma revista Jochem Marotzke, director del Max Planck Institut de Meteorología de Hamburgo.Acaloradas discusiones no tan científicasLo malo es que en este debate que debería ser científico se intente ocultar información considerada inoportuna. De esto ha sido acusado un grupo de importantes climatólogos, que defienden la tesis de que la actividad humana es la responsable del calentamiento global.Un ataque informático contra el Climate Research Unit de la East Anglia University en el Reino Unido, uno de los principales centros de investigación en este campo, ha permitido robar y desvelar en Internet más tres mil e-mail y documentos, cruzados entre algunos de los más influyentes expertos del clima.Según explica el Wall Street Journal (23 y 24-11-09), una revisión de los e-mails permite observar actitudes poco acordes con la discusión científica: expertos que urgen a los otros colegas del grupo a que se esfuercen por presentar una visión “unificada” de la responsabilidad humana sobre el cambio climático; consejos sobre cómo arreglar datos para que no comprometan la hipótesis preferida y para ocultar que la temperatura de la Tierra ha dejado de subir; estrategias para evitar que las visiones de los adversarios sean publicadas en las más importantes revistas o para desacreditar a revistas que no se suman a sus opiniones. Uno de ellos, por ejemplo, dice a propósito de la revista Climate Research: “Quizá deberíamos animar a nuestros colegas en investigacion climática para que dejen de enviar artículos a esta revista, o se abstengan de citar los allí publicados”.El caso ha despertado una polémica que revela que el cambio climático se ha convertido en una de esas cuestiones donde la convicción de estar luchando por una buena causa sirve de pretexto para olvidar algunos criterios científicos y éticos.El peligro es que “el afán de catequizar predomine sobre la objetividad en el debate científico”, como ha escrito en The Times (27-11-2009) Tony Brenton, diplomático británico retirado, que intervino en pasadas negociaciones sobre cambio climático. “Los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático parecen más ejercicios de persuasión que sobrios análisis científicos. Esto ha socavado la credibilidad de sus previsiones y contribuido al crecimiento del ‘agnosticismo climático’”.

El interés de la masonería por imponer Educación para la Ciudadanía

5to encuentro El interés de la masonería por imponer Educación para la Ciudadanía

Están crecidos. Piensan que esto ya no tiene vuelta de hoja y, si hace unos días era la Fundación CIVES la que revelaba los entresijos para engañar a la FERE e imponer en España la Educación para la Ciudadanía, ahora es la propia masonería quien hace público su interés primordial por la imposición de este adoctrinamiento.

En el 5º encuentro de CIMAS (Confederación Interamericana de Masonería Simbólica) y 3er encuentro de Altos Grados organizado por la Federación Colombiana de Logias Masónicas, el Presidente de la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica, Elbio Laxalte Terra pronunció el discurso de apertura titulado “Construir el Hombre, Construir la Sociedad”.

En él reivindica el papel imprescindible de la Educación para la Ciudadanía a fin de que

puedan trasmitirse y vehiculizarse los valores morales plasmados en nuestro tríptico de Libertad, Igualdad y Fraternidad, que han guiado grandes objetivos de progreso humano en los últimos siglos.

Y, además de progreso, los principios de la Revolución Francesa también han conducido a algunos totalitarismos genocidas que se deja en el tintero el orador. Pero, ¿qué es, para este eminente masón, la Ciudadanía?

La ciudadanía es la expresión de la conciencia libre y de la ética basada en el imperativo de la conciencia, anterior al propio cumplimiento de la Ley y que confiere una calidad superior al estado de derecho.

Una conciencia “libre” anterior a toda ley es una falacia, puesto que la conciencia es el juicio próximo sobre la moralidad de una acción y, para ello, requiere confrontar la acción con alguna ley o principio moral. Y una ética “basada en el imperativo de la conciencia” (el imperativo categórico propuesto por Kant) es una ética, por principio, subjetiva y, como tal, relativista. En definitiva “yo hago lo que me parece” frente a una ética basada en principios externos “yo hago lo que mi código ético me propone como lo más acertado”.

Proponer un relativismo que arrincone todo código ético objetivo es, conjuntamente, el punto de partida y la finalidad de la Educación para la Ciudadanía.

