Padres objetores a EpC solicitarán al Constitucional que retire temporalmente la asignatura

Los padres objetores a la adoctrinadora asignatura de Educación para la Ciudadanía continúan en la línea de fuego. El abogado sevillano Carlos Seco, que defiende los intereses de varios madres y padres de alumnos objetores, ha indicado que solicitará al Tribunal Constitucional que “suspenda cautelarmente” del currículo el estudio de la asignatura.

Padres objetores, cuestión de libertad Según ha explicado el propio Seco, este grupo de padres ha decidido recurrir al TC “dado que ni antes ni después de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía del pasado mes de febrero se ha logrado obtener un jurisprudencia uniforme sobre la legalidad de esta asignatura por parte de nuestros tribunales, ya que con posterioridad a aquella se han seguido produciendo sentencias favorables a la objeción“.
Nuestra legislación exige que el Tribunal Constitucional pondere de una parte la protección de los derechos fundamentales, en nuestro caso, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, y el derecho de las familias a elegir la educación moral y religiosa de los hijos, y la perturbación, que ha de ser grave, para los intereses generales que supondría la adopción de tal medida“, apunta.De este modo, indica que la “contradicción” existente entre los pronunciamientos de los distintos tribunales antes y después de las Sentencias del Tribunal Supremo, en donde “unas afirman la existencia de vulneración de esos derechos reconocidos en la Constitución y otras, que sin negarlo, remiten a la concreción que se haga de los contenidos a los manuales y actividades docentes, avalan y ponen claramente de manifiesto que existen suficientes elementos indiciarios para considerar que debe acordarse la medida cautelar de suspensión temporal de las asignaturas, hasta que el propio Tribunal Constitucional dicte sentencia“.El abogado apuesta por esta actuación “más aún teniendo en cuenta el tiempo que puede tardar en resolver el recurso de amparo, tiempo durante el cual se estarían vulnerando la libertad ideológica y religiosa y el derecho a elegir la educación de los hijos, de modo tal que en el caso de obtener una sentencia favorable, ésta habría perdido su eficacia y se habría estado vulnerando los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita al Tribunal Constitucional“.De otra parte, destaca que “en ningún procedimiento judicial, la Administración educativa ha logrado probar o demostrar que si se acuerda dicha medida de retirada temporal de EpC se cause una lesión grave para los intereses generales“.En su opinión, “se trata de una materia de nuevo cuño, que nunca antes había existido en el sistema educativo desde la promulgación de la Constitución y desde la vuelta a la democracia, que nunca antes se había percibido la necesidad de introducirla en el currículo, y por tanto, que es difícilmente comprensible y defendible que exista un perjuicio grave al interés general si se acuerda temporalmente su retirada hasta que se pronuncie sobre el tema el Tribunal Constitucional“.

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