Cada manifestante importa

La manifestación en Madrid el sábado 17 contra la reforma de la ley del aborto refleja una demanda social ignorada hasta ahora por el gobierno.

Cientos de miles de personas se manifestaron por la vida

 Las estimaciones de los asistentes a la manifestación son, como de costumbre, tan dispares como interesadas. Desde el millón doscientos mil que dice la Comunidad de Madrid a los 265.000 según cálculos de El País. Pero, incluso aun en la estimación más baja, serían muchísimos, pues equivaldría a sacar a la calle toda la población de capitales como La Coruña o Granada.

 En cualquier caso, se reconoce que ha sido la mayor protesta social contra el gobierno desde 2004, y una de las mayores manifestaciones de la democracia en España.

 Por eso, más que la tarea imposible de contar los manifestantes, lo más significativo de la “demanda social” en este asunto es ver la capacidad de movilización de los adversarios y de los partidarios de la ley. El sábado 17 en la calle de Alcalá de Madrid desfilaron cientos de miles de personas, venidas de toda España, de lugares tan distantes como Cádiz y Lleida, después de fatigosos viajes en autobús, con críos de la mano y mochilas repletas. Gente que no era acarreada con viaje y comida gratis, como los que se llevan a los mítines de los partidos, sino que se pagaron el viaje de su bolsillo. No habían sido conducidos en masa, sino movilizados familia a familia, conforme al lema de la manifestación “cada vida importa”.

Los convocantes tampoco contaban con el apoyo y el dinero de los poderes públicos ni de los grupos mediáticos. Eran expresión de una iniciativa pro vida de la sociedad civil, surgida desde la base, y a menudo ninguneada desde arriba.

 Si el gobierno está tan convencido de que la ley del aborto cuenta con un gran respaldo social, podría demostrarlo convocando una manifestación a favor, a ver cuántos venían. Como botón de muestra, hace unas semanas hubo una concentración de grupos feministas con esa intención, y solo reunieron el escaso número que puede caber en una foto de cerca para enviar a la prensa.

 Un gobierno que asegura que la reforma de la ley del aborto va a añadir un nuevo derecho a la mujer, no puede ignorar que la manifestación estaba llena de mujeres que pedían apoyo para las madres con embarazos conflictivos, pero no un derecho a desembarazarse del niño.

 Un gobierno que quiere que jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar a espaldas de sus padres, debe tomar nota de la masiva y animada presencia de jóvenes, que se manifestaba en contra de la ley junto a sus padres.

 Este gobierno, que hace gala de que ante la crisis económica no quiere dejar a nadie en la cuneta ni facilitar el despido, debería explicar porqué quiere abaratar el “despido libre” de ese ser indefenso que es el feto.

 En vez de considerar el problema del aborto bajo el prisma ideológico de unos grupos radicalizados en su defensa de la libertad sexual, debería atender a esa demanda social más representativa que se manifestaba bajo los balcones del Ministerio de Igualdad.

 

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