Informe, Libertad Religiosa. Arabia Saudí.

ARABIA SAUDÍ

PERTENENCIA
RELIGIOSA
Musulmanes 93,7%
Cristianos 3,7%
Otros 2,6%
IGLESIA
CATÓLICA
Bautizados
900.000
SUPERFICIE
21.49.690 km2
POBLACIÓN
23.680.000
REFUGIADOS
240.742
DESPLAZADOS

De todos los países islámicos, Arabia Saudí es el que rechaza con
mayor contundencia la libertad religiosa, incluso por principio. El
reino se declara «integralmente» islámico y adopta el Corán como
única Constitución y la sharía, como única ley fundamental. Según
la interpretación teológica del wahabismo avalada por el Estado, la
Península Arábiga es la tierra del profeta Mahoma, el territorio más
sagrado, donde no pueden practicarse ni siquiera las –toleradas–
«religiones del Libro», a saber, el judaísmo y el cristianismo. Por esta
razón, cualquier hecho que pueda ser entendido como un «atentado
» contra esta virginidad religiosa es severamente perseguido.
Además, las autoridades ponen gran empeño en prevenir la difusión
de cualquier mensaje religioso diferente del musulmán. De ahí que
todas las manifestaciones religiosas no musulmanas tal como la posesión
de biblias, crucifijos, rosarios, orar en público, etc. estén
prohibidas.
La policía religiosa (la famosa mutawwa’in), que también supervisa
las actividades de otras religiones, detenta un gran poder. Su excesivo
celo ocasiona detenciones sumarias y torturas en las prisiones.
A menudo, encarcela a miembros de grupos religiosos
minoritarios, tanto cristianos como musulmanes chiíes, que sólo recuperan
la libertad tras firmar un documento por el que renuncian a
su fe. Los trabajadores no musulmanes se exponen a ser arrestados,
deportados o encarcelados por realizar prácticas religiosas o si se les
acusa de poseer material religioso o de proselitismo. En los últimos
años, y gracias a la presión internacional, la familia real saudí ha
permitido la práctica de otras religiones, si bien sólo en privado,
aunque tampoco esté muy clara la distinción entre las esferas pública
y privada.
El 4 de mayo de 2006, la Comisión para Libertad Religiosa Internacional
(USCIRF) del Congreso de Estados Unidos solicitó al Gobierno
«medidas enérgicas» contra Arabia Saudí a causa de la reiterada
vulneración del derecho a la libertad religiosa. La Comisión
pidió a la Secretaría de Estado que mantuviera a Arabia Saudí en su
«lista negra» anual de países culpables de «graves abusos» en lo relativo
a la libertad religiosa. El jefe de la USCIRF, Michael Cromartie,
explicó que la situación relativa a la libertad religiosa en
Arabia Saudí no había mejorado en los dos años precedentes, por lo
que quedaba incluida en la «lista negra». Washington había concedido
al país una moratoria para reformas de 180 días que expiró en
marzo de 2006. Sin embargo, y según Cromartie, la libertad religio-
sa sigue siendo inexistente en este país, por lo que Estados Unidos «no debería dudar en
tomar medidas contundentes» como, por ejemplo, imponer restricciones de viaje a los funcionarios
saudíes o a las exportaciones.