Por ello es una tarea primordial formar, construir y educar al individuo, para que él devenga un ciudadano, en un proceso continuo y que lo siga a lo largo de su vida, para ayudarlo a adaptarse a los nuevos impactos que la vida en sociedad nos irá reservando en la medida que el cambio global se vaya desarrollando.

Sin un código moral externo y estable, el individuo que “deviene en ciudadano” está a merced de “los nuevos impactos que la vida en sociedad nos irá reservando”. El Estado, legislando “para adaptarse a las nuevas realidades sociales” ¿le suena? va configurando el único referente moral del “ciudadano”. Si una conducta “se lleva”, y el Estado la bendice, es buena. Si no, es mala.

Y, para llevar a cabo esta tarea ingente de reingeniería social, es preciso “redefinir” los conceptos: la crisis es desaceleración, el aborto, un derecho, la eutanasia también, la objeción de conciencia es ilegal, etc….

Hoy comenzamos a vivir otra etapa de la historia muy diferente, donde se nos cambian el sentido de las cosas. Por ello hoy debemos reflexionar sobre los nuevos contenidos de los conceptos, y darles significaciones actualizadas a universales tales como libertad, igualdad y fraternidad, progreso y solidaridad.

En fin, que todo vale en aras de conseguir

un proyecto de alcance en valores culturales, y por tanto ideológicos, que puede definir la identidad social, histórica, de la España moderna por mucho tiempo.

(J.L. Rodríguez Zapatero, en declaraciones a Suso de Toro, Madera de Zapatero, p. 150)

¿Alguien apuntaba a la inspiración masónica de la imposición de la Educación para la Ciudadanía? Pues ellos mismos lo han hecho público. Y el que quiera seguir mirando para otro lado, que siga, que tiene para rato.

© 2009, Diario de un padre objetor. Todos los derechos reservados. Este texto puede ser citado siempre que se indique su procedencia y se enlace con su origen.

Pide al Colegio de Farmacéuticos que retire su apoyo a la PDD

PDD. Información del Ministerio de Sanidad

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, presidido por Carmen Peña, ha colaborado y respalda el tríptico, con información incompleta, sobre la Píldora del Día Después presentado por el Ministerio de Sanidad. ¡Exige a Carmen Peña que retire su apoyo!

  • Pincha aquí para pedir a Carmen Peña la retirada del apoyo del CGCOF al tríptico de la PD.
  •  La Plataforma Profesional Farmacéutica, integrada por más de 1000 farmacéuticos y otros profesionales, se presentará oficialmente en Madrid el jueves 3 de diciembre. Entre sus principales objetivos figura el exigir al Gobierno que adopte medidas ante su malestar con lo dispuesto por Sanidad respecto a la comercialización sin receta de la abortiva píldora del día después (PDD).

El Ministerio ha preparado un tríptico informativo acerca de la PDD que está claramente manipulado. En la elaboración de dicho tríptico ha colaborado el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y en el se incluye información incompleta porque no dice que también actúa impidiendo la implantación del óvulo fecundado y por tanto destruyendo la nueva vida iniciada, algo que la mujer debe conocer para poder decidir con libertad, porque da por sentado su eficacia en las primeras 72 horas, cuando ésta se sitúa en el 85% en lo mejores casos y cada vez más se piensa que está sobrestimada, porque dice que es segura, cuando se sabe que tiene efectos secundarios, y porque no dice que se desconoce su efecto en las menores de 16 años y las consecuencias de su uso reiterado a corto y largo plazo. Y su orientación está sesgada porque con la falta de información verdadera se incita a su consumo.

Hay que recordar que, pese al grave ataque que representa al derecho a la salud de la mujer y los importantes riesgos que entraña este fármaco, el Gobierno se empeñó en aprobar su distribución a menores y sin receta, ignorando las advertencias de los propios  farmacéuticos ante la irresponsabilidad del Ejecutivo. Pero además, no contento con ello, el departamento de Sanidad que dirige Trinidad Jiménez está empeñado en imponerlo, a costa  de minar los derechos de estos profesionales: así, insiste en no reconocer la objeción de conciencia a los farmacéuticos que se nieguen a su dispensación, para lo cual se les amenazan con medidas como multas de hasta 90.000 € para se nieguen a dispensar la PDD.