Los cristianos
Resulta difícil averiguar con exactitud cuántos cristianos residen en el país. Son, sin duda,
tan sólo un pequeño porcentaje de los más de 8 millones de trabajadores extranjeros. Se
estima que hay al menos un millón, provenientes, principalmente, de Filipinas, pero también
de Europa, Estados Unidos y Oriente Próximo. Los cristianos carecen de asistencia
pastoral, porque los sacerdotes no pueden entrar en el país. En resumen, a los cristianos se
les niega cualquier posibilidad de manifestar su fe a través del culto público.
Recientemente ha habido numerosas noticias de irrupciones de la policía religiosa en servicios
religiosos cristianos, en particular, en los de la comunidad filipina de Riad, seguidas
de la confiscación de todo el material religioso.
En una entrevista con AsiaNews, un sacerdote malankar indio, P. George Joshua, describe
su expulsión de Arabia Saudí del siguiente modo: el P. Joshua fue descubierto el 5 de abril
de 2006 oficiando Misa en una sala privada para un grupo de católicos extranjeros. «La policía
religiosa se dirigió a mí para enumerar todos los lugares donde había estado hasta entonces,
todas mis actividades y los grupos de oración que había organizado en domicilios
particulares». «Después me obligaron a ponerme de nuevo la sotana y a colocarme frente
a la mesa que usamos como altar y un crucifijo. Tomaron fotos como prueba de que yo era
un sacerdote cristiano que realizaba actividades religiosas ilegales».
El 9 de junio de 2006, diez policías armados con porras irrumpieron en un domicilio del
distrito de Al Rowaise en Jeddah donde se oficiaba un servicio religioso para más de 100
cristianos eritreos, etíopes y filipinos. Los creyentes invitaron a los agentes a sentarse, a lo
que éstos accedieron, esperando tres horas hasta el final del servicio para luego arrestar a
los cuatro líderes del grupo, dos etíopes y dos eritreos (Mekbeb Telahun, Fekre Gebremedhin,
Dawit Uqbay y Masai Wendewesen), deportados en julio de 2006.
El 15 de octubre de 2006, la policía religiosa irrumpió en un servicio religioso en Tabuk,
oficiado por un sacerdote filipino. Los agentes confiscaron biblias y arrestaron al sacerdote,
que fue puesto en libertad una semana más tarde.
En octubre de 2006, un cristiano filipino fue detenido en Jeddah, acusado de posesión de drogas.
Más tarde, se cambio la acusación por la de proselitismo. El hombre permaneció en custodia
durante ocho meses y recibió 60 latigazos, tras lo cual fue deportado a su país.
En mayo de 2007 se informó del arresto de un ciudadano saudí acusado de haberse convertido
al cristianismo. Lo único que se ha sabido de su caso es que fue torturado.
En agosto de 2007, un médico cristiano de origen egipcio llamado Mamdooh Fahmy se vio
obligado a retornar a El Cairo. Fahmy trabajaba desde 2004 en el Centro Médico Albyaan
Menfhoh de Riad. Desde el principio, sus colegas musulmanes lo habían insultado por ser
cristiano, y en 2005 recibió una «visita» de la policía religiosa. Tras registrar su casa, los
agentes lo acusaron de ser un misionero cristiano y de consumir alcohol. Tras mantenerlo
en aislamiento durante cinco días, fue puesto en libertad. Al perder su puesto de trabajo, el
médico quiso retornar a Egipto, pero las autoridades saudíes se negaron a devolverle el pasaporte
o a facilitarle los documentos necesarios para abandonar el país. Finalmente, y en
parte gracias a una campaña internacional liderada por International Christian Concern
(ICC), se resolvió su situación.
El 6 de noviembre de 2007, el Papa recibió al rey saudí Abdalá «en un clima cordial». A
falta de relaciones diplomáticas, éste fue el primer encuentro de este nivel entre la Santa
Sede y Arabia Saudí. El Vaticano siempre había señalado a Arabia Saudí como uno de los
países con menos respeto por la libertad religiosa.
Acerca de este «encuentro histórico» se han filtrado muy pocas noticias. Según el canal de
televisión Al Jazeera, algunas de las cuestiones abordadas fueron «la situación que atraviesa
la minoría cristiana en Arabia Saudí, la necesidad de una mayor cooperación interreligiosa
y las perspectivas de paz en Próximo Oriente». En unas declaraciones sobre la
visita a AsiaNews, Mons. Paul Hinder, vicario apostólico de Arabia desde 2005, resaltó que
la libertad religiosa en Arabia Saudí sigue siendo un problema, aunque en los últimos años
se hayan registrado menos detenciones de cristianos y el rey haya limitado el poder de la
policía religiosa. «Creo que este encuentro fue también una excelente oportunidad para hablar
de los derechos religiosos de los cristianos en Arabia Saudí. Este asunto no se menciona
explícitamente en el comunicado de prensa, pero sí se señala “la presencia positiva
y trabajadora de los cristianos”. Creo que el Papa también pudo, en este contexto, hablar
de la libertad de culto en Arabia Saudí».

El islam
El 24 de marzo de 2006 y de común acuerdo con el ministro de Justicia, el director general
de Prisiones, Maj. Gen. Alí al Harithy, anunció que en el futuro habría que poner en libertad
a los presos a los seis meses de su detención si todavía no habían sido sometidos a
juicio. Previamente, la ONG saudí National Society for Human Rights había denunciado
las condiciones de los presos en las cárceles saudíes. La Ley Básica sancionada por el rey
Fahd en 1992 establece en su artículo 26 que «el Estado protege los derechos humanos de
conformidad con la ley islámica».
En marzo de 2006, las autoridades saudíes prohibieron al imán de la Gran Mezquita de
Medina seguir pronunciando sermones. En su sermón del viernes, el jeque Abdul-Bari al
Thubaithy pronunció un sermón de contenido discutible sobre el papel de la mujer en la
sociedad, en el que criticó severamente a los defensores de la igualdad entre hombres y
mujeres. Además, el jeque elogió al Consejo Consultivo por negarles a las mujeres el derecho
a conducir.
En junio de 2006, la Autoridad para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio
(nombre oficial de la mutawwa’in o policía religiosa) manifestó su intención de abrir cen-
tros especiales en todas las ciudades para «registrar quejas contra brujas y charlatanes, seguir
sus movimientos y poner fin a sus actividades». La noticia la dio el jefe de la mutawwa’in,
Ibrahim Bin Abdallah al Ghaith, según informó el diario Al Madinah y luego reprodujo
AsiaNews.
En junio de 2007 tuvo lugar un acontecimiento importante con la creación del Departamento
de Leyes y Reglamentos, cuyo fin es verificar repetidas acusaciones y críticas dirigidas
contra los agentes de la policía religiosa. Esta policía extremadamente poderosa no
sólo es responsable de perseguir a quienes consumen alcohol, incumplen las normas de indumentaria
islámicas o se comportan de forma «inmoral», sino también de reprimir toda
actividad religiosa que no se ajuste al islam wahabí, incluso en domicilios particulares. En
su primer informe, la Sociedad Nacional de Derechos Humanos acusó a la policía religiosa
de «obtener confesiones por la fuerza» y otros abusos. En ese mismo mes, y por primera
vez en la historia, tres miembros de la policía religiosa fueron procesados por estar involucrados
en la muerte de un detenido. Según estadísticas oficiales, en enero de 2007
había 3.227 agentes de la policía religiosa trabajando en los 1.310 centros de las 13 provincias
saudíes.

Los musulmanes chiíes
Pese a representar entre un 10 y un 15% de la población, los chiíes siguen denunciando
discriminaciones. En Provincia Oriental, donde vive la mayoría de ellos, ningún gobernador,
alcalde o director de las delegaciones ministeriales es chií, y de los 59 miembros de
los Consejos Municipales designados por el Gobierno, sólo 3 pertenecen a esta comunidad.
No obstante, entre los miembros elegidos de estos consejos, los chiíes sí tienen una
buena representación, como, por ejemplo, en la ciudad de Al Qatif. Sin embargo, sólo 4 de
los 150 miembros del Majlis al Shura (Consejo Consultivo Nacional) son chiíes.
En marzo de 2006, Ala Amin al Sadeh protestó contra la negativa de un juez a aceptar su
testimonio por ser chií. Sadeh fue invitado a presentar su protesta ante el Ministerio de Interior,
pero no se ha sabido más al respecto.
En abril de 2006, la policía religiosa detuvo en Riad a una estudiante chií, acusándola de
practicar el proselitismo entre los estudiantes. Fue puesta en libertad a los pocos días.
El Gobierno no financia la construcción de mezquitas chiíes. El proceso de tramitación de
licencias de obra para construir mezquitas (no necesarias para las suníes) es lento y trabajoso.
Por esta razón, los chiíes utilizan mezquitas privadas, llamadas husseiniya, que carecen
de autorización oficial. En enero de 2007, las autoridades arrestaron a un miembro del
clero chií por oficiar servicios en una husseiniya ilegal.
El 16 de abril de 2007, dos chiíes fueron detenidos en Al Ahsa por planificar la celebración
del Nacimiento del Profeta. El Gobierno considera que esta festividad es una forma
de idolatría e imitación de la Navidad cristiana. No obstante, la fiesta se celebró en otros
lugares del reino sin que intervinieran las autoridades.

Los ahmadíes
El 29 de diciembre de 2006, la policía religiosa irrumpió en una asamblea de la comunidad
ahmadí, arrestando a 49 personas de nacionalidad paquistaní e india, entre ellas, a 20
mujeres y niños. Los ahmadíes se consideran musulmanes, pero otras ramas del islam los
consideran heréticos porque, para ellos, Mahoma no es el último profeta. Por esta razón,
en muchos países islámicos como Pakistán, Bangladesh, Indonesia, Irán y Arabia Saudí
son perseguidos por los fundamentalistas. A principios de 2007 fueron detenidos otros 9
ahmadíes. Más adelante, todos los detenidos fueron expulsados de Arabia Saudí. Las autoridades
se mostraron preocupadas por el tamaño del grupo (150 personas). En enero de
2007, Human Rights Watch condenó en una carta abierta dirigida al rey saudí la campaña
de detenciones y deportaciones orquestada contra la comunidad ahmadí. «Su Gobierno detiene
a miembros de la comunidad ahmadí sólo por su condición religiosa. Esto supone una
grave vulneración de los principios internacionales de la libertad religiosa», escribió la organización.
Para concluir, la carta invitaba a Riad a «honrar y respetar la libertad religiosa
y la libertad de reunirse pacíficamente para rezar con otras personas», señalando que «esta
persecución debe finalizar». Pero no surtió efecto: el 7 de febrero de 2007 otros dos trabajadores
ahmadíes fueron arrestados en Riad y expulsados del reino.
Los ismaelitas
Según informa Human Rights Watch (HRW), en los meses de agosto y septiembre de 2006
un creyente de la comunidad ismaelita, Hadi al Mutif, hizo una huelga de hambre en protesta
por su encarcelación por «haber insultado al profeta Mahoma». Doce años antes, durante
el primer juicio, Al Mutif había sido sentenciado a muerte, pena que luego le fue conmutada
por cadena perpetua. Según HRW, el preso ha realizado ya dos intentos de suicidio,
razón por la que en enero de 2007 las autoridades decidieron encerrarlo en una celda de
aislamiento.
En septiembre de 2006, trescientos ismaelitas de Najran protestaron contra la discriminación
que padecen sus comunidades y pidieron la puesta en libertad de sus correligionarios,
encarcelados desde el año 2000. También exigieron, además de una disculpa oficial por haber
sido calificados de «infieles» por un juez, el fin a la colonización de sus tierras con yemeníes
naturalizados.

